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Paraguay responsable de violaciones de derechos humanos en contexto de fumigaciones masivas con agroquímicos

GINEBRA (14 de agosto de 2019). Paraguay debe realizar una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos que causaron la intoxicación de varias personas, incluidos niños, la contaminación del agua, del suelo y de cultivos, según expertos de la ONU.

En un dictamen publicado hoy en Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Paraguay a sancionar a todos los responsables, reparar integralmente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia circulación.

El dictamen completo está disponible en línea.

Las víctimas son trabajadores rurales de una misma familia, dedicados a la agricultura familiar en el Departamento de Canindeyú, zona de mayor expansión del agro-negocio y monocultivo extensivo y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificadas.

Las fumigaciones masivas con agrotóxicos en la región han tenido graves impactos en las condiciones de vida de las víctimas, en su salud y medios de subsistencia. Las mismas contaminaron los recursos hídricos y acuíferos, impidiendo el uso de arroyos, y causaron la pérdida de árboles frutales, la muerte de varios animales de cría, y la pérdida de cultivos. Las víctimas han padecido de varios síntomas, como náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre, dolor estomacal, vómito, diarrea, tos y lesiones en la piel. La contaminación ha resultado, por ahora, en la muerte de una persona y la intoxicación de otros 22 habitantes de la comunidad.

Un recurso de amparo fue presentado. El Tribunal señaló que, al no cumplir con su obligación de proteger, el Ministerio de Ambiente y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas permitieron que se produjeran graves daños: “el Estado no ha cumplido con su obligación o deber de proteger los derechos constitucionales a la salud, a la integridad física y psíquica, a la calidad de vida, y a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”. El Tribunal ordenó a ambas instituciones “proteger los recursos ambientales y garantizar que se cumpla la franja de protección entre la zona de aplicación de productos fitosanitarios de uso agrícola y los asentamientos humanos […] y cursos de agua”. Sin embargo, la decisión nunca se implementó. Las fumigaciones han continuado sin ninguna medida de protección ambiental, y los productores de soja cercanos a la vivienda de las víctimas siguen aplicando masivamente agroquímicos sin licencias ambientales.

Se presentó una denuncia penal y se tomaron muestras del agua del pozo de uso doméstico de la vivienda de las víctimas. Los resultados arrojaron la presencia de agroquímicos prohibidos. Más de ocho años después de los hechos, las investigaciones no han avanzado sustantivamente y no han permitido establecer responsabilidades penales ni reparar a las víctimas por los daños sufridos.

El Comité de Derechos Humanos, un órgano independiente compuesto por 18 expertos internacionales en derechos humanos, observa la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de los derechos humanos. El Comité recuerda que el derecho a la vida también se refiere al derecho a disfrutar de una vida digna y a no ser objeto de acciones u omisiones que causen una muerte prematura o no natural.

En el presente caso, el Comité observa que Paraguay no ejerció controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales. El Comité concluye que fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas a la vida de las víctimas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte. Por lo tanto, el Comité declara la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, familiar y domicilio.

“Este es un dictamen histórico a favor del reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

Dado que Paraguay ratificó en 1995 el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité tiene el mandato de examinar denuncias de violaciones de derechos humanos por el Estado parte. El Comité solicitó a Paraguay que informara, dentro de 180 días, sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.

FIN

Contexto

El Comité de Derechos Humanossupervisa la adhesión de los Estados partes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 18 miembrosque son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes.

Su Protocolo Facultativo, que hasta la fecha cuenta con 116 Estados partes, establece el derecho de las personas a presentar una queja ante el Comité contra los Estados que violan sus derechos humanos. El Protocolo Facultativo impone a los Estados partes la obligación legal internacional de cumplir de buena fe con los dictámenes del Comité. Más información sobre los procedimientos de denuncias individuales ante los Comités.

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