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La COVID-19 ha agravado el descuido histórico de la atención de la salud mental digna, en especial para los que se encuentran en instituciones, según experto de las Naciones Unidas

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GINEBRA (23 de junio de 2020) – La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia décadas de descuido y falta de inversión en la atención de la salud mental, según ha expuesto hoy un experto independiente de las Naciones Unidas, que solicita la eliminación definitiva de las instituciones psiquiátricas cerradas donde las repercusiones han sido más graves.

"La COVID-19 nos obliga a replantear ahora más que nunca la atención de la salud mental y a integrar los derechos humanos para alejarnos del paradigma del confinamiento forzoso de las personas con discapacidades en las instituciones psiquiátricas", afirmó Dainius Pūras, el Relator Especial sobre el derecho a la salud.

La propagación del virus, el distanciamiento y el aislamiento, las crisis económicas y sociales, el desempleo, junto con el aumento de la violencia doméstica y otros tipos de violencia, han alimentado los trastornos mentales, la ansiedad y el miedo, alegó Pūras. "Éstos se ven agravados por la presencia masiva de desinformación, las noticias falsas y las teorías conspiratorias en torno al origen del virus, las estadísticas y una futura vacunación".

La combinación del cierre de los colegios y las condiciones de confinamiento tiene un efecto especial en el estrés, la ansiedad y las cuestiones de salud mental de los niños, según el experto. "Esta situación es especialmente preocupante dada la falta general de reconocimiento y conciencia sobre la índole y la envergadura de los problemas de salud mental entre los adolescentes de muchos países".

El Relator Especial aseguró que el impacto de la salud mental por la COVID-19 ha sido más grave para las personas que se encuentran en instituciones. Los sitios cerrados se han convertido en focos para el virus. Las personas con discapacidades en las instituciones psiquiátricas, los mayores en los centros residenciales y las personas detenidas son los más vulnerables al contagio por el régimen de aislamiento en el que viven durante tiempos prolongados. Además, han registrado las tasas más elevadas de contagio y mortalidad por la COVID-19 en el mundo.

“Cuando se adoptan medidas en materia de atención de la salud mental, éstas tienden a seguir el modelo tradicional y terminan reforzando las lagunas históricas, que se basan en el modelo biomédico, una patologización excesiva y el abuso de medicamentos psicotrópicos", advirtió Pūras. "La atención de la salud mental en personas con discapacidades intelectuales, cognitivas y psicosociales se ha basado, además, en la coacción, lo que ha derivado en discriminación, exclusión social y aislamiento.

El Relator Especial comentó que el principal obstáculo para hacer efectivo el derecho a la salud mental durante los tiempos de la COVID-19 y con posterioridad reside en las enormes asimetrías de poder en la atención de la salud mental y el uso sesgado del conocimiento y de los datos empíricos.

"Las inversiones en medidas coercitivas que siguen el modelo tradicional y el uso excesivo de intervenciones biomédicas deben parar y redirigirse a servicios de salud mental integrados en atención general y primaria, a intervenciones psicosociales basadas en datos empíricos y a la formación de los profesionales sanitarios de la comunidad", subrayó Pūras.

Los Estados, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas deben realizar un gran esfuerzo por reducir radicalmente el uso de la institucionalización en los centros de salud mental, con vistas a eliminar la asistencia institucional y sustituirla por una atención de calidad en la comunidad.

Puras elogió la Resolución del 43° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre salud mental y derechos humanos más reciente e instó a los Estados a aplicar con seriedad e íntegramente sus recomendaciones, incluida la incorporación total de una perspectiva de derechos humanos en los servicios de salud mental y comunitarios, el fomento de un cambio de paradigma en la salud mental, así como el abandono de todas las prácticas y tratamientos que no respeten los derechos, la autonomía, la voluntad y las preferencias de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás.

"Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y satisfacer el derecho a la salud mental, garantizar el acceso a un tratamiento, atención y apoyo basados en los derechos humanos, así como asegurar que las personas puedan ejercer su derecho a rechazar un tratamiento", aseveró el experto.

FIN

*El Experto: El Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Pūras

Sr. Dainius Pūras (Lituania) asumió sus funciones como ONU El Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental asumió sus funciones el 1 de agosto de 2014. El Sr. Pūras es el Director del Instituto de Vigilancia de los Derechos Humanos en Vilnius (Lituania), profesor de psiquiatría infantil y adolescente y de salud mental pública en la Universidad de Vilnius y enseña en las facultades de medicina y filosofía de la misma universidad. Es un médico con una notable experiencia en salud mental y salud infantil.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general del Consejo's mecanismos independientes de investigación y supervisión que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

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