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Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a Perú

Introducción

Lima – 10 de junio de 2015: El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (en adelante, Grupo de Trabajo)  visitó Perú del 1 al 10 de junio de 2015. La delegación estuvo integrada por dos miembros del Grupo de Trabajo: el Sr. Ariel Dulitzky y la Sra. Houria Es-slami.

El objetivo de la visita fue examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado peruano sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas - tanto las que tuvieron lugar durante la violencia entre 1980 y 2000 como  las actuales- y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de desapariciones forzadas. Todo ello a la luz de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 1992 (la Declaración). La Declaración refleja, codifica y consolida el derecho consuetudinario internacional que es jurídicamente vinculante para todos los Estados, incluido el peruano. 

El Grupo de Trabajo visitó Perú por primera vez en 1985 y realizó una visita de seguimiento en 1986. Durante estos 30 años el Grupo de Trabajo recibió cientos de casos de desapariciones forzadas.

La situación política y socio-económica del país ha cambiado radicalmente desde esos años. Actualmente, hay un contexto democrático diferente y se han logrado muchos avances. En particular se ha abandonado la política de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas.
El conflicto interno de 1980 a 2000 fue extremadamente brutal y dejó profundas heridas y resentimientos en la población. En particular, las poblaciones quechua hablantes y Ashaninkas, como la población viviendo en situación de pobreza, han sido desproporcionalmente afectadas. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el  75 % de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno. La discriminación, exclusión y marginalización fue causa y consecuencia de la violencia política  y muchas de las dificultades que hoy enfrenta el país en materia de desapariciones forzadas se debe a que dicha situación no ha sido superada aun hoy en día. El Grupo de Trabajo observó que las heridas siguen abiertas y muy presentes en las víctimas.

Es claro que para superar dicha situación se necesita un fuerte liderazgo político para diseñar e implementar políticas públicas comprensivas para tratar con las desapariciones forzadas y sus consecuencias de una manera integral y comprehensiva. Este proceso debería ser llevado a cabo de manera urgente, debido al largo lapso de tiempo entre los hechos acaecidos y la actualidad. Muchos de los familiares, testigos y perpetradores se están muriendo y mucha de la evidencia física se está perdiendo irreversiblemente.

El Grupo de Trabajo ha observado que la población continúa estando profundamente dividida y persisten las visiones opuestas respecto a la percepción y la interpretación de los hechos del pasado. No hay un entendimiento común de la historia compartida, la reconciliación es todavía lejana, y no se ha promovido un proceso nacional en pos de la reconciliación. El sistema educativo tiene un papel clave en este proceso,  el cual ha logrado un progreso restringido.

En el Perú hay una necesidad de inclusión, participación e información para todas las víctimas en todos los procesos. Fundamentalmente, se necesita tener una perspectiva de género en los diferentes pasos a seguir. Además, es esencial que los familiares participen de manera integral en todos los procesos de búsqueda de sus seres queridos.

El Grupo de Trabajo le agradece al Gobierno del Perú por la invitación y la cooperación ofrecida para llevar a cabo todas las reuniones requeridas en Lima, Ayacucho y Huánuco. También le agradece a las organizaciones de la sociedad civil y a las asociaciones de familiares. En particular, a todos los familiares que compartieron sus relatos con la delegación. El Grupo de Trabajo expresa su solidaridad con todas las víctimas del conflicto con todos aquellos que desaparecieron, aunque dicho crimen no configure como desaparición forzada según la Declaración.

Marco legal e institucional

Ha sido un logro positivo que el Tribunal Constitucional haya otorgado rango constitucional a todos los tratados de derechos humanos. Asimismo, el Grupo de Trabajo saluda que se hayan ratificado los principales tratados de derechos humanos. En particular, celebra que Perú haya ratificado la  Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República haya aprobado el reconocimiento de la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas (CED) para recibir y examinar comunicaciones individuales en virtud del artículo 31 de la Convención, esperando que sea aprobado por el pleno del Congreso prontamente.

El Grupo de Trabajo celebra que en el Perú el crimen de desaparición forzada esté tipificado como delito penal. Sin embargo, lamenta que la definición y su interpretación sea restrictiva y, en consecuencia, no todos los actos de desaparición forzada están cubiertas por dicha definición. El  Grupo de Trabajo reconoce que el proyecto de reforma del código penal implicará una importante mejora para ajustar el crimen de desaparición forzada a la definición estipulada en el derecho internacional. Los expertos esperan y exhortan a la aprobación e implementación rápida de esta revisión antes del fin del actual período legislativo.

