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Foro de la OCDE sobre responsabilidad en las cadenas de suministro de minerales

Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

23 de abril de 2019

Señor Secretario General, Gurría
Señor Secretario Ejecutivo, Muburi-Muita
Excelencias,
Estimados colegas, amigos y amigas:

Muchas gracias por invitarme a intervenir en este crucial debate.

Antes comenzar mi intervención, permítanme evocar brevemente el incendio acaecido en la Catedral de Nôtre-Dame la semana pasada. Millones de personas contemplamos con horror e impotencia como caía la aguja. Sin duda, este siniestro ha causado un daño profundo e irreparable en un patrimonio trasmitido por nuestros antepasados hasta llegar a nuestra generación.

Lo mismo le está ocurriendo a nuestro planeta.

Creo que es necesario que nos detengamos a reflexionar sobre el significado más amplio de los sucesos de la pasada semana: el valor del legado del que gozamos y la importancia de ser responsables en su custodia, antes de que se pierdan bienes esenciales para nuestra especie.

Nuestro bienestar y nuestra propia existencia como seres humanos dependen de la disponibilidad de recursos naturales, desde el viento y el sol hasta los minerales que, desde la antigüedad, la humanidad ha ido extrayendo del suelo. En mi propio país, Chile, el sector de la minería supone el 10 por ciento del PIB. Como expresidenta de Chile, conozco bien los problemas que afrontan gobiernos, empresas y comunidades en relación con la extracción de minerales, pero también sé de su gran potencial para generar prosperidad, fomentar medios de subsistencia sostenibles y promover el desarrollo local.

Sin embargo, en la práctica y en muchas ocasiones, el sector de la minería ha perjudicado a las personas y ha tenido repercusiones negativas sobre los derechos humanos. Y para debatir sobre esas cuestiones están ustedes reunidos aquí.

Hace dos décadas, cuando el tema de los derechos humanos asociados a los riesgos laborales empezó a hacerse un hueco en el debate internacional, el sector extractivo fue uno de los principales focos de atención pública. Algunas empresas tomaron conciencia de la necesidad de efectuar un cambio profundo y se comprometieron activamente con el debate en torno a las directrices de derechos humanos para las actividades empresariales. Hoy, gracias en parte a aquel compromiso, disponemos de normas internacionales en las que se reconoce que todos los sectores de la economía, y todas las empresas, están sujetos a obligaciones en materia de derechos humanos.

Aun así, el sector de la minería todavía suscita una importante preocupación en lo que respecta al cumplimiento de estas obligaciones.

Con demasiada frecuencia nos llegan noticias de empresas extractoras implicadas en vulneraciones de derechos humanos.  Entre otras acusaciones, se habla de trabajo forzado, de condiciones laborales peligrosas, del rechazo a la negociación colectiva o la denegación del derecho de asamblea pacífica, pero también surgen acusaciones de amenazas a los defensores de derechos humanos y negligencia a la hora de asesorar correctamente a las comunidades desplazadas de sus hogares por las explotaciones mineras.

A este sector también se le reprocha que haya causado deterioro medioambiental y devastadores efectos sobre la salud humana, los medios de subsistencia y el acceso al aire y el agua limpios. En un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se llegó a la conclusión de que la extracción y transformación primaria de metales y de otros minerales suponen más de la cuarta parte del total de emisiones de carbono y una quinta parte de los daños provocados por la contaminación del aire en la salud de todos los habitantes del planeta.

Este pasivo agrava aún más, si cabe, los efectos adversos del cambio climático sobre las personas y las comunidades que viven en situaciones desfavorables. Es bastante probable que el cambio climático afecte también a algunos elementos clave de las infraestructuras mineras, lo cual, a su vez, perjudicaría a los derechos humanos. Todos hemos visto alguna vez como, al derrumbarse una presa tras unas lluvias torrenciales, se inundan hogares y se dispersan residuos tóxicos que contaminan las fuentes de agua potable.

Evitar y paliar estos riesgos sobre las personas y sobre el medio ambiente no solamente es vital para nuestras sociedades, sino que es fundamental para el prestigio del sector minero.

También es crucial para su viabilidad financiera. Cada vez es más frecuente que los inversores exijan a las empresas medidas de protección frente a riesgos relacionados con los derechos humanos. Son sensibles al descontento de la población, a menudo alimentado por los medios de comunicación. Ese descontento seguirá aumentando cuando cada vez más comunidades de todo el mundo sientan con mayor rigor los efectos del cambio climático y de la destrucción de los ecosistemas. La probabilidad de que el cambio climático acontezca es del ciento por ciento. Esta cifra nos exige el esfuerzo de cada uno de nosotros y también de quienes representan al mundo empresarial.

