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¿Está amenazado el derecho internacional de los derechos humanos? Conferencia Anual Grocio en la Law Society de Londres

Impartida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein

A principios del mes en curso, la Primera Ministra británica pidió que las leyes relativas a los derechos humanos fueran abrogadas, si “se interponían” en la lucha antiterrorista. En particular, la Sra. Theresa May afirmó que era necesario “restringir la libertad y los movimientos de los sospechosos de terrorismo cuando haya pruebas suficientes para saber que suponen una amenaza, pero no pruebas suficientes para encausarlos plenamente ante los tribunales”. Para una ciudadanía cada vez más ansiosa, conmovida por los terribles ataques terroristas ocurridos recientemente, sus declaraciones sin duda se hacían eco de una ira y una frustración legítimas,  pero al mismo tiempo parecían haber sido pronunciadas con la intención de tocar la fibra sensible de determinado sector del electorado y este propósito es el que realmente me preocupa.

Los funcionarios del gobierno británico probablemente alegarían que esos comentarios deben entenderse en el contexto de una ardua campaña electoral y tratarían de tranquilizarnos asegurando que el gobierno mantiene su apoyo firme e inalterable a los derechos humanos.

Cualquiera que haya sido su intención, esos comentarios fueron muy lamentables y constituyeron un regalo de una importante dirigente occidental a todos los personajes autoritarios del mundo entero, que violan descaradamente los derechos humanos con el pretexto de combatir el terrorismo.  Y no se trata únicamente de dirigentes.

Hace unos días, un ex contralmirante de Sri Lanka, citando las palabras de la Primera Ministra May, presentó una petición al Presidente del Consejo de Derechos Humanos. En el documento, el ex oficial naval pedía que se sancionara a mi Oficina por “obligar” a Sri Lanka a emprender reformas constitucionales y por presionarles para que crearan un tribunal mixto que juzgaría a los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, cuando en realidad –aducía el autor- esas personas se habían limitado a combatir el terrorismo.

Mi primera pregunta es: ¿Por qué el derecho internacional de los derechos humanos es un blanco tan fácil? ¿Por qué es tan incomprendido, tan denostado por unos y tan temido por otros? ¿Por qué se le vilipendia y ataca?

Y mi segunda pregunta: Si la Primera Ministra cree realmente en lo que dijo, ¿a qué derechos universales estaría dispuesto a renunciar el Reino Unido con el fin de castigar a los sospechosos contra los cuales carece de pruebas suficientes que justifiquen su encausamiento? ¿Cuáles son exactamente los derechos que la Sra. May considera frívolos u obstructivos? ¿El derecho a la intimidad? ¿El derecho a la libertad y la seguridad individual? ¿La libertad de expresión? ¿La libertad de culto y de creencia? ¿El principio de no devolución?  ¿La prohibición de la tortura? ¿El debido proceso?

¿Y por qué entonces combatimos a los terroristas, si no es para defender tanto el bienestar físico de las personas como los valores y derechos humanos que la Primera Ministra afirma ahora estar dispuesta a sacrificar, al menos parcialmente, con el fin de luchar contra el terrorismo? ¿Y cuál será el límite de ese sacrificio? Renunciar hoy a algunos derechos podría tener mañana consecuencias devastadoras sobre otros. Si seguimos este razonamiento hasta su conclusión lógica, la liquidación final de los derechos humanos nos transformaría a todos, tanto a los Estados como a las organizaciones internacionales. Para citar a Nietzsche: “Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo”. Correríamos el riesgo llegar a ser casi indistinguibles de los terroristas a los que combatimos.

