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La devolución forzosa de migrantes debe suspenderse en periodos de COVID-19

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Declaración de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración

Ginebra, 13 de mayo de 2020

La Red de las Naciones Unidas sobre Migración* está preocupada por los informes que indican que numerosos Estados de diversas regiones siguen incluyendo la devolución forzosa de migrantes en su respuesta al COVID-19. La Red pide a los Estados que suspendan las devoluciones forzosas durante la pandemia, a fin de proteger la salud de los migrantes y sus comunidades, y defender los derechos humanos de todos, cualquiera que sea su condición jurídica. La lucha eficaz contra la pandemia solo puede llevarse a cabo si se defienden los derechos humanos. 

Cuando se considere necesario cerrar fronteras y limitar los desplazamientos para prevenir la propagación del COVID-19, esas medidas deben aplicarse de manera que no resulten discriminatorias y sean proporcionales a la consecución de los objetivos de salud pública. Esas restricciones deben ir acompañadas de protocolos y procedimientos que garanticen en todo momento los derechos fundamentales de todas las personas.

Mantener la seguridad de todos significa velar por que nadie corra el riesgo de devolución a países donde su vida, su seguridad o sus derechos humanos puedan verse en peligro. Significa que deben detenerse las expulsiones colectivas, tales como el rechazo arbitrario en las fronteras de migrantes o solicitantes de asilo; que es preciso evaluar individualmente las necesidades de protección; y que deben cumplirse las normas del Estado de Derecho y el debido proceso legal. Asimismo, significa otorgar prioridad a la protección, lo que abarca el interés superior de la infancia. Estas son obligaciones estipuladas en el derecho internacional que nunca pueden suspenderse y que son indispensables para cualquier estrategia orientada a combatir el COVID-19, para provecho de todos.

Las devoluciones forzosas pueden agravar los riesgos que amenazan a la salud pública, en detrimento de todos – migrantes, funcionarios, personal sanitario, trabajadores sociales y comunidades, tanto de origen como de acogida. Las devoluciones forzosas añaden una presión adicional a los países de origen. Muchos de sus sistemas sanitarios ya están saturados y carecen de la capacidad necesaria para proteger a quienes regresan y a sus comunidades, ni siquiera mediante la realización de pruebas diagnósticas a su llegada y la imposición de cuarentenas y medidas de autoaislamiento que preserven la unidad de la familia y garanticen el interés superior de los niños. Quienes vuelven pueden afrontar riesgos adicionales durante el viaje de regreso y una vez llegados a destino, por la falta de la atención médica adecuada, las deficiencias de los sistemas de suministro de agua y saneamiento, la parálisis del transporte terrestre, las restricciones adicionales de movimientos y la estigmatización y discriminación violentas que pueden sufrir en sus comunidades de origen. En determinados contextos, los migrantes y solicitantes de asilo que han sido devueltos también pueden ser víctimas de desplazamientos, trata de seres humanos y graves carencias económicas, que se añaden a los altos niveles de desempleo existentes, atribuibles al COVID-19.

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración recuerda el compromiso contraído por los Estados en el marco del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de defender los derechos humanos de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición migratoria, y de mejorar la gestión de la migración, incluso mediante la cooperación para salvar vidas y proteger a los migrantes de cualquier peligro. Usando este marco regulatorio de la acción colectiva para orientar las medidas migratorias adoptadas durante la pandemia, la Red insta a los Estados a que promuevan el Objetivo 21 del Pacto Mundial para la Migración, garanticen el debido proceso judicial y mantengan la prohibición de expulsiones colectivas y devoluciones de migrantes, cuando existan riesgos previsibles para sus derechos humanos.   

La Red reitera el llamamiento formulado recientemente por el Secretario General en el sentido de aliviar las situaciones de vulnerabilidad de las personas que viven fuera de sus países de origen en el contexto del COVID-19, lo que incluye la posibilidad de otorgar permisos de residencia temporal a los migrantes e imponer una moratoria a las deportaciones y otras modalidades de devolución forzada.

Numerosos gobiernos han dado ejemplos positivos de cómo velar por que los migrantes sean tenidos en cuenta en las respuestas exhaustivas al COVID-19. Entre otras medidas, figuran la de suspender temporalmente las devoluciones forzosas, otorgar visados y prorrogar los permisos de trabajo, los permisos de residencia temporal y otras formas normalizar su condición jurídica, así como la de excarcelar a personas recluidas en centros de detención para migrantes y hallarles alojamiento seguro y no carcelario en las comunidades, en vez de proceder a su deportación. 

La Red de las Naciones Unidas sobre Migración sigue dispuesta a apoyar a los Estados en la adopción, adaptación y ampliación de estas prácticas idóneas -de conformidad con los compromisos estipulados en el Pacto Mundial para la Migración- que contribuirán a hacer realidad los derechos de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición jurídica, y al mismo tiempo protegerán la salud de todos.

La Red de las Naciones Unidas sobre Migración se creó para asegurar el apoyo eficaz, oportuno y coordinado de todo el sistema de las Naciones Unidas a los Estados Miembros, en su labor de aplicar, monitorear y evaluar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Si bien el mandato de la Red se centra en la migración y proporciona el contexto en el que esta declaración fue redactada, la Red exhorta a los Estados a que también usen esas recomendaciones en los casos en que puedan aplicarse a los refugiados y los solicitantes de asilo, y que protejan los derechos humanos y la salud de todos por igual, cualquiera que sea su condición migratoria.