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Declaración a los medios de comunicación del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, al finalizar su visita oficial a Ecuador, realizada entre los días 16 y 20 de diciembre de 2019

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Quito, 20 de diciembre de 2019

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes desea agradecer al Gobierno de Ecuador por su invitación a visitar el país y por su total cooperación. Esta visita es un seguimiento a la visita que el Grupo de Trabajo realizó en el año 2009.

El Grupo de Trabajo agradece de manera particular al Ministerio de Relaciones Exteriores por organizar la visita y a las autoridades nacionales y locales que se reunieron con el Grupo de Trabajo durante nuestra visita. Nos gustaría agradecer especialmente a las organizaciones de la sociedad civil y a los individuos de la comunidad afro ecuatoriana por compartir sus preocupaciones y recomendaciones con nuestra delegación. También quisiéramos agradecer al equipo de las Naciones Unidas en el país por su apoyo durante nuestra visita.

Las opiniones expresadas en esta declaración son de índole preliminar, nuestros hallazgos y recomendaciones se presentarán en nuestro informe de misión ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2020.

Durante la visita, el Grupo de Trabajo evaluó la situación de los afro ecuatorianos y de las personas de ascendencia africana y recabó información sobre las distintas formas de racismo, discriminación racial, xenofobia, afrofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan. El Grupo de Trabajo estudió las medidas oficiales adoptadas y los mecanismos para prevenir la discriminación racial y proteger a las víctimas del racismo, así como las respuestas a múltiples formas de discriminación.

La visita se centró tanto en las buenas prácticas como en los desafíos enfrentados para el pleno cumplimiento de sus derechos humanos.

Como parte de su misión de recabar datos, el Grupo de Trabajo visitó Quito, San Lorenzo y Esmeraldas. Se reunió con representantes del Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, el Grupo de la Asamblea Nacional sobre Afrodescendientes, el Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y  Nacionalidades, autoridades locales en la provincia de Esmeraldas, la Fiscal General del Estado, los Jueces del Tribunal Constitucional , el Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, personas afrodescendientes, organizaciones de la sociedad civil y con el equipo de las Naciones Unidas en el país. También visitó un centro de detención para adolescentes en Esmeraldas.

Según las estadísticas oficiales del Gobierno, sobre la base del último censo del año 2010, el 7.2% de la población, es decir, más de un millón de ciudadanos ecuatorianos, son afrodescendientes.

El Grupo de Trabajo acoge con beneplácito y las múltiples buenas prácticas y los pasos positivos emprendidos para garantizar los derechos de las personas afrodescendientes en Ecuador, que incluyen los siguientes:

El Decenio Internacional para los Afrodescendientes se lanzó en Ecuador el 16 de febrero de 2016. (Decreto 915)

La Agenda Nacional de derechos para la igualdad de nacionalidades y pueblos (2019-2021).

La Constitución de 2008 establece que Ecuador es un estado intercultural y plurinacional, que reconoce los derechos colectivos de los pueblos Afrodescendientes. (Art. 1 y art. 58) Garantiza el consentimiento libre, previo e informado para las comunidades, pueblos y naciones. (Art. 57)

La Constitución también tiene una disposición innovadora con respecto al medio ambiente. Establece derechos de la naturaleza. Ecuador considera que la naturaleza es tan importante, que incluye a la naturaleza como titular de derechos. (Art. 71)

El Decreto 60 (28 de septiembre de 2009) estableció minimizar las tasas de discriminación, exclusión y mejorar la situación de las poblaciones históricamente discriminadas (indígenas, afro ecuatorianas y montubias), incluso mediante la acción afirmativa.

El Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y social.

El grupo de la Asamblea Nacional sobre el desarrollo de los afrodescendientes parte de una nueva ley para introducir de manera más efectiva a la etnoeducación en el plan de estudios. Se habla de un proyecto piloto para escuelas que se convertirán en guardianes de los conocimientos tradicionales. Trabajar para traducir la historia general de África al español.

El trabajo del Defensor del Pueblo, de la Secretaría de Derechos Humanos y el Consejo para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades para proteger los derechos humanos de las personas afro ecuatorianas y de ascendencia africana.
La adopción del Código Orgánico Integral Penal, vigente desde 2014 y cuyos artículos 176 y 177 penalizan los actos de discriminación racial y los delitos de odio.