El Grupo de Trabajo encomia la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la creación del puesto de Vice Ministerio de Derechos Humanos en dicha cartera. En el proyecto de ley de búsqueda el Vice Ministro tendrá un rol central de liderazgo en relación a la búsqueda de los desaparecidos a través de la creación de un área específica. 

Los expertos reconocen la existencia del Registro Especial de ausencia por desaparición forzada, creado en 2004 por la Ley 28413. Se observa que un número limitado de familiares de desaparecidos han utilizado este mecanismo, lo que puede estar relacionado con el engorroso  proceso que requiere primero una aprobación por parte del Defensor del Pueblo y luego un proceso judicial para finalmente ser inscripto. La futura ley general sobre la desaparición forzada debería establecer un mecanismo más sencillo.

El Grupo de Trabajo reconoce el importante trabajo de la Defensoría del Pueblo apoyando y aconsejando a los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas así como monitoreando e impulsando políticas publicas relativas a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Tanto en Lima, como en sus visitas a Ayacucho y Huánuco, el Grupo de Trabajo observó  la credibilidad y respeto que la Defensoría tiene frente a los diferentes actores. Por esta razón, un mayor apoyo institucional y financiero resulta esencial para su labor.

El Grupo de Trabajo también reconoce la adopción del Plan Nacional de Derechos Humanos en 2014, así como la creación de otros planes relacionados con la temática de la desaparición forzada como el Plan Nacional de Deberes y Derechos Fundamentales 2014-2021.

Verdad

Las familiares de los desaparecidos quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. En este marco se han creado varias asociaciones de víctimas y hay una activa sociedad civil que trabaja con ese objetivo.

En búsqueda de la verdad, Perú creo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en 2001. La CVR ha elaborado un informe muy completo basado en miles de entrevistas y testimonios recogidos con todas las víctimas del conflicto y aplicando una metodología de acuerdo a los estándares internacionales. También reconoció la violencia masiva, estimando que Sendero Luminoso fue responsable del 54% de las víctimas fatales.

La CVR elaboró varias recomendaciones cruciales pero casi 12 años más tarde la mayoría no han sido implementadas y siguen siendo válidas. El Grupo de Trabajo reconoce los grandes desafíos que el país enfrenta para establecer la verdad y específicamente para determinar la suerte y el paradero de los desaparecidos debido a las características geográficas, como la inaccesibilidad de las áreas donde ocurrieron las desapariciones forzadas, el   tiempo transcurrido  desde los hechos - degradando aún más los cuerpos y lugares donde podrían haber sido enterrados, los varios casos donde gran cantidad de cuerpos fueron incinerados y por ende la identificación de ADN es aún más difícil o aquellos en que los cuerpos fueron arrojados a ríos. El Grupo de Trabajo desea resaltar también los serios desafíos que se plantean ante los equipos forenses y los fiscales cuando deben intervenir en áreas de actividades del narcotráfico para llevar adelante las investigaciones.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Los esfuerzos realizados deben ser fortalecidos y revigorizados. Es prácticamente insoportable para los familiares de las víctimas aceptar que más de 30 años después de los hechos aún no tienen información alguna sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos.

Perú ha optado por una estrategia de judicialización antes que humanitaria. Esto significa que la búsqueda de las personas desaparecidas se realiza por jueces y fiscales dentro del marco de investigaciones que tienen por objetivo central la determinación de responsabilidades penales de los perpetradores, antes que la búsqueda de la persona desaparecida. Esta estrategia de judicialización limita en gran parte el éxito de la búsqueda. Entre 2002 y 2015 se exhumaron 3202 cuerpos, de los cuales 1873 fueron identificados y 1644 fueron restituidos a sus familiares. Sin embargo, alrededor de la mitad de los cuerpos exhumados e identificados no eran casos de desaparición forzada sino ejecuciones sumarias.

Estas cifras reflejan que, a este ritmo, los familiares de los desaparecidos deberán esperar varias décadas para que le restituyan los restos de sus seres queridos, en caso de ser encontrados. Lamentablemente, muchos familiares han fallecido y otros tantos son adultos mayores y no han recibido noticia alguna sobre la suerte o paradero de su ser querido.

El Grupo de Trabajo considera que se debe enfatizar el aspecto humanitario de la búsqueda más que el judicial. Esto significa que se debería desarrollar urgentemente una estrategia centrada en la búsqueda, identificación y restitución de restos, independientemente de los procesos judiciales. Esta estrategia humanitaria debe conducirse de manera paralela y complementariamente a la judicial, en particular para preservar toda la evidencia para que pueda ser utilizada en un proceso judicial ulterior.

