Header image for news printout

Presentación del informe de la Alta Comisionada sobre el fomento de la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka (Punto 2)

20 de marzo de 2019

Sr. Presidente,
Excelencias,
Colegas, Amigos,

Me complace esta oportunidad de debatir acerca de la situación de derechos humanos en Sri Lanka y presentar mi informe, en cumplimiento de las Resoluciones 30/1 y 34/1 del Consejo de Derechos Humanos. La Oficina del ACNUDH envió una versión preliminar del informe al Gobierno de Sri Lanka y ha prestado la debida consideración a los comentarios recibidos, tras la aplicación de los procedimientos habituales. 

En el informe reconocemos que el Gobierno ha mantenido un diálogo franco y una colaboración constante con mi Oficina. En estrecha colaboración con la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y su asesor principal en derechos humanos, hemos seguido aportando apoyo técnico, incluso mediante el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sri Lanka, con miras a la aplicación de las Resoluciones 30/1 y 34/1 de este Consejo.

También me complace saber que, tras las demoras iniciales, ya está en marcha la Oficina de Personas Desaparecidas (OMP). La OMP tiene planes para emprender la compleja tarea de rastrear el paradero de las víctimas de manera sensitiva, exhaustiva y objetiva, y de abordar la difícil situación de sus familiares. Encomio el hecho de que se haya establecido la Oficina de Reparaciones y espero que el nombramiento de sus comisionados se realice con rapidez. Mi Oficina insta al Gobierno a que permita que estas dos instituciones operen de manera eficaz e independiente, y que las vincule a una estrategia más amplia orientada a la justicia, la auténtica rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad. 

En lo relativo a las tierras ocupadas por los militares en las provincias del Norte y del Este, se percibe algún progreso y deberían adoptarse medidas adicionales para completar este avance decisivo.

Las medidas que he señalado forman parte del compromiso de realizar reformas institucionales de amplio espectro, que Sri Lanka contrajo hace cuatro años, en el contexto de la aplicación de la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos. 

No obstante, es preciso que la aplicación de la Resolución 30/1 sea más consistente, amplia y rápida. Un factor que al parecer contribuye a los retrasos es la falta de una perspectiva común entre los principales dirigentes del país. El bloqueo en estas cuestiones fundamentales constituye un problema adicional, aunque evitable, que ejerce repercusiones nocivas sobre las víctimas de todos los grupos étnicos y religiosos y sobre la sociedad en su conjunto.

Comprendo la complejidad de los procesos de transición. Los sucesos que condujeron a la declaración del estado de emergencia, en marzo del año pasado, y la crisis constitucional de octubre, generaron un contexto político poco propicio a la aplicación de reformas.

Hoy en día, mi Oficina alienta al Gobierno a que aplique una estrategia minuciosa y de amplio espectro para el proceso de transición, con un calendario estricto. Las leyes relativas al establecimiento de una comisión independiente de verdad y reconciliación podrían constituir una importante medida futura.

En mi condición de ex ministra de Defensa que ha trabajado en un contexto de transición, puedo hacer hincapié en la importancia de las reformas en el sector de seguridad como parte de todo proceso de justicia de transición. Entre estas reformas debería figurar un procedimiento de veto para descartar a los oficiales que tienen un expediente cuestionable en materia de derechos humanos. En este sentido, la reciente promoción del mayor general del ejército srilankés Shavendra Silva, implicado en presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, constituye un acontecimiento preocupante.

En el país se ha progresado muy poco en materia de rendición de cuentas. En mi informe se detallan las medidas adoptadas durante un plazo prolongado para abordar varios casos emblemáticos y los escasos progresos obtenidos en la creación de un mecanismo judicial especial que trate con los peores delitos perpetrados durante el conflicto de 2009. La persistencia de la impunidad podría azuzar la violencia entre etnias o comunidades, así como generar inestabilidad. La solución de estos casos y la presentación de sus autores ante la justicia son medidas necesarias para restaurar la confianza de las víctimas de todas las comunidades.

La sustitución de la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA) ha estado en el programa del Gobierno durante cuatro años. Exhorto a que este progreso se complete con medidas encaminadas a fortalecer las salvaguardas y los elementos de supervisión presentes en el anteproyecto de ley y a definir mejor el concepto de actos terroristas, figura jurídica que en la actualidad es demasiado amplia. Hago hincapié en mi preocupación por que varias personas siguen detenidas en virtud de la PTA. 

Asimismo me preocupan las reiteradas denuncias de torturas y otras violaciones de derechos humanos presuntamente perpetradas por las fuerzas de seguridad, entre las que figuran hechos de violencia sexual. En este sentido, sería positivo que el Gobierno llevara a cabo investigaciones eficaces, transparentes e independientes,  y que aplicara medidas para poner fin a dichas prácticas y evitar su reiteración, incluso mediante la aplicación cabal de las recomendaciones que en 2016 formuló el Comité contra la tortura.

Otro paso en la dirección correcta sería acabar con la vigilancia que pesa sobre los defensores de derechos humanos y las represalias que se practican contra ellos y contra las víctimas. Me preocupan mucho las exhortaciones a reimplantar la pena capital, tras una moratoria de más de 40 años. 

Mi Oficina pone de relieve la función esencial que desempeñan las comisiones independientes de Sri Lanka, en particular la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El respeto de su independencia y la aplicación de las recomendaciones que formulan son necesarios para consolidar el Estado de derecho en Sri Lanka. La colaboración adecuada con la Comisión de Derechos Humanos también es esencial para la participación del personal del país en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Este Consejo sigue desempeñando una función esencial al acompañar al pueblo y el Gobierno de Sri Lanka en su viaje hacia la realización de la dignidad y los derechos de todos los miembros de la sociedad, sin distinción de sexo, origen étnico o creencia.

Por último, quiero hacer hincapié en que, al coauspiciar las Resoluciones 30/1 y 34/1, el Gobierno reconoció la necesidad de abordar el pasado con miras a construir un futuro que estuviera sólidamente basado en la rendición de cuentas, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Tanto para las víctimas como para el conjunto de la sociedad, esta necesidad sigue vigente. Ahora tienen la oportunidad de dejar atrás un pasado de violencia y de vulneraciones de derechos humanos, mediante la determinación y el liderazgo en todos los niveles de gobierno.

Muchas gracias, señor Presidente.