La falta de diligencia a la hora de adoptar medidas eficaces puede derivar además en responsabilidades penales. Este mismo mes, en una decisión señera, se dictaminó que los jueces ingleses puedan exigir responsabilidades a un gran grupo minero con sede en el Reino Unido, una de cuyas filiales está causando enormes perjuicios a miles de personas residentes en los aledaños de una de sus minas de cobre a cielo abierto.

Es innegable que se están haciendo esfuerzos formidables con miras a garantizar que las cadenas de suministros de minerales funcionen de manera más responsable y soy consciente de la dificultad que esto supone para las pequeñas y medianas empresas y para los pequeños artesanos. Mi Oficina lleva varios años colaborando con la OCDE, con representantes de la patronal y de la sociedad civil y con equipos de expertos en el desarrollo de mejores herramientas y de una mejor comprensión que nos permitan hacer frente a los riesgos, entre otros los riesgos asociados a los derechos humanos detectados en las cadenas de abastecimiento de minerales.

Las empresas individuales, las asociaciones sectoriales y las iniciativas multilaterales han adoptado nuevas políticas y han definido normas de sostenibilidad aplicables al conjunto del sector. Por ejemplo, en diciembre de 2018, el Consejo Internacional de Minería y Metales estableció la obligatoriedad para todos sus miembros de prevenir y abordar cualesquiera efectos sobre los derechos humanos que pudieran tener las operaciones mineras en cualquier lugar del mundo, de conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Tanto los Principios Rectores de las Naciones Unidas como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales establecen con absoluta claridad que las empresas deben aplicar el principio de diligencia debida en materia de derechos humanos en todas sus operaciones y adoptar una actitud previsora a la hora de gestionar los posibles efectos adversos sobre los derechos humanos que puedan derivarse de esas actividades. Para que esta diligencia debida sea eficaz es preciso dialogar con las comunidades y, en particular, con las poblaciones indígenas.

Estas son las expectativas generales de las empresas, sean de donde sean. Pero también son aplicables a cualquier actividad relacionada con la extracción o con el desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a mitigar los efectos sobre el medio ambiente, como los paneles solares, las baterías de litio y otras tecnologías que todavía no se usan de manera generalizada.

Siempre que se usan recursos hay consecuencias. Muchas tecnologías relacionadas con las energías renovables todavía dependen de los recursos minerales, como es el caso de la creciente necesidad de materias primas utilizadas en la fabricación de baterías. Pero nada compensa las vulneraciones de derechos humanos. Por eso es fundamental que, al tiempo que se multiplican los esfuerzos para extraer los minerales necesarios en el desarrollo de tecnologías que permitan mitigar los efectos catastróficos del cambio climático, tampoco se escatimen esfuerzos para prevenir y minimizar los riesgos para los derechos humanos asociados a este tipo de actividad.

Sobre todo, es necesario concentrar nuestra atención en el tema primordial: la dignidad y los derechos de todos los seres humanos perjudicados. Una persona que vive lejos del foco de atención de los medios de comunicación, en una comunidad tradicional asentada en la margen de un río, tiene exactamente los mismos derechos fundamentales que el Director General de una gran empresa instalada en un rascacielos. Esos derechos abarcan el derecho a opinar y a exigir justicia y reparación.

En esta lucha, contamos con muchos aliados. Quiero agradecer a la OCDE su inmensa labor en relación con la responsabilidad de las cadenas de abastecimiento de minerales, que ha supuesto un avance fundamental para la comprensión de estas normas y de sus consecuencias en la práctica, como es ayudar a que las empresas sean más seguras, más transparentes y más responsables. 

Además, disponemos de una hoja de ruta: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una guía para la consecución de los derechos humanos mediante el desarrollo que es inclusiva, participativa y sostenible.

La minería puede desempeñar un papel crucial en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias a ella, se puede crear empleos dignos, es posible empoderar a la mujer, sustentar las economías locales y disponer de mejores escuelas y clínicas en cada lugar. Pero la mejor aportación que pueden hacer los responsables del sector empresarial al logro de los derechos humanos -y de los ODS-, a lo largo de toda la cadena de abastecimiento de las industrias extractoras, es comprometerse con el respeto de los derechos humanos en cada una de sus operaciones. Los intereses del sector minero no son diferentes de los del conjunto de la humanidad. Todos somos responsables ante nuestros nietos, ante el medio ambiente y los demás seres humanos. 

Muchas gracias.