Un paso positivo en esta dirección podría ser la implementación de un plan nacional de búsqueda y un mapa de fosas oficial.  En este sentido, el Grupo de Trabajo recomienda fervientemente que el proyecto ley sobre búsqueda de personas desaparecidas se transmita inmediatamente del Poder Ejecutivo al Congreso de la República para su rápida aprobación, con todo el apoyo financiero e institucional necesario para llevar a cabo esta función crucial. Esto sería un importante paso para proporcionar un marco estructural al proceso de búsqueda y una estrategia en lo concerniente a desapariciones forzadas. En las actuales circunstancias se requiere una política de Estado más proactiva para reforzar la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada y así lograr la clarificación de los casos.

El Grupo de Trabajo celebra la creación del Equipo Forense Especializado (EFE)  en 2013 y la importante contribución que ha realizado hasta el momento. Sin embargo, sus capacidades son limitadas financiera y humanamente por lo que el EFE debe ser reforzado y debería recibir más presupuesto y más capacitación para poder obtener mejores resultados y avanzar velozmente en la búsqueda e identificación de restos. La consecuencia de la falta de personal y de recursos es que cientos de restos aún permanecen en espera de su debido análisis e identificación, haciendo que los procesos sean extremadamente largos. El EFE también debería incrementar su coordinación y cooperación con la sociedad civil.

El Grupo de Trabajo visitó un laboratorio con una impresionante instalación en Ayacucho. Sin embargo, lamenta que el laboratorio no tenga la capacidad para finalizar los análisis de ADN en Ayacucho y se deban transportan las muestras idea y vuelta a Lima, perdiendo tiempo valioso. Además, sus capacidades de trabajo están altamente restringidas en términos de presupuesto y recursos humanos altamente capacitados.

El Grupo de Trabajo también alienta a que se haga un uso más extensivo de los análisis de ADN, para prevenir identificaciones erróneas y posibilitar la identificación de cientos de cuerpos que fueron exhumados pero permanecen sin identificar. Un banco de datos genéricos de todos los familiares debería ser creado para facilitar los procesos de identificación de restos exhumados a través del entrecruzamiento de información genética de manera constante.

Al visitar el Sitio de Memoria La Hoyada en Ayacucho, el Grupo de Trabajo pudo observar la capacidad investigativa del Ministerio Publico y el EFE, la demanda permanente de los familiares y sus abogados, la falta de debida protección al sitio, pero también las dificultades en los procesos de identificación. De los 109 restos recuperados en las fosas halladas en La Hoyada solo 4  se han identificado.

El Grupo de Trabajo reconoce que Ayacucho fue el centro de los hechos y donde un alto número de víctimas se concentra. Sin embargo la falta de un plan nacional de búsqueda de fosas provoca que otras regiones del país no reciban el nivel de atención que deberían.

Además, y como se mencionó anteriormente, todos los lugares donde habría restos de personas deberían ser protegidos y preservados inmediatamente.

Especialmente La Hoyada, donde gran cantidad de hectáreas han sido invadidas y actualmente dichos terrenos están bajo construcción, lo que se vería como una afrenta y revictimización de los familiares.

El Grupo de Trabajo recibió  información sobre un enfoque masivo de restitución de restos organizado por las autoridades del Ministerio Público en coordinación con la CMAN y otras autoridades nacionales y regionales. Este modo de restitución simbológicamente es muy importante ya que permite dimensionar el problema a través de la cantidad de familiares que se congregan  para recibir los restos de sus seres queridos. Pero, al mismo tiempo, crea problemas logísticos y no siempre es encarado apropiadamente por las autoridades, creando así una sensación de revictimización en los familiares. En algunos casos no se habría brindado la atención necesaria en cuanto a transporte, alojamiento y alimentación para familiares que van a recibir restos, quienes generalmente son originarios de regiones remotas al lugar de restitución. Asimismo, no hay un enfoque individual y apropiado que atienda los deseos puntuales de cada familia, ya que se tiende a incluir en una misma ceremonia a diferentes casos y familiares de diferentes regiones.

El Grupo de Trabajo reconoce que las autoridades admiten estos problemas y que hayan comenzado a tomar importantes medidas al respecto e insta a que sean tomados en cuenta al momento de organizar en las próximas restituciones.