El Grupo de Trabajo también acoge con beneplácito las iniciativas de la sociedad civil para promover y proteger los derechos humanos de las personas afrodescendientes y crear conciencia sobre la identidad afro ecuatoriana.

A pesar de las disposiciones progresistas de la Constitución, el reconocimiento de los derechos colectivos de las personas afrodescendientes y de las medidas positivas mencionadas anteriormente, el Grupo de Trabajo se encuentra profundamente preocupado por la situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en Ecuador.

Aún no se ha logrado implementar ni aplicar  de manera efectiva las leyes y políticas para la protección de los derechos de las personas afrodescendientes.

Los afro ecuatorianos y las personas de ascendencia africana continúan sufriendo discriminación racial, particularmente con relación a su acceso a la justicia, la seguridad, la tierra, el agua potable, la educación, la atención médica, la vivienda y las oportunidades de crecimiento económico.

Los ecuatorianos de ascendencia africana constituyen el 7.2% de la población ecuatoriana. Sin embargo, representan el 40% de los ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza. Según el INEC, la provincia de Esmeraldas, donde el 68.25% de la población es afrodescendiente, es una de las provincias más pobres y excluidas del Ecuador, ahí, el 84.6% vive por debajo del umbral de pobreza, el 15.3% son analfabetos y el 23% tiene acceso a servicios básicos. Según datos oficiales, esa zona también presenta las tasas más altas de mortalidad materna, violencia de género y embarazos adolescentes.

La educación en particular es un derecho que se le ha negado a la población afro ecuatoriana. Si bien existe una acción afirmativa en las universidades al otorgar puntos adicionales para ayudar a los estudiantes en los procesos de admisión, los afro ecuatorianos no logran ser admitidos en las universidades debido a la baja calidad de la educación recibida en los niveles de primaria y secundaria.

El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por las actividades desarrolladas por las industrias de extracción de recursos naturales y por la falta de supervisión y sanciones aplicadas a estas industrias por parte del Estado. Estas industrias: maderera, cultivo de palma y minería son responsables de algunas de las violaciones más graves de derechos humanos. Se trata de una situación de racismo ambiental producto de la contaminación sistemática del agua y del medio ambiente, de las amenazas y la intimidación a las comunidades y de los esfuerzos insuficientes por parte del Estado para evitar, sancionar y reparar dicha degradación. El Estado no debe permanecer indiferente ante los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por estas empresas.

Los afro ecuatorianos, de manera particular, se han visto gravemente afectados por el significativo daño ambiental que pone en peligro la vida de las comunidades. En su visita al país, el Grupo de Trabajo pudo constatar de cerca la afectación a un río moribundo contaminado por tóxicos en la provincia de Esmeraldas. Las comunidades afrodescendientes que beben agua del río, se bañan en él o lavan ahí su ropa, terminan sufriendo enfermedades que incluyen erupciones cutáneas, infecciones genitales y otras enfermedades graves.

El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por la criminalización racializada de las personas afrodescendientes como una estrategia para reprimir o incluso eliminar la oposición a los proyectos de extracción de recursos naturales.

A pesar de la garantía constitucional del derecho a la tierra, los afro ecuatorianos se quejan de que se han entregado miles de hectáreas de tierras ancestrales a las industrias extractivas.

El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por la inacción del Estado ante la interferencia y el cabildeo de los exportadores y otros grupos y personalidades que buscan que las operaciones de estas industrias continúen. El Grupo de Trabajo también señaló la insuficiente acción por parte del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minería (ARCOM) y el Ministerio de Agricultura.

El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por los informes de impunidad y las continuas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de las plantaciones y sus familias por parte de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones CA. El informe del Defensor del Pueblo indica que la mayoría de los trabajadores de la empresa son afrodescendientes, que trabajan y dependen de la extracción de fibra de abacá sin tener contratos de trabajo o seguridad social. Verificaron la situación en 17 campamentos ubicados en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, tales como: alto riesgo de ser desalojados de los territorios donde viven porque son propiedad de la empresa. Los campamentos en los que viven no cuentan con servicios básicos como agua potable, electricidad, alumbrado público, instalaciones sanitarias o de saneamiento, entre otros. La compañía les hizo firmar contratos de arrendamiento para evitar firmar contratos de trabajo como un medio para negar la relación laboral; la compra de abacá ha sido exclusivamente para la empresa; existe trabajo infantil; y, efectos negativos sobre la salud debido a discapacidad física derivada de cortes, mutilaciones y accidentes laborales.

