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La actualización de la ley de lucha contra el terrorismo en Egipto abre la puerta a más violaciones de los derechos humanos, afirma una experta de las Naciones Unidas

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GINEBRA (9 de abril de 2020) ­– La nueva y más estricta legislación que incorpora la radical ley de lucha contra el terrorismo en Egipto viene a erosionar aún más los derechos humanos fundamentales y podría resultar en más detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y denuncias de tortura, además de una mayor represión de la libertad de expresión, pensamiento, asociación y de reunión pacífica, advirtió una experta de las Naciones Unidas.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, Fionnuala D. Ní Aoláin, expresó su profunda preocupación por el alcance, necesidad, proporcionalidad y efectos discriminatorios de las recientes enmiendas a la ley nacional de 2015 e instó al gobierno en una carta a que reconsiderara la ampliación de las disposiciones, las cuales “afectarían gravemente a una serie de derechos humanos fundamentales”. 

“Teniendo en cuenta el papel de liderazgo global que ha asumido Egipto en el ámbito de la política de la lucha contra el terrorismo, y en particular con su liderazgo del Examen de la Estrategia Global contra el Terrorismo, es muy lamentable que no aprovechara la oportunidad para promover una ley de lucha contra el terrorismo que respete los derechos humanos,” declaró, destacando que se habían ignorado, antes de que se aprobaran las enmiendas, ofrecimientos para ayudar a modificar la ley con el fin de que diera mayor protección a los derechos humanos.  

Los cambios legislativos que afectan a la lucha contra el terrorismo, protestas, asociación y ONGs incluyen la ampliación de la definición de “entidad terrorista” y la aplicación de nuevas medidas contra individuos, empresas, medios de comunicación y sindicatos, además de contemplar cadenas perpetuas y pena capital por financiación del terrorismo. Como ejemplo, los sindicatos podrían ver sus bienes confiscados y ser añadidos a la lista sobre terrorismo.

Periodistas, defensores de los derechos humanos, partidos de la oposición y trabajadores del sector público también se ven amenazados.

“La convergencia de estas diversas disposiciones legislativas permite el aumento de la práctica de detenciones arbitrarias con un riesgo añadido de tortura, la ausencia de control judicial y garantías procesales, las restricciones sobre la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la libertad de reunión pacífica,” afirmó la Relatora Especial.

“Los efectos de estas leyes en la región del Sinaí ya se han materializado en violaciones de derechos socio-económicos, incluyendo el derecho a la educación, el derecho a una vivienda segura, el derecho a un desarrollo sostenible y los derechos a alimento y agua.”

La experta de las Naciones Unidas declaró que el alcance de la ley de lucha contra el terrorismo en Egipto es muy amplio y supone el resultado de disposiciones legislativas que vulneran la promoción y protección de los derechos humanos.

“La amplia definición de terrorismo en virtud de esta ley nacional, el uso continuo y permanente de poderes de excepción, el recurrir a Tribunales Especiales de Seguridad del Estado excepcionales, las sistemáticas desapariciones involuntarias o forzadas, las detenciones arbitrarias y una mayor facultad de procesamiento por parte de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, son todas cuestiones que nos preocupan,” señaló Ní Aoláin.

La experta recomendó que el gobierno revise toda la legislación para garantizar que cumple con las obligaciones internacionales de Egipto en materia de derechos humanos.

“Las mejores prácticas internacionales animan a los países a revisar regularmente, en su totalidad y de forma independiente, sus leyes de lucha contra el terrorismo y de emergencia, con el fin de garantizar que éstas siguen siendo necesarias y cumplen con el derecho internacional”, afirmó la Relatora Especial.

“Las medidas de Egipto en la lucha contra el terrorismo a nivel global deben desarrollarse en paralelo a un enfoque que respete los derechos humanos en su lucha contra el terrorismo a nivel nacional. Estamos muy preocupados por la totalidad y gravedad de las violaciones de derechos humanos en el ámbito nacional y recalcamos que Egipto puede y debe mejorar a este respecto,” declaró.

La Relatora Especial ha mantenido contactos con el Gobierno de Egipto sobre estas cuestiones mencionadas anteriormente.

Ní Aoláin’s la declaración ha sido respaldada por el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sra Agnes Callamard, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Sr Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias: Sr Luciano A. Hazan (Presidente), Sr. Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Sra Houria Es-Slami, Sr. Henrikas Mickevičius, Sr. Bernard Duhaime; y el Grupo de Trabajo sobre Detención arbitraria: Sr. José Antonio Guevara Bermúdez (Presidente), Sra Leigh Toomey (Vicepresidente sobre Comunicaciones), Sra Elina Steinerte (Vicepresidente de seguimiento), Sr. Seong-Phil Hong y Sr. Sètondji Adjovi.

FIN

La Sra. Fionnuala D. Ní Aoláin (Irlanda), la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, asumió sus funciones el 1 de agosto de 2017. Es Profesora Regente en la Universidad de Minnesota; titular de la Cátedra Robina en Derecho, Políticas Públicas y Sociedad; y Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. Simultáneamente también es Catedrática de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Queens en Belfast, Irlanda del Norte.

Los Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el órgano más grande de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan con carácter voluntario; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un sueldo por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

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