El Estado debe inmediatamente facilitar toda la evidencia que pueda permitir conocer la suerte y el paradero de los desaparecidos, y ayudar a encontrar a los perpetradores. El acceso a la información y a todos los archivos relevantes debe ser asegurado y facilitado por las autoridades. Para este fin, la ley de transparencia y acceso a la información debe ser fortalecida. En paralelo, el Grupo de Trabajo sugiere que se implemente un orden en la documentación. En particular, las Fuerzas Armadas deben tomar una actitud proactiva de búsqueda, análisis, ordenamiento y sistematización de toda la información disponible. Las Fuerzas Armadas deben ser un elemento central en la provisión de información. Para ello, se necesitan claras instrucciones desde las más altas esferas del poder político para que se coopere plenamente y de manera proactiva en la búsqueda de las desaparecidas, incluido lo respectivo al acceso y el intercambio de información.

Asimismo, el Grupo de Trabajo considera que los archivos de la Policía Nacional del Perú deben ser analizados, sistematizados, abiertos y puestos a disposición de la justicia y el público en general para facilitar los procesos de verdad y memoria.

Otras de las preocupaciones principales del Grupo de Trabajo es que aún no existe una cifra final de la cantidad de personas que fueron desaparecidas forzosamente lo cual dificulta la plena realización del derecho a la verdad. En el Registro Único de Victimas (RUV) existen 8661 casos registrados. Sin embargo, es ampliamente reconocido que esa cifra podría ser mucho mayor. El CICR y el Ministerio Publico estiman que la cifra asciende a entre 13000 y 16000 desaparecidos forzosamente. La determinación del número total de desaparecidos forzosamente será un importante primer paso en este proceso. Asimismo, este importante tema debe ser puesto a conocimiento de la población.

Justicia

La Declaración exige que el Estado garantice a las víctimas de desapariciones forzadas un recurso efectivo que implique la investigación de oficio seria e imparcial de los casos de  desapariciones forzadas a fin de identificar a los presuntos responsables de las mismas e imponerles las sanciones que deban corresponder.

El acceso a la justicia, que incluye la investigación, procesamiento y juzgamiento penal de aquellos responsables por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, constituye un pilar fundamental para las víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares. Como señaló la CVR, la persecución penal es un requisito necesario para conseguir la reconciliación nacional.

Desde esa mirada, resultó positiva la creación del Sub Sistema Penal de Derechos Humanos con competencia para conocer los casos de violaciones a los derechos humanos y terrorismo, incluyendo la especialización de las investigaciones sobre desapariciones forzadas. La información provista demuestra la importante contribución que los fiscales realizan en la investigación tendiente al enjuiciamiento y castigo de los perpetradores. Sin embargo, el Grupo de Trabajo expresa su preocupación por que la competencia del Sub Sistema se haya ampliado a la investigación de otros delitos, lo que obstaculiza su especialización en derechos humanos,  al elevar la carga procesal de los juzgados y fiscalías, y diluyendo la finalidad para el que fue creado. Asimismo, más fiscales y jueces especializados específicamente en derechos humanos deberían ser nombrados debido a la magnitud de violaciones a los derechos humanos que este sistema debe investigar. De otro lado, el Grupo de Trabajo observa que los jueces y fiscales se encuentran desbordados en términos de plazos y capacidades logísticas para atender los procesos por violaciones a los derechos humanos. Por ello, considera necesario el nombramiento de más fiscales y jueces en estas causas, otorgándoseles la estabilidad necesaria y disminuyendo la provisionalidad  en sus puestos, lo que podría afectar la imparcialidad e independencia de los magistrados así como la continuidad de los procesos.

Asimismo, el Grupo de Trabajo considera de vital importancia una permanente capacitación de los magistrados, así como la elaboración de protocolos, lineamientos y directivas de actuación especial tanto para jueces y fiscales en la investigación y procesamiento de casos por desapariciones forzadas.

El Grupo de Trabajo reconoce que en el Perú se hayan dictado importantes decisiones judiciales que declaran la responsabilidad penal de alto mandos militares y políticos, como el ex Presidente Alberto Fujimori, por crímenes graves, incluyendo el de desaparición forzada. El Grupo de Trabajo recibió información relativa a varios casos recientes de ex - miembros de fuerzas de seguridad del Estado que fueron arrestados o que estaban siendo juzgados por casos de desapariciones forzadas u otras serias violaciones a los derechos humanos. El Grupo de Trabajo está monitoreando estos casos de cerca y agradecerá al Gobierno que lo mantenga informado de los progresos en los casos.

Sin embargo, el Grupo de Trabajo escuchó muchas voces críticas a la decisión de la Suprema Corte de Justicia (Acuerdo Plenario 9-2009/CJ-116), la cual exime a los oficiales que se retiraron antes de 1991 de ser condenados por delitos de desaparición forzada.

