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Mil trescientos civiles fueron asesinados en la RDC en los ocho últimos meses, afirma Bachelet

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GINEBRA (5 de junio de 2020) – Aproximadamente 1.300 civiles han sido asesinados en los últimos ocho meses, en el marco de los diversos conflictos que tienen lugar entre grupos armados y fuerzas gubernamentales en la República Democrática del Congo, declaró el viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y añadió que algunos de los incidentes en los que se han registrado ejecuciones y otros abusos y vulneraciones podrían ser constitutivos de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

El número de víctimas ha aumentado rápidamente en las últimas semanas, a medida que los conflictos que se desarrollan en tres de las provincias orientales del país -Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur- se extienden con repercusiones desastrosas para la población civil. Los grupos armados han perpetrado matanzas y otras atrocidades, y las fuerzas de seguridad y defensa también han cometido graves violaciones de derechos humanos en esas provincias, así como en otras zonas del país.

“Estoy consternada por la creciente brutalidad de los ataques que los grupos armados perpetran contra civiles inocentes y por la reacción del ejército y las fuerzas de seguridad, que también han cometido graves violaciones de derechos humanos, como asesinatos y actos de violencia sexual. Estos actos no solo son crímenes reprensibles, sino que además vulneran la confianza de la población en los representantes del Estado, tanto los políticos como los encargados de la seguridad”, dijo Bachelet.

En la provincia de Ituri, la violencia se ha propagado a nuevas zonas y los grupos armados se han multiplicado. El principal de estos sigue siendo la milicia CODECO, compuesta mayoritariamente por combatientes del grupo étnico lendu, que se ha dividido tras la muerte de su líder, Ngudjolo Duduko Justin, ocurrida el 25 de marzo pasado.

Tal como quedó documentado en el informe* que el ACNUDH publicó el 10 de enero de 2020 y que actualizó el 27 de mayo, la milicia CODECO y otros combatientes lendu han mantenido desde 2017 una estrategia consistente en masacrar a otras etnias locales, -principalmente a los hema, pero también a los alur- con el fin de controlar los recursos naturales de la región. Otros grupos étnicos, entre los que figuran los ndo okebo, los nyali y los mambisa, se han visto involucrados en los combates en fechas recientes.

“En su honor, hay que decir que hasta ahora las comunidades agredidas se han abstenido de ripostar”, dijo Bachelet, que visitó Ituri en enero y se entrevistó con víctimas mutiladas y desplazadas por los feroces ataques de CODECO. “Pero, si no reciben una protección eficaz por parte de las fuerzas de seguridad estatales, existe el riesgo de que estas comunidades se sientan obligadas a formar grupos de autodefensa, lo que probablemente agravaría una situación que ya es muy difícil”.

Los ataques y la índole de la violencia perpetrada por los grupos armados se han vuelto cada vez más horrendos, con actos de violencia sexual, decapitaciones y mutilaciones de cadáveres. Según informes de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la RDC (UNJHRO, por sus siglas en inglés), del 1 de octubre de 2019 al 31 de mayo de 2020 al menos 531 civiles fueron asesinados por las milicias en Ituri, 375 de ellos desde marzo, cuando la violencia aumentó exponencialmente. Los informes apuntan a que las Fuerzas Armadas Congolesas (FARDC) y la policía nacional (PNC) ejecutaron a 17 civiles en ese mismo periodo.

En Kivu del Norte, la ofensiva de las fuerzas gubernamentales en noviembre de 2019 dio origen a represalias contra la población civil ejercidas por el principal grupo armado, el ADF, que hasta el 31 de mayo había matado al menos a 514 civiles, valiéndose de machetes, hachas y armamento pesado, había protagonizado secuestros de niños y ataques contra escuelas y hospitales. (Los combatientes del ADF también fueron responsables de la muerte de 77 civiles en la vecina provincia de Ituri). Las fuerzas de defensa del Estado también estuvieron gravemente implicadas en las atrocidades, ya que las FARDC informaron de que habían ejecutado a 59 civiles y la PNC, a 24. Más de 400.000 personas se encuentran desplazadas en Kivu del Norte.

