Vivir con un miedo incesante


El Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL) ha perpetrado violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos de la máxima gravedad en la República Árabe Siria e Iraq, según un informe elaborado por Ben Emmerson, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Esas violaciones podrían constituir actos de genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y ataques masivos contra la población civil.

Se calcula que unos 8 millones de personas viven bajo la autoridad del EIIL en Iraq y la República Árabe Siria.

"La índole brutal y las dimensiones de los abusos parecen estar planeadas para reforzar el monopolio absoluto del grupo sobre la vida política y social e imponer la obediencia y la conformidad en las comunidades que dominan. Como resultado, los civiles que permanecen en las zonas controladas por el EIIL viven en un estado de terror constante y casi inimaginable", afirmó Emmerson en el informe, que presentó en Ginebra (Suiza), durante el 29º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

El EIIL ha atacado a grupos religiosos y étnicos en Iraq y la República Árabe Siria y ha agredido a la población civil vinculada a dichos grupos. Estas comunidades étnicas o religiosas se han visto obligadas a convertirse al islam, huir o enfrentarse a la muerte. Se han recibido informes de que en Iraq la comunidad yezidí ha sido víctima de la violencia; los hombres fueron separados de las mujeres y los niños y luego llevados a unas zanjas, donde se les ejecutó de manera brutal.

También las mujeres y los niños son sumamente vulnerables a la violencia y la discriminación. Las mujeres se enfrentan al maltrato sexual y de género, que incluye la esclavitud sexual, los asesinatos, la servidumbre y las violaciones. Se les mantiene encerradas en sus hogares y se les obliga a adoptar normas vestimentarias estrictas.

Niños y niñas de apenas seis años de edad han sido violados, torturados y secuestrados. Según el informe, algunos niños de solo ocho años de edad han recibido adiestramiento bélico y se les han asignado tareas militares.  “Se informa de que a los niños se les obliga a ver vídeos de decapitaciones y ejecuciones en masa para insensibilizarlos ante las modalidades de violencia que aplica el EIIL”.

La capacidad militar del EIIL sigue aumentando, lo que significa que aumenta el terror entre la población civil. Se calcula que más de 20.000 combatientes extranjeros procedentes de 80 países se han sumado a las filas de los grupos armados irregulares que operan en la región. 

En el informe se examinó también la respuesta militar de la coalición internacional, coordinada por Estados Unidos, que lucha contra el EIIL y su repercusión sobre la población civil. Los civiles que viven en el territorio dominado por el EIIL residen sobre todo en zonas urbanas donde han tenido lugar muchos de los ataques aéreos de la coalición internacional. Según los informes recibidos, el EIIL ha situado estratégicamente a sus milicianos entre los civiles en zonas pobladas o ha utilizado los hospitales y las escuelas como bases militares, para que los ataques de la coalición causen bajas civiles.

En el informe se destaca la falta de transparencia de las operaciones que la coalición realiza en Iraq y la República Árabe Siria. Según el documento, "cada país que participa en la guerra aérea opera bajo sus propias reglas de combate y los niveles de transparencia difieren considerablemente". Mientras los ataques aéreos sean obra de fuerzas diferentes, será difícil saber qué Estado es responsables de cada actividad y cuándo la llevará a cabo”. El Relator Especial recordó  que, de conformidad con el derecho internacional, los países de la coalición tienen la obligación de garantizar que sus operaciones militares contra el EIIL sean transparentes y responsables, y que cualquier muerte de civiles causada por estas operaciones se investigue de manera rápida, independiente e imparcial.

En una mesa redonda celebrada en julio pasado, acerca de los efectos del terrorismo sobre el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Emmerson hizo hincapié en que este informe pone de relieve que el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de tomar las medidas adecuadas e inmediatas para proteger a los civiles que residen en las zonas afectadas. Asimismo, insistió en la necesidad de que los Estados que componen la coalición internacional que lucha contra el EIIL garanticen la aplicación de medidas de protección que amparen a la población, a fin de evitar que se produzcan más bajas civiles. 

Ocuparse de las necesidades y los derechos de las víctimas del terrorismo es un asunto urgente, según la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos Flavia Pansieri. “Los derechos humanos de las víctimas del terrorismo deben ser reconocidos, así como deben reconocerse su pérdida y su dignidad, su derecho a obtener reparación, a la verdad y la justicia, y su derecho a vivir sin miedo y con el apoyo que necesiten”, afirmó la Sra. Pansieri.

Emmerson añadió que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas inmediatas para proteger a los civiles de los actos de terrorismo y violencia, y que a los grupos armados no estatales se les debería exigir responsabilidades y juzgar por esos delitos.

Según Emmerson, de conformidad con el derecho internacional, el EIIL tiene la obligación de respetar los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la prohibición de la esclavitud y de la desaparición forzada, así como el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

30 de julio de 2015

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