El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por que solo un pequeño porcentaje de casos hayan sido llevados a juicio oral y en aquellos casos en los que hubo sentencia, una parte importante haya terminado en absoluciones o en sentencias que no reflejan la gravedad del crimen cometido. El Grupo de Trabajo recibió distintas cifras acerca del número de casos con condena de la Sala Penal Nacional.

De acuerdo a información recibida por el Grupo de Trabajo, el sistema judicial estaría analizando restrictivamente las pruebas aportadas por la Fiscalía y la parte civil en lo concerniente a pruebas testimoniales. Asimismo, ha tomado conocimiento que las investigaciones descansarían en aquella información que pueda ser proveída por los familiares y las organizaciones de derechos humanos.

En esa línea, el impulso a los procesos recaería en la parte civil, no identificándose un rol activo por parte de los fiscales en la investigación de muchos casos. El Grupo de Trabajo invita a la Sala Penal Nacional a reconsiderar sus criterios en materia de evaluación de pruebas en casos de desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo también observó que varios casos están siendo archivados provisional o definitivamente por presunta falta de pruebas a nivel del Ministerio Público sin llegar al Sub Sistema. El número de casos que se judicializan por parte del Ministerio Público es muy bajo, lo que va en detrimento del acceso a la justica y la verdad por parte de los familiares de los desaparecidos. El Grupo de Trabajo manifiesta la necesidad de incidir en la alta importancia del uso de las pruebas indiciarias, contextual, así como patrones de actuación en los procesos por desaparición forzada, considerando las características del delito que incluye la ausencia de información, el secretismo y la destrucción de evidencia en torno al paradero de la víctima, relegándose la posibilidad de pruebas directas  para su  configuración.

Por otro lado, resulta de particular y extrema preocupación para el Grupo de Trabajo que, pese a los años transcurridos y las reiteradas solicitudes de información relevante para las causas por desapariciones forzadas al Ministerio de Defensa, este último no haya contribuido con el sistema de justicia en la entrega de información clave valiéndose de diversos argumentos, constituyéndose no solo en un obstáculo permanente y sistemático para el procesamiento de estos graves delitos, sino también una manifestación expresa de falta de voluntad del Estado por alcanzar la justicia en estos casos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Siendo una importante institución de un Estado democrático, una de las mejores formas de desasociarse de las violaciones de derechos humanos  sería dar luz y contribuir activamente para la clarificación de casos y la condena de los perpetradores. Las más altas autoridades deben ser específicas respecto a las obligaciones del Ministerio de Defensa con el objetivo que se ponga a disposición de la justicia toda la información disponible sobre estos temas. El Estado debe establecer la responsabilidad legal por la práctica de no presentar información solicitada por el Poder Judicial.

El Grupo de Trabajo reconoce que la función del defensor público se haya extendido para atender a víctimas vulneradas en sus derechos a consecuencia de algún delito. Sin embargo, sus funciones no se restringen exclusivamente a casos de violaciones a los derechos humanos. Además, resultan ser insuficientes frente a la demanda de las víctimas de estos delitos. Esta puede ser una importante institución que canalice el acceso a la justicia de las víctimas al iniciarse procesos judiciales.

El Grupo de Trabajo reconoce el importante rol del CICR y las organizaciones de derechos humanos para facilitar el acceso a la justicia. Sin embargo, el Estado debe asumir su responsabilidad de proporcionar un apoyo más integral a los familiares y a las víctimas, por ejemplo facilitar su presencia en las audiencias y su participación si no manejan el idioma español, asistir a los familiares en el retorno a sus lugares de origen luego de una restitución de restos.

La práctica de itinerancia de Sala Penal Nacional podría facilitar el acceso a los procesos de derechos humanos pero a la vez origina inconvenientes. Si bien es un progreso importante el hecho de realizar audiencias en la capital de las provincias acercando la justicia a las víctimas, aún resulta insuficiente ya que trasladarse hasta la capital genera grandes gastos para los familiares de las víctimas. Las audiencias deberían ser acercadas a las víctimas y testigos para permitir una participación significativa y activa de los mismos. En caso que deban dirigirse a la capital, el Estado debería hacerse cargo de los costos. Se podría solicitar la colaboración de asociaciones de familiares, organizaciones no gubernamentales y el CICR para que colaboren en la logística de traslados.

En relación a la protección de testigos, ésta debe ser más efectiva y eficiente. Los testigos aún sienten temor de declarar y hablar abiertamente sobre los hechos. Si bien el Grupo de Trabajo no recibió ninguna información sobre hechos concretos de represalias contra testigos, muchas fuentes indiciaron el temor inhibe la voluntad de muchas personas a testificar. El Grupo de Trabajo hace un llamamiento al Estado peruano para que tenga un rol más proactivo en la protección y creación de confianza de testigos y familiares.

