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Asia: Bachelet preocupada por las restricciones a la libertad de expresión durante la COVID-19

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GINEBRA (3 de junio de 2020) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet manifestó su gran preocupación por las restricciones a la libertad de expresión en algunas regiones de Asia y el Pacífico durante la crisis de la COVID-19, afirmando que cualquier medida adoptada para detener la difusión de información falsa deber ser proporcionada. 

Muchos países de esta región ya cuentan con leyes que regulan las supuestas “fake news” y los medios en línea, las cuales plantean preocupaciones respecto a los derechos humanos y que han sido usadas en otros contextos para impedir la expresión oral legítima, en especial el debate público, las críticas a las políticas gubernamentales y para suprimir la libertad de expresión.

Las medidas deben adherirse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, servir un objetivo legítimo de salud pública y deben aplicar el enfoque “menos intervencionista” necesario para lograr el resultado deseado.

Bachelet declaró que la pandemia de la COVID-19 había supuesto un endurecimiento adicional de la censura en varios países, además del arresto y detención arbitrarios de personas críticas con la respuesta del gobierno o simplemente por compartir información u opiniones sobre la pandemia.

Se han registrado detenciones por expresar descontento o por supuesta difusión de información falsa a través de la prensa y las redes sociales en Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Malasia, Myanmar, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia and Vietnam.   

La Alta Comisionada reconoció la necesidad de restringir la información errónea o desinformación que puedan resultar perjudiciales con el fin de proteger la salud pública, o cualquier incitación al odio hacia grupos minoritarios, aunque afirmó que esto no debe dar lugar a una censura intencionada o involuntaria, que pueda socavar la confianza. “A la vez que los gobiernos pueden tener un interés legítimo en controlar la difusión de información en un contexto delicado y de inestabilidad, éste debe ser proporcionado y proteger la libertad de expresión,” manifestó Bachelet.

En Bangladesh, docenas de personas han sido denunciadas o detenidas en virtud de la Ley de Seguridad Digital durante los tres últimos meses por difundir supuestamente información errónea sobre la COVID-19 o por criticar la respuesta del gobierno. Periodistas locales y defensores de los derechos humanos, algunos profesionales sanitarios, así como otros miembros del público en general han denunciado acoso o represalias por quejarse de la denegación de atención médica, de instalaciones inadecuadas o de irregularidades en la distribución de ayuda. En algunos casos, periodistas u otros observadores han sido agredidos físicamente cuando intentaban documentar prácticas fraudulentas.  

En Camboya, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha documentado la detención de 30 personas, incluyendo seis mujeres y una niña de 14 años, por realizar comentarios públicos y publicaciones en medios sociales relacionados con la COVID-19. Varias más han sido acusadas de difundir las denominadas “fake news” o “información falsa”, de incitar supuestamente a cometer un delito y de conspirar supuestamente contra el gobierno. Catorce personas permanecen detenidas, 10 de las cuales están vinculadas al Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP, según sus siglas en inglés), el principal partido de la oposición disuelto en 2017.

En China, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió información acerca de más de una docena de casos de profesionales médicos, académicos y ciudadanos comunes que parecen haber sido detenidos, y en algunos casos acusados, de publicar sus opiniones u otra información sobre la situación relativa a la COVID-19, o que han sido críticos con la respuesta del gobierno ante el brote. Entre estos casos se incluye a dos jóvenes estudiantes de postgrado que fueron detenidos en abril tras crear una base de datos en línea con contenido web relacionado con el brote de COVID-19 en China.

En India, varios periodistas y al menos un médico han sido acusados por sus críticas públicas a la respuesta por parte de las autoridades a la COVID-19. En Bombay, la policía llegó incluso a aprobar una orden que prohíbe “a cualquier persona incitar la desconfianza hacia los funcionarios del gobierno y sus medidas adoptadas con el fin de impedir la propagación del virus de la COVID-19 y de ese modo causar un peligro para la salud humana o para la seguridad o suponer una alteración del orden público”.

En Indonesia, al menos 51 personas están siendo investigadas en virtud de la ley contra la difamación por difundir supuestamente “fake news” sobre la pandemia, incluyendo tres hombres que fueron detenidos por publicar un mensaje en redes sociales afirmando sobre la aparición de casos de COVID-19 en una zona del norte de Yakarta después de que el gobierno rociara con desinfectante la zona. Existen también informes de que la policía ha bloqueado varias cuentas en redes sociales. 