Entonces, ¿por qué la Primera Ministra dijo eso? Al menos una parte de la respuesta se halla en las condiciones del mercado. Durante mucho tiempo, el derecho internacional de los derechos humanos ha sido ridiculizado aquí en el Reino Unido por la influyente prensa sensacionalista, que se ha deleitado en describir las que considera absurdas sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este punto de vista encuentra alguna simpatía en un sector de la opinión que ignora la importancia del derecho internacional de los derechos humanos –que a menudo muchísima gente aquí considera demasiado alejado de la vida cotidiana, muy propio del continente, muy leguleyo, demasiado activista y, a fin de cuentas, demasiado raro. ¿Cómo es posible que la Corte examine la cuestión del derecho al voto de los presos y otros asuntos supuestamente frívolos, cuando se comparan con el sufrimiento de las víctimas? ¡Esos miserables merecen castigo y punto! Esto se puede comprender, en determinado nivel emocional. Pero también es preciso reconocer la influencia de las ideas británicas, que reflejan una tradición jurídica de gran riqueza, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Y por una buena razón. El reconocimiento de que incluso un delincuente es titular de derechos constituye una de las bases del pensamiento ilustrado, un principio consagrado en el derecho consuetudinario. Ese concepto está en el meollo mismo de la civilización y nos distingue de la horda primitiva, que sólo era capaz de represalia y crueldad. Como muchas otras personas, yo creo que también los delincuentes tienen derechos fundamentales, porque cualquiera que sea la atrocidad cometida, siguen siendo seres humanos. A menudo su conducta patológica ha estado condicionada por traumas que otras personas les han infligido.

Permítanme citar un ejemplo, aunque quizá sea extremo. En Iraq algunas personas sostienen que es preciso matar al mayor número posible de niños soldados del Da’esh y quizá hasta estén de acuerdo con torturarlos, habida cuenta de los actos monstruosos que han cometido. Pero en Sierra Leona, numerosos niños que militaron en las milicias de Foday Sankoh y que alguna vez cortaron piernas y brazos a otros niños pequeños, se han rehabilitado desde entonces, en gran medida gracias a los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas. Esos muchachos eran niños incluso cuando eran terroristas y han de ser considerados primeramente como niños.

En esta breve conferencia trataré de examinar algunos de esos ataques contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional en general. Ustedes me han honrado con la invitación a hablar del legado de Hugo Grocio. ¿Qué diría Grocio hoy, si volviera a la vida por un rato? ¿Se sorprendería, casi 400 años después de la publicación de su tratado Sobre el derecho de guerra y de paz, de su acierto en términos generales? ¿Por el alcance de la reacción actual? ¿Por las luchas? O tal vez no se sentiría sorprendido por nada de lo anterior.

Puesto que Grocio promovía una “sociedad” internacional regida por el derecho, no por la fuerza, tal vez se sorprendería al comprobar que fueron necesarios 300 años más de redacción de tratados y de inmenso derramamiento de sangre, que terminaron en dos guerras mundiales, antes de que la humanidad aceptara un sistema de derecho internacional. O, dicho de otro modo, quedó demostrado que la razón, por sí sola, no era suficiente.

Sólo la muerte de unos 100 millones de personas en dos guerras mundiales y el Holocausto pudieron generar la voluntad necesaria para realizar un cambio de gran calado. La humanidad se había despeñado por un barranco, había sobrevivido y, tras recibir un susto de muerte, alcanzó la prudencia suficiente para realizar esa transformación. La perspectiva de la aniquilación nuclear también afinó el pensamiento en la posguerra. Y poco después, los Estados elaboraron la Carta de las Naciones Unidas, reforzaron el derecho internacional –codificaron el derecho internacional de los refugiados, mejoraron el derecho humanitario internacional y crearon el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.

Son precisamente estos órganos del derecho internacional los que ahora están en peligro.

Aunque en esta conferencia debería examinar todas las amenazas al derecho público internacional, desde la ocupación y anexión de Crimea perpetrada por Rusia hasta el casi entusiasta abandono por parte de las potencias europeas de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o el bombardeo de instalaciones amparadas por el derecho humanitario internacional – tales como clínicas y hospitales en Siria, Yemen y Afganistán- realizado al parecer de manera deliberada por los Estados involucrados en esos conflictos, voy a limitarme, en aras de la brevedad, a las principales amenazas dirigidas expresamente contra el derecho internacional de los derechos humanos y a prestar especial atención a la prohibición absoluta del uso de la tortura. Al hacerlo, espero poder ilustrar hasta qué punto estos hechos son sintomáticos de un cinismo generalizado que se manifiesta como un reto al derecho internacional en sentido lato.

