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“La vivienda, la primera línea de defensa frente al brote de COVID-19,” afirma un experto de la ONU

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GINEBRA (18 de marzo de 2020) – A la vez que los gobiernos de todo el mundo dependen de que sus ciudadanos se queden en casa para impedir la propagación del nuevo coronavirus, también han de adoptar medidas urgentes para impedir que algunas personas se queden sin hogar y garantizar el acceso a una vivienda adecuada para aquellas personas que no la tienen, señaló un experto de la ONU.

“La vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Pocas veces anteriormente el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte,” explicó Leilani Farha, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.

“Estoy profundamente preocupado por dos grupos concretos de población: los que viven en refugios de emergencia, sin hogar, o en asentamientos informales, y los que se enfrentan a una pérdida de sus empleos y a dificultades económicas que podrían derivar en atrasos en pagos de hipoteca y alquiler y en desahucios.”

Según el experto, cerca de 1.800 millones de personas en todo el mundo viven sin hogar o en viviendas totalmente inadecuadas, a menudo en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua o saneamiento, lo que les convierte en especialmente vulnerables a contraer el virus, ya que a menudo sufren múltiples problemas de salud.

“Pido a los países que adopten medidas extraordinarias para asegurar el derecho a una vivienda para todo el mundo para protegernos ante la pandemia. Algunas buenas prácticas ya se están aplicando en unos pocos países, incluyendo: moratorias en desahucios por atrasos en alquileres e hipotecas; aplazamientos en los pagos de hipoteca para los afectados por el virus; extensión de las moratorias por el invierno para los desalojos forzosos de asentamientos informales; y un mayor acceso a saneamiento y a espacios de refugio de emergencia para las personas sin hogar,” solicitó Farha. 

También se necesitan nuevas medidas relevantes para reducir el riesgo para los grupos más vulnerables y contener el aumento de las tasas de infección, agregó el Relator Especial.

Como mínimo, con el fin de garantizar la protección de las personas sin hogar o que viven en viviendas totalmente inadecuadas, los países deben: detener todos los desahucios; suministrar viviendas de emergencia con servicios para los afectados por el virus y que deben quedar aislados; garantizar que la aplicación de medidas de contención (por ejemplo, toques de queda) no conlleva un castigo para nadie por su situación respecto a la vivienda; facilitar la igualdad de acceso a las pruebas y asistencia sanitaria; y suministrar una vivienda adecuada, lo que puede suponer la implementación de medidas extraordinarias como procede en un estado de emergencia, incluyendo el uso de alojamientos vacíos y abandonados y el acceso a alquileres de corta duración.

Con respecto a aquellos que pierdan su trabajo y sufran dificultades económicas, los países deberán: ofrecer ayuda financiera directa para los pagos del alquiler e hipoteca o aplazarlos; promulgar una moratoria sobre los desahucios por atrasos; introducir medidas de estabilización o reducción de los alquileres; y, al menos durante la duración de la pandemia, suspender los costes de los servicios públicos y sus recargos.

“Se están adoptando medidas y se están asignando recursos considerables para mitigar la recesión económica causada por el COVID-19, como por ejemplo la bajada de los tipos de interés. Existe el riesgo de que estas medidas permitan a agentes financieros globales usar la pandemia y la desgracia de muchos para dominar el mercado inmobiliario sin tener en cuenta los principios de derechos humanos, tal como hicieron tras la crisis financiera global de 2008,” avisó el Relator Especial.

 “Los países deben impedir estas prácticas depredadoras de inversores institucionales en el sector inmobiliario residencial. 

“Al garantizar el acceso a una vivienda segura con un saneamiento adecuado, los países no solamente estarán protegiendo las vidas de las personas sin hogar o que viven en asentamientos informales, sino también ayudarán a proteger a toda la población mundial aplanando la curva del CV19,” concluyó el experto de la ONU.

FIN

La Sra. Leilani Farha es la Relatora Especial de la ONU sobre la vivienda adecuada como elemento del derecho a un nivel de vida adecuado, y del derecho a la no-discriminación dentro de este contexto. La Sra. Farha inició su mandato en junio de 2014. Farha es la Directora Ejecutiva de la ONG Canada without Poverty, con base en Ottawa. Abogada de profesión, durante los últimos 20 años la Sra. Farha ha trabajado a nivel internacional y nacional por la implementación del derecho a una vivienda adecuada para los grupos más marginados y acerca de la situación de las personas que viven en la pobreza. Su informe más reciente dirigido al Consejo de Derechos Humanos se centra en el acceso a la justicia para proteger el derecho a la vivienda. 

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el cuerpo de mayor tamaño de expertos independientes dentro del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general para los mecanismos independientes del Consejo para la verificación de hechos y supervisión que abordan bien situaciones específicas de cada país o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no forman parte del personal de la ONU y no reciben salario alguno por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título personal. 

Seguir la labor del Relator Especial en Twitter: @adequatehousing

Para más información y solicitudes de prensa por favor contactar: Gunnar Theissen (durante la visita al: +41-79 444 4078 / gtheissen@ohchr.org; luego de la visita at: +41 22 917 9321) o escriba asrhousing@ohchr.org
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