Los asentamientos informales de Kenia necesitan agua potable para sobrevivir a la COVID-19


A finales de 2019, Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó una evaluación piloto sobre el disfrute del derecho al agua en Kenia, que se centraba en los asentamientos informales de los centros urbanos donde las desigualdades son más acusadas. El derecho al agua se considera esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Se define como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, potable, aceptable y accesible físicamente para el uso personal y doméstico.

Un vendedor de agua recoge agua en bidones para venderlos en el asentamiento de Mathare, Nairobi, Kenia, 22 de marzo de 2012. AFP Foto/Tony KARUMBA

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) pretende lograr el acceso universal y justo a agua potable y asequible para 2030. Sin embargo, como el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo de ONU-Agua ha resaltado, miles de millones de personas en el mundo aún carecen de agua potable y de instalaciones de saneamiento y muchos están quedando excluidos por la discriminación basada en el género, la etnia, la cultura y la posición socioeconómica, entre otros factores.

El derecho de todos los kenianos a agua potable de calidad en las cantidades adecuadas está consagrado en la Constitución, pero la encuesta ha revelado que, si bien las aglomeraciones urbanas generalmente tienen un mejor acceso al agua que las zonas rurales, las desigualdades en el acceso y la disponibilidad se agudizan para las personas que viven en asentamientos informales.

El lavado de manos sigue siendo un desafío

Kenia alberga una población de 47,5 millones y cerca del 60 % de su población urbana vive en asentamientos informales, principalmente en Nairobi, Mombasa y Kisumu.

El Gobierno instó a la población a seguir las directrices de la OMS sobre el lavado de manos, la higiene y el distanciamiento físico tras confirmarse el primer caso de COVID-19 en Kenia a mediados de marzo de 2020, siguiendo los pasos de la mayoría de países en todo el mundo que se enfrentan a la pandemia y obedecen las recomendaciones de la Organización. Sin embargo, es difícil aplicar estas medidas preventivas en los asentamientos informales donde el acceso al agua es limitado, no existen servicios de saneamiento y el distanciamiento físico es casi imposible.

Only a minority of households in informal settlements have access to the public water supply, which is less costly. In informal settlements, water supply has been privatised by ‘cartels’ and many residents rely on private water vendors, particularly during the dry season.

Únicamente una minoría de viviendas de los asentamientos informales tiene acceso al abastecimiento público de agua, que es menos costoso. El abastecimiento de agua se ha privatizado con “carteles” en los asentamientos informales y muchos residentes dependen de vendedores de agua privados, sobre todo durante la estación seca.

El agua normalmente cuesta menos por litro en los barrios urbanos de clase media; cuentan con agua corriente mientras que en los asentamientos informales la mayoría depende de los vendedores de agua. Por ejemplo, el precio del agua corriente en Nairobi ronda los 34-53 chelines kenianos (0,34-0,53 USD) por metro cúbico (1000 litros), en comparación con los 10-50 chelines kenianos que vale un bidón de 20 litros en los asentamientos informales.

La mayoría de los participantes gasta más del tres por ciento de los ingresos mensuales del hogar en agua, lo que supone el estándar internacional de asequibilidad. Si se tiene en cuenta que los residentes de los asentamientos informales pagan 50 veces el precio del agua por litro que pagan las viviendas de clase media, costearse más agua para el lavado frecuente de manos supone un desafío económico.

Además, el 35 % de los participantes de la encuesta indicaron que tardaban más de 30 minutos en obtener agua por la escasez de puntos de agua donde viven y que tienen que recorrer largas distancias para recoger agua. Asimismo, señalaron una alta incidencia de enfermedades transmitidas por el agua como el cólera en sus comunidades, como resultado de la contaminación puesto que las redes de agua y saneamiento se encuentran en mal estado.

Se plantearon numerosas inquietudes relativas a la seguridad durante la encuesta, sobre todo por parte de mujeres que a veces tienen que pagar a otras personas para que les protejan cuando recogen agua de noche. “La verdad es que es muy difícil durante el día porque demasiada gente quiere agua, así que normalmente prefiero ir a buscar agua de noche. Pero no es tan seguro porque te roban”, comentó una participante. Otros destacaron el aumento de la delincuencia cuando tienen que dejar sus hogares desatendidos para atravesar largas distancias para ir a buscar agua de noche.