Pero antes, permítanme volver sobre la lucha antiterrorista y sobre cómo los gobiernos en diversas regiones del mundo la utilizan para hacer retroceder los avances logrados en materia de derechos humanos. Las limitaciones impuestas a la libertad de expresión y de asociación –que amenazan con barrer totalmente a la disidencia en países como Egipto, Bahrein y Turquía- están angostando lo que quedaba del ámbito democrático y todo eso, bajo la bandera de la lucha antiterrorista. Y el contagio se extiende rápidamente.

Cuando hago hincapié en este punto y subrayo los excesos de la acción gubernamental, suelen acusarme de mostrar simpatía hacia los terroristas, lo que es un auténtico insulto. Quiero dejarlo bien claro. Condeno sin reservas el terrorismo. El terrorismo nunca puede justificarse por ninguna reivindicación, ya sea real o imaginaria.

Organizaciones como Da’esh, Al Qa’eda, Al Nusra, Al Shabab y Boko Haram tienen una ideología definida, que debe ser desmantelada en su origen mismo.

Cuando hay que combatirla desde la perspectiva de la seguridad, mediantes redes de espionaje y efectivos militares, las actividades han de ser sumamente precisas. Dicho de otro modo, la arbitrariedad y la imprecisión que constituyen las rúbricas de la acción terrorista, exigen una reacción diametralmente opuesta por parte de los Estados. La aplicación puntillosa de la ley, coherente con las normas y garantías universales de derechos humanos, es el único antídoto viable para que esta lucha arroje alguna vez buenos resultados.

La detención y, en algunos casos, la tortura de personas cuya vinculación con un grupo terrorista no existe, pero aun así son acusadas en virtud de alguna ley antiterrorista redactada en términos ambiguos –simplemente porque han criticado al gobierno- no sólo es injusta, sino que también es peligrosa y contraproducente.

Esas medidas no solo transforman a una persona falsamente acusada en alguien que odia al Estado, sino también a sus familiares, amigos y posiblemente a la comunidad en su conjunto. Algunos de ellos pueden ir más allá del simple odio.

 La detención arbitraria beneficia a los terroristas, no al Estado; alimenta el resentimiento. No obstante, las detenciones arbitrarias son comunes en los Estados que luchan contra el terrorismo. De hecho, si se cree en lo que algunos gobiernos proclaman, cada abogado o periodista es, casi por definición, un terrorista, especialmente si su labor se centra en los derechos humanos.

¡Mejorando lo presente!

Además, habida cuenta de que las prisiones suelen ser fábricas que transforman a los delincuentes de menor cuantía en extremistas violentos, la privación de libertad legítima ordenada por los tribunales debería estar reservada a los delitos más graves, mientras que a los delitos menores deberían aplicarse soluciones no privativas de libertad. Eso no es exactamente lo que ocurre en la actualidad.

En vez de eso, vemos que en Estados Unidos se recurre de nuevo a condenas de prisión muy prolongadas para los reos de delitos relacionados con las drogas. Y en lugar de centrarse en los individuos que presentan un potencial de violencia y están motivados por la ideología takfiri o cualquier otra creencia extrema, el gobierno de Donald Trump defiende sus órdenes ejecutivas que prohíben los viajes, hasta llegar incluso al Tribunal Supremo, a pesar de que han sido anuladas por inconstitucionalidad en las cortes inferiores.