El Grupo de Trabajo también recibió información sobre un caso reciente de desaparición forzada, el cual no ha sido investigado adecuadamente, se han perdido pruebas, se rechazó un Habeas Corpus y los responsables no han sido hallados ni llevados a juicio. El Habeas Corpus no ha sido hasta el momento un instrumento eficaz para determinar la suerte o el paradero de la persona desaparecida.

Reparaciones

El Grupo de Trabajo reconoce como un aspecto positivo la adopción del Plan Integral de Reparaciones y la creación del RUV. Así también, resalta la importancia de la creación del Consejo de Reparaciones a cargo del RUV y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). También reconoce los procesos de elaboración de planes regionales de reparaciones.

El Grupo de Trabajo también reconoce que la dimensión de reparar a las víctimas de la violencia política tiene un costo económico muy alto y representa un desafío constante para el Estado peruano. El Grupo de Trabajo reafirma que, en concordancia con las obligaciones internacionales, cada una de las víctimas de desapariciones forzadas debe recibir una reparación adecuada. 

El Grupo de Trabajo reconoce  que hasta el momento, muchas víctimas registradas en el RUV han recibido reparaciones económicas. De todas maneras, un número alto reconocido como víctima no ha recibido aún su reparación.

Sin embargo, al Grupo de Trabajo le preocupa el cierre, el 31 de diciembre de 2011, del proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del PIR. El Grupo de Trabajo recomienda que se reabra este proceso.

El monto de las reparaciones económicas brindadas por el Estado es bajo comparándolo con el monto asignado para las reparaciones referidas a otras víctimas de la violencia en el Perú y considerando la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante este período. En lugar de que éstas sirvan como una reparación muchas de las víctimas consideran este monto como un ofensa adicional y se sienten revictimizadas y discriminadas. Esto debería ser solucionado a través de un diálogo continuo con las víctimas y sus organizaciones con el objetivo de alcanzar reparación integral tal como lo establece la Declaración.

Así también, en la actualidad, las víctimas con afectación múltiple solo reciben una sola compensación económica. El Grupo de Trabajo apoya la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de encontrar una solución pronta a esta problemática y confía en que esta restricción sea levantada inmediatamente. Según la Declaración, el Estado debe compensar por cada desaparición forzada.  

De otro lado, el Grupo de Trabajo resalta que las reparaciones consideradas en el PIR tienen un sentido más amplio que las reparaciones económicas. Estas incluyen diferentes aspectos con el objetivo de proveer una reparación tan completa como sea posible en temas de salud, educación, asistencia psicosocial, vivienda, así como reparaciones colectivas y simbólicas.

Las becas educativas son altamente apreciadas por los familiares de personas desaparecidas. Empero, el Grupo de Trabajo ha observado que el número de beneficiarios de reparaciones en educación es muy bajo. Además, identifica que este tipo de reparaciones otorgadas a las víctimas no pueden ser transferidas a sus familiares de las siguientes generaciones,  pese a que muchas de las víctimas ya son mayores de edad y consideran que sus descendientes podrían aprovechar estas reparaciones en mayor medida. Por eso, llama al Estado a que urgentemente se reconozca la posibilidad de transferir las becas a siguientes generaciones.

El Grupo de Trabajo ha identificado las secuelas mentales y psicológicas derivadas de la violencia política que continúan en la actualidad y considera que se requieren medidas urgentes. Por ello, resalta la importancia de las reparaciones en salud, en particular aquellas referidas a salud mental. En tal sentido, reconoce los esfuerzos del Estado por proveer los recursos y el personal adecuado. Pese a ello, también considera que los mismos son limitados. El Grupo de Trabajo fue informado que en Ayacucho los fondos asignados para temas de salud no son utilizados necesariamente ni exclusivamente para atender los casos de víctimas de la violencia política y han sido derivados para otros fines. El Grupo de Trabajo también resalta la actividad mancomunada de múltiples organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento que realizan a las víctimas y familiares. La experiencia de coordinación entre entes estatales a nivel nacional y regional con organizaciones de la sociedad civil en Huánuco debe ser un modelo a consolidar y replicar en otras áreas.

Los familiares de personas desaparecidas han mencionado recurrentemente la grave situación en materia de vivienda en la que se encuentran. Al respecto, tanto funcionarios como organizaciones de la sociedad civil han reconocido que el aspecto vivienda es de los menos desarrollados por lo cual debe ser fortalecido inmediatamente.

