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42° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Evento paralelo: “Retos de la asistencia técnica en el marco de la promoción y protección de los derechos humanos, desde la perspectiva de la experiencia adquirida en Togo”


Declaración de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

Ginebra, 16 de septiembre de 2019

Excelencias,
Colegas y amigos:

La cooperación técnica, el aumento de capacidades y el asesoramiento que nuestra Oficina proporciona son esenciales para el desempeño de nuestro mandato y también contribuyen a la consecución de nuestros objetivos en materia de derechos humanos. Les agradezco la oportunidad de debatir sobre diversos aspectos de esta labor y que me transmitan sus ideas y opiniones al respecto.

La cooperación técnica eficaz es una de las claves de la prevención. Prevención de la miseria y el sufrimiento, prevención de la discriminación y la marginación, y prevención y atenuación de las tensiones sociales, la violencia y los conflictos.

En este ámbito, tratamos de conjugar la labor de todos los mecanismos internacionales de derechos humanos y aprovechamos las recomendaciones de los Órganos de Tratados, los Procedimientos Especiales, y el EPU, así como las resoluciones del Consejo y los trabajos pertinentes de la Oficina del ACNUDH.

También tratamos de maximizar la repercusión de lo que hacemos. Los recursos siempre son limitados y ningún programa de cooperación técnica puede aportar soluciones a todos los problemas a los que se enfrenta la población del país donde se aplica. Pero la creación de un compromiso significativo con una amplia gama de agentes nacionales puede resultar esencial para fomentar la confianza entre ellos, para lograr que se respete el Estado de Derecho y para generar un efecto de cascada a largo plazo, que se traduzca en un desarrollo más sostenible e integrador, en una gobernanza más transparente y en mayor apoyo a los derechos humanos.

En Togo, abrimos una oficina nacional en 2006, después de que sus dirigentes políticos suscribieran el Acuerdo General de Paz. Durante nueve años colaboramos regularmente y de manera cada vez más estrecha, con las autoridades y la sociedad civil, hasta que en 2015 las restricciones presupuestarias nos obligaron a cerrar la oficina. Desde entonces, seguimos proporcionando apoyo a ese país desde nuestra sede en Ginebra y desde la Oficina Regional de Dakar, entre otras formas mediante al envío de un equipo de expertos que trabajó allí durante un corto plazo, hecho que examinaré más adelante.

Nuestra oficina nacional proporcionó apoyo para la aprobación de medidas legislativas esenciales, con el fin de ayudar al gobierno en la elaboración de un marco legal que se ajustara a las normas internacionales, con miras a lograr una protección más cabal de los derechos humanos. Entre los ámbitos principales de trabajo figuraron un nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, un nuevo Código de Familia –que aportó más protección a los derechos de las mujeres—y una revisión de los códigos electoral y penal. También se revisó la Institución Nacional de Derechos Humanos, a fin de dotarla de mayor independencia y ampliar su mandato para que abarcase la prevención de la tortura.

También trabajamos de manera exhaustiva con el fin de promover los derechos humanos en el contexto de las elecciones, que habían sido un factor de tensión y violencia. En esta actividad, nos involucramos en complejos procesos de mediación entre las autoridades, los partidos políticos, los manifestantes y la sociedad civil.

Asimismo colaboramos en la formación y el despliegue de centenares de observadores de derechos humanos, la mayoría de los cuales procedían de la sociedad civil y las comunidades locales. Hacia 2015, esa iniciativa había dado lugar a una sólida red de personas bien informadas, que contaba con unos 800 observadores de derechos humanos, basados en distintos puntos del país. El objetivo inmediato de la red consistía en monitorear y notificar los casos de violaciones y abusos de derechos humanos en el contexto electoral y en otros ámbitos. Además, cientos de personas estaban ya conscientes del significado del derecho internacional de los derechos humanos, en alerta de los derechos de sus conciudadanos y empoderados para abordar los problemas relativos a los derechos humanos con los funcionarios nacionales con los que habían colaborado, así como con otros agentes internacionales. Dicho de otro modo, contribuimos a reforzar el “puente” entre la sociedad civil y las autoridades nacionales, tanto a corto como a largo plazo.

Otro ámbito de trabajo fundamental fue nuestra función de coordinación en la creación de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación en Togo. Muchas de las recomendaciones de esta Comisión siguen sin aplicarse. Pero creo que la labor realizada y los informes públicos de este órgano fueron por sí mismos hitos para la población togolesa, al dejar bien claro que todo el mundo tiene derecho a la justicia, cualquiera que sea su género, grupo étnico o clase social. 

