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Informe de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Cachemira señala múltiples violaciones

GINEBRA (14 de junio de 2018) – Hay una necesidad urgente de abordar las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes cometidas en Cachemira y de hacer justicia a todas las personas que durante siete décadas han padecido un conflicto que ha costado numerosas vidas y arruinado otras, señala un informe de la Oficina del ACNUDH publicado el jueves.

El informe de 49 páginas –el primero jamás publicado por las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en ambas zonas de Cachemira, tanto la que administra la India como la que está bajo la administración del Pakistán-  detalla violaciones y abusos de derechos humanos a ambos lados de la Línea de Control y pone de relieve la situación de impunidad crónica de las fuerzas de seguridad en lo tocante a las vulneraciones que han perpetrado.

“Las dimensiones políticas del diferendo entre la India y el Pakistán han sido durante mucho tiempo el centro de la atención, pero éste no es un conflicto congelado en la Historia. Es un conflicto que ha privado de sus derechos humanos básicos a millones de personas y que al día de hoy sigue infligiendo incontables sufrimientos”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“Por esa razón cualquier resolución de la situación política vigente en Cachemira debe conllevar un compromiso de poner fin a los ciclos de violencia y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos pasados y presentes cometidos por todas las partes, así como proporcionar reparación a las víctimas”, afirmó Zeid.

“Por la misma razón voy a instar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que examine la posibilidad de establecer una comisión de investigación para llevar a cabo una pesquisa internacional, amplia e independiente sobre las acusaciones relativas a violaciones de derechos humanos en Cachemira”, afirmó el Alto Comisionado.

Al señalar las graves y reiteradas tensiones suscitadas las últimas semanas, comprendidas las que se derivaron de varios incidentes en Srinagar, Zeid exhortó a las fuerzas de seguridad de la India a que ejercieran la máxima moderación y que se ajustaran estrictamente a las normas internacionales que rigen el uso de la fuerza en el trato con futuras protestas, incluso las que podrían ocurrir el próximo fin de semana.

“Es fundamental que las autoridades indias tomen medidas inmediatas y eficaces para evitar la repetición de los muchos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Cachemira”, afirmó el Alto Comisionado.

La Oficina del ACNUDH –que a pesar de las reiteradas peticiones que formuló tanto a la India como al Pakistán en los dos últimos años no recibió acceso incondicional a ambos lados de la Línea de Control- inició una labor de monitoreo a distancia a fin de elaborar el informe, que abarca tanto a la parte de Cachemira administrada por la India como a la que está bajo administración pakistaní.

El eje principal del informe es la situación de derechos humanos en el Estado indio de Jammu y Cachemira desde julio de 2016, cuando estallaron manifestaciones nutridas y sin precedentes, tras la muerte del líder de un grupo armado a manos de las fuerzas indias de seguridad, hasta abril de 2018.

Los agentes de seguridad de la India hicieron un uso excesivo de la fuerza que produjo muertes ilícitas y un gran número de heridos, señala el informe, que cita estimados de entidades de la sociedad civil según los cuales 145 civiles murieron a manos de las fuerzas de seguridad entre mediados de julio de 2016 y finales de marzo de 2018, y otros 20 civiles habrían sido asesinados por grupos armados en ese mismo periodo.

Una de las armas más peligrosas empleadas contra los manifestantes en 2016 y que las fuerzas de seguridad siguen usando todavía, fue la escopeta de perdigones. Según las cifras oficiales, 17 personas murieron por heridas de perdigones entre julio de 2016 y agosto de 2017, y 6.221 personas resultaron heridas por esos mismos proyectiles entre 2016 y marzo de 2017. Las organizaciones de la sociedad civil creen que muchos de esos heridos han quedado parcial o totalmente ciegos a causa de esas lesiones.

“La impunidad para quienes violan los derechos humanos y la falta de acceso a la justicia son problemas esenciales de derechos humanos en el Estado de Jammu y Cachemira”, señala el informe, y agrega que la Ley de Poderes Especiales para las Fuerzas Armadas de 1990 en Jammu y Cachemira (AFSPA) y la Ley de Seguridad Pública de 1978 para Jammu y Cachemira (PSA) han “creado estructuras que obstruyen el curso habitual de la justicia, impiden la rendición de cuentas y ponen en peligro el derecho a la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos”.

La AFSPA prohíbe el encausamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad, a menos que el Gobierno de la India otorgue un permiso previo a la Fiscalía. “Esta disposición concede a las fuerzas de seguridad una inmunidad virtual contra las acusaciones de violaciones de derechos humanos. En los casi 28 años que ley ha estado en vigor en Jammu y Cachemira, no ha habido ni un solo encausamiento de personal de las fuerzas armadas autorizado por el gobierno central”, explica el informe.

