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El Estado mexicano es responsable de desaparición forzada con participación de autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos de crimen organizado, dicen expertos en derechos humanos de la ONU

GINEBRA (7 de agosto de 2019) - México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en Veracruz en 2010, dijo el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un dictamen publicado hoy en Ginebra.

El dictamen completo está disponible en línea.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de 18 expertos internacionales, emitió su dictamen basado en el derecho internacional de los derechos humanos después de recibir una denuncia de familiares de una víctima de desaparición forzada. Según la denuncia, la víctima directa conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica (Veracruz) en octubre de 2010 cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas, a punta de pistola. Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría; ella y familiares de la víctima directa presentaron denuncias. Identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado “Los Zetas”.

Como las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, la familia de la víctima directa llevó el caso al Comité de Derechos Humanos, que tiene el mandato de examinar violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo. México ratificó el Pacto el 23 de marzo de 1981 y el Protocolo Facultativo el 15 de marzo de 2002.

El Comité de Derechos Humanos señaló que la investigación de un caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas. Además, añadió que los centros de detención clandestinos son, per se, una violación de los derechos a la libertad personal.

Las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos, señalaron los expertos. Declararon que todos esos derechos humanos han sido violados por México en el presente caso. No se han practicado a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables, dijo el Comité en su dictamen.

“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.
El Comité solicitó a México que informara, dentro de 180 días, sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.

FIN

Contexto

El Comité de Derechos Humanossupervisa la adhesión de los Estados partes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 18 miembrosque son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes.

Su Protocolo Facultativo, que hasta la fecha cuenta con 116 Estados partes, establece el derecho de las personas a presentar una queja ante el Comité contra los Estados que violan sus derechos humanos. El Protocolo Facultativo impone a los Estados partes la obligación legal internacional de cumplir de buena fe con los dictámenes del Comité. Más información sobre los procedimientos de denuncias individuales ante los Comités.

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Para solicitudes de medios de comunicación, comuníquese con media@ohchr.org.

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