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Asegurarse de que las empresas respeten los derechos humanos durante la crisis de Covid-19 y después:
La relevancia de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos


Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos

La pandemia mundial y la crisis económica que inevitablemente le sigue se han convertido en una prueba sin precedentes para que los gobiernos y las empresas no bajen el listón de las exigencias de las normas de derechos humanos. Es más vital que nunca que tanto los gobiernos como las empresas tomen un camino sostenible centrado en las personas mientras luchan contra el Covid-19 y traten de mantener las economías a flote. Será igualmente crítico hacerlo una vez que pase la pandemia, en lugar de tomar atajos en nombre del crecimiento económico. Importantes desafíos mundiales están a la vuelta de la esquina; entre ellos, las amenazas dobles del cambio climático y el aumento de las desigualdades.

Las consecuencias de derechos humanos y económicas de la pandemia han demostrado la necesidad imperiosa de mejorar las salvaguardias, especialmente para los trabajadores vulnerables de las economías tanto desarrolladas como en desarrollo en todos los sectores, pero también para los consumidores y todos los miembros de la sociedad. La crisis económica también está poniendo de manifiesto y amplificando las desigualdades existentes y crecientes. Si no se abordan, constituyen un desafío fundamental para la dignidad humana y el desarrollo sostenible.

Debería haber sido obvio, pero parece haber sido una revelación para muchos: los trabajadores que cosen nuestras máscaras en las fábricas, que proveen servicios esenciales y de transporte, y que cultivan la tierra, o cuidan a los enfermos, en medio de la crisis, son esenciales para nuestra supervivencia. Sin embargo, suelen ser los más vulnerables y los que corren mayor riesgo de sufrir abusos de derechos humanos, a menudo con contratos temporales o abusivos, con salarios bajos y pocas o ninguna red de seguridad, y expuestos a riesgos de salud y seguridad.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos– promovidos por el Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas - que proporcionan el marco reconocido y autorizado mundialmente en materia de los deberes de los Estados y las responsabilidades de las empresas en la prevención y el tratamiento de los efectos adversos para los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial que se aplican también en el contexto actual.

Los tres pilares de los Principios Rectores - "Proteger, Respetar y Remediar" - que establecen cómo los gobiernos y las empresas deben poner a las personas en el centro de cómo se hacen los negocios, han vuelto a ser muy relevantes. Es fundamental que no se dejen de lado ahora. Las respuestas a la pandemia y al impacto económico no deben dar lugar a normas menos estrictas, ni siquiera deben ser utilizadas como pretexto por los gobiernos y las empresas para eludir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Una cuestión fundamental, como hemos visto en los últimos acontecimientos, es estar alerta ante los crecientes riesgos para las libertades cívicas y los defensores de los derechos humanos.

El papel de los Estados para asegurar una conducta empresarial responsable durante la crisis y la recuperación

El primer pilar -el deber del Estado de proteger los derechos humanos- se basa en la obligación fundamental de los gobiernos de proteger a los titulares de derechos, que se aplica tanto en circunstancias normales como en momentos de crisis.

Así como los Estados deben actuar con determinación para hacer frente a la pandemia, también deben hacer frente con la misma decisión a las crisis económicas que están teniendo efectos perjudiciales para la población de todo el mundo, tanto en la actualidad como en el futuro previsible, con confinamientos que afectan a unos 2.700 millones de trabajadores en todo el mundo, según las estimaciones de la OIT, y la economía mundial que se enfrenta a la peor recesión desde la Gran Depresión del decenio de 1930, según el FMI.

Inevitablemente, los más pobres y vulnerables de la sociedad son los que soportan la mayor carga y tienen menos capacidad de recuperación ante esas crisis económicas. Una tarea fundamental de los gobiernos es proporcionar redes de seguridad adecuadas para los trabajadores despedidos o que pierdan su empleo, de conformidad con las normas y directrices de la OIT. Los gobiernos deben prestar especial atención a las personas y grupos que se encuentran en situaciones particularmente vulnerables: en las economías en desarrollo y emergentes, los trabajadores - y sus familias - de los sectores no estructurados, o los que se encuentran en la "primera línea" de las cadenas mundiales de suministro que se ven duramente afectados por la cancelación de pedidos, o que corren el riesgo de ser explotados a medida que las necesidades de producción aumentan y superan la capacidad de las empresas; y en las economías desarrolladas, los que tienen poca o ninguna protección social, como los trabajadores de la economía "gig", así como las mujeres y los trabajadores migrantes. 

