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Reunión de ministros de los países nórdicos sobre las perspectivas de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en la pandemia de COVID-19

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Mensaje en vídeo de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

11 de septiembre de 2020

Muchas gracias por haberme invitado a disertar sobre este asunto tan importante. Algunos gobiernos se disponen a movilizar billones de euros para hacer frente al COVID-19 y recuperarse de la pandemia, por lo que las decisiones que adopten hoy repercutirán en el mundo durante decenios. En un momento como éste, ni los gobiernos ni los pueblos del mundo pueden prescindir de una perspectiva basada en los derechos humanos. 

Con la irrupción del COVID-19, una crisis sanitaria de rápida evolución ha coincidido con un conjunto de conflictos más lentos y más profundos, de índole social y económica, generados tanto por la discriminación y la desigualdad, como por la prolongada erosión de la democracia que afecta a algunos países.

El resultado de esta colisión es una crisis de derechos humanos de carácter masivo y complejo.  A escala mundial, observamos un conjunto de repercusiones negativas en toda la gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Pero en algunos países también vemos indicios de que los sistemas basados en los derechos humanos, tales como los de protección social y asistencia sanitaria universal, protegen hasta cierto punto a los sectores más pobres y vulnerables y garantizan las expectativas de recuperación.  

Y vemos también que algunos responsables políticos -entre otros, los de los países nórdicos- han adoptado decisiones sensatas que han contribuido a la defensa de los derechos humanos.
Otros, en cambio, han aprovechado el COVID-19 como pretexto para acallar la crítica y la protesta.

En el mundo entero, en mayor o menor grado, la crisis del COVID-19 ha afectado de manera más que proporcional a los pobres, los pueblos indígenas, los grupos marginados o discriminados, los migrantes, las personas con discapacidad, los niños y las mujeres.

Dicho de otro modo, se ha cebado con los más débiles, con quienes pocas veces logran hacer oír su voz.

Esta crisis todavía va a durar algún tiempo. A medida que vayamos enfrentándonos a sus próximas etapas, debemos aprender de los aciertos y errores de los últimos meses.

A mi juicio, la primera lección debería ser esta: para atravesar esta pandemia con la mayor seguridad posible, necesitamos más empoderamiento, más democracia y más participación de la sociedad civil.

No menos, sino más.

Es preciso construir sistemas basados en los derechos humanos, para proteger y valorar a las personas, que son el mayor recurso de cualquier país y lo único realmente esencial.

Una vez más, esta crisis ha puesto de relieve la importancia de las principales estructuras de gobernanza democrática, tales como las instituciones de supervisión, que obligan a los gobiernos a rendir cuentas de sus actos, incluso de las medidas de emergencia; la prensa libre e independiente, que difunde información exacta y de base empírica, y salva vidas, y el espacio cívico, en su expresión más amplia. 

Tenemos que afrontar los desafíos venideros con políticas basadas en los derechos humanos y los principios de la democracia y el Estado de Derecho, de modo que podamos reducir al mínimo las devastadoras consecuencias sociales y económicas del COVID-19 y logremos reconstruir nuestras sociedades y hacerlas más resilientes y más justas.