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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se muestra “afligida” por la situación de los migrantes internos en la India y aplaude las medidas adoptadas para atenuar las repercusiones del COVID-19

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GINEBRA (2 de abril de 2020) - La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró hoy que se encuentra afligida por la situación de millones de migrantes internos en la India, afectados por el confinamiento decretado súbitamente por el gobierno de ese país. Bachelet elogió las medidas adoptadas para abordar la situación de esas personas, pero destacó que persisten algunos problemas muy arraigados.

“El confinamiento decretado en la India representa un reto masivo de logística y ejecución, habida cuenta del volumen y la densidad de su población, y todos albergamos la esperanza de que con esas medidas se pueda frenar la propagación del virus”, afirmó Bachelet. “Pero es importante velar por que las medidas adoptadas para responder al COVID-19 no se apliquen de manera discriminatoria ni agraven las desigualdades y vulnerabilidades existentes”.

Tras el anuncio del confinamiento para limitar la propagación del COVID-19, muchos migrantes pobres quedaron sin empleo y ahora no pueden pagar el alquiler ni la comida. Sin capacidad para subsistir en los centros urbanos y debido a la suspensión casi total del transporte público, cientos de miles de hombres, mujeres y niños se han visto obligados a caminar cientos de kilómetros para regresar a sus pueblos y Estados de origen. Algunos han fallecido en el trayecto.

El 29 de marzo, en un esfuerzo por contener la propagación del virus, el Ministerio del Interior emitió una orden para que las autoridades estatales interceptaran a los migrantes que volvían a sus hogares y los sometieran a una cuarentena de dos semanas. La Alta Comisionada aplaudió la orden posterior del Tribunal Supremo de la India, dictada el 31 de marzo, con el fin de asegurar que los migrantes recibieran agua, alimentos, camas y otros suministros, así como asesoramiento psicosocial en albergues que deberían ser operados por voluntarios y no por agentes de seguridad; la orden estipulaba además que debían recibir un trato humanitario.

“La orden del Tribunal Supremo y su aplicación contribuirán en grado sumo a garantizar la seguridad y los derechos de esos migrantes vulnerables. Muchas vidas se han visto súbitamente desarraigadas por el confinamiento y han quedado en situaciones muy precarias”, dijo Bachelet.

El gobierno ha adoptado otras medidas para abordar la situación, tales como la de garantizar el servicio de distribución de alimentos en gran escala, presionar a los patronos para que sigan pagando los salarios y a los propietarios para que no cobren los alquileres. “A pesar de todos estos esfuerzos importantes, es preciso hacer aún más para afrontar la tragedia humana que tiene lugar ante nuestros propios ojos”, afirmó la Alta Comisionada. Las medidas especiales deben tener en cuenta también la situación específica de las mujeres migrantes, que figuran entre los grupos de población economicamente más vulnerables y que más han sufrido a causa de la situación.

A principios de esta semana, circularon noticias e imágenes de funcionarios de policía que golpeaban con varas a la gente, incluso a los migrantes, porque se habían saltado las normas de la cuarentena, así como de migrantes que regresaban a sus hogares y eran fumigados con desinfectante. “Comprendemos la tensión en la que operan los servicios de policía en estos momentos”, -dijo Bachelet- “pero los agentes deben proceder con moderación y cumplir con las normas internacionales relativas al uso de la fuerza y el trato humanitario, en los esfuerzos que realizan para responder a la pandemia, de conformidad con la orden del Tribunal Supremo”. Varios Estados han promulgado ya instrucciones específicas para que sus cuerpos de policía se abstengan de usar la fuerza en las tareas de contención del virus.  

La Alta Comisionada expresó también su pesar por las medidas que pueden estigmatizar a determinados sectores de la sociedad, entre ellos los migrantes, tales como la práctica de marcar con tinta las manos de las personas sujetas a cuarentena en sus hogares, según se informa, para garantizar que permanecen en ellos, y la de pegar avisos en la fachada de las casas donde están confinados.

“Es importante sopesar la eficacia de esas prácticas en comparación con el derecho a la privacidad, a fin de evitar medidas que puedan estigmatizar indebidamente en sus propias comunidades a personas que quizá ya estén en situación de vulnerabilidad a causa de su condición social y otros factores”, declaró Bachelet. 

La contención del COVID-19 en el país que alberga a la sexta parte de la población mundial exigirá esfuerzos no solo del gobierno, sino también de la ciudadanía en general. La Alta Comisionada instó al gobierno a que trabaje en la respuesta codo con codo con la sociedad civil y con las numerosas ONG que ya realizan tareas humanitarias.

“Este es el momento de ejercer la solidaridad y reforzar la unidad nacional. Exhorto al gobierno de la India a que recurra a la dinámica sociedad civil del país para auxiliar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a fin de velar por que nadie quede rezagado en este periodo de crisis”, afirmó la Alta Comisionada.

FIN

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