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El COVID-19 agrava el riesgo de malos tratos y tortura en todo el mundo - Expertos de la ONU

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TRADUCCIÓN NO OFICIAL

GINEBRA (26 de junio de 2020) - En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, los mecanismos de las Naciones Unidas contra la tortura* advirtieron unánimemente que la pandemia de COVID-19 está conduciendo a un aumento de casos de tortura y malos tratos en todo el mundo, y que las personas sobrevivientes de la tortura están especialmente expuestas al riesgo de contraer la enfermedad debido a su situación vulnerable.

Las personas privadas de libertad, que ya se encuentran expuestas al riesgo de sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes tras las rejas y en otros espacios confinados, enfrentan ahora una nueva amenaza. A mediados de junio de 2020, más de 78,000 personas presas han contraído el COVID-19 en 79 países, y al menos 1,100 de ellas han muerto a causa de este nuevo virus en las prisiones de 35 países**.

En estas circunstancias críticas, expertos de las Naciones Unidas contra la tortura han destacado la situación especialmente vulnerable de las personas detenidas o confinadas en espacios cerrados, en los que el distanciamiento social es prácticamente imposible. Especialmente, alertaron sobre las condiciones médicas desfavorables preexistentes de personas detenidas, lo que ha contribuido a una rápida propagación del COVID-19, con consecuencias potencialmente mortales.

"Los gobiernos tienen hoy más que nunca el deber de garantizar la seguridad de todas las personas privadas de libertad. Dichas personas deben disfrutar de los mismos estándares de atención médica disponible en la comunidad, incluyendo el acceso a pruebas para la detección del virus y tratamiento médico", dijo el Dr. Jens Modvig, Presidente del Comité contra la Tortura. "Todas las personas privadas de libertad deberían ser examinadas en privado por personal médico independiente en el momento de admisión al lugar de detención o confinamiento, con el fin de ser examinadas para detectar enfermedades contagiosas e indicaciones de posibles malos tratos".

En muchas regiones del mundo se ha reportado el uso excesivo de la fuerza para hacer cumplir toques de queda y normas de distanciamiento social. Las y los expertos advirtieron que ello podría constituir tortura o trato inhumano o degradante.

Las y los expertos subrayaron además que la documentación independiente de las condiciones materiales y de vida de las personas privadas de libertad, así como la vigilancia del uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, son instrumentos indispensables para la prevención de todas las formas de malos tratos y, por lo tanto, deben formar parte de la respuesta general al COVID-19.

"El monitoreo de los lugares de privación de libertad por órganos independientes como los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP), sigue siendo una salvaguardia fundamental contra la tortura y los malos tratos. Los gobiernos deben garantizar el acceso a todos los lugares de detención", dijo Sir Malcolm Evans, Presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura. "Los Estados deben reducir la población carcelaria recurriendo aún más a alternativas a la detención preventiva y al encarcelamiento con medidas existentes no privativas de la libertad. También deberían poner fin al uso de la detención de inmigrantes y a los campos de refugiados cerrados", añadió.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Nils Melzer, subrayó la importancia de la vigilancia: "Los gobiernos deben respetar la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en todo momento, incluso durante los estados de emergencia instaurados basados en la pandemia de COVID-19". Las medidas de protección, incluidos los confinamientos y los toques de queda, no pueden justificar en ningún caso el uso excesivo de la fuerza y la coacción; todas las denuncias de tortura o malos tratos deben ser investigadas a fondo".

Subrayando la importancia de la reparación y la rehabilitación, la Presidenta de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, Vivienne Nathanson, señaló que las víctimas de la tortura corren mayor riesgo de sufrir nuevos traumas a causa de la pandemia de COVID-19. "Las víctimas de la tortura padecen problemas físicos, sociales, económicos y de salud mental. También pueden carecer de las condiciones de vida que les permitan protegerse de la propagación del virus. Reconocemos los extraordinarios esfuerzos realizados por las organizaciones de la sociedad civil para seguir prestando servicios esenciales a las personas sobrevivientes de tortura, incluyendo durante estados de emergencia y toques de queda e incluso cuando se enfrentan a actos de intimidación u obstrucción por parte de las autoridades".

La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia fallos institucionales y de procedimiento que han agravado el riesgo de tortura y malos tratos para innumerables niños, mujeres y hombres de todas las regiones del mundo, señalan las y los expertos. Advirtieron que la pandemia de COVID-19 no debe utilizarse para evitar el cumplimiento la obligación universalmente reconocida de los gobiernos de erradicar todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los cuatro expertos seguirán discutiendo sobre los desafíos señalados en un webinar público con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio de 2020, de 13:00 a 14:30 (hora del CET).

Enlace para registrarse: https://apt.zoom.us/webinar/register/WN_FFDnyi5zQwmSxsXN5C1rRg

NOTAS

* La declaración conjunta fue emitida por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el Consejo de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

** Estadísticas de Prison Insider, todos los datos sobre las personas presas, positivos de COVID, y sus muertes se cotejan a partir de las cifras oficiales del gobierno o de los últimos informes de los medios de comunicación.