El Grupo de Trabajo reconoce la importancia de las reparaciones colectivas como un elemento fundamental para las comunidades que fueron afectadas. Sin embargo, resalta la necesidad de que el Estado peruano trabaje en reparaciones integrales y transformativas, con la participación de la sociedad civil, que estén dirigidas a revertir las causas de la violencia, como la marginalización y la discriminación hacia los grupos indígenas, los pobladores rurales, los quechua hablantes y la gente de escasos  recursos.

Asimismo, el Grupo de Trabajo identifica que el diseño y la ejecución de los programas de reparaciones en el Perú precisan de una perspectiva de género dinámica y transversal, tal como establece el Plan Integral de Reparaciones, que identifique las desigualdades de género en todo el proceso de violencia y sus consecuencias.

El Grupo de Trabajo comprende que reparar a las víctimas acarrea costos altos y representa un desafío para el Estado en diversos sentidos, sin embargo recuerda que es necesario superar los obstáculos detectados y lograr una reparación completa, significativa y satisfactoria como un paso importante hacia la reconciliación y evitar que estos hechos se repitan.

Memoria

El Grupo de Trabajo saluda la iniciativa de la construcción del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). En tal sentido, considera como un signo altamente trascendental que un espacio de memoria sea creado en la capital de la República dirigido a todas las víctimas, sus familiares y todos los peruanos y las peruanas. Sin embargo, deplora las múltiples demoras que han impedido su término y apertura total. El Grupo de Trabajo considera que el LUM debe ser inaugurado y puesto en funcionamiento a la brevedad posible, junto con el presupuesto y el soporte institucional necesarios para su sostenibilidad.

Asimismo, el Grupo de Trabajo considera que los lugares de memoria existentes en el Perú, incluyendo aquellos impulsados por la sociedad civil y los familiares, necesitan ser protegidos y preservados. Así, por ejemplo, resalta la importancia de preservar, reconocer políticamente  y dotar de apoyo económico al “Ojo que Llora”, así como facilitar su acceso.

De forma particular, considera necesario proteger “La Hoyada” como un espacio simbólico de memoria no solo para los peruanos y peruanas y los familiares de víctimas, sino como espacio que ha trascendido las fronteras del Perú por su significado. En tal sentido, es necesario que éste sea protegido, por parte de todas las instituciones competentes, en especial por el Gobierno Regional de Ayacucho y por la Policía, de las invasiones y usurpaciones de las que viene siendo objeto.

Se ha informado al Grupo de Trabajo que solo una pequeña parte del área que originalmente constituía La Hoyada aún se preserva. 

Los familiares de las víctimas han mostrado su preocupación por que este espacio sea mantenido tal como está actualmente en su concepción y significado y que no sea transformado en un espacio dirigido hacia otros fines. El Grupo de Trabajo considera de suma importancia que cualquier diseño, cambio y/o ejecución de los lugares de memoria sean hechos en estrecha cooperación y coordinación con los familiares y las víctimas. Asimismo, el Grupo de Trabajo resalta la importancia que estos sean dotados de los recursos humanos y financieros suficientes para su mantenimiento, cuidado y protección.

El Grupo de Trabajo reconoce la importancia de la muestra fotográfica Yuyanapaq en el Ministerio de Cultural, el cual es una iniciativa sumamente importante y debería repetirse en otros sitios del país.

Finalmente, el Grupo de Trabajo considera que es necesario trabajar en aspectos fundamentales para la construcción de una memoria compartida en la población, que lleve a la reconciliación en el país tras la violencia política, por ejemplo desde el componente educativo. En tal sentido,  resulta de suma importancia el desarrollo de materiales didácticos en todo el sistema educativo civil y militar, que tome en consideración las diferentes formas de entender la historia reciente y que permita crear una base para la reconciliación nacional.

