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Desarrollo y desafíos actuales en la región de Asia y el Pacífico. Yakarta, 5 de febrero de 2018

Discurso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el Diálogo de Yakarta sobre el 70º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 25º Aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena

Distinguidos Ministros,
Excelencias,
Distinguidos miembros de la sociedad civil,
Colegas:

Me complace profundamente tener la ocasión de dialogar con ustedes acerca de la situación de derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico, a la luz de los compromisos contraídos por los Estados con sus pueblos, tanto en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos como de la Declaración de Viena.

Quisiera comenzar por un lugar en el que los derechos no van bien.

En los últimos meses, la ola de migrantes que huyen de Myanmar y las causas de su fuga han conmovido a muchas personas en esta región y en el resto del mundo. Las atrocidades que cuentan los refugiados, que representan más de la mitad de la población rohingya residente en el norte de Rakhine, abarcan desde asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, hasta casos atroces de violencia sexual, derribo de viviendas y destrucción de medios de subsistencia. Aunque las conclusiones definitivas deben corresponder a un tribunal competente, mi Oficina estima que podrían haber ocurrido actos de genocidio y limpieza étnica.

Esta última campaña es la culminación de cinco decenios de discriminación y violencia ejercidas contra los rohingya. En ese periodo se les ha negado la ciudadanía, la personalidad jurídica y las partidas de nacimiento, y en el norte de Rakhine su acceso a la educación, la atención sanitaria, los mercados, las tierras de labranza, las zonas de pesca y los puestos de trabajo de cualquier tipo se ha ido reduciendo de manera drástica. Los reiterados estallidos de violencia han obligado a decenas de miles de personas a huir a Bangladesh. Quiero aprovechar la ocasión para reconocer una vez más la función desempeñada por Bangladesh en la acogida de estos refugiados, cuyo número asciende ya a un millón.

A pesar de esta flagrante injusticia y de su evidente repercusión regional, la economía de Myanmar ha venido creciendo.

A partir de cotas muy bajas, el crecimiento económico alcanzó el 7,3 por ciento en 2015 y el 6,5 por ciento en 2016, lo que la convirtió en la economía que más rápido creció en el Sureste Asiático. Y para algunos responsables políticos de ámbito nacional, regional e internacional, los derechos humanos y sus vulneraciones parecen un asunto menor, comparados con el auge económico. En respuesta a la indignación que suscitaron en la comunidad internacional las atrocidades cometidas contra los rohingya, el gobierno centró la atención en los planes para el desarrollo socioeconómicos del norte de Rakhine y mantuvo su versión de que el núcleo del problema radicaba en el subdesarrollo y la competencia por los recursos, no en la discriminación oficial e institucionalizada de una minoría étnica.

En la actualidad, como ustedes saben, Myanmar se enfrenta a una crisis muy grave, que podría repercutir considerablemente sobre la seguridad de la región. A menudo se dice que las violaciones de derechos humanos que ocurren hoy son la semilla de los conflictos que estallarán mañana. Si la crisis de los rohingya llegara a generar un conflicto más extenso, provocado por el choque de identidades religiosas, las pugnas resultantes podrían encerrar un gran peligro potencial.

En este caso vemos claramente que el desarrollo económico de un país no constituye por sí solo un sinónimo de cumplimiento de los derechos humanos. Sin duda el desarrollo puede traer consigo el acceso a bienes y servicios fundamentales que mejoren considerablemente el bienestar y la capacidad de la población para tomar decisiones acerca de su propia vida. Pero si la gente no puede expresar sus preocupaciones y participar en la adopción de decisiones, entonces es posible que el desarrollo resultante no se traduzca en un aumento de su bienestar.

Lo que potencia el bienestar de la población es el respeto de sus derechos. Quiero hacer hincapié en este punto: el respeto de los derechos humanos, comprendidos los derechos de las minorías, no socava la seguridad. Al contrario, contribuye a forjar sociedades más sólidas, Estados más resilientes y capaces de resistir a las conmociones, porque son más justos y fomentan la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. 

Por otra parte, la discriminación y otras violaciones de derechos humanos sí constituyen una amenaza para el desarrollo, porque ponen en peligro la paz y la seguridad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos es una promesa formulada por los Estados de defender la igualdad y los derechos inherentes de cada ser humano. Sus 30 artículos fueron concebidos con el fin de que se aplicaran de diferentes maneras: la práctica uniforme no era uno de sus objetivos. Pero, en su condición de principios, son invariables y fundamentales, y están profundamente arraigados en culturas y tradiciones del mundo entero.

Dos de sus principales redactores eran asiáticos: La luchadora por la independencia de la India y precursora del feminismo Hansa Mehta, que defendió con éxito la necesidad de que la Declaración reflejara claramente la igualdad entre mujeres y hombres en materia de dignidad y derechos, y el escritor chino Peng-Chun Chang, que influyó mucho en la elaboración de un lenguaje que eliminara los prejuicios occidentales.

En verdad, el impulso original que desembocó en la redacción de la Declaración Universal procedía de movimientos contra el imperialismo y el racismo que actuaban en países del Hemisferio Sur. Los países occidentales –entre otros el Reino Unido, Francia y Estados Unidos- se mostraron renuentes al principio. Fueron los Estados de América Latina, que habían padecido la esclavitud, el colonialismo y la dominación extranjera, los que exigieron medidas internacionales en materia de derechos humanos, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Una vez iniciadas las negociaciones, Filipinas defendió tenazmente el uso de un lenguaje enérgico que prohibiera la tortura. La India y el Pakistán respaldaron con energía los derechos de la mujer. China, Costa Rica, Ghana, Jamaica, Líbano y Liberia fueron adalides en lo tocante a la justicia, la dignidad y el valor de la persona. 