En Malasia, un corresponsal del South China Morning Post, con sede en Hong Kong, está siendo investigado por un uso supuestamente indebido de las instalaciones o servicios de su medio y por supuestas ofensas intencionadas con la intención de provocar una alteración del orden público al informar sobre la detención de migrantes indocumentados, a pesar de las instrucciones ministeriales de no actuar contra el corresponsal. Según estimaciones oficiales, la Comisión de Comunicaciones y Multimedios de Malasia (MCMC, según sus siglas en inglés) ha abierto al menos 265 investigaciones relacionadas con la difusión de supuestas fake news sobre la COVID-19, durante las cuales 29 personas han sido formalmente acusadas.

En Myanmar, el 3 de abril, tres artistas del Estado de Kachin fueron acusados por realizar un mural sobre la COVID-19 que se consideró insultante para el budismo. El 21 de mayo, el Tribunal del Estado de Kayin declaró culpable y condenó a 2 años de prisión al redactor jefe de la Agencia de Noticias Dae Pyaw por realizar una “declaración que podría causar o incitar el temor del público o una insurrección”. La agencia de noticias había publicado un artículo el 13 de mayo donde se afirmaba que una persona había muerto en Kayin debido al virus y que resultó no ser cierto. El redactor fue detenido, acusado, juzgado y condenado en menos de una semana.

En Nepal, las autoridades han utilizado una rigurosa ley contra los delitos informáticos para detener a un burócrata jubilado que se mostraba crítico con el gobierno, incluyendo con su respuesta frente a la Covid-19. Según los grupos por la libertad de prensa, se han producido varios arrestos de periodistas mientras cubrían noticias relacionadas con la COVID, varios incidentes de periodistas cuya labor fue obstruida por las autoridades, y denuncias de amenazas y agresiones físicas contra periodistas.

En Filipinas, se han producido detenciones en virtud de la nueva legislación con facultades especiales por la COVID-19 la cual penaliza la supuesta difusión de “información falsa”. Entre los detenidos se encuentra un artista de Cebú por realizar comentarios en línea sobre la prevalencia de la infección en una localidad. Un ministerio gubernamental también solicitó la deportación de un trabajador migrante filipino desde el extranjero por sus comentarios en línea críticos. 

En Sri Lanka, el Inspector General de la Policía en funciones amenazó con detener a cualquier persona que supuestamente criticara o señalara “fallos menores” de autoridades que participen en la respuesta al coronavirus o que compartiera mensajes “falsos” o “maliciosos”. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka escribió una carta a la policía el 25 de abril informándoles de que cualquier arresto por la simple crítica a funcionarios públicos o a medidas sería inconstitucional. Varias personas han sido detenidas por publicaciones en sus páginas de Facebook.

En Tailandia, el Centro contra las Noticias Falsas del Ministerio de Economía y Sociedad Digital y la División para la Supresión del Crimen Tecnológico de la Policía Real de Tailandia están llevando a cabo operaciones conjuntas para combatir contenidos en las redes sociales que se consideren “desinformación” en el contexto de la COVID-19. Existe temor porque estas operaciones se dirijan también contra personas que planteen cuestiones legítimas de interés público relacionadas con la COVID-19, y que estas medidas puedan crear un clima de auto-censura. Un ejemplo es un artista tailandés detenido el 23 de abril por publicar su inquietud por la aparente ausencia de medidas de control en el aeropuerto de Suvarnabhumi tras su llegada desde el extranjero el 16 de abril. Fue puesto en libertad bajo fianza y acusado posteriormente.

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades de Vietnam han informado de que más de 600 usuarios de Facebook han sido citados para ser interrogados por publicaciones en línea sobre el brote del virus. Muchos de ellos recibieron una sanción administrativa y se han eliminado numerosas publicaciones. Hasta la fecha, al menos dos usuarios de Facebook han recibido condenas penales por publicar noticias sobre la COVID-19 consideradas como falsas, las cuales incluyen hasta nueve meses de arresto y multas que superan los 1.000 dólares americanos. Existe preocupación desde hace tiempo por la severidad de estas restricciones y las sentencias en casos en relación con el derecho al ejercicio de la libertad de expresión dentro como fuera de Internet.  

“En estos momentos de gran incertidumbre, los profesionales sanitarios, periodistas, defensores de los derechos humanos y el público en general deben tener derecho a expresar sus opiniones acerca de temas de interés público de importancia vital, como por ejemplo la prestación de asistencia sanitaria y la gestión de la crisis sanitaria y socio-económica, así como la distribución de artículos de socorro,” afirmó Bachelet.

“Esta crisis no debe ser usada para restringir las voces críticas o el flujo libre de información y el debate. Una diversidad de puntos de vista fomentará una mayor comprensión de los desafíos a los que nos enfrentamos y nos ayudará a superarlos mejor. También ayudará a los países a entablar un debate activo sobre las causas fundamentales y las buenas prácticas necesarias para superar las repercusiones socio-económicas y de otros tipos a largo plazo. Este debate es crucial para que los países pueden volver a construir mejor una vez superada la crisis.”

FIN

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