El derecho al agua es “una cuestión de vida o muerte” según varios activistas

“El Gobierno debe saber que tener agua limpia es nuestro derecho. Suministran agua limpia a la Residencia Oficial del Presidente, por lo que también deberían hacerlo a la población de Mathare. No somos personas de segunda clase”, afirmó Njeri Mwangi del Centro de Justicia Social de Mathare.

Derechos Humanos de las Naciones Unidas colaboró con una red de 24 Centros de Justicia Social en Nairobi, Kisumu, y las regiones costeras para llevar a cabo el proyecto de la encuesta. Estos centros comunitarios son cruciales para dar voz a las poblaciones desfavorecidas y los grupos marginados que ilustran las desigualdades que soportan en cuanto al acceso al agua, así como para expresar sus prioridades y delinear la aplicación del ODS 6 a escala local.

Desde 2017, Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha comprometido con estos Centros de Kenia y ha puesto de relieve su labor y las cuestiones sobre derechos humanos que afectan a los pobres de las zonas urbanas en los asentamientos informales. El proyecto supuso otra oportunidad para respaldar a estos Centros, así como a la labor de los jóvenes activistas en su defensa de los derechos humanos.

“Ahora mismo el acceso al agua no es solo un derecho básico, sino una cuestión de vida o muerte en los asentamientos informales si hemos de ganar esta guerra contra la pandemia de la COVID-19”, señaló Wilfred Olal, el coordinador nacional del Grupo de Trabajo de los Centros de Justicia Social. Gacheke Gachihi, coordinador del Centro de Justicia Social de Mathare, puso de relieve el carácter urgente cuando afirmó que se estaba gestando una emergencia social importante. “La amenaza del coronavirus es un desastre para la mayoría de las personas que viven en asentamientos, los cuales no disponen de agua, saneamiento, ni servicios básicos”. Los Centros de Justicia Social han solicitado al Gobierno que garantice el abastecimiento público de agua a los asentamientos informales.

Las Naciones Unidas apoyan la respuesta de Kenia a la COVID-19

Tras el análisis de los resultados de la encuesta, Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó una serie de recomendaciones a los gobiernos nacionales y regionales para que alcancen las metas del ODS 6 relativas a las personas que viven en los asentamientos informales y las comunidades vulnerables en Kenia.

Entre ellas figuran la inversión para ampliar la disponibilidad y la accesibilidad del abastecimiento público de agua a los asentamientos informales y las comunidades vulnerables, establecer marcos reguladores que aseguren la asequibilidad del agua potable, invertir en infraestructuras de agua y saneamiento, así como tener en cuenta la correlación estrecha entre los derechos al agua y el saneamiento y el derecho a la salud.

“La relación entre el derecho al agua y el derecho a la salud no podría ser más clara en este momento a medida que Kenia lucha contra la propagación de la COVID-19. Una actuación rápida para asegurar el acceso al agua salvará vidas”, afirmó Li Fung, Asesora Superior en Derechos Humanos de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Kenia.

Bajo la dirección del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, el equipo de las Naciones Unidas en Kenia ha actuado en conjunto con el Gobierno para respaldar la respuesta ante la COVID-19, particularmente en el sector del agua y el saneamiento. El Ministerio de Recursos Hídricos ha instalado cerca de 500 puntos de lavado de manos en Nairobi, incluidos 56 en asentamientos informales, además las Naciones Unidas ha distribuido jabón y está tratando de aumentar el abastecimiento de agua a 30.000 personas en cinco asentamientos informales.

Derechos Humanos de las Naciones Unidas continúa su colaboración con los Centros de Justicia Social para vigilar las repercusiones para los derechos humanos que conlleva la crisis de la COVID-19 en los asentamientos informales y orientar las medidas de prevención y respuesta a fin de tratar los diversos riesgos a los que se exponen las comunidades y los grupos vulnerables.

6 de abril de 2020


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