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Observaciones preliminares del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en la conferencia de prensa celebrada durante su misión a Uzbekistán

Tashkent, 11 de mayo de 2017

Esta ha sido la primera visita a Uzbekistán realizada por un Alto Comisionado para los Derechos Humanos de los seis que las Naciones Unidas han nombrado desde la creación del ACNUDH en 1993, sólo dos años después de que Uzbekistán alcanzase la independencia y un año después de que ingresara como Estado Miembro en las Naciones Unidas. 

En realidad ha sido una visita muy corta –de hecho, un día completo muy intenso ayer, con muchas reuniones, y unas pocas horas hoy, en Samarcanda-. La duración fue en realidad inferior a lo que tanto mi oficina como el gobierno de Uzbekistán deseaban, debido a dificultades con el calendario de trabajo, aunque ambos coincidimos en que se trata de una visita muy importante, muy significativa. Pero fue complicado conciliar las agendas y, al final, todo lo que se pudo organizar fue un día completo de reuniones, porque de otro modo la visita hubiera tenido que aplazarse hasta el otoño, algo que ninguno de los dos deseábamos.

Me complace mucho que no la hayamos aplazado. Concentramos un gran volumen de debates ayer en un solo día, que culminó con la entrevista de 90 minutos que sostuve con el Presidente Shavkat Mirziyoyev, en la que hallamos numerosos puntos en común y alcanzamos acuerdos sobre determinadas medidas específicas.

Mis predecesores visitaron en diversas ocasiones las otras cuatro repúblicas de Asia Central, pero ninguno de nosotros había tenido la oportunidad de venir a este país. Cuando en 2008 establecimos la Oficina Regional en Bishkek, Uzbekistán dejó bien claro que esa unidad se ocuparía de cuatro países, no de cinco. En mi entrevista de ayer con el Presidente, acordamos que a partir de ahora nuestra Oficina Regional trabajará en estrecha colaboración con las cinco repúblicas de Asia Central y nuestro representante regional, Ryszard Komenda, nos acompaña hoy aquí. Este es un resultado importante de la visita, que debería propiciar un incremento de la colaboración con el ACNUDH y, en general, con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, en lo que parece ser un momento decisivo de la historia de Uzbekistán, ya que el gobierno ha emprendido un programa de reformas ambicioso y, al menos a primera vista, muy dinámico.

Al llegar a este punto debo señalar que esta visita y sus resultados no han caído del cielo inesperadamente. En los últimos cuatro años ha habido en Uzbekistán un progreso gradual en materia de derechos humanos y gran parte del crédito ha de atribuirse al Coordinador Residente y el equipo de país de las Naciones Unidas destacados aquí que, en ausencia de miembros permanentes de mi oficina, han colaborado con numerosos departamentos gubernamentales en cuestiones relativas a los derechos humanos, lo que desembocó en un Plan de Acción Nacional aprobado en noviembre de 2014, un diálogo permanente sobre el tema y una serie de actividades entre el gobierno y las Naciones Unidas realizadas desde entonces. Creo que la estrategia que aplicaron el Coordinador Residente y el equipo de país constituye un ejemplo recomendable –casi modélico- de la política de “derechos humanos ante todo”, proclamada por el Secretario General y que se aplica en todo el sistema de las Naciones Unidas, tal como se concibió. Y resulta alentador comprobar que el gobierno estima esos esfuerzos y que todas las partes implicadas reconocen que la paz, la seguridad y el desarrollo sólo serán duraderos si se fundamentan sólidamente en los derechos humanos.

No voy a intentar una evaluación general de todas las cuestiones de derechos humanos existentes en Uzbekistán sobre la base de esta breve visita. Sin embargo, debo señalar que en todas las reuniones que sostuve con altos funcionarios del gobierno y del sistema judicial se expresó el reconocimiento de que el país afronta –para citar los términos que usó uno de los ministros- “problemas y desafíos”.

Asimismo hubo una declaración de intenciones, repetida en diversas ocasiones, en el sentido de que la respuesta a esos problemas y desafíos ha de basarse en las normas y los criterios del derecho internacional de los derechos humanos, y que todavía queda bastante por hacer en este ámbito. Por ejemplo, el presidente de la cámara legislativa del parlamento hizo hincapié en este punto y afirmó que desde ahora cada nueva ley que se apruebe será sometida a examen, para comprobar que cumple con las normas internacionales de derechos humanos.

Un aspecto fundamental es esta lúcida aceptación de que hay problemas y también de que existen soluciones de probada eficacia para ellos, en el marco del derecho internacional y de las instituciones concebidas para apoyarlas. Eso quiere decir que realmente podemos poner manos a la obra.      