Conclusiones

  1. El Grupo de Trabajo aprecia la información sustantiva que diversas autoridades, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas le brindaron con el fin de comprender mejor el fenómeno de las desapariciones forzadas en el Perú.
  2. Treinta años después de su visita, el Grupo de Trabajo ha encontrado un país y una sociedad completamente transformados. En particular, la política estatal de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, han cesado. También ha logrado, con gran esfuerzo  prevalecer sobre la violencia subversiva, aunque a un alto costo humano. Sin embargo, profundas secuelas y heridas permanecen abiertas.
  3. Desde el año 2000 se han dado pasos importantes para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la violencia política entre 1980 y 2000.  La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, los cientos de exhumaciones, identificaciones y restitución de restos, las reparaciones monetarias, educativas, de salud a víctimas, la creación del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el rol de la Defensoría del Pueblo, un subsistema de justicia que ha impuesto importantes aunque pocas condenas, algunos memoriales construidos o en proceso de construcción, representan avances concretos y valorables.
  4. Estos avances se han logrado gracias a iniciativas impulsadas o llevadas a cabo por familiares de las víctimas o por la sociedad civil y algunos sectores estatales. De acuerdo con las obligaciones dimanantes de la Declaración y del derecho internacional, el Estado debe asumir esa responsabilidad y un rol de liderazgo para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa con las víctimas y sus familiares. Con ello se reforzaría claramente el repudio a las desapariciones forzadas. En particular, las Fuerzas Armadas deben asumir un compromiso claro de cooperación en la búsqueda de la verdad y la justicia. Todo ello fortalecería las bases de un Estado que no permita que nunca más se cometan estas violaciones gravísimas en su nombre. Dado el profundo impacto que las desapariciones forzadas han tenido en las mujeres peruanas, todas las actividades en materia de desapariciones forzadas deben tener en cuenta la perspectiva de género. La comunidad internacional debe apoyar a Perú en estas iniciativas a través de la provisión de fondos, capacitación y asistencia técnica.
  5. Treinta años después de las desapariciones, es preocupante que, a pesar de los progresos, el esfuerzo para clarificar la suerte de aquellos que desaparecieron ha sido muy lento y muy limitado, lo que ha llevado a la clarificación de pocos casos de desaparición forzada. Esta situación ha dejado a los familiares de las víctimas en una incertidumbre constante e impedidos de cicatrizar sus heridas, como fue ampliamente comprobado durante la visita. Clarificar estos casos debe ser una prioridad para el Estado y parte de cualquier proceso de verdad, reparación, justicia, memoria y reconciliación.
  6. Sin embargo, aún persisten importantes desafíos. En particular, el Grupo de Trabajo observa con preocupación que, a pesar de los progresos alcanzados en la lucha contra la pobreza, las profundas disparidades socio-económicas, que fueron la causa y la consecuencia de la violencia política, permanezcan vigentes hoy en día, dificultando el éxito de muchas de las medidas adoptadas. Asimismo hay otros desafíos puntuales, tales como la falta de una cifra exacta de personas desaparecidas, los pocos procesos judiciales concluidos, la imposición de sanciones leves a los victimarios, la lentitud en los avances de los procesos judiciales, la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas y un mapa nacional de fosas, las limitadas exhumaciones e identificaciones de personas desaparecidas, la ausencia de un banco de datos genéticos, la poca atención psicosocial integral que reciben las víctimas, la ausencia de una política pública en asuntos de memoria, entre otros. La adopción de una ley general de búsqueda de personas, así como la asignación de un presupuesto adecuado para su implementación y funcionamiento, podría contribuir a superar muchos de estos desafíos
  7. En todos los sitios visitados el Grupo de Trabajo se ha reunido con decenas de familiares. Prácticamente todos han manifestado una profunda frustración frente a los obstáculos y las dificultades para acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos. En particular han indicado que la condición de quechua hablantes y de otras lenguas, así como su condición socioeconómica, los confronta con discriminaciones y desdén por parte de las autoridades. Dado el lapso de tiempo transcurrido desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares y perpetradores, es urgente que el Estado fije como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y, en particular, sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Si bien en algunos casos es difícil o prácticamente imposible establecer el destino final de la persona desaparecida, existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias, razonables y eficaces para encontrar a la persona o clarificar su suerte. Con la misma urgencia debe actuarse en materia de justicia y de reparaciones integrales para las víctimas.
  8. El Grupo de Trabajo reitera su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y sus familiares. Su constante sufrimiento es la prueba palpable que la desaparición forzada es un delito permanente y una continua violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido.
  9. El Grupo de Trabajo también reconoce la labor de los numerosos/as defensores/as de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, abogados/as, y todos aquellos que trabajan incansablemente, inclusive en condiciones adversas, para llevar a los perpetradores a la justicia y para reparar y preservar la memoria de las víctimas de esta terrible práctica. Por ello, realiza un llamamiento al Estado y a la comunidad internacional a  apoyar continuamente la labor de estos  actores. En este espíritu, el Grupo de Trabajo alienta a todos los actores en este ámbito, Estado, sociedad civil y familiares, a reforzar su colaboración para aunar todos los recursos y las sinergias existentes de una manera cooperativa, concertada y coordinada.
  10. El Grupo de Trabajo manifiesta su disposición para continuar el diálogo constructivo con el Estado peruano y ofrece su asistencia en la plena aplicación de la Declaración.