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Informe de las Naciones Unidas sobre Mosul: Los miembros del EIIL deberían ser imputados por “delitos internacionales”

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Informe de las Naciones Unidas sobre la liberación de Mosul: Los miembros del EIIL deberían ser imputados por “delitos internacionales”

GINEBRA (2 de noviembre de 2017) – Un informe de las Naciones Unidas constata que el denominado Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL/Daesh) perpetró violaciones graves y sistemáticas que equivalen a “delitos internacionales”, durante los nueve meses que duró la campaña militar para liberar a la ciudad de Mosul (Iraq).

El informe, publicado el jueves por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se basa en declaraciones de testigos presenciales y documenta el secuestro masivo de civiles, el uso de miles de escudos humanos, el bombardeo deliberado de viviendas civiles y el ametrallamiento indiscriminado de civiles que trataron de huir de la ciudad.

En julio de 2017, las Fuerzas de Seguridad Iraquíes (ISF por sus siglas en inglés) y varios grupos aliados recuperaron el control de la ciudad, que había caído en manos del EIIL en junio de 2014.

“En el curso de las operaciones para recuperar la ciudad de Mosul, miles de civiles se vieron sometidos a brutales vulneraciones de derechos humanos y claras violaciones del derecho humanitario internacional”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. “El asesinato de civiles, el sufrimiento infligido a las familias y la destrucción deliberada de bienes nunca pueden tolerarse en ningún conflicto armado y los responsables de esos actos deben rendir cuentas de sus odiosos crímenes”.

En el informe se relata que ya a principios de noviembre de 2016, en las zonas de Mosul que se hallaban bajo el control del EIIL, los miembros del grupo anunciaban mediante altavoces que los residentes de los barrios que las ISF habían reconquistado se consideraban “objetivos legítimos” porque habían sido “incapaces” de luchar contra las fuerzas gubernamentales.

“Esta supuesta ‘fatwa’ iba acompañada de ataques que el EIIL realizaba contra la población civil en el este de Mosul”, señala el informe. “Entre otras tácticas, usaron los bombardeos, la colocación de artefactos explosivos artesanales (IED) y la práctica de dispararles a los civiles que trataban de huir”.

El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Iraq, el Sr. Ján Kubiš, dijo que el informe ofrece pruebas de los crímenes masivos cometidos por el EIIL contra la población civil y contra Mosul misma, una ciudad que proclamaron su capital pero que, en realidad, trataron de destruir completa y deliberadamente.

“El reino de terror del Daesh ha afectado a toda la población y ha infligido innombrables sufrimientos a los no combatientes, que sólo han sido culpables de vivir en zonas que estuvieron bajo control del EIIL. En su perversidad, no se limitaron a matar y aterrorizar a los vecinos, sino que también destruyeron deliberadamente monumentos culturales y religiosos, entre otros el emblemático minarete inclinado de Al-Hadba, haciendo gala de un desprecio total por la historia y el islam, la religión que esta organización terrorista pretende representar”.

En el informe se pide a la comunidad internacional, incluidos el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tomen medidas para garantizar que los responsables de delitos internacionales, tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, respondan de sus actos ante los tribunales.

Al menos 2.521 civiles murieron durante las operaciones militares, la mayoría de ellos víctimas de los ataques del EIIL, concluye el informe, y 741 de los fallecidos fueron ejecutados. Otros 1.673 resultaron heridos. Además, hasta el 26 de octubre de 2017 la Defensa Civil había informado de que otros 1.642 cadáveres se habían recuperado bajo los escombros de Mosul.

A consecuencia de las operaciones militares, gran parte de la población civil se vio obligada a huir de la ciudad. Hasta el 11 de julio, 137.339 familias (compuestas por unas 824.034 personas) fueron desplazadas de sus hogares.

En el informe se destaca también que desde 2014 se han descubierto al menos 74 fosas comunes en zonas previamente dominadas por el EIIL. El número de cadáveres enterrados en esos lugares va desde unos pocos hasta, posiblemente, varios millares. En el informe se pide al gobierno de Iraq que vele por la protección de las fosas comunes y tome las medidas necesarias para preservar las pruebas de los crímenes cometidos, con el fin de que ayuden a identificar a sus autores.

En el informe también se insta a las autoridades iraquíes a que investiguen las presuntas vulneraciones y abusos de derechos humanos cometidos por las ISF y sus aliados durante la operación militar. Como consecuencia de los ataques aéreos se registraron 461 muertes de civiles desde el 19 de febrero, durante la fase más intensa de la ofensiva coordinada por las ISF. En la mayoría de los casos, los observadores de la UNAMI/ACNUDH no consiguieron determinar la responsabilidad de los ataques, pero el informe exhorta a que todas las bajas civiles que guarden alguna relación con la comunidad internacional se investiguen exhaustivamente y que los resultados de la indagación se den a conocer públicamente.

En el informe se pide también al gobierno de Iraq y al gobierno regional del Kurdistán que se aseguren de que los delitos perpetrados en relación con el conflicto armado se someten a la jurisdicción de las cortes y los tribunales nacionales. Se insta a Iraq, como medida inmediata, a que enmiende sus leyes con el fin de otorgar jurisdicción nacional a los delitos internacionales y a que acepte la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en lo tocante a la situación específica del país.

El informe explica que, mediante el enjuiciamiento de los autores de los “delitos internacionales” cometidos en Mosul, las autoridades iraquíes enviarían un mensaje al sufrido pueblo de Iraq, en el sentido de que, tarde o temprano, la justicia alcanza a los culpables. 

El documento agrega que garantizar la aplicación de la justicia sería fundamental para el proceso de recuperación de la confianza entre las comunidades del país y también sería esencial para lograr una reconciliación duradera en Iraq. 

Vea informe íntegro

FIN

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