Según información recibida, durante 56 años, los ecuatorianos de ascendencia africana han trabajado para la empresa en condiciones deplorables. Los niños nacidos en las haciendas no contaban con un registro de sus nacimientos, negándoles así el derecho a la nacionalidad. Los niños se ven obligados a trabajar en lugar de ir a la escuela. Tanto los padres como sus hijos carecen de documentos de identidad. No tienen acceso a atención médica ni a otros servicios. El Grupo de  Trabajo se reunió con un trabajador cuyas piernas se encuentran rotas y torcidas por accidentes ocurridos en el lugar de trabajo. El trabajador necesita una cirugía, pero no tiene los documentos ni el dinero necesarios para la operación. Los trabajadores viven en hogares improvisados que no califican como viviendas adecuadas. En el 2019, las autoridades tomaron medidas iniciales y suspendieron las operaciones de la empresa.  La empresa todavía está operando y los trabajadores están exigiendo justicia y reparaciones por el daño sufrido.

El Grupo de Trabajo está preocupado por la falta de acceso a la justicia de las personas de ascendencia africana y acoge con satisfacción el compromiso del Tribunal Constitucional de abordar los casos pendientes.

Otra preocupación es la sobrerrepresentación de personas afrodescendientes detenidas. El Grupo de Trabajo visitó el centro de adolescentes infractores en Esmeraldas, donde el 90% de los detenidos eran personas de ascendencia africana. Nos preocupa profundamente la falta de acceso a asesoría legal, la falta de agua limpia, alimentos inadecuados, recreación insuficiente, malas condiciones de vida e inseguridad.

Por otro lado, los casos de Michael Arce y Andrés Padilla demuestran discriminación racial, discursos de odio y violencia policial contra ciudadanos afro ecuatorianos. Arce era un cadete en una academia de policía quien recibió un trato cruel, inhumano y degradante así como discriminación racial por parte de su instructor. Este fue el primer caso en Ecuador en el que una persona haya sido condenada por el delito de odio racial. Por otro lado, Padilla recibió un disparo por parte de un miembro del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (GOE), en una operación de control que se llevó a cabo en el sector llamado Mascarillas en la provincia de Imbabura. El policía fue sentenciado con la pena mínima (3 años 4 meses) establecida por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones buscan apoyar al Ecuador en sus esfuerzos por combatir todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia, afrofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan los afro ecuatorianos y las personas de ascendencia africana. El Gobierno del Ecuador debería:

Intensificar las campañas de sensibilización para combatir la discriminación racial, los estereotipos y todas las formas de discriminación.

Reconocer la contribución histórica de las personas de ascendencia africana a la cultura, a la sociedad y a la economía ecuatorianas en todos los niveles de gobierno y en la sociedad en general.

Asegurar que la educación de calidad sea accesible y disponible en las áreas donde viven las comunidades afrodescendientes, particularmente en las comunidades rurales y marginadas, con énfasis en mejorar la calidad de la educación pública.

La etnoeducación debe insertarse en el currículo escolar nacional. Crear una Secretaría Nacional de Etnoeducación dentro del Ministerio de Educación.

Asegurar que los libros de texto y otros materiales educativos reflejen los hechos históricos con precisión en relación a tragedias y atrocidades pasadas, de manera particular con respecto a la esclavitud, al comercio de africanos esclavizados y al colonialismo, a fin de evitar los estereotipos y la distorsión o falsificación de estos hechos históricos, que pueden conducir al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

Aumentar medidas especiales para que los ecuatorianos de ascendencia africana puedan asistir a la universidad.

Adoptar medidas efectivas para prevenir actos de violencia contra defensores de derechos humanos, líderes y defensores de los derechos de los afro ecuatorianos y para garantizar la protección de sus vidas.