En los últimos ocho meses, el gobierno de Uzbekistán ha iniciado un abigarrado conjunto de nuevas leyes, políticas y planes con implicaciones en materia de derechos humanos. Según el Ministro de Justicia, con el que me reuní en la tarde de ayer en compañía del Ministro del Interior y el Fiscal General, el gobierno se ha propuesto hacer aprobar 125 documentos regulatorios, tan sólo en 2017, después de que en los últimos meses de 2016 se elaboró, debatió y aprobó un gran número de otras leyes y regulaciones.  Repito: no trataré de analizar ni resumir este proceso en el curso de esta breve declaración. En general, sus objetivos parecen considerables, constructivos e importantes.  

Los derechos humanos –todas las categorías de derechos humanos- figuran de manera prominente en los cinco conjuntos de prioridades expuestos en el documento general elaborado para orientar las reformas propuestas, denominado Estrategia de Acción del Presidente para 2017-2021. Todo el que desee comprender el sustrato de los cambios iniciados en Uzbekistán –y los motivos de mi visita- debería examinar atentamente la Estrategia de Acción.

Las cinco prioridades de la Estrategia son:

1) Mejorar el sistema de administración pública, lo que abarca la reforma de la gestión política, la parlamentaria y la administración del gobierno, así como planes para fortalecer la rendición de cuentas. A su vez, este objetivo comprende mecanismos eficaces de diálogo con la población, que ya están operando, mejor supervisión pública, que ya genera algunos resultados en lo tocante a las causas penales incoadas contra funcionarios corruptos, y el tan necesario fortalecimiento de la sociedad civil y los medios de comunicación. Los periodistas presentes en esta rueda de prensa están más calificados que yo para juzgar si ya se aprecian o no algunas mejoras concretas en términos de libertad de expresión y libertad de la prensa para funcionar, criticar y contribuir a que las autoridades rindan cuentas de sus actos – y me interesaría conocer sus opiniones durante la sesión de preguntas y respuestas-.

2) Garantizar el Estado de derecho y la reforma del sistema judicial, lo que incluye el elemento esencial de asegurar una judicatura imparcial e independiente del poder ejecutivo, situación que no existía en el pasado y que contribuyó en gran medida a las injusticias que padecieron los ciudadanos de Uzbekistán. Este ámbito prioritario abarca también varias cláusulas relativas a la protección de los derechos y las libertades individuales, el acceso a la justicia y medidas orientadas a combatir la corrupción.  También propone medidas para reforzar la supervisión de las autoridades encargadas de la regulación y aplicación de la ley, y para definir y tratar las violaciones sistemáticas que dichas autoridades hayan cometido, así como medidas orientadas a mejorar su actuación, con una firme insistencia en la capacitación y re-capacitación de los funcionarios públicos. Este es un ámbito en el que mi Oficina puede, por supuesto, ofrecer asistencia específica, por ejemplo, al facilitar formación a los jueces, un servicio que hemos prestado en otras zonas del mundo, y tanto el Ministro de Justicia como el Magistrado Jefe del Tribunal Supremo solicitaron nuestra colaboración para ampliar la capacitación de los jueces en lo tocante a las normas jurídicas internacionales.

3) Desarrollar y liberalizar la economía. Las principales reformas económicas propuestas abarcan medidas para apoyar a la pequeña empresa y reforzar la protección de los derechos de propiedad privada, así como medidas para mitigar el cambio climático, prestar asistencia a los muchos uzbekos que trabajan en el sector agrícola y reducir las desigualdades en lo tocante al desarrollo socioeconómico de las regiones.  

4) Desarrollar el sector social, con especial atención al empleo y la reducción del número de familias de bajos ingresos, el fortalecimiento de la protección social de los grupos de población vulnerables, entre otros los ancianos y discapacitados; la reforma del sector sanitario, con insistencia tanto en la accesibilidad como en la calidad de los servicios sociales y de salud; los programas orientados específicamente a la construcción de viviendas asequibles y la mejora de las infraestructuras; así como el desarrollo y la mejora significativos del sector de educación, tanto en términos pedagógicos como de infraestructura, y una atención sólida a la juventud de Uzbekistán, que abarque no solo la educación, sino también la protección social. He recibido la buena noticia de que se espera que el Parlamento ratifique en breve la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

5) Fomentar la seguridad, la tolerancia religiosa, la armonía interétnica y una política exterior constructiva. Equilibrar estos asuntos, al tiempo que se garantizan los derechos individuales, es fundamental, por supuesto, tanto para la seguridad como para los derechos humanos. Al igual que en otros países, he hecho hincapié en que la respuesta al peligro de radicalización no consiste simplemente en medidas estrictas de seguridad y en políticas represivas que fomentan el resentimiento y la frustración, con lo que facilitan a los extremistas la tarea de reclutar a nuevos  militantes. Asimismo he recibido con beneplácito la atención que en esta sección de la Estrategia de Acción se presta a la mejora de las relaciones de Uzbekistán con sus vecinos, lo que incluye la solución de los delicados problemas fronterizos heredados de la Unión Soviética y el cometido de desempeñar una función constructiva en los problemas internacionales en general.