El desarrollo sostenible es un tema esencial en todos los países. En Togo, es un asunto sumamente importante para la vida y el bienestar de sus 7,9 millones de habitantes. En el pasado, colaboramos estrechamente con nuestros colegas del Equipo de País de las Naciones Unidas a fin de promover estrategias de derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con la participación de la sociedad civil. Este importante esfuerzo prosigue en la actualidad, en el contexto de la Agenda 2030.

Excelencias:

Otros oradores presentes hablarán luego de las experiencias adquiridas en Togo en los nueve años de nuestra presencia allí. Yo debo afirmar hoy que nunca fue un proceso de sentido único. Como suele suceder, todas las personas que participaron en ese esfuerzo extrajeron lecciones de la experiencia, y eso incluye las lecciones que nuestra Oficina aprendió.

En particular, el apoyo al “puente” al que antes me refería, entre la sociedad civil y los funcionarios del gobierno, es algo que consideramos muy valioso y actualmente exhorto a que se siga haciendo hincapié en el diálogo y la colaboración en ese país. Esta estrategia constituye una parte fundamental de muchos de nuestros programas de cooperación técnica. Las relaciones de confianza y respeto mutuo entre las autoridades y la sociedad civil son esenciales para todos los aspectos de la gobernanza y también de los derechos humanos. Tanto en cuestiones relativas a las elecciones como al desarrollo, los derechos de las mujeres, la justicia, los derechos de las personas privadas de libertad, y temas tales como la discriminación de determinados grupos étnicos, los derechos de las personas con discapacidad  y muchos otros, el diálogo –que entraña la escucha por ambas partes—y el compromiso de colaboración son los cimientos de cualquier esfuerzo productivo orientado a mejorar. Esto lo comprobamos una y otra vez en nuestra experiencia togolesa.

También aprendimos muchas lecciones provechosas de nuestra relación con el Equipo de País de las Naciones Unidas. La labor de nuestros equipos de monitoreo que participaron en las elecciones, nuestra mediación con dirigentes políticos, las visitas a los centros de reclusión y muchas otros aspectos de nuestro trabajo en Togo, se realizaron conjuntamente con otros órganos de las Naciones Unidas.

Sin duda esta colaboración amplió nuestra capacidad de ejecución. Pero también fortaleció considerablemente nuestros intereses mutuos y la comprensión entre los órganos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, las visitas a las prisiones en compañía del personal de la OMS fueron productivas para ambos equipos, ya que facilitaron el acceso y permitieron la promoción de los derechos humanos desde una perspectiva diferente. Repito: la profundidad y la calidad de la colaboración con nuestros colegas de las Naciones Unidas es algo que tratamos de incorporar en cada situación. 

Una lección más, entre las muchas que pudimos aprender de esta rica experiencia:

Aunque, por desgracia, nuestra Oficina tuvo que clausurar su presencia en Togo, el hecho de haber trabajado allí durante nueve años nos permitió reaccionar adecuadamente y con eficacia cuando las tensiones aumentaron en 2017. Alertados por los primeros síntomas de la crisis, enviamos, con el beneplácito del gobierno, un equipo compuesto por dos oficiales de derechos humanos y un experto constitucional, que permaneció cuatro meses en el país. Esa misión contribuyó a calmar la situación. Y ese resultado se logró, en gran medida, gracias a las relaciones de comprensión y confianza mutua que se habían establecido durante nuestra presencia previa en Togo. 

Aunque a veces el pilar de los derechos humanos carece de la financiación suficiente, aunque a veces tenemos que reducir nuestro trabajo en algunos países, dejando a medias numerosas tareas, incluso en esos casos nuestra labor puede tener una repercusión importante y duradera sobre la evolución de los hechos a largo plazo.

Excelencias:

He trazado un boceto sucinto de algunos aspectos del trabajo que pudimos desarrollar en Togo. Quiero expresar aquí mi gratitud a las autoridades y al pueblo de ese país, por su confianza, los ingentes esfuerzos que realizaron y la cálida acogida que dieron a nuestro personal. Seguimos brindando orientación y apoyo a los funcionarios togoleses a medida que se enfrentan a problemas de derechos humanos, incluso en aspectos tales como el derecho a la reunión pacífica, el diálogo con los agentes políticos y la protección de los defensores de derechos humanos. Asimismo, mantenemos nuestras relaciones con la sociedad civil y los medios de comunicación, con el fin de ayudarles a defender los derechos y la dignidad de todas las mujeres, los hombres y los niños del país.

Espero con interés que aporten sus ideas y comentarios sobre esta experiencia.

Muchas gracias.