De modo análogo, en las semanas que siguieron a los crueles ataques terroristas ocurridos en París, en noviembre de 2015, las autoridades francesas aplicaron un enfoque general y clausuraron 20 mezquitas y asociaciones musulmanas, mientras realizaban unos 2.700 registros domiciliarios sin orden judicial. En el Reino Unido, la Ley de Poderes de Investigación de 2016 implantó uno de los regímenes de vigilancia masiva más amplios del mundo, que ha permitido la intercepción, el acceso, la retención y la interferencia de comunicaciones sin necesidad de que exista una sospecha razonable. A los refugiados y migrantes se les consideró cada vez más como caballos de Troya del terrorismo. La histeria cundió en los círculos políticos europeos y los terroristas deben de haber estado muy contentos. Cuando llegó el momento de gestionar la reacción de la población, en vez de aplicar una estrategia de sentido común, se impuso un ánimo febril. 

Para vencer al terrorismo, los gobiernos deben perseguir a los terroristas con precisión. El intento de sellar las fronteras –tanto si los muros están decorados con placas solares como si no- es una ilusión repugnante. No debe detenerse a los niños migrantes. No debería haber devoluciones. Como tampoco debería haber rechazos de grupo ni decisiones tomadas en las fronteras por agentes de policía, en vez de jueces. Y tampoco debería repatriarse a los migrantes a países que, evidentemente, no ofrecen garantías de seguridad.

En nuestra opinión, el acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Turquía ha fracasado en algunos de estos puntos fundamentales, sobre todo en lo tocante al derecho de cada solicitante de asilo a recibir una evaluación individual. Si a esto se unen las medidas de urgencia que se aprobaron precipitadamente en varios parlamentos europeos y que también incumplían la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, Europa, en tanto que centinela del cumplimiento de las normas relativas a refugiados y derechos humanos en el mundo, está atrapada en una enorme hipocresía.

Los demagogos y populistas de toda Europa y de muchas otras regiones del mundo, así como los diarios sensacionalistas de este país, han atizado sin remordimiento durante años la xenofobia y los prejuicios –precisamente el combustible que ha propulsado estas políticas imprudentes-. Esa conducta al parecer da resultado, visto el extraordinario apoyo popular que concitan. Tras el referendo que se celebró aquí en el Reino Unido, dominado por el temor a los extranjeros y las instituciones extranjeras que se había instigado, vino el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y pareció que la nave del populismo navegaba viento en popa.  

Después de todo, la condición predeterminada de la mente humana es el miedo.

 El miedo atávico. Ese mecanismo instintivo que nos protege de las lesiones y la muerte. Una emoción que todo extremista, incluso los populistas más hábiles, tratan de aprovechar o estimular. Al manipularlo y borrar el razonamiento deductivo derivado del conocimiento, les resulta más sencillo moldear a los grupos que dirigen y promover sus ambiciones políticas –al menos por un tiempo-. 

El mecanismo emotivo que opera en la mente de los defensores de derechos humanos funciona de manera algo diferente. Para hacer el bien en nuestra vida, no sólo para unos cuantos, sino para todos; para defender los derechos humanos de todos, es preciso tener una mente alerta, que nos permita vigilar a los prejuicios naturales que yacen en lo profundo de nosotros mismos y rechazarlos cada día. La condición predeterminada en la mente humana tal vez sea análoga a la de los reptiles, pero el esfuerzo interno para superarla es profundamente humano. Pensar en todos, trabajar para todos: estas son las lecciones fundamentales que aprendieron los supervivientes de las dos guerras mundiales –tanto si nos referimos a la conducta de las personas como a la de los Estados. Y ambas están consagradas en la Carta de las Naciones Unidas.

Esas dos palabras, “derechos humanos”, no fueron puestas en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas por su última redactora, la Sra. Virginia Gildersleeve, como un adorno literario. Se inscribieron en el texto –casi al inicio de la tercera línea- porque se consideró que los derechos humanos eran la única opción posible para el primer latido de un nuevo pulso. Porque el 26 de junio de 1945, el día en que se firmó la Carta, apenas concluía una matanza de dimensiones sin precedentes en la historia y numerosas ciudades del mundo entero eran todavía montones de ruinas humeantes, monumentos a la inmensa maldad y estupidez del género humano.  

