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Invocando el riesgo a la COVID-19, Bachelet apela a Irán a liberar a los defensores de derechos humanos encarcelados

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Ginebra (6 de octubre de 2020) – La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó el martes su honda preocupación por el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos, abogados y prisioneros políticos que permanecen detenidos en prisiones de Irán, y apeló a las autoridades a ponerlos en libertad en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

Irán es el país más afectado por la COVID-19 en la región. Su sistema de prisiones sufre de hacinamiento crónico y de condiciones higiénicas precarias, una situación que ha empeorado durante la pandemia. La escasez de agua, de productos higiénicos y desinfectante, un número insuficiente de equipos de protección y de equipos de pruebas, así como la ausencia de espacios de aislamiento y una atención médica inadecuada, ha conducido a la propagación del virus entre los detenidos, lo que aparentemente ha provocado varias muertes.

En febrero, la justicia iraní emitió directivas para excarcelaciones temporales destinadas a reducir la población penitenciaria y así evitar una mayor propagación del virus. Cerca de 120.000 prisioneros se beneficiaron de estos planes, según cifras oficiales. Estos planes parece que se han suspendido y se ha obligado a un gran número de prisioneros a regresar a las cárceles. Además, las personas condenadas a más de cinco años de prisión por delitos contra la “seguridad nacional” han quedado excluidas de este plan.

Como resultado, la mayoría de las personas que pueden haber sido detenidas de forma arbitraria, y que incluyen defensores de los derechos humanos, abogados, ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad, ecologistas, y otros a los que se les ha privado de la libertad por expresar sus opiniones o ejercer otros derechos, han sido expuestas a un riesgo mayor de contraer el virus.

“En virtud de la normativa internacional de derechos humanos, los Estados son responsables del bienestar, así como de la salud física y mental, de todas las personas bajo su cuidado, incluyendo aquellos que están privados de libertad,” declaró Bachelet. “Las personas detenidas exclusivamente por sus opiniones políticas o por otras formas de activismo en favor de los derechos humanos no deben ser encarceladas en ninguna circunstancia, y además estos prisioneros no deben ser tratados de ningún modo con mayor severidad o ser expuestos a un mayor riesgo.”

“Me inquieta observar como las medidas diseñadas para mitigar la propagación de la COVID-19 han sido usadas de manera discriminatoria contra este grupo específico de prisioneros”, añadió.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la prestigiosa abogada de derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres Nasrin Sotoudeh, quien recibió una condena que suma más de 30 años de prisión por delitos relativos a su trabajo en derechos humanos. En protesta por el uso continuado de detenciones arbitrarias, así como por la atención médica deficiente en prisión, Sotoudeh comenzó una segunda huelga de hambre en agosto, la cual finalizó después de casi 50 días debido al rápido deterioro de su salud. Su afección cardíaca requiere de tratamiento especializado.

“Me preocupa mucho que la vida de Nasrin Sotoudeh esté en peligro,” manifestó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Una vez más, solicito a las autoridades que la pongan en libertad de manera inmediata y que le concedan la posibilidad de recuperarse en casa antes de someterse al tratamiento médico que ella elija. Durante todos estos años, ella ha sido una tenaz y valiente defensora de los derechos de sus compatriotas iraníes, y ya es hora de que el Gobierno cese las violaciones de sus propios derechos en respuesta a los esfuerzos que ella ha realizado en nombre de otros.”

La Alta Comisionada expresó su preocupación por el ataque continuo y sistemático a personas que expresan cualquier opinión discrepante, y por la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales.

“Resulta descorazonador observar el uso del sistema de justicia penal como una herramienta para silenciar a la sociedad civil. Manifestar las discrepancias no es un delito. Es un derecho fundamental que debe ser protegido y defendido,” afirmó Bachelet.  

“Insto al Gobierno iraní a revisar, a la luz de las obligaciones legales internacionales de Irán, las cuales incluyen el derecho a un juicio justo, todas las condenas a personas detenidas sin una suficiente base legal. Y también solicito la liberación incondicional de defensores de derechos humanos, abogados, prisioneros políticos, manifestantes pacíficos y todas aquellas otras personas privadas de su libertad por expresar sus opiniones o por ejercer sus derechos de otro modo,” reclamó la Alta Comisionada. “Resulta especialmente importante remediar estas injusticias en un momento cuando la COVID-19 se está extendiendo por las prisiones de Irán.”

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