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Dialogo interactivo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua

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42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

10 de septiembre de 2019

Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias,

De conformidad con la resolución 40/2, mi Oficina ha presentado un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que cubre el periodo entre el 19 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019.

La Oficina publicó previamente el informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, que cubrió el periodo de abril a agosto de 2018, y que recogió los hallazgos de un equipo que se desplazó a Managua a invitación del Gobierno. Tras la salida de la Oficina se ha continuado monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua desde Panamá. Se han realizado 187 entrevistas con víctimas y testigos y se ha analizado una extensa documentación procedente de fuentes gubernamentales y no gubernamentales.

Cabe resaltar que mi Oficina mantiene una permanente comunicación con el Gobierno de Nicaragua. Espero que esta relación se fortalezca y que pronto se pueda concretar un plan de trabajo consensuado, que contemple el acceso de la Oficina y de los diferentes mecanismos del Consejo al país, bajo condiciones y garantías adecuadas.

Sr. Presidente

Como da cuenta el informe presentado por mi Oficina, entre agosto 2018 y julio 2019 se continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, desde que se reanudó el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a finales de febrero de 2019, el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido, prueba de que la concertación es un camino posible y una vía pacífica para superar la crisis. 

Resulta sin embargo preocupante que, en el momento de finalizar el informe, mi Oficina haya recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, entre junio y julio de 2019. En al menos tres casos (dos de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras), se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018. Insto a las autoridades a que investiguen de manera urgente estos crímenes, y sancionen a los responsables.

Por otro lado, los actos de tortura y malos tratos contra los manifestantes detenidos han sido recurrentes. Según la información recopilada, las condiciones mejoraron al inicio de 2019, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a visitar los centros de detención. Desde el 11 de junio del presente año, cuando la casi totalidad de las personas detenidas en el contexto de las protestas fueron liberadas por el Gobierno, las denuncias de violaciones a la integridad personal dentro de los centros de detención han sido esporádicas. 

Es importante destacar, sin embargo, que el espacio cívico en Nicaragua se ha visto reducido de manera significativa hasta el día de hoy. La libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos, hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales, durante meses. Asimismo, se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense o de cantar el himno nacional en espacios públicos.

Se ha impedido el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Desde septiembre de 2018, la Policía ha empezado a exigir permisos para realizar concentraciones públicas y ha denegado la autorización a personas y organizaciones que pretendían manifestar públicamente su desacuerdo con la postura del Gobierno. Aquellos que intentaron llevar a cabo protestas pacíficas, a pesar de la prohibición, fueron arrestados y en la mayoría de los casos, liberados dentro de las 48 horas posteriores a su arresto.

La libertad de asociación ha sufrido igualmente un deterioro durante este periodo de crisis. Nueve organizaciones de la sociedad civil, incluidos destacados organismos de derechos humanos, fueron privadas de su personalidad jurídica al haber sido acusadas de haber apoyado “acciones terroristas” durante las protestas de 2018.  Al día de hoy, ninguna de estas organizaciones ha recuperado su personalidad jurídica, ni se le han devuelto sus bienes y equipos.

Asimismo, los defensores y defensoras de derechos humanos y los líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que adoptaron posturas críticas hacia el Gobierno no han dejado de ser acosados, estigmatizados y amenazados por la policía o por elementos progubernamentales.

Sr. Presidente,

La respuesta institucional a las violaciones de derechos humanos mencionadas ha sido insuficiente. Me preocupa la información recibida sobre la falta de independencia del órgano judicial y del Ministerio Público en estos 17 meses de crisis. En el informe se detallan patrones de violación a las garantías del debido proceso de quienes fueron investigados, procesados y sentenciados por hechos ocurridos en el contexto de las protestas. Con la excepción de un solo individuo beneficiado por la reciente amnistía, mi Oficina no tiene conocimiento de ninguna otra investigación, procesamiento o condena contra los miembros de las fuerzas de seguridad o elementos armados pro-gubernamentales. Hasta este momento, el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos.

La reanudación del diálogo nacional en febrero de 2019 fue una iniciativa encomiable. El acuerdo suscrito con la Alianza Cívica, sobre la liberación de las personas detenidas en el contexto de las protestas de 2018, resultó en la liberación de 492 personas (452 hombres y 40 mujeres), segun fuentes oficiales. Organizaciones de la sociedad civil han indicado, sin embargo, que más de 100 personas privadas de libertad en el contexto de las protestas, la mayoría detenidas a partir de febrero de 2019, permanecen en prisión.

El segundo acuerdo suscrito sobre el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, al parecer no ha sido respetado y el Gobierno ha dado por concluidas las negociaciones.

Las medidas legislativas adoptadas por la Asamblea Nacional a propuesta del Gobierno fueron adoptadas sin ser previamente consultadas con las víctimas, y son incompatibles con los estándares internacionales en la materia.  Tanto la Ley de Amnistía como la Ley de Atención Integral a Víctimas deben ser revisadas a fin de garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y a una adecuada reparación. Mi Oficina reitera su disponibilidad para proporcionar la asistencia necesaria a un proceso de revisión legislativa.

Sr. Presidente,

Nicaragua consiguió importantes logros de desarrollo en los años anteriores a la crisis. 

Sin embargo, la crisis sociopolítica ha repercutido negativamente en los indicadores de desarrollo y en el disfrute de los derechos económicos y sociales. Según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, entre marzo de 2018 y febrero de 2019, se perdieron más de 140.000 empleos formales, lo que representa el 15,7 por ciento del total. En abril 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que los precios de los bienes de consumo básicos habían aumentado un 2 por ciento en promedio, mientras que el precio de los servicios públicos de agua y electricidad, un 8,9 por ciento y un 3,7 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, mi Oficina ha constatado la expulsión arbitraria de estudiantes universitarios críticos del Gobierno y el despido improcedente de médicos que asistieron a heridos durante las protestas y profesores no afines al Gobierno.

El informe presentado por mi Oficina ofrece una serie de recomendaciones sobre medidas concretas que considero que deberían ser implementadas en el marco de un nuevo contexto de diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil nicaragüense. Un diálogo que debe ser incluyente, sincero, transparente y basado en los derechos humanos.
Mi Oficina reitera su disposición para brindar el apoyo y la asistencia técnica necesaria para asegurar que las soluciones propuestas sean conformes a los estándares internacionales de derechos humanos.

Muchas gracias, Señor Presidente.