Una vida de desarraigo y problemas


La Sra. Sonoda vivía en Fukushima (Japón) con su marido y su hijo, en una sólida comunidad local implantada en un hermoso entorno natural. El día que ocurrió el desastre nuclear, el 11 de marzo de 2011, la familia sintió un enorme terremoto y luego una larga serie de réplicas. Posteriormente, vieron por televisión la explosión del reactor número uno.

Una mujer dice una plegaria y deposita una ofrenda floral en la parcela que ocupaba su casa antes de que el tsunami la arrasara, en Minamisoma, en la prefectura de Fukushima (Japón), en abril de 2011. Créditos: © EPA-EFE/KOICHI KAMOSHIDA

“Fue una sacudida terrible. Empezamos a prepararnos por si surgía la necesidad de mudarnos rápidamente y dos días después, explotó el reactor número tres”, recuerda la Sra. Sonoda. “Decidimos marcharnos, porque sabíamos que el reactor tres usaba combustible MOX (de óxido mixto), que contenía plutonio. Fue una pesadilla. De repente, el desastre nuclear destruyó nuestra vida en Fukushima”.

En coordinación con el alcalde y la escuela de la localidad, la Sra. Sonoda trató de organizar el traslado de los niños, pero, según cuenta, el gobierno local lo impidió. Debido a los daños causados por el terremoto, las carreteras estaban cortadas y las reservas de alimentos y combustible empezaron a disminuir. Fue imposible preservar a los niños de las primeras fases de exposición a la radiación.  

“La declaración de emergencia nuclear sigue en vigor, pero el año pasado el gobierno anuló las medidas de evacuación de la mayoría de las zonas, aunque muchas de ellas todavía están muy contaminadas, y suspendió los subsidios de alojamiento. Estas medidas son una forma de presionar a los ciudadanos para que regresen a Fukushima”, señaló la Sra. Sonoda. 

Según ella, el gobierno del Japón no reconoce la condición de desplazados internos a quienes se han visto desarraigados por el accidente de Fukushima, aunque hace 20 años los Principios rectores de los desplazamientos internos sí reconocieron como causas posibles los desastres de origen humano. Además, a los damnificados no se les ha permitido participar en las decisiones gubernamentales que les afectan.

“No queremos regresar con los niños y permanecer en zonas irradiadas y contaminadas. La radiación no se ve ni se huele”, afirma la Sra. Sonoda. “Es preciso que el gobierno examine el estado de salud de los niños. Las autoridades sólo hacen pruebas para detectar el cáncer de tiroides, pero no realizan ningún otro examen. No sabemos de qué manera la radiación podría afectar a los niños en el futuro”. 

“Muchos vecinos también afrontan dificultades económicas, por lo que necesitamos subsidios básicos de alojamiento para seguir desplazados”, añade. 

En el mundo entero, más de 40 millones de personas están actualmente en situación de desplazamiento interno a causa de los conflictos y la violencia y en promedio unos 25 millones se ven desplazados cada año por desastres naturales. Varios millones más no figuran regularmente en las estadísticas, entre otras las víctimas de usurpaciones de tierra, de catástrofes de lenta evolución, como la sequía, o de crímenes violentos.

Fue esta última modalidad, la violencia, la que provocó el desarraigo de Gildo Garza Herrera en su Estado natal de Tamaulipas, en el norte de México. 

El Sr. Garza Herrera ha trabajado de periodista los últimos 20 años. En 2017, tuvo que huir de Tamaulipas con su familia y buscó refugio en la capital del país, la Ciudad de México, después de que los narcotraficantes atentaran contra su vida en varias ocasiones. Él y su familia dejaron atrás sus medios de subsistencia.
“[México es] el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo”, asegura el Sr. Garza Herrera. “Tratan de matarte y, si logras sobrevivir, te condenan al exilio con tu familia, una decisión desesperada que, hasta junio de 2018, al menos 70 periodistas han tenido que tomar para protegerse”. 

Según el Sr. Garza Herrera, de los 329.000 desplazados internos que hay en México, 70 son periodistas. Pero asegura que el Gobierno no reconoce esa situación y que no existe un marco jurídico que permita dar al problema una respuesta de amplio espectro.

“El desplazamiento forzado de periodistas tiene diversas repercusiones: económicas, laborales, sociales y, en particular, en lo relativo a la libertad de expresión. 

Las comunidades que estos periodistas han tenido que abandonar se están quedando sin información”, insiste el Sr. Garza Herrera. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Chihuahua y otros Estados de México son ‘zonas silenciadas’ en lo tocante a la libertad de expresión”.

En abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y otras entidades de la sociedad civil presentaron al Congreso un anteproyecto de ley en el que se reconoce el desplazamiento forzado. Pero el proceso electoral reciente obligó a suspender los debates en torno al documento.

El statu quo actual hizo que el Sr. Garza Herrera y sus colegas que se encuentran en la misma situación decidieran organizarse mediante la creación de una asociación. El grupo busca apoyo de donantes internacionales para construir un albergue destinado a los periodistas desplazados recientemente y financiar la educación de sus hijos. 

“Es importante que los debates se reanuden en cuanto haya un nuevo Senado, las demás autoridades estén instaladas y puedan reconocer la existencia del problema y ofrecer una respuesta basada en esa [futura] ley”, dice el Sr. Garza Herrera.

Las proyecciones mundiales indican que tan sólo el cambio climático podría desarraigar a más de 143 millones de personas de aquí a 2050. Esta tendencia a que aumente el desplazamiento podría acelerar el proceso de urbanización en todo el mundo y añadir más presión sobre las comunidades urbanas, lo que a su vez podría recrudecer la violencia que los delincuentes ejercen en las ciudades. 

Ningún territorio o país es inmune al desplazamiento interno y los Estados deben cumplir con sus responsabilidades hacia quienes padecen esa situación. Este cumplimiento abarca la incorporación de los desplazados a los debates orientados a la búsqueda de soluciones duraderas para atenuar los riesgos de marginación social, política y económica a largo plazo, como la que padecen actualmente los supervivientes de desastres de origen humano, tales como el accidente de Fukushima.

10 de julio de 2018


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