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Nota de prensa sobre Guatemala

18 de Mayo de 2018

Nos preocupa lo que parece ser un clima de deterioro para la defensa de los derechos humanos en Guatemala. En los últimos 10 días, tres defensores de los derechos humanos que trabajaban con organizaciones de derechos indígenas y campesinos fueron asesinados.

El 9 de mayo, Luis Marroquín, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), organización de la sociedad civil que trabaja en los derechos de los campesinos e indígenas, fue asesinado en la localidad de San Luis Jilotepeque Jalapa. El 10 de mayo, José Can Xol, líder de la comunidad del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA), fue asesinado en la comunidad de Choctún Basilá en Cobán, Alta Verapaz. Y el 13 de mayo, otro miembro de CCDA, Mateo Chamán Paau, fue asesinado en la comunidad de San Juan Tres Ríos, Cobán, Alta Verapaz.

Las dos últimas comunidades, Choctún Basilá y Tres Ríos, están involucradas en procesos para garantizar los derechos a la tierra y han estado trabajando con el Gobierno en un acuerdo para abordar más de 50 conflictos de tierras en el país. Otros miembros de estas organizaciones también han sufrido amenazas y ataques en los últimos meses, que han sido documentados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Pedimos a las autoridades que investiguen sin demora estos asesinatos y otros ataques y amenazas contra los defensores de los derechos humanos, y que garanticen que los responsables respondan ante la justicia. También instamos al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y propicio para que los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo sin amenazas ni ataques.

Compartimos la profunda preocupación sobre la protección de los pueblos indígenas que reivindican el derecho a la tierra, expresada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz durante su visita a Guatemala a principios de este mes, cuando se reunió con representantes de la dos organizaciones a las que pertenecían los defensores de los derechos humanos asesinados.

También hemos observado con preocupación campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación independientes, funcionarios judiciales, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros actores involucrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad del pasado y del presente.

Hacemos un llamado al Gobierno para que aborde estas cuestiones como parte de sus esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho, la protección del derecho a la libertad de expresión y la independencia judicial, y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Confiamos en que el Gobierno cumpla con su compromiso de avanzar con la adopción de una Política Pública sobre la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, con la participación de la sociedad civil a nivel local y nacional. También reiteramos el llamamiento del Alto Comisionado instando al Gobierno a que fortalezca la "Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos".

Nuestra oficina en Guatemala continuará monitoreando estos casos, apoyando a las víctimas y brindando asesoramiento a las instituciones estatales pertinentes, así como a la sociedad civil.