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Expertos de Naciones Unidas piden a los gobiernos que ante la amenaza del COVID-19 tomen medidas urgentes para proteger a los migrantes y las víctimas de la trata de seres humanos

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GINEBRA (3 de abril de 2020) – Los Estados del mundo entero deben adoptar medidas integradoras urgentes orientadas a proteger a los migrantes y las víctimas de la trata de personas, en el marco de las respuestas nacionales al COVID-19, tales como medidas de prevención, análisis y tratamientos médicos, prestaciones sanitarias y asistencia social, declararon hoy dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.

“Los Estados también deberían adoptar medidas para regularizar a los migrantes indocumentados, con miras a facilitarles el acceso a los servicios sanitarios durante la lucha contra la pandemia”, declararon el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los migrantes, Felipe González Morales, y la Relatora Especial sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro.

“Los migrantes que están situación irregular, los solicitantes de asilo y las personas explotadas o víctimas de la trata de seres humanos pueden ser particularmente vulnerables al COVID-19, porque su contexto de vida o de trabajo puede exponerles al virus sin la protección necesaria”, afirmaron los expertos.

“Me preocupa el hecho de que algunos migrantes, entre ellos los solicitantes de asilo, no tengan acceso a la más minima protección ante el contagio, y ni siquiera dispongan de agua limpia para lavarse las manos. Muchos de ellos permanecen en albergues atestados o en centros de detención, sin posibilidad alguna de mantener la distancia física. Otros trabajan en la agricultura o los sectores informales, sin medidas de protección”, afirmó González Morales.

“Las personas que han recibido permisos de residencia por motivos económicos y tienen un empleo o participan en programas de formación deberían recibir también permisos de trabajo mediante procedimientos simplificados. Las medidas de ese tipo se orientan a evitar la precariedad y garantizar su pleno acceso a los servicios de salud”, agregó Gianmmarinaro.

Los expertos de las Naciones Unidas aplaudieron la decisión que han tomado algunos Estados de otorgar derechos de residencia temporales, con acceso a beneficios sociales y sanitarios, a los migrantes, incluso a los solicitantes de asilo, en medio de la lucha contra la pandemia.

“Nadie debería quedar rezagado en el combate mundial contra la pandemia. Los gobiernos deben adoptar medidas para garantizar que cada persona que se encuentra en el territorio nacional, cualquiera que sea su condición migratoria, tiene acceso a los servicios sanitarios para lograr la contención eficaz de la pandemia del COVID-19”, dijeron los expertos.

Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas pidieron también una ampliación automática de al menos seis meses de todos los programas de protección y asistencia para migrantes que se encuentren en situaciones vulnerables y personas que han sido víctimas de la trata de seres humanos y cuya cobertura esté próxima a caducar, con miras a garantizar la continuidad del proceso de integración de los supervivientes.

“La protección que se otorga a los adolescentes que viajan solos y están próximos a cumplir la mayoría de edad también debería extenderse por un plazo mínimo de seis meses. Debe prestarse especial atención a las instalaciones inadecuadas o que están abarrotadas de migrantes”, añadieron los expertos. A las personas que viven en esas instalaciones, ya sean abiertas o cerradas, debería proporcionárseles información precisa y accessible sobre la pandemia del COVID-19, consejos prácticos sobre cómo prevenir la infección y acceso al agua potable y los dispositivos de saneamiento, así como a otros materiales de prevención.

“En los casos de instalaciones abarrotadas, donde resulte imposible que los residentes mantengan la distancia física entre sí, deberían tenerse en cuenta otros centros alternativos y considerarse la posibilidad de dejar en libertad a quienes dispongan de un lugar de acogida en la comunidad. Es esencial que se establezcan protocolos con agentes sanitarios locales para garantizar el acceso a los análisis, las consultas y el tratamiento médico de todas las personas que residan en instalaciones de inmigración”, afirmó el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.

Los derechos humanos deben ocupar el núcleo central de la respuesta a la pandemia del COVID-19. Es urgente y necesario aplicar medidas orientadas a proteger los derechos y la salud de la población en su conjunto, lo que abarca a todos los migrantes y las víctimas de la trata de personas, cualquiera que sea su condición migratoria, medidas que puedan contribuir a la eficacia de los procedimientos nacionales de índole general utilizados para combatir el COVID-19”, añadieron los expertos. 

FIN

Felipe González Morales (Chile) fue nombrado Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en junio de 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su condición de Relator Especial, desempeña sus funciones a título personal y actúa con independencia de cualquier gobierno u organización. González es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, donde además dirige un programa de maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Maria Grazia Giammarinaro (Italia) fue designada Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2014. Ha sido jueza desde 1991 y en la actualidad ejerce el cargo de jueza de la Corte Civil de Roma. Giammarinaro fue la Representante Especial y Coordinadora de la OSCE para la lucha contra la trata de seres humanos, y también fue miembro de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea con sede en Bruselas, donde estuvo encargada de la lucha contra el tráfico de personas y la explotación sexual de los niños, y tuvo a su cargo también la preparación de la Directiva de la Unión Europea relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.

Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Sra Yiyao Zhang (+41 22 917 8594 / yzhang@ohchr.org); Sra Clara Pascual de Vargas (+41 22 917 8214 / cpascualdevargas@ohchr.org) o Sra Maria Roberta Serrentino (+41 22 917 9915 / mserrentino@ohchr.org)

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