Esta Estrategia de Acción proporciona un contexto formidable para las numerosas reformas exigidas por el Presidente y que el gobierno ha planificado. Exhorto al gobierno a que incluya el seguimiento de los resultados concretos en materia de derechos humanos dentro de la supervisión de alto nivel sobre la aplicación de la Estrategia. Por supuesto, una cosa son los marcos y planes y otra diferente son los resultados, especialmente en lo que atañe a los derechos humanos, una esfera en la que a menudo los Estados hacen grandes promesas, pero olvidan refrendarlas con cambios reales. Sin embargo, creo que la intención es claramente sincera y aunque persiste cierto grado de escepticismo fuera de Uzbekistán, donde se cree que todo es pura fachada, no he constatado ese escepticismo durante mi visita al país.

Me impresionó especialmente la reunión que mantuve ayer con representantes de la sociedad civil. Primero, por el gran número de participantes, unas 60 personas en total (el doble de lo esperado) procedentes de distintos sectores de la sociedad civil, incluso de algunos muy críticos con las autoridades. En segundo lugar, porque varios participantes expresaron puntos de vista de manera muy espontánea, sin mostrar desconfianza ante la presencia de numerosas cámaras de televisión, entre ellas la televisión estatal.

A pesar de lo breve del encuentro -demasiado para poder escuchar las opiniones de todos los asistentes-, el entusiasmo era palpable. En palabras de uno de los participantes, “ésta es la primera vez en 12 años que hemos sostenido un encuentro como éste”. Confío en que de veras estemos asistiendo al renacimiento de la sociedad civil en Uzbekistán y que, a partir de ahora, estas reuniones concurridas y sinceras se conviertan en práctica habitual. Para que el Presidente y su gobierno logren los propósitos anunciados, necesitan una sociedad civil y medios de comunicación fuertes, boyantes y dinámicos que les ayuden, pero que también les sirvan de acicate, mediante la crítica y la exposición de sus errores, lagunas e injusticias, sin temor a ser objeto de censura o represalias.

A este respecto, he manifestado a las autoridades la necesidad de continuar -con la mayor diligencia posible- con la liberación de presos políticos, algunos de los cuales han cumplido ya largas condenas como consecuencia de procesos judiciales sumamente problemáticos, una práctica a la que las autoridades desean poner fin.

También he sugerido al gobierno que adopte un conjunto de medidas destinadas a proporcionar una solución rápida a la continua falta de transparencia sobre lo que ocurre en las prisiones y los centros de detención de Uzbekistán, a fin de garantizar de una vez por todas la erradicación de la tortura y otras formas de malos tratos, tal como se establece en los compromisos adquiridos por Uzbekistán en virtud de la Convención contra la Tortura. Creo que la ratificación del Protocolo Facultativo de dicha Convención –con arreglo al cual se crea un sistema y unos órganos de control que pueden acceder a las prisiones, en cualquier momento y sin previo aviso- supondría un acicate para acelerar la labor de poner fin a la tortura, uno de los asuntos que más ha dañado la reputación internacional de Uzbekistán durante años. Me complace que el gobierno esté sopesando esta posibilidad.

Para ayudar al gobierno a avanzar en los esfuerzos orientados a cumplir las obligaciones derivadas de los tratados, le he recomendado una cooperación más estrecha con los demás organismos del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, tales como los órganos de tratados y los procedimientos especiales. Tras un paréntesis de más de 15 años, durante los cuales no se ha invitado a ningún procedimiento especial a visitar el país, me complace sobremanera haber recibido del gobierno la confirmación de que se va a reanudar esta cooperación, empezando por una invitación dirigida a la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias. Al igual que la sociedad civil, estos órganos son fundamentales a la hora de proporcionar asesoramiento sobre reformas positivas y de señalar aspectos incompletos o equivocados.