La crisis ha puesto de manifiesto lo vitales que son estos trabajadores para nuestra respuesta actual y para nuestro futuro. Están en primera línea, desde la producción de máscaras y la recogida de basura, hasta la entrega de suministros a nuestras puertas. Mientras los gobiernos se esfuerzan por extender un salvavidas financiero a las empresas en dificultades, también deberían recordar la necesidad de crear y proteger la capacidad de recuperación de los trabajadores y garantizar que los derechos humanos sean el centro de las respuestas. Salvar a las empresas es, por supuesto, esencial para salvar los medios de vida de sus trabajadores y de las familias que dependen de ellos (que para algunas pequeñas y medianas empresas puede ser la misma cosa). Es necesario que las respuestas se diseñen teniendo en cuenta las repercusiones para las personas.

El Grupo de Trabajo considera que todo apoyo financiero o rescate a las empresas debe ir acompañado de un claro requisito de compromiso de cumplir las normas de conducta empresarial responsable, en particular el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, garantizando que los trabajadores no corran riesgos para la salud y la seguridad, que se les conceda baja por enfermedad remunerada y que no se les explote con la justificación de crisis y emergencia. Si bien las máscaras pueden ser desechables, los trabajadores no lo son.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas piden coherencia en las políticas públicas. Entre otras cosas, ello exige que las empresas estatales den ejemplo tratando a las personas con respeto y dignidad y exigiendo lo mismo a sus socios comerciales; y que en la contratación pública se integre la debida diligencia en materia de derechos humanos. Cuando los gobiernos adquieren grandes cantidades de equipos médicos y de protección, deberían hacerlo eligiendo empresas que respeten los derechos de los trabajadores y no se beneficien del uso de trabajo forzoso o infantil en sus cadenas de suministro.

Este es un momento para reconocer y recompensar a las empresas que se comprometan con una práctica sostenible y responsable.

Es importante que los Estados también se coordinen y trabajen juntos a través de instituciones multilaterales y de una colaboración eficaz, en lo que respecta tanto a las medidas de salud pública como a la puesta en orden de la economía mundial en una vía sostenible.

El respeto de los derechos humanos por parte de las empresas es una misión crítica durante la crisis y para una recuperación resistente

El segundo pilar de los Principios Rectores - la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos - se aplica independientemente de la forma en que los gobiernos cumplan sus obligaciones y se aplica en todos los contextos. Dado que la crisis ejerce una enorme presión sobre numerosas empresas de todos los sectores, y que muchas de ellas se enfrentan a decisiones empresariales muy difíciles, es el momento de demostrar lo que significan en la práctica los compromisos de una conducta empresarial responsable.

Algunas empresas desempeñan un papel especial en esta situación debido a la naturaleza de sus productos o servicios (en particular, la capacidad de producir productos para salvar vidas). Sin embargo, todas las empresas tienen la responsabilidad básica de prevenir y abordar los efectos adversos en los que puedan verse involucradas, y de tratar a las personas con dignidad. La debida diligencia en materia de derechos humanos es fundamental para garantizar que se identifique y mitigue cualquier riesgo para las personas. Ello incluye la adopción de medidas preventivas adecuadas para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Para los propios trabajadores de las empresas esto significa protegerlos de los riesgos cuando se les pide que continúen trabajando, y asegurar garantías fundamentales, como la baja por enfermedad remunerada, y proporcionar equipos y material de seguridad.

Los Principios Rectores también aclaran que la responsabilidad de las empresas se extiende más allá de sus propias actividades, ya sea cuando contribuyen a los impactos adversos causados por otros, o cuando están directamente vinculadas a sus operaciones, productos o servicios a través de los impactos adversos causados por las relaciones empresariales. Por ejemplo, las empresas deben evaluar los efectos en los trabajadores de su cadena de suministro, más allá del primer nivel, y esperar lo mismo de sus socios empresariales y proveedores. Hemos visto conducta empresarial ejemplar por parte de algunas empresas, tomando medidas para pagar a los trabajadores de empresas subcontratadas, o evitando activar automáticamente cláusulas de "fuerza mayor" para cancelar pagos y pedidos que perjudicarían a los proveedores en dificultades. Sin embargo, también hemos visto muchas malas prácticas durante la crisis.

El tipo de riesgos o la naturaleza del papel de una empresa en la crisis diferirá entre algunos sectores, pero la responsabilidad de respetar se aplica a todos, incluidos aquellos que desempeñan un papel especial en la fabricación y entrega de productos que salvan vidas. Para mencionar sólo algunos ejemplos ilustrativos, esta responsabilidad también se aplica a las empresas de tecnología que desarrollan aplicaciones para vigilar la propagación del virus, que deben abordar los riesgos para los derechos humanos de la recopilación de datos y la vigilancia intrusivas, incluso pensando en el futuro cuando la crisis sanitaria haya terminado. Para poner de relieve otro ejemplo, aunque diferente, el sector financiero, por su parte, tendrá que abordar los efectos de la imposición estricta de las obligaciones de préstamos o de consumo, en un momento en que ello dará lugar a acontecimientos catastróficos para millones de personas en todo el mundo.