Sólo mediante la aceptación de los derechos humanos como piedra angular del edificio, se hacía viable el equilibrio del resto de la estructura –un desarrollo económico satisfactorio y una paz duradera-. Este es un aspecto que tal vez aún hoy –quizá en particular aún hoy- tengan que asimilar muchos agentes políticos que sólo ven en los derechos humanos una limitación engorrosa. En realidad, muchas personas que han disfrutado de sus derechos desde el día en que nacieron simplemente no se dan cuenta de lo que esos principios significan verdaderamente. Como el oxígeno, esos derechos escapan a la órbita de nuestra percepción sensorial y únicamente cuando de súbito nos vemos privados de ellos, alcanzamos a valorar su enorme significado.

Defender los derechos universales de cada ser humano, de cada derechohabiente, es otra manera de proclamar que sólo mediante la colaboración  –como seres humanos y como Estados- conservaremos la esperanza de librarnos del flagelo de la guerra y la violencia.  

Por desgracia, los reflejos atávicos que una vez más promueven los populistas y demagogos parecen activarse. Estos promotores fomentan la supremacía, no la igualdad; siembran sospechas en vez de calma y preconizan la enemistad contra determinados grupos de personas vulnerables, que son chivos expiatorios fáciles, pero que no merecen ese odio. Este tipo de políticos parece más interesado en aprovecharse del temor genuino de algunas categorías específicas de votantes que en promover el bienestar para todos. 

Por suerte, el cambio ya está en marcha. La ola nacionalista-chovinista del mundo occidental, que alcanzó su cenit en Estados Unidos, se ha deshecho por ahora contra las urnas en las elecciones de Austria, los Países Bajos y Francia. Quizá vengan otras olas. Pero en Europa, el movimiento antipopulista, como algunos le llaman, ya ha comenzado a funcionar.

En otras zonas del mundo, las amenazas contra el derecho internacional y las instituciones que lo promueven no se han visto afectadas hasta ahora por esos cambios recientes de carácter positivo.

Estados Unidos sopesa actualmente hasta qué punto va a reducir su aportación económica a las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales. Todavía no ha decidido si se retirará del Consejo de Derechos Humanos e incluso se baraja la idea de que pueda retirarse de los principales instrumentos de derechos humanos de los que es signatario.

El año pasado, se informó también que nueve Estados árabes –los miembros de la coalición coordinada por Arabia Saudita que combaten a los rebeldes hutíes aliados al Presidente Saleh en Yemen- formularon la amenaza sin precedentes de que se retirarían de las Naciones Unidas si se les incluía en la lista de responsables que figura en el anexo del informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, el Tribunal de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional y la Corte Penal Internacional también han recibido amenazas similares. Por suerte, en casi todos estos casos o bien la amenaza de retirada se quedó en agua de borrajas o, si uno o dos países se marcharon, no hubo luego una reacción en cadena. Pero la periodicidad de estas amenazas indica que cada vez es más probable que la hemorragia se produzca algún día –una retirada masiva que liquide a una parte del sistema de derecho internacional-.

En este contexto, lo que me parece más preocupante es el coqueteo constante del Presidente de los Estados Unidos, tanto durante la campaña como posteriormente, con la idea de volver a usar la tortura. Por el momento se nos ha dicho que el manual de instrucciones del ejército estadounidense no se va a modificar y que el Secretario de Defensa está orientando a la Casa Blanca en este aspecto. Por ahora no hay muchas probabilidades de que se vuelvan a aplicar las denominadas “técnicas de interrogatorio mejoradas”, un eufemismo que no engaña a nadie. Por supuesto, el contexto estadounidense podría cambiar drásticamente, si en algún momento el país sufre un ataque terrorista en gran escala. Y si pensamos en cómo, en los últimos diez años, la población estadounidense ha llegado a aceptar mucho más la idea de la tortura, el equilibrio podría romperse en favor de esta práctica, lo que acabaría con la delicada posición en que se encuentra la Convención contra la Tortura.