La Declaración Universal es un compendio de los valores fundamentales que unen a todos los seres humanos y que, en conjunto, constituyen el factor más importante para el mantenimiento de la paz. Los derechos humanos no son prerrogativas de algunos grupos especiales, en función de la geografía, la clase social, el color de la piel o el género. Son derechos para todos, válidos en todas las categorías sociales y vigentes en el mundo entero.

En la Declaración de Viena se profundizó aún más en este concepto esencial de universalidad mediante el compromiso de los Estados con la indivisibilidad de los derechos humanos, al reconocer que estos son “indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí”.

Los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo se refuerzan mutuamente y avanzan a la par. Por amplio que sea el derecho que  una persona tenga a expresar sus ideas y protestar, su libertad no será auténtica si está limitada por la falta de instrucción o por una vivienda inadecuada. Ni siquiera una persona adinerada se encontrará en buena situación, si vive con el temor de ser detenida arbitrariamente por su gobierno. El acceso a la protección social fundamental y a los recursos y las oportunidades económicas constituye un antídoto poderoso contra las fracturas sociales y la proliferación del extremismo. La libertad de expresión –el derecho a criticar la política del gobierno y a pedirle cuentas- contribuye a acelerar la innovación y el progreso económico.

Los derechos humanos consolidan el desarrollo duradero, ponen la “S” en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La gobernanza inclusiva y la justicia imparcial son elementos fundamentales de la Agenda 2030, que se basa en la premisa de que el respeto de todos los derechos humanos genera beneficios universales. Las economías y las sociedades que son integradoras y participativas, y en las cuales los gobiernos rinden cuentas de sus actos, obtienen mejores resultados. En la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo se reconoce también la indivisibilidad de los derechos humanos, al hacer hincapié en el derecho de todos los individuos y todos los pueblos a la participación libre, activa y significativa. Y un dato muy importante: en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos se estipula la responsabilidad de los Estados y las corporaciones en la tarea de velar por que las actividades empresariales, tales como la extracción de recursos naturales, las plantaciones y la pesca en gran escala, no se realicen en detrimento de los derechos de los pueblos.

Hoy, al examinar la situación de derechos humanos en Asia, debo encomiar las enormes mejoras que el desarrollo sigue aportando a los pueblos de la región. Sólo tres de los 42 países de Asia y el Pacífico permanecen en la categoría de bajos ingresos. La expectativa de vida ha aumentado y también ha mejorado el acceso a la educación y a niveles de vida más decorosos. Aunque en determinados casos esas mejoras generales encubren la desatención hacia importantes ámbitos, tales como el de la igualdad de derechos para la mujer, apenas hay un índice de desarrollo que no se haya incrementado considerablemente en los últimos decenios. Asimismo, ha aumentado el número de gobiernos con sistemas de participación y rendición de cuentas y ha habido una mejora significativa en lo tocante al Estado de derecho.

Dicho de otro modo, numerosos Estados se han beneficiado de la paz y el desarrollo y están interesados en que ambos sigan fortaleciéndose.

Sin embargo, muchos de esos gobiernos reprimen ahora las libertades de expresión y reunión, implantan dispositivos de vigilancia masiva en lugares públicos y en el ciberespacio, socavan la independencia del poder judicial y atacan la autonomía de la prensa, a menudo con el irónico pretexto de proteger la seguridad de la población. Asimismo, me preocupa profundamente la represión que en muchos países se ejerce contra la sociedad civil y las medidas que, de hecho, suspenden o reducen la gobernanza participativa, responsable y democrática. El encarcelamiento de los críticos no hace que la sociedad sea más segura: sólo fuerza a que las opiniones legítimas y constructivas se refugien en la clandestinidad y genera  agravios profundos. La disolución del Estado de derecho y de las bases de la participación democrática es fuente de injusticia. Medidas así socavan los pilares de la paz y la solidez del desarrollo.

Además, muchas minorías padecen diversos grados de discriminación en Estados de Asia y el Pacífico y en algunos casos esa situación parece agravarse. El auge de políticos nacionalistas y autoritarios, que se aprovechan de los chivos expiatorios o estigmatizan a grupos vulnerables –ya sea por motivos étnicos, religiosos o cualquier otra característica, incluso por el uso de drogas- constituye una amenaza evidente a los derechos humanos. Estas medidas agravan las fracturas existentes y generan nuevos peligros para la coexistencia pacífica, tanto en el interior de las sociedades como entre las naciones.

En el plano mundial, resulta obvio que el respeto por el derecho internacional, que abarca el derecho internacional de los derechos humanos, es indispensable para la coexistencia pacífica y la colaboración entre los Estados, en particular entre los más pequeños y menos desarrollados.

Es probable que todavía tengamos que afrontar grandes trastornos en el mundo entero y la manera de garantizar la coexistencia pacífica es fortalecer la justicia. Necesitamos más cooperación, no menos, y mejores decisiones que se adopten mancomunadamente. Esto es cierto, tanto en el plano mundial como en el nacional. La gobernanza que sirve a los ciudadanos en vez de imponerles silencio y los sistemas económicos basados en la dignidad son responsabilidad de cada gobierno. Son los cimientos de su legitimidad. Y también son la fórmula para la creación de sociedades resilientes y exitosas.

Insto a todas las autoridades gubernamentales a que tengan confianza en la inteligencia y la energía de sus pueblos, y a que utilicen la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su totalidad, como una guía para orientar sus leyes y sus medidas políticas.

Gracias.

FIN