Garantizar el acceso de los afro ecuatorianos a la justicia, la seguridad, la tierra, el agua potable, la atención médica, la vivienda y a las oportunidades económicas.

Aumentar la inversión económica y social para alcanzar la igualdad de acceso a oportunidades y suplir las necesidades de las familias afro ecuatorianas y así facilitar su plena participación en la vida pública.

En preparación para el censo 2020, el Gobierno debe recopilar, compilar, analizar, difundir y publicar datos estadísticos confiables a nivel nacional y local y tomar todas las demás medidas necesarias relacionadas para evaluar regularmente la situación de las personas afrodescendientes que son víctimas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia.
Garantizar el acceso a la justicia y a las reparaciones para los afro ecuatorianos afectados por las industrias de extracción de recursos naturales.

Auditar y garantizar el control ambiental de las empresas mineras y otras industrias extractivas con la participación activa de los afro ecuatorianos y de la sociedad civil. Monitorear y controlar la calidad del agua y los impactos ambientales con la participación de las comunidades involucradas. Investigar para establecer la responsabilidad penal por las violaciones de los derechos humanos y el daño ambiental que las compañías ocasionan a las comunidades afro ecuatorianas. Cierre de empresas extractivas que contaminen el medio ambiente. Sanciones a instituciones y autoridades que no cumplan la ley.
Garantizar que los afro ecuatorianos sean consultados y puedan disfrutar de los beneficios provenientes del uso de la tierra.

Proporcionar agua limpia y completo acceso a servicios de salud gratuitos y adecuados para las víctimas.

Asegurar que las instituciones estatales tomen medidas concretas para superar el racismo y la discriminación, incluido el despojo de tierras y territorios, y la falta de mecanismos de cumplimiento para la participación y consulta y el desplazamiento forzado.

Implementar las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo sobre el caso Furukawa para la (1) indemnización de los trabajadores por la violación de sus derechos humanos; (2) expropiación de la tierra que se otorgará a los trabajadores; (3) y cierre de la empresa Furukawa.

El Grupo de Trabajo desea agregar que: (1) los nacimientos de los hijos de los trabajadores de la empresa Furukawa deben estar registrados; (2) se debe entregar documentos de identidad a los trabajadores de Furukawa que no los tengan; (3) los trabajadores de Furukawa y sus hijos deben recibir becas de estudio en escuelas y universidades; (4) los trabajadores de Furukawa deben tener pleno acceso a atención médica, a vivienda y al mercado formal de trabajo.

Fortalecer la Defensoría del Pueblo para crear una subdivisión dedicada a la protección y promoción de los derechos de los pueblos afrodescendientes con capacidades humanas, financieras y técnicas suficientes.

Implementar el Decreto Ejecutivo No. 915 de 2016 para el Decenio Internacional de Afrodescendientes y evaluar el progreso realizado en consulta con personas de ascendencia africana.

Asegurar que las academias policiales y militares reciban capacitación y desarrollo de capacidades para erradicar el racismo y cumplir con las leyes nacionales e internacionales de derechos humanos.

Garantizar que la agenda de Desarrollo Sostenible 2030 realmente permita no dejar a nadie atrás. Que se aborde la discriminación racial, incluyendo a los afro ecuatorianos y a otras personas de ascendencia africana y desarrollar programas específicos para proteger sus derechos humanos.

Asegurar que las mujeres afrodescendientes estén adecuadamente protegidas de todas las formas de discriminación y violencia, y puedan disfrutar de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a la salud y a la justicia.

El Grupo de Trabajo recuerda a los medios de comunicación su importante papel como organismo de control público con responsabilidades especiales para garantizar que se divulgue información objetiva y confiable sobre las personas afrodescendientes. También insta a los medios a desempeñar su rol para aumentar la visibilidad de los afro ecuatorianos y las personas de ascendencia africana y su cultura, incluso a través de la representación en el sector de medios de comunicación.

El Grupo de Trabajo desea reiterar su complacencia por la voluntad demostrada por el Gobierno para entablar el diálogo, cooperar y actuar para combatir la discriminación racial a la que se enfrentan los afrodescendientes y personas de ascendencia africana.

Esperamos que nuestro informe apoye al Gobierno en este proceso y expresamos nuestra voluntad de colaborar en este importante esfuerzo.