Como consecuencia de las operaciones de las FARDC, el ADF se desplazó a zonas que previamente no se habían visto afectadas por el conflicto armado. Al igual que ocurrió en Ituri, existe el peligro de que surjan grupos de autodefensa entre los miembros de la etnia mayi-mayi y que los civiles queden de nuevo atrapados en medio de la lucha.

“Exhorto a las autoridades congolesas a que hagan todo lo posible para restablecer la autoridad del Estado en esas zonas de conflicto, incluso mediante el despliegue o la extensión de la presencia de las fuerzas de seguridad, a fin de velar por que dichas fuerzas protejan a los civiles, no que los diezmen”, declaró la Alta Comisionada. “La protección de la población civil es responsabilidad del Estado y cuando el Estado deja un vacío, otras fuerzas tienden a ocupar su lugar. La experiencia previa adquirida en la RDC indica que este remplazo puede producir consecuencias catastróficas. La índole generalizada y sistemática de algunos ataques realizados contra la población civil, tanto en Ituri como en Kivu del Norte, podría ser constitutiva de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, añadió Bachelet.

En Kivu del Sur, al menos 74 personas han sido asesinadas desde el mes de octubre y por lo menos 36 mujeres y niñas fueron víctimas de violaciones, en un rebrote de violencia étnica entre los banyamulenge, los bafuliro, los babembe y los banyindu. Más de 110.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han sido desplazadas por la violencia, estimulada por el discurso del odio que difunden la prensa, las redes sociales y las autoridades. Los soldados de las FARDC también han sido responsables de violaciones de derechos humanos, entre otras los asesinatos de al menos 15 personas, así como actos de violencia sexual contra 13 mujeres.

Graves incidentes de violencia y muerte han ocurrido también en Congo Central y Kinsasa donde, entre el 30 de marzo y el 24 de abril, al menos 62 civiles murieron y 74 resultaron heridos durante siete operaciones de la PNC y las FARDC contra el grupo político-religioso Bundu Dia Kongo (BDK).

Los seguidores del BDK realizaron manifestaciones a pesar de que estas estaban prohibidas, cortaron carreteras, desplegaron un discurso de odio, amenazaron con expulsar de Congo Central a los extranjeros y, según los informes, agredieron a varios de ellos. Además, los manifestantes reaccionaron violentamente contra las fuerzas de seguridad, mataron a un agente de policía e hirieron a otros nueve. Pero las fuerzas de seguridad respondieron de manera desproporcionada: la policía empleó sistemáticamente munición real para dispersar a multitudes que no iban armadas. El 22 de abril, en Songololo (Congo Central), agentes de policía allanaron una casa donde se habían congregado 70 adeptos del BDK, la incendiaron y ametrallaron o agredieron a machetazos a quienes huían de las llamas, causando la muerte a 19 personas, entre ellas a un niño. Dos días después, en Kinsasa, la policía y las fuerzas armadas ejecutaron a otros 31 seguidores del DBK, en el curso de una operación realizada con el fin de arrestar al líder del grupo, Ne Muanda Nsemi.     

“Las ‘Reglas y normas internacionales aplicables a la función policial’ * establecen un equilibrio claro entre la amenaza y la respuesta”, dijo la Alta Comisionada. “Incluso durante un estado de emergencia, el uso de la fuerza siempre debe ser excepcional y ha de basarse en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Las fuerzas de seguridad solo deben usar la fuerza cuando esta sea estrictamente necesaria, y la fuerza letal solo deberá usarse cuando exista peligro inminente de muerte”. 

Al instar a las autoridades a que “adopten todas las medidas necesarias para evitar la repetición de esas graves violaciones”, la Alta Comisionada hizo hincapié en que las investigaciones que se llevan a cabo han de ser creíbles, transparentes e independientes, y que las víctimas y sus familiares deben tener derecho a la justicia, la verdad y las reparaciones.

FIN

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*Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

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