Vale la pena recordar que la Convención contra la Tortura, ratificada por 162 países, es el más inflexible de todos los instrumentos de derecho internacional existentes. Su prohibición de la tortura es tan absoluta que no puede suspenderse, ni siquiera en situaciones de emergencia que “amenacen la existencia de la nación”. Y a pesar del amplio reconocimiento que la Convención ha obtenido como norma de jus cogens y de la nítida claridad de su Artículo 2, la existencia de tantos supervivientes de actos de tortura que siguen sin obtener reconocimiento ni apoyo y a los que se les niega la justicia o el resarcimiento, constituye un testimonio vivo de la terrible persistencia de la tortura en el mundo entero.  

Aunque sólo un reducido número de países parece practicar la tortura de manera sistemática, como parte de una política de Estado, hay 20 países (véase la lista en nuestro sitio web) que no reconocen la competencia del Comité contra la Tortura, tal como figura en el Artículo 20 de la Convención. En consecuencia, esos Estados se niegan a priori a cualquier escrutinio en relación con denuncias de violaciones.

En un número mucho mayor de Estados hay actos aislados –o no tan aislados- de tortura y malos tratos. Lo inquietante en estos casos es que esos Estados no asumen sus obligaciones con la suficiente seriedad. Los grados de impunidad son muy altos, habida cuenta de que la mayoría de los culpables apenas reciben sanciones administrativas y las supuestas pruebas obtenidas mediante la tortura siguen siendo admisibles en los tribunales.

También hay otros Estados –cuyo número posiblemente esté en aumento- que si bien no practican la tortura sí están dispuestos a consentirla, por ejemplo, al hacer caso omiso del principio de no devolución que figura en el Artículo 3 de la Convención.

Otra mayoría importante de Estados partes hace caso omiso, de manera parcial o total, de sus obligaciones en virtud del Artículo 14 de la Convención, que estipula el derecho de las víctimas a la reparación y rehabilitación, cualquiera que haya sido el lugar donde la tortura se realizó o la persona que la haya perpetrado.

Hace once años, se alcanzó un progreso notable con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo, que autorizaba la realización de visitas preventivas del Subcomité para la Prevención de la Tortura a cualquier centro de detención, en cualquier momento. Desde entonces se han creado unos 50 mecanismos preventivos nacionales y el Subcomité ha realizado 54 visitas. Sin embargo, muchos mecanismos preventivos nacionales carecen de los recursos suficientes y no están capacitados para generar resultados concretos.  

La fragilidad de la Convención se pone de relieve por el hecho de que ningún país acata todas sus cláusulas. Ningún país admitiría públicamente que practica la tortura, pero hay pruebas abundantes de que al menos algunos Estados la emplean sistemáticamente –los que componen la categoría I a la que me refería anteriormente-. 

Parecería que todos los gobiernos han venido participando en una farsa teatral en la que simulaban acatar la Convención. Esta actitud puede ser más decisiva de lo que creíamos inicialmente, porque entraña una impresión de vergüenza. Consideren la alternativa.  

El Presidente de Filipinas ha hablado abiertamente de ejecuciones extrajudiciales. Y el Presidente de los Estados Unidos de América ha dicho que la tortura podría ser necesaria en determinadas circunstancias. Ya no se trata de un simulacro. Ambos mandatarios están quebrando tabúes muy antiguos. Si otros dirigentes emprenden el mismo curso retórico y socavan la Convención con sus declaraciones, probablemente la práctica de la tortura se amplíe, lo que podría ser fatal. La Convención se hundiría y se perdería un pilar esencial del derecho internacional.

Por consiguiente, los peligros que afronta el sistema de derecho internacional son muy concretos.

Hoy, 26 de junio, se conmemora el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura y antes de venir aquí, participé en una mesa redonda que tuvo lugar en el King’s College, coordinada por la International Bar Association [Colegio de Abogados Internacional] con el fin de sensibilizar acerca de la prohibición absoluta de la tortura y la necesidad de que los profesionales del derecho asuman una función más dinámica en la tarea de prevenirla.