En el caso de las empresas, se deberá ejercer la diligencia debida efectiva en materia de derechos humanos para evitar o reducir al mínimo los daños a las personas en el contexto actual. Siempre es mejor prevenir que curar, y la integración de conocimientos especializados en materia de derechos humanos en los equipos de gestión de crisis ayudará a las empresas a estar en mejores condiciones de identificar y abordar los riesgos para las personas que tal vez no sean el centro de atención de otras funciones empresariales. También puede ayudar a las empresas a hacer frente a futuros riesgos jurídicos (porque lo correcto es tratar a las personas con dignidad).

Un elemento clave de la diligencia debida al evaluar los efectos de las decisiones y actividades empresariales es la celebración de consultas significativas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas pertinentes. Una diligencia debida sólida para evaluar los riesgos y los efectos en los trabajadores, por ejemplo, debe entrañar un diálogo con los sindicatos y los representantes de los trabajadores. 

Tanto en tiempos de crisis como para la recuperación, la acción colectiva (por ejemplo, la colaboración de la industria) será más eficaz que las respuestas individuales de las empresas para hacer frente a los desafíos sistémicos. Además, para garantizar la legitimidad y la eficacia de la orientación práctica y las iniciativas necesarias para hacer frente a los riesgos en contextos e industrias específicos, es necesario que haya un diálogo y procesos abiertos y transparentes entre múltiples partes interesadas. 

Permitir el acceso a los remedios no es opcional

El tercer pilar de los Principios Rectores -la necesidad de acceso a mecanismos de reparación para las víctimas de daños a los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial- es igualmente importante. Permitir el acceso a mecanismos de reparación eficaz a los titulares de derechos cuando se ha producido un abuso, a través de mecanismos de reclamación tanto judiciales como no judiciales, es parte integrante del deber jurídico del Estado de proteger los derechos humanos. Por ejemplo, cuando los trabajadores han experimentado el abuso de sus derechos, deben tener acceso a una reparación, incluso por medios judiciales. Cuando una empresa ha provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, los Principios Rectores aclaran que deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. Incluso en el caso de las empresas que luchan por su supervivencia, la responsabilidad de respetar los derechos humanos sigue siendo aplicable.

Tanto los gobiernos como las empresas deben reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y facultar a los titulares de derechos afectados para que se manifiesten y den la alarma cuando se produzcan abusos. A medida que los Estados trasladan sus tribunales a  modo virtual y cierran las instituciones gubernamentales, necesitamos comprender cómo cualquier cambio en las prácticas judiciales repercutirá en aquellos a los que reparan y pueden no tener la capacidad de simplemente presentarse ante los tribunales a través de Internet. Permitir el acceso a los mecanismos de reparación de las infracciones y mejorar la rendición de cuentas de las empresas no sólo tiene sentido hoy en día para dar una mejor respuesta a la crisis actual, sino que también es fundamental para prevenir futuros abusos de los derechos humanos.

Mirando hacia adelante

La pandemia eventualmente pasará. Los Estados y los agentes comerciales deben aprovechar este momento para no volver a la normalidad, sino para forjar una nueva normalidad basada en la norma acordada a nivel mundial que proporcionan los Principios Rectores. El período de recuperación brindará la oportunidad de seguir un camino más sostenible, poniendo a las personas y al planeta en el centro. Con el tiempo, el hecho de hacer progresos reales en la aplicación de los Principios Rectores nos preparará mejor para la próxima crisis, sobre todo al dirigir nuestra atención colectiva a la crisis climática y a otros problemas de derechos humanos derivados de las injusticias y las crecientes desigualdades. La reciente resolución del Parlamento Europeo reconoció esta idea, señalando que " deber de diligencia de las empresas en materia de derechos humanos y de medio ambiente es condición necesaria para prevenir y mitigar futuras crisis y garantizar cadenas de valor sostenibles". ”

También queremos hacernos eco del llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y de la importancia crítica de una recuperación que conduzca a un mundo mejor. Necesitamos una respuesta coordinada ahora - incluyendo el frente económico, prestando atención a las economías desarrolladas y en desarrollo por igual- y crear capacidad de recuperación para el futuro. Necesitamos lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible que no dejan a nadie atrás y hacer realidad los derechos humanos para todos.

Los tres pilares de los Principios Rectores de las Naciones Unidas "Proteger, Respetar y Remediar" proporcionan un plan para el camino a seguir. Para lograrlo, necesitamos una mejor colaboración (como sugerimos en una declaración conjunta con la OCDE, la OIT y la OACDH) que involucre a todos los actores, con gobiernos y empresas responsables que lideren el camino.