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Sri Lanka avanza de forma alarmante hacia la repetición de violaciones - Informe de la ONU

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GINEBRA (27 de enero de 2021) - Un nuevo informe de las Naciones Unidas publicado el miércoles advierte de que la incapacidad de Sri Lanka para solucionar violaciones pasadas ha aumentado de forma significativa el riesgo de que se repitan violaciones de derechos humanos. El informe destaca tendencias preocupantes durante al año pasado, como una impunidad cada vez mayor, un aumento de la militarización de las funciones gubernamentales, una retórica etno-nacionalista, y una intimidación de la sociedad civil.

Casi 12 años después del fin del conflicto armado en Sri Lanka, la impunidad por violaciones y abusos graves de derechos humanos cometidos por todas las partes está más arraigada que nunca, debido a que el gobierno actual obstruye proactivamente investigaciones y juicios, y revierte los avances limitados que se habían conseguido anteriormente, indica el informe, tal como se instruía en el mandato incluido en la resolución 40/1 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El informe insta a un mayor control y a medidas preventivas más enérgicas por parte de la comunidad internacional, advirtiendo que «la trayectoria actual de Sri Lanka abona el terreno para la repetición de políticas y prácticas que dieron lugar a violaciones graves de derechos humanos.»

Entre las señales de alerta temprana que destaca el informe se encuentran: la creciente militarización de las funciones del gobierno civil, la anulación de importantes salvaguardas constitucionales, la obstrucción política a la rendición de cuentas, una retórica excluyente, la intimidación de la sociedad civil, y el uso de leyes anti-terrorista.

Desde 2020, el Presidente ha designado a al menos 28 antiguos o activos militares y personal de información para ocupar puestos administrativos claves, según señala el informe. Especialmente preocupante es la designación de oficiales militares de alto rango que aparecían como implicados en informes de las Naciones Unidas en supuestos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante los últimos años del conflicto. Entre estos se incluye a Shavendra Silva como Jefe del Ejército en agosto de 2019 y Kamal Gunaratne como Secretario del Ministerio de Defensa en noviembre de 2019.

El Gobierno ha creado equipos de tareas y comisiones militares paralelos que interfieren con las funciones civiles, y que anulan importantes mecanismos de control institucionales, amenazando los logros democráticos, la independencia del poder judicial y otras instituciones clave, señala el informe.

El informe también documenta un patrón de aumento del control y acoso a las organizaciones de la sociedad civil, a defensores y víctimas de derechos humanos, además de un espacio cada vez menor para los medios independientes. Más de 40 organizaciones de la sociedad civil han denunciado este acoso por parte de diferentes cuerpos de seguridad, que incluyen al Departamento de Investigación Criminal, la División de Investigación Terrorista y de funcionarios de Inteligencia del Estado.

«La Alta Comisionada insta a las autoridades a poner fin de forma inmediata a toda forma de control, incluyendo visitas intimidatorias por agentes del Estado y acoso contra defensores de derechos humanos, abogados, periodistas, agentes sociales y víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, y de abstenerse de imponer más medidas legales restrictivas a las actividades legítimas de la sociedad civil,» declara el informe.

El informe advierte que a pesar del compromiso manifiesto por el Gobierno con la Agenda 2030, las minorías Tamil y Musulmana son cada vez más marginadas y excluidas en las declaraciones del Gobierno sobre su estrategia nacional y política. La retórica de división y discriminatoria por las más altas autoridades del Estado corre el riesgo de generar una mayor polarización y violencia. La comunidad musulmana de Sri Lanka es usada cada véz más como chivo expiatorio, tanto en el contexto de la COVID-19 como tras los ataques del Domingo de Pascua en abril de 2019.

El informe destaca que el conficto armado en Sri Lanka surgió en un transfondo de discriminación y marginalización cada vez más arraigadas de las minorías del país, en especial de los Tamiles. En sucesivos informes de las Naciones Unidas se han documentado violaciones y abusos graves de derechos humanos por todas las partes, incluyendo asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual que afecta a miembros procedentes de todas las comunidades de Sri Lanka.

Numerosas comisiones de investigación designadas por sucesivos gobiernos no han conseguido establecer de forma creíble la verdad y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones, indica el informe. El Gobierno ha designado ahora una nueva comisión de investigación para evaluar las conclusiones de comisiones anteriores, pero su composición carece de diversidad e independencia, y su mandato no inspira confianza en que arrojará algún resultado importante.

Una Comisión Presidencial de Investigación para investigar una supuesta «victimización política» de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y otros ha socavado investigaciones policiales y procesos judiciales relacionados con varios casos destacados de derechos humanos y corrupción.

Un antiguo jefe de la División de Investigación Criminal, quién estuvo a cargo de investigaciones de varios casos emblemáticos de derechos humanos, ha sido detenido, mientras que otro inspector de la misma División abandonó Sri Lanka, por miedo a represalias por su papel de investigador encargado de varios casos emblemáticos, y se enfrenta ahora a cargos penales.

«A la vez que el sistema de justicia penal en Sri Lanka sufre injerencias desde hace tiempo, el Gobierno actual ha obstruido activamente o ha intentado detener investigaciones y procesos penales en curso para impedir la rendición de cuentas por crímenes pasados,» indica el informe.

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet destacó que la incapacidad para enfrentarse al pasado continúa teniendo efectos devastadores para decenas de miles de miembros de familias de todas las comunidades que persisten en buscar justicia, reparaciones, y la verdad sobre la suerte de sus seres queridos.

«Apelo a la comunidad internacional a que atiendan a las peticiones decididas, valientes, y persistentes de las víctimas y sus familias en busca de justicia, y presten atención a las señales de alerta temprana de más violaciones que es posible que sucedan,» afirmó Bachelet, a la vez que pedía medidas concretas por parte de los Estados Miembro de las Naciones Unidas.

«Dada la demostrada incapacidad y falta de voluntad del Gobierno para propiciar la rendición de cuentas a nivel nacional, es hora de que la acción de la comunidad internacional garantice la justicia por crímenes internacionales. Los Estados deben también llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos en sus tribunales nacionales, bajo principios aceptados de competencia extraterritorial o universal, por crímenes internacionales cometidos por todas las partes en Sri Lanka,» declaró Bachelet.

«Los Estados pueden considerar sanciones selectivas, como por ejemplo la congelación de activos y las prohibiciones de viajar para presuntos autores con base creíble de haber cometido violaciones y abusos graves de derechos humanos.» Las contribuciones de Sri lanka a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas deben ser examinadas constantemente, añadió la Alta Comisionada. Bachelet también instó al Consejo a apoyar la creación de personal específico dedicado a recopilar y conservar pruebas para futuros procesos de rendición de cuentas.

La Alta Comisionada remarcó que Sri Lanka solamente logrará un desarrollo sostenible y la paz si aborda de manera eficaz la impunidad sistémica y garantiza un espacio cívico.

«El no hacerlo conlleva el germen para patrones reiterados de violaciones de derechos humanos y potenciales conflictos en el futuro,» explicó.

En la elaboración del informe, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas envió preguntas detalladas al Gobierno y recibió respuestas por escrito, a lo que siguió una reunión virtual sustantiva con representantes del Gobierno el 7 de enero de 2021. El Gobierno también realizó comentarios sobre el informe.

El informe será presentado formalmente al Consejo de Derechos Humanos el 24 de febrero, a lo que seguirá un diálogo interactivo.

FIN      

Enlace al informe: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LK/Sri_LankaReportJan2021.docx

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