Header image for news printout

Informe de las Naciones Unidas expone en detalle las dimensiones y el horror de la detención en Libia

GINEBRA (10 de abril de 2018) - Diversos grupos armados que operan en Libia, entre otros los aliados del Estado, mantienen en detención prolongada e ilegal a miles de personas y les infligen torturas y otras violaciones de derechos humanos, según expone un informe de las Naciones Unidas publicado el martes pasado.

“En todo el país a hombres, mujeres y niños se les detiene arbitrariamente o se les priva ilícitamente de libertad por motivo de sus vínculos tribales o familiares y su presunta militancia política”,  señala el informe publicado por la Oficina del ACNUDH. “Las víctimas tienen poco o ningún acceso a remedios o indemnizaciones jurídicas, mientras que los miembros de los grupos armados actúan con total impunidad”.

“En este informe se pone de manifiesto no sólo los terribles abusos y las violaciones que sufren los libios privados de libertad, sino también el horror y la arbitrariedad de esas detenciones, tanto para las víctimas como para sus familiares”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. “Es preciso que se ponga fin a esas violaciones y abusos, y que los responsables de esos delitos rindan cuentas exhaustivas ante los tribunales”. 

Según el informe, desde la reanudación de las hostilidades en 2014 los grupos armados de ambas partes han arrestado a sospechosos de disidencia, críticos, activistas, profesionales de la salud, periodistas y políticos. Es práctica común tomar rehenes con miras al intercambio de prisioneros o la exigencia de un rescate. Entre los detenidos de manera arbitraria o ilícita figuran personas encarceladas en relación con el conflicto armado de 2011, muchas de las cuales han estado recluidas sin cargos, juicio o sentencia durante más de seis años. 

El informe, publicado en colaboración con la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés), resume las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en relación con la detención en ese país, desde la firma del Acuerdo Político Libio (LPA) el 17 de diciembre de 2015, hasta el 1 de enero de 2018. Según el documento, se ha paralizado la aplicación de las cláusulas del LPA en las que se estipuló que se abordarse la situación de las personas que se encuentran detenidas arbitrariamente por periodos prolongados. 

“En vez de frenar a los grupos armados e integrarlos en las estructuras de mando y control del Estado, los sucesivos gobiernos libios se han apoyado cada vez más en ellos para ejecutar tareas relativas al cumplimiento de la ley, tales como arrestos y detenciones, les han pagado salarios y los han dotado de equipo y uniformes”, señala el informe. El resultado de esta política es que el poder de esos grupos ha crecido descontroladamente y se han mantenido al margen de toda supervisión gubernamental.

Se calcula que en octubre de 2017 unas 6.500 personas estaban recluidas en cárceles oficiales, supervisadas por la Policía Judicial del Ministerio de Justicia. No hay estadísticas disponibles sobre las instalaciones que son competencia de los Ministerios de Interior y Defensa, ni tampoco sobre las que administran directamente los grupos armados. 

“Estas instalaciones son célebres por la tortura endémica y otras vulneraciones y abusos de derechos humanos”, señala el informe. Por ejemplo, se calcula que en el centro de detención de la base aérea de Mitiga, en Trípoli, hay unas 2.600 personas recluidas, entre hombres, mujeres y niños, y que la mayoría de ellas carece de acceso a las autoridades judiciales. Se cree que en la prisión de Kuweifiya, el mayor centro de detención del este de Libia, hay unos 1.800 reclusos. 

Es habitual que los grupos armados prohíban a los presos todo contacto con el mundo exterior al principio de su reclusión. El informe hace hincapié en que “las familias desesperadas buscan a sus seres queridos que han sido arrestados, viajan a los centros de detención más notorios, suplican la ayuda de conocidos que mantienen contactos con los grupos armados o los órganos de seguridad e inteligencia, e intercambian información con otras familias de detenidos o desaparecidos”.

También ha habido denuncias reiteradas de muertes de reclusos. Los cuerpos de cientos de personas arrestadas y detenidas por grupos armados han aparecido en las calles, los hospitales y los basureros, muchos de ellos con las extremidades atadas, marcas de tortura y heridas de bala.

“La práctica generalizada de imponer detenciones prolongadas, arbitrarias e ilícitas y las violaciones de derechos humanos a los reclusos en Libia exigen medidas urgentes por parte de las autoridades libias, con el apoyo de la comunidad internacional”, reza el informe. Ese tipo de medidas debe servir para resarcir a las víctimas y sus familias y evitar la repetición de esos delitos.

“Como primera medida, los agentes estatales y no estatales que realmente controlan territorios y ejercen funciones cuasi gubernamentales, deben liberar a todas las personas que se encuentran detenidas arbitrariamente o privadas de libertad de cualquier otra manera ilícita. Todos los que se encuentran detenidos por motivo legales deben ser trasladados a prisiones oficiales, bajo el control eficaz y exclusivo del Estado”, señala el informe. 

En el informe se pide a las autoridades que condenen de manera pública e inequívoca la tortura, los malos tratos y las ejecuciones sumarias de detenidos y que garanticen la rendición de cuentas por esos delitos. 

“La inacción no solo infligirá sufrimientos adicionales a miles de reclusos y a sus familiares y causará más pérdidas de vidas, sino que también perjudicará a cualquier esfuerzo orientado a la estabilización, la consolidación de la paz y la reconciliación”, termina diciendo el informe.

FIN

Lea el informe completo: en inglés y árabe

Si desea información adicional o material de prensa, puede ponerse en contacto con Rupert Colville (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org), o Liz Throssell (+41 22 917 94 66 / ethrossell@ohchr.org) o Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169)

Este año 2018 se conmemora el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal, traducida a la cifra récord de 500 idiomas, se basa en el principio de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La DUDH sigue siendo pertinente para todos, cada día. Con el fin de honrar el 70º aniversario de este documento que tan extraordinaria influencia ha ejercido, instamos a todas las personas a  Defender los derechos humanos: www.standup4humanrights.org

Etiqueta y comparte - Twitter: @UNHumanRights y Facebook: unitednationshumanrights