En los últimos años, el gobierno ha demostrado su capacidad de realizar esfuerzos sistemáticos y de gran calado para erradicar violaciones de derechos humanos que estaban muy arraigadas. Es el caso del empeño consensuado -y muy exitoso- para eliminar la tradición de trabajo infantil obligatorio durante la cosecha anual de algodón. La Estrategia de Acción contempla esfuerzos similares para eliminar otras violaciones también asentadas, como la tortura, el acoso por parte de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, el recurso continuado a la mano de obra adulta sin remunerar para las cosechas de algodón.

La clave para lograr todo esto es la rendición de cuentas, también recogida en la Estrategia de Acción. El próximo sábado se celebrará el decimosegundo aniversario de los terribles sucesos que tuvieron jugar en Andiján, el 13 de mayo de 2005. Aunque es importante mirar hacia adelante, también lo es reconciliarse con el pasado y velar por que las víctimas no caigan en el olvido y se preste atención a sus reclamaciones.

Esta misma mañana tuve ocasión de vislumbrar otro indicio del cambio ya está en marcha en la histórica ciudad de Samarcanda, donde visité la “Oficina presidencial de recepción del pueblo” para la región de Samarcanda. Esta oficina se creó como parte de la iniciativa del presidente para escuchar a personas de todo el país y actuar en función de sus reclamaciones. Las quejas no han dejado de llegar -unas 800.000 desde que la iniciativa se puso en marcha el año pasado- y han encontrado eco en numerosas iniciativas de reforma, además de ser atendidas de manera más práctica en el ámbito local, como pude constatar en Samarcanda, donde las oficinas delegadas están -a veces con carácter inmediato- actuando sobre temas como la vivienda, el empleo, la salud, la banca y la asistencia jurídica. También se han establecido oficinas de atención itinerantes con el fin de llegar a las zonas y poblaciones rurales más remotas.

Durante mi estancia en Samarcanda también tuve ocasión de reunirme con representantes de seis confesiones religiosas y nueve centros culturales, entre ellos algunos de carácter étnico o relacionados con minorías nacionales o lingüísticas. Los 138 centros culturales de este tipo repartidos por todo el país desempeñarán una función crucial en la promoción de la tolerancia y la armonía entre etnias y religiones, por lo que he otorgado mi más firme apoyo a la evidente intención de darles la mayor participación posible, y de la manera más transparente posible, en el proceso de reformas, al tiempo que se procura que la prioridad concedida a las comunidades no repercuta negativamente sobre los derechos individuales.

Me gustaría terminar agradeciendo al Presidente y a todos los demás responsables públicos con los que me he reunido durante esta corta visita y, en especial, al Ministro de Asuntos Exteriores, al Director del Centro Nacional para los Derechos Humanos -que estuvo presente en la mayoría de las reuniones- y al Mediador Parlamentario, quien ha de desempeñar una función cada vez más fundamental como observador, a medida que avancen las reformas. Mi visita se organizó con gran eficacia y la hospitalidad que se me ha brindado, tanto a mí como a los miembros de mi delegación, ha sido excepcional y muy de agradecer.

Si se me permite un breve apunte crítico antes de concluir esta nota positiva, me gustaría mencionar el hecho de que parece haber muy pocas mujeres que desempeñen funciones de liderazgo, si bien la Viceprimera Ministra y presidenta del Comité de las Mujeres, la señora Tanzila Narbaeva, con la que también me reuní ayer, es una de las excepciones notables.

En algunas de las reuniones que sostuve ayer, no había ni una sola mujer en representación del gobierno. Entiendo que dos importantes leyes relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres y con la violencia de género se encuentran en una etapa avanzada de redacción y que el gobierno se ha comprometido a admitirlas a trámite tan pronto como sean presentadas, pero creo que es igualmente importante que haya más mujeres en puestos de autoridad. Su participación plena en todos los ámbitos será esencial para el ambicioso programa de reformas de este país.

En mi opinión, Uzbekistán se encuentra en una encrucijada. Desde que el Presidente Mirziyoyev ocupó su cargo, se ha generado un volumen considerable de propuestas, planes y nuevas leyes de carácter constructivo en materia de derechos humanos. El éxito de dichas reformas podría ejercer un efecto transformador sobre el futuro del país. Me complace sobremanera que yo mismo, mi Oficina y mis colaboradores estemos a punto de desempeñar una función activa con el fin de garantizar un futuro en el que se respeten los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos de Uzbekistán y en el que las violaciones por parte del Estado se conviertan en un lejano recuerdo. Va a ser sin duda un camino largo y difícil hasta llegar a ese punto, con obstáculos y dificultades, pero estoy convencido de que el viaje ya ha comenzado.
Muchas gracias.

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