También hay impunidad casi total para los responsables de desapariciones forzosas o involuntarias, con pocas iniciativas hacia una investigación verosímil de las denuncias, ni siquiera en los casos de presuntas fosas comunes ubicadas en el Valle de Cachemira y la región de Jammu.

La impunidad crónica para los casos de violencia sexual sigue siendo motivo de preocupación en Cachemira.  Un caso emblemático es la violación masiva ocurrida en Kunan Poshpora hace 27 años cuando, según las supervivientes, un grupo de soldados violó masivamente a 23 mujeres.

“Los esfuerzos por buscar justicia se han visto denegados y bloqueados durante muchos años, en diversos niveles”, apunta el informe.

En el informe se señala también a las pruebas de que grupos armados que han operado en Jammu y Cachemira desde finales de la década de 1980 han cometido una amplia gama de abusos de derechos humanos, entre otros secuestros y asesinatos de civiles y actos de violencia sexual. Aunque el Gobierno de Pakistán niega que haya brindado ningún tipo de apoyo a estos grupos, el informe refleja que varios expertos han llegado a la conclusión de que el ejército pakistaní sigue apoyando las operaciones de esos elementos que atraviesan la Línea de Control.

El informe examina además toda una gama de vulneraciones de derechos humanos en la zona de Cachemira que se encuentra bajo administración del Pakistán, violaciones que, según el informe, son de otro calibre o magnitud y de índole más estructural. Además, se afirma en el documento, las restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación pacífica en Azad Jammu y Cachemira (AJK) y en Gilgit Baltistan ha limitado la capacidad de obtener información sobre la situación.

Entre los problemas que destaca el informe figura el de la relación constitucional de estos dos “territorios especiales” con Pakistán.  AJK ha estado bajo control pakistaní durante toda su historia. Las autoridades federales de Pakistán también ejercen un control total sobre todas las operaciones de gobierno en Gilgit Baltistan y, según los informes, los organismos federales de inteligencia están desplegados en ambas regiones.

La repercusión de las operaciones antiterroristas pakistaníes sobre los derechos humanos está detallada en el informe, que señala las preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la “muy amplia definición de terrorismo que figura en la Ley Antiterrorista”. En el informe se cita a una ONG muy respetada que descubrió que cientos de personas habían sido encarceladas en virtud de dicha ley en Gilgit Baltistan y que la normativa se había usado contra vecinos de la zona que estaban planteando asuntos relativos a los derechos humanos de la población.

Entre sus recomendaciones, el informe pide a la India y el Pakistán que respeten plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en las zonas de Cachemira que se encuentran bajo sus respectivas administraciones.

La India debería derogar urgentemente la AFSPA, iniciar investigaciones independientes, imparciales y verosímiles para examinar todas las muertes de civiles ocurridas desde julio de 2016 y todos los abusos cometidos por los grupos armados y proporcionar reparación y rehabilitación a todas las personas damnificadas y los familiares de los caídos en el contexto de las operaciones de seguridad. De modo análogo, la PSA debería enmendarse para asegurar que cumpla con las normas internacionales de derechos humanos y todas las personas mantenidas en detención administrativa deberían ser imputadas o puestas en libertad de inmediato.

En el informe se insta al Pakistán a que ponga fin al uso indebido de la legislación antiterrorista para perseguir a quienes realizan actividades civiles y políticas pacíficas o manifiestan su disconformidad. También deberán enmendarse las secciones de la Constitución provisional de la AJK que limitan los derechos a la libertad de expresión y opinión, y a la reunión y asociación pacíficas.  Cualesquiera activistas políticos, periodistas u otras personas condenadas por haber expresado pacíficamente sus opiniones deberían ser excarceladas de inmediato. También las constituciones de AJK y de Gilgit Baltistan deberían reformarse para poner fin a la criminalización de los musulmanes ahmadiyya.

FIN

El texto íntegro del informe está disponible en las páginas de India y Pakistán del sitio web del ACNUDH.

El video en el que el Alto Comisionado habla del informe puede consultarse aquí.

El audio de la intervención del Alto Comisionado puede escucharse aquí.

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Rupert Colville - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Liz Throssell - + 41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org.

Este año 2018 se conmemora el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal, traducida a la cifra récord de 500 idiomas, se basa en el principio de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La DUDH sigue siendo pertinente para todos, cada día. Con el fin de honrar el 70º aniversario de este documento que tan extraordinaria influencia ha ejercido, instamos a todas las personas a  Defender los derechos humanos: www.standup4humanrights.org

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