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La COVID-19 se intensifica por la discriminación racial sistémica, según Bachelet

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Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

24 de noviembre de 2020

Agradezco a los organizadores esta iniciativa. Estoy convencida de que debemos convertir este periodo en un punto de inflexión para las comunidades minoritarias de las sociedades de todo el mundo.

Resulta impactante observar el daño desproporcionado por la COVID-19 que sufren las personas y los grupos que están marginados y que son víctimas de discriminación basada en la ascendencia, en particular las personas de minorías étnicas o religiosas, además de las poblaciones indígenas.

Impactante, aunque no sorprendente.

Las personas que han quedado excluidas, y se han visto despojadas de poder por generaciones de discriminación, sistemáticamente tienen un acceso desigual a los servicios y a las oportunidades, entre otros, en la educación, la vivienda, el saneamiento, el acceso al empleo y a la justicia, así como en la participación en las decisiones que les afectan.  Se hallan en desventaja estructural cuando tienen que afrontar una amenaza. 

Asimismo, la discriminación impide el acceso igualitario de numerosas personas a una asistencia sanitaria de calidad.

Como doctora y antigua Ministra de Sanidad, he oído repetidas veces de la boca de los pacientes lo alejadas, saturadas y mal equipadas que se encontraban las instituciones médicas en sus zonas. También contaban cómo no los escuchaban, e incluso cómo les humillaban, a la hora de buscar asistencia médica por causa de estereotipos sobre las poblaciones indígenas y los miembros de los grupos minoritarios.

Cuando la COVID-19 atacó, los miembros de grupos discriminados se vieron demasiado expuestos al contagio debido a los trabajos precarios y mal remunerados que desempeñaban en áreas de actividad específicas, incluida la sanitaria. 

Se encontraban poco protegidos, dado el acceso limitado a la asistencia sanitaria y a las protecciones sociales, tales como la baja por enfermedad y la remuneración por desempleo o días de permiso.

Se hallaban con una menor capacidad estructural de aislarse en caso de contagiarse —por unas condiciones de vida inadecuadas y un acceso limitado al saneamiento—, lo que implicaba que el virus se propagara con más facilidad en sus comunidades.

Y la pandemia no hizo sino empeorar todos estos factores.

En los últimos once meses, los pobres se han vuelto más pobres y los que sufren discriminación han soportado más discriminación.

Las personas con menos acceso a un trabajo decente y a la protección social son despedidas de sus trabajos con más facilidad. Muchos se han visto obligados a realizar trabajos peligrosos e incluso más precarios, a menudo en la economía "sumergida", sin protecciones laborales, para poder ganarse el pan de cada día. Los niños de hogares con un acceso ineficiente a Internet y equipo informático se han quedado atrás en el colegio, y muchos han tenido que trabajar para ayudar a mantener a flote a las familias. La pandemia ha tenido una repercusión negativa a gran escala en lo que respecta a la seguridad económica básica, el empleo, la educación, la vivienda y la alimentación.

Además, tal y como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señaló en agosto, en la pandemia se ha constatado "un repunte significativo de la estigmatización, la difamación y la búsqueda de chivos expiatorios, lo que a menudo desemboca en actos discriminatorios, e incluso violencia... en particular contra las personas de origen asiático y africano, los migrantes, los miembros de la comunidad romaní y aquellas personas a las que se considera pertenecientes a las castas inferiores". 

Si evocamos una imagen visual, se trataría de círculos de desigualdades, indefensión y diversas formas de privación. Todos ellos se están ampliando y profundizando por la COVID-19. Y en el punto donde todos los círculos de sufrimiento y privación se solapan —en el centro y origen de este diagrama—, aparece un agujero negro de derechos humanos que ha creado la discriminación.

Tenemos que aprender de las enseñanzas de la COVID-19.

Creo en la posibilidad del cambio puesto que lo he visto: un cambio social transformador que reconcilia y brinda un mejor futuro a una nación entera. Aunque para lograr el cambio, debemos aprovechar las enseñanzas de la catástrofe. Y la COVID-19 demuestra muy claramente que las desigualdades y la discriminación no solo perjudican a las personas que se ven directa e injustamente afectadas.

También causan oleadas de conmoción que alcanzan a todos en la sociedad.

Debemos deshacer las generaciones de discriminación y falta de atención que han ayudado a su propagación, con vistas a atajar el efecto desproporcionado de la pandemia en los grupos minoritarios.

Necesitamos políticas que protejan la igualdad y que ofrezcan el acceso universal e igualitario a las protecciones de bienestar social y a la asistencia sanitaria, sin ninguna forma de discriminación.

Tenemos que mejorar la asistencia sanitaria de calidad que ha acabado mermada en muchos países por presupuestos austeros y por la falta de inversión en personal sanitario cualificado. Necesitamos una actuación inmediata y a largo plazo para hacer avanzar el derecho a la protección social. Incluso en tiempos de crisis, los Estados tienen la obligación de asignar recursos que protejan los derechos económicos, sociales y culturales de los marginados.

Además, precisamos datos sobre las pruebas, los casos y las muertes relacionados con la COVID-19 desglosados por sexo, edad, origen racial o étnico y otra condición, de forma que las políticas puedan centrarse específicamente en los ciudadanos más necesitados.

Los últimos avances en el desarrollo de una vacuna son una demostración inspiradora del ingenio humano, así como de nuestra capacidad para resolver problemas muy complejos. Tenemos que conseguir que las vacunas accesibles, asequibles y distribuirlas con equidad. 

Necesitamos instituciones que fomenten el respeto de las opiniones y derechos de todos los miembros de la sociedad — y en particular, la participación plena y significativa de las comunidades que han quedado excluidas hasta ahora, además de su consulta.

Precisamos información sanitaria oportuna, basada en datos empíricos y fiable y una educación para todos, que promuevan la toma de decisiones fundadas por parte de las personas en cuestión.

Necesitamos leyes que exijan que el sistema policial y judicial sirva y proteja a las personas con transparencia y sin discriminación.

Por último —y de forma crucial—, será fundamental crear un entorno propicio para que las organizaciones de la sociedad civil actúen con libertad y apoyen a las comunidades que más lo necesitan.

Conseguir este programa será tarea de una generación. Conllevará coaliciones amplias y esfuerzos globales. Sin embargo, la envergadura de la tarea no lo hace insuperable: significa que debemos empezar esta labor desde ya. Porque estos principios en acción conforman la base de la capacidad de recuperación. Protegen a las personas vulnerables —y a todos nosotros— de las peores consecuencias que acarrea cualquier tipo de crisis.

Los efectos inmediatos para la salud de la COVID-19, junto con sus consecuencias sociales y económicas a largo plazo, ya se han cobrado más de un millón de vidas, destruido innumerables medios de subsistencia, limitado la educación de los jóvenes, aumentado la violencia contra la mujer e incrementado el aumento de la pobreza y la hambruna en toda sociedad.

Esta propagación explosiva se está acelerando e intensificando por culpa de la discriminación. Ya es hora, ya va siendo hora, de erradicar los daños generacionales, pluridimensionales y globales.

Gracias