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Las estadísticas de muertes infantiles constituyen un reclamo de justicia

Artículo de opinión publicado en la revista Nature por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

16 de octubre de 2019

Las posibilidades de que un recién nacido logre sobrevivir hasta la edad adulta nunca han sido mayores: en los últimos 20 años, los índices de mortalidad infantil se han reducido en más de un 50 por ciento. En casi todos los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas se han logrado enormes progresos. Pero dentro de cada país, las desigualdades condenan a muchos niños a una muerte prematura. 

Un estudio publicado esta semana en la revista Nature se centra en 99 países de ingresos medios y bajos en los que, en 2017, ocurrió el 93 por ciento de las muertes de niños menores de cinco años (R. Burstein et alNature 574, 353–358; 2019). Los autores calcularon la tasa de mortalidad de párvulos de 2000 a 2017 en cada uno de los 17.554 distritos administrativos examinados, lo que constituye un grado de detalle extraordinario.

El resultado global es alentador: en el 60 por ciento de los distritos hubo un progreso constante. Pero un examen más atento revela que persisten desigualdades. El equipo investigador calcula que el 58 por ciento de los 123 millones de fallecimientos registrados en esos 17 años hubiera podido prevenirse. Si en todas las zonas de cada país las tasas de mortalidad hubieran sido iguales a las de los mejores distritos, la mayoría de esas muertes no habrían ocurrido.

Las zonas más prósperas, entre ellas las ciudades capitales, suelen tener índices de mortalidad infantil muy inferiores. La gobernanza inadecuada puede traducirse en una asignación desproporcionada de recursos en beneficio de los grupos privilegiados. Por lo general, la mortalidad infantil alcanza puntos de máxima en las zonas más pobres, donde suelen concentrarse las minorías étnicas, determinados grupos religiosos, poblaciones indígenas y otras comunidades marginadas. La discriminación contra las mujeres impide que se otorgue prioridad a la salud materna; la discriminación contra los grupos étnicos o religiosos se traduce en servicios inadecuados para niños y adultos. Y los fallecimientos de párvulos suelen ir acompañados de otras violaciones de derechos humanos. La inseguridad, la violencia y el conflicto afectan a millones de niños. 

La lección primordial que ofrecen estos mapas pormenorizados de mortalidad es que los programas de salud deben concebirse con una perspectiva muy amplia. Para abordar la mortalidad infantil es preciso coordinar esfuerzos entre todas las instancias de gobierno –proporcionar acceso al tratamiento médico es apenas uno de los elementos de la ecuación--. Si los gobiernos pretenden defender los derechos de sus ciudadanos a la salud, deben tener en cuenta los factores que determinan el bienestar de los niños.

En mi condición de pediatra que trataba a los familiares de los presos políticos en el decenio de 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, atendí a menores que no solo estaban enfermos, sino también empobrecidos y traumatizados. En esa época, yo podía hacer un esfuerzo por curarlos, pero no podía proporcionarles un contexto favorable para que se desarrollaran. Esto último fue lo que traté de hacer mediante la implantación de políticas, cuando desempeñé los ministerios de salud y de defensa de Chile (2002-2006) y el cargo de presidenta del país (de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018), y posteriormente como vocera de la sanidad mundial, dirigente de ONU-Mujeres y ahora en tanto que Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A lo largo de mi carrera he podido comprobar que esas mejores son viables, ofrecen una buena relación costo/calidad y generan beneficios duraderos.

En Chile, las tasas de mortalidad de los niños menores de cinco años se redujeron de 148 por mil a siete por mil entre 1961 y 2018, lo que constituye una mejora sin precedentes. Desde 1990, la mortalidad materna descendió de 31 a 13 por cada 100.000 partos y la mortalidad infantil de 16 a seis por mil. Asimismo se redujeron las diferencias entre distritos y los mayores descensos de la mortalidad ocurrieron en las zonas más pobres. 

¿Cómo logramos todo esto? Nuestros programas se centraron en objetivos que iban mucho más allá de asegurar que un niño enfermo pudiera acudir al médico.

Como presidenta de Chile, sabía que la reducción de la mortalidad infantil exigía que se garantizara el acceso a la atención médica, el seguimiento sanitario de las mujeres durante el embarazo y el fomento de las campañas de vacunación. También era necesario proporcionar seguridad alimentaria, en parte a través de programas de almuerzo escolar. El programa “Chile crece contigo”, inaugurado en 2006, fue el primero de su clase en América Latina. El programa proporciona asistencia a las familias mediante servicios educativos, de salud y de cuidados maternos. 

Pero la prestación de servicios adecuados va más allá de la disponibilidad de recursos. Si las mujeres se sienten menospreciadas o si no se les consulta adecuadamente sobre sus propios cuerpos en el hospital o durante las visitas médicas, o si tienen que esperar horas enteras para conseguir un turno, tal vez no regresen a la consulta prenatal. Nosotros prestamos atención a diferentes necesidades a lo largo y ancho del país. Instalamos carteles en lenguas indígenas en los puntos clave, empleamos a monitores interculturales y estimulamos las estrategias integradoras.

Las prestaciones sanitarias de gran calidad y realmente universales exigen políticas cuyo alcance se extienda más allá del marco estrictamente sanitario. Esas prestaciones necesitan medidas que defiendan una amplia gama de derechos humanos y combatan la desigualdad y las privaciones. Medidas para fomentar la vivienda decente, mejores derechos laborales, cuidados infantiles ampliados y beneficios de desempleo, acceso a servicios básicos como el agua potable –esas son las reformas que debemos reconocer como elementos esenciales para la salud--. 

Las estadísticas sobre la mortalidad infantil ponen de manifiesto las duras realidades de la desigualdad. Y las mejoras de estos datos indican una reducción de las tragedias que padecen las familias. Esos cambios también modifican el futuro de comunidades enteras, a veces durante varias generaciones. El Banco Mundial calcula que hasta el 30 por ciento de las diferencias en los PIB per cápita de los países se puede atribuir al “capital humano” –fundamentalmente, a la educación, la formación y la salud--. 

Hace 30 años, la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha llegado a ser el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia, hizo hincapié en el derecho de cada recién nacido a alcanzar el nivel de salud más altos posible. Pero, por complejas que puedan parecer las causas últimas, los factores que determinan la mortalidad infantil pueden reducirse al fracaso en abordar algunos males genéricos: la pobreza, la falta de autonomía, la discriminación y la injusticia. 

Las estadísticas primordiales, como las publicadas esta semana, deben ir seguidas de medidas amplias, que abarquen a todo el espectro del gobierno y la sociedad.