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Nota informativa sobre RDC

Inglés

Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:  Rupert Colville

Lugar: Ginebra 

Fecha: 17 de abril de 2020

Tema: República Democrática del Congo, RDC

Estamos alarmados por el deterioro de la situación de seguridad en los territorios de Djugu y Mahagi, en la provincia de Ituri (República Democrática del Congo, RDC), donde más de 150 personas han muerto en los últimos 40 días, como consecuencia de ataques perpetrados por grupos armados con sede en Djugu. Entre los agresores figuran fuerzas del grupo CODECO, mayoritariamente formado por miembros de la etnia lendu.

Tan solo en el mes de marzo, nuestra Oficina registró el dato de que 107 civiles habían muerto y 43 resultaron heridos en los ataques. En abril, hasta el momento 49 personas han fallecido, 13 han sido heridas y seis fueron secuestradas. En total, desde principios de año, se han registrado 334 víctimas civiles (206 muertos, 74 heridos y 54 secuestrados). El último hecho violento ocurrió el sábado pasado, cuando los milicianos de CODECO efectuaron un ataque nocturno contra la aldea de Koli, donde mataron a 23 civiles. 

Las agresiones perpetradas por elementos armados con base en Djugu crecieron de manera significativa en marzo, cuando se produjeron varios asaltos horripilantes. Pero los ataques se recrudecieron aún más tras la muerte del líder de CODECO, Ngudjolo Justin, ocurrida el 25 de marzo. Según se informa, este hecho causó luchas internas en el grupo, que se escindió en cinco facciones, cada una de las cuales procedió a realizar sus propias acciones bélicas.   

Cabe señalar que casi todos los dirigentes de la comunidad lendu se han distanciado de los autores de estos ataques.
La brutalidad de las agresiones, en las que los atacantes usan machetes para asesinar a mujeres y niños, violan, saquean, destruyen hogares y matan al ganado, indica que su objetivo es infligir un trauma duradero a la población para obligarla a huir de la zona y dominar así el territorio, que contiene abundantes recursos naturales. 

En un informe que publicamos en enero pasado sobre la violencia intercomunitaria en esa provincia, señalamos que estos hechos violentos, cometidos en el marco de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, pueden ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

A pesar de las atrocidades, las comunidades más afectadas, en particular la hema y la alur, pero también la ndo, la okebo y la mambisa, han reaccionado con moderación. Pero nos preocupa que, si las agresiones prosiguen sin que las fuerzas de seguridad tomen medidas enérgicas para defender a la población civil, dichas comunidades terminen por crear milicias de autodefensa, lo que podrían agravar la violencia entre los distintos grupos étnicos.

Exhortamos a las autoridades a que refuercen la presencia de las fueras de seguridad y los funcionarios estatales en la región, garanticen la realización de investigaciones exhaustivas de las acusaciones de abusos y vulneraciones de derechos humanos, sometan a los responsables a juicios imparciales y faciliten a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia, la verdad y las reparaciones. 

FIN

Si desea información adicional o material de prensa, puede ponerse en contacto con: Rupert Colville - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Jeremy Laurence - + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org o Liz Throssell - + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org  o Marta Hurtado - + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

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