El progreso humano nunca avanza con suavidad; siempre tropieza y a veces incluso sufre un colapso temporal. El esfuerzo colectivo en pro de una causa común, en un marco común de comprensión y regulación, siempre será atacado por quienes están más preocupados por la consecución de intereses más estrechos, ya sean de carácter personal o nacional. Estos partidarios a ultranza de programas reduccionistas están dispuestos a descartar por anacrónica a buena parte de las normas jurídicas internacionales y las instituciones de posguerra. Y como el sistema de derecho internacional y los derechos humanos parecen tan complicados e indescifrables a ojos de los profanos, resulta difícil conseguir que el público en general participe en su defensa, quizá porque no percibe un peligro inmediato en esos ataques.   

Esto me lleva a considerar la amenaza más importante que acecha a los derechos humanos hoy en día: la indiferencia. La indiferencia de una parte considerable de la comunidad empresarial del mundo, que busca dividendos incluso a expensas de causar grandes sufrimientos a los demás. La indiferencia de muchos miembros de la comunidad de espionaje y seguridad, para quienes la búsqueda de información eclipsa a todos los derechos de los demás, y que califican de traición cualquier impugnación de prácticas terribles y discriminatorias.  

Algunos políticos, para quienes los derechos económicos, sociales y culturales significan muy poco, son indiferentes a las consecuencias de la austeridad económica. Consideran que los derechos humanos sólo son una barrera irritante que estorba la eficacia –ese talismán del mundo político-. Para otros, la indiferencia no es suficiente. Su rechazo de los programas de derechos humanos se expresa en términos cargados de desprecio hacia los demás, en todo un alarde de bajeza.

Nuestro mundo se encuentra peligrosamente cerca de abandonar el sentido de la compasión y de convertirse paulatinamente no sólo en un mundo de pos-verdad, sino también en un mundo de pos-empatía. En el sistema de las Naciones Unidas es cada vez más difícil recabar los fondos necesarios para desarrollar nuestra labor humanitaria en el mundo entero. El reclamo de fondos para los más pobres rara vez alcanza un resultado superior al 50 por ciento de las necesidades y a menudo la cifra final es incluso inferior.

¿Qué nos está pasando?

Mi esperanza no radica primordialmente en los gobiernos, sino en las personas que rechazan todas las modalidades de terrorismo, que rechazan el antiterrorismo extremo y discriminatorio y rechazan también los populismos extremistas. Mi esperanza descansa en quienes han decidido elegir a dirigentes políticos más preclaros. Mi esperanza también está puesta en los más valientes de nosotros: los defensores de derechos humanos, que a menudo son a su vez víctimas de violaciones y que, armados solamente con su mente y su voz, están dispuestos a sacrificarlo todo, hasta la presencia de sus hijos y familiares, su empleo e incluso sus vidas, para salvaguardar los derechos –no sólo sus propios derechos, sino los derechos de los demás-.

¡Qué asombrosa belleza hay en esa actitud!  A mí me conmueve. Todos deberíamos conmovernos. Ellos son quienes garantizan que podamos mantener la calma y son ellos, no nosotros, quienes soportan la mayor carga en defensa de esta parte esencial de nuestro sistema de derecho internacional. Son ellos quienes nos salvarán y, por nuestra parte, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para protegerlos.

No creo que Grocio sentiría sorpresa ante nada de esto.

Los impulsos de reptil del cerebro humano no son fáciles de superar y la humanidad seguirá siendo imprevisible y poco fiable durante muchos siglos.

Nuestra conducta y la conducta de nuestros Estados necesitarán por mucho tiempo del armazón jurídico para mantener la estructura de lo que consideramos la civilización. Grocio se sentiría agradecido al ver que todavía luchamos, resistimos en pro de esta sociedad internacional y quizá sonreiría al pensar en su propia clarividencia, de hace 400 años.

Muchas gracias por la atención que me han prestado.