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Reunión entre periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos: la situación en Bielorrusia

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Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

4 de diciembre de 2020

Distinguido Presidente,
Excelencias, 
Colegas y amigos,

Lamento informar de que no se ha producido ningún avance en la situación de derechos humanos en Bielorrusia desde el debate de urgencia del Consejo que se celebró en el país en septiembre.  Todo lo contrario, en las últimas semanas se ha observado un continuo deterioro, en particular sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica.

Se ha notificado la detención de más de 27.000 personas desde el 9 de agosto. En el último mes han continuado las detenciones de cientos de personas cada semana durante las protestas —de unas 1.000 personas el 8 de noviembre, y de 700 personas el 15 de noviembre—, al mismo tiempo que siguen apareciendo acusaciones de lesiones durante las dispersiones y de maltrato durante los arrestos. Asimismo, personas mayores han sido supuestamente detenidas durante las manifestaciones pacíficas semanales de los jubilados. El 30 de noviembre, hace cuatro días, se detuvieron a casi 20 personas en una manifestación.

Parece que las sanciones impuestas a los manifestantes se están haciendo más severas. Hasta hace poco, la mayoría de los manifestantes detenidos se enfrentaban a demandas administrativas, y se les condenaba al pago de multas o a detenciones de hasta 15 días. En las últimas semanas se le han imputado delitos a un mayor número de manifestantes conforme a diversos artículos del Código Penal, lo cual a veces conlleva duras penas de prisión.

Ese fue el caso de un órgano gubernamental, la Comisión de Investigación, al anunciar que 231 personas iban a ser consideradas sospechosas tras la manifestación pacífica del 1 de noviembre por “organización y participación activa en acciones que violan flagrantemente el orden público”, un delito penal que puede conllevar hasta tres años de cárcel.

En suma, más de 900 personas habrían sido consideradas como sospechosas en casos penales en el contexto de las elecciones. Además de los manifestantes, se encuentran candidatos presidenciales de la oposición, partidarios de la oposición, periodistas, blogueros, abogados y defensores de derechos humanos. Muchos siguen detenidos.

También me preocupa profundamente el uso de la fuerza que ejercen las fuerzas de seguridad. Como bien sabe el Consejo, las autoridades deberían facilitar las reuniones pacíficas, y el uso de la fuerza durante las manifestaciones debería ser siempre excepcional, proporcionado y una medida de última instancia. Aun cuando algunos participantes cometieran actos aislados de violencia, toda la asamblea debería seguir considerándose de carácter pacífico.

Sin embargo, nuestra supervisión y análisis de las manifestaciones desde el 9 de agosto indican que, pese a la actitud abrumadoramente pacífica de los participantes, fueron sistemática y, en la mayoría de los casos, violentamente dispersados, incluso con el uso de gas lacrimógeno, cañones de agua, balas de goma y granadas de concusión, así como con el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. Observo con preocupación que al menos cuatro personas perdieron sus vidas en el contexto de las manifestaciones. Numerosos testimonios describen persecuciones, patadas y golpes con saña de forma aleatoria a los manifestantes y los transeúntes con porras durante la disolución de las concentraciones. También disponemos de varios informes fidedignos sobre personas que han sido golpeadas por miembros de las fuerzas de seguridad durante su traslado a dependencias policiales o centros de detención y posteriormente al traslado. De confirmarse, esos incidentes constituirían maltrato y, en algunos casos, pueden equivaler a tortura.

Además, individuos enmascarados, sin insignia ni identificación, a menudo han participado en la disolución de protestas, junto con la policía antidisturbios. Al parecer, se suelen emplear vehículos desprovistos de distintivos para trasladar a las personas retenidas o detenidas. Estas acciones intensifican una atmósfera de miedo, anarquía e impunidad.

Señora Presidenta, 

Me alarman las numerosas acusaciones de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos durante las detenciones, con hasta 2.000 supuestas denuncias presentadas a finales de octubre. Carecemos de información sobre los resultados de las investigaciones de estas acusaciones. Comprendo que muchas víctimas se muestran renuentes a denunciar por miedo a las represalias, según las organizaciones que les brindan apoyo.

Muchas personas detenidas afirman que se han visto recluidas en celdas masificadas, sin la ventilación adecuada, pese a los riesgos vinculados con la pandemia por COVID-19, y que se les ha negado alimentos, agua, acceso al baño y tratamiento médico. Además, han informado de palizas violentas y aleatorias, así como de actos de humillación, insultos y amenazas.

Los informes indican que, en numerosos casos de arrestos, no se respetaron las garantías procesales ni los derechos a un proceso justo, en particular los derechos de una persona a tener conocimiento de los motivos de su detención, a comparecer sin demora ante un juez, a solicitar asesoramiento jurídico y a recibir asistencia sanitaria, así como el derecho a avisar a los familiares.

Excelencias,

Lamento el acoso y detenciones continuos de muchos periodistas y defensores de derechos humanos en el contexto de las protestas.  Defensores de derechos humanos han sido arrestados en repetidas ocasiones, y dos siguen detenidos y están acusados de delitos penales sancionados con años de prisión. Se ha documentado el arresto de 373 periodistas desde agosto. Seis se encuentran actualmente detenidos. Y tres de ellos se enfrentan a delitos penales y a penas de prisión.

Los abogados vinculados con la oposición, o que trabajan en casos relacionados con las violaciones de derechos humanos,  también se encuentran bajo presión. Algunos se enfrentan a delitos penales, y a otros se les ha incapacitado.

También me preocupan las sanciones disciplinarias impuestas a profesores y estudiantes, y las denuncias por parte de personas que participaron en las manifestaciones y que reciben amenazas de retirarles la patria potestad.

Señora Presidenta, 

Es urgente que el gobierno de Bielorrusia ponga fin a las continuas violaciones de derechos humanos. En particular, solicitamos al gobierno:

  • Que libere de inmediato a todas aquellas personas detenidas ilícita o arbitrariamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de participación.
  • Que respete el derecho de reunión pacífica, y que cese la dispersión violenta de las reuniones pacíficas y las represiones judiciales contra los organizadores y los participantes.
  • Que cree un entorno propicio para que todas las personas, los defensores de derechos humanos, los periodistas y los abogados puedan participar en asuntos públicos y efectuar sus actividades con seguridad y libertad.
  • Que garantice la realización de investigaciones rápidas, completas, independientes, transparentes e imparciales en todas las acusaciones de tortura y otras violaciones de derechos humanos, incluidas las muertes de al menos cuatro personas en el contexto de las protestas, que los responsables respondan de sus actos y que aplique principios de justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familias.

Además, exhorto al gobierno a que adopte las medidas hacia un diálogo nacional genuino, respetuoso e inclusivo.

Lamentablemente, a un equipo técnico de mi Oficina de Ginebra se le negó el acceso a Bielorrusia para fines de supervisión. Sin embargo, seguiremos con la supervisión a distancia. Tal y como solicitó este Consejo, presentaré un informe detallado en su 46º período de sesiones con recomendaciones encaminadas a apoyar el refuerzo de los derechos humanos y del estado de derecho, junto con el desarrollo de instituciones responsables.

Gracias, señora Presidenta.