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Video de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en el evento Audiência de custódia e garantia de direitos na perspectiva internacional

Brasil, 30 de abril de 2021

Estimado Ministro Luiz Fux,
Excelencias,

Me complace dirigirme a este evento del Consejo Nacional de Justicia de Brasil.

La protección de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, incluidas las personas privadas de libertad, es una de las prioridades de mi Oficina en la región.

Brasil tiene un sistema carcelario superpoblado, con una ocupación de 170%, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En julio de 2020 eran más de 750 mil personas en las cárceles, más de 40% de ellas de manera provisoria, en espera de decisión.

La Corte Suprema (STF) ha reconocido como “inconstitucional” la situación del sistema carcelario brasileño.

En febrero de 2015, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) estableció el procedimiento de “audiencias de custodia” en que los magistrados evalúan la legalidad de la detención en sus primeras 24h.

La audiencia de custodia es un instrumento clave para que las personas detenidas denuncien posibles abusos, especialmente torturas y malos tratos, informando inmediatamente a las autoridades judiciales.  Está basada en las normativas internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el articulo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En visitas a Brasil, el Relator sobre la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura hicieron numerosas recomendaciones, incluso garantizar y ampliar la aplicación de las audiencias de custodia a todo el país.

El Subcomité considera que dichas audiencias desempeñan un papel importante en la detección y prevención de actos de tortura y otras formas de violencia cometidos por agentes de policía.

Entre 2015 y 2020, más de 750 mil audiencias de custodia fueron realizadas en Brasil y reconocemos que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) sigue trabajando para mejorar las condiciones en las que se celebran, así como su eficacia.

Aunque las audiencias de custodia no hayan logrado todo su potencial como instrumento para prevenir los abusos y la violencia policial en Brasil, la inmediata presentación de la persona presa al juez es una de las formas más eficaces para garantizar su integridad física y mental y de prevenir la tortura.

Estimadas y estimados colegas,

En marzo de 2020, se suspendieron las audiencias de custodia en el país en razón de la pandemia de la COVID-19.

Mientras reconozco el gran esfuerzo del Poder Judicial, datos publicados por el CNJ afirman una caída de 84% en la detección de la tortura y malos-tratos desde esta suspensión.

Un descenso tan alarmante refuerza la necesidad de garantizar las audiencias de custodia para hacer frente a los abusos y la violencia del Estado.

El hacinamiento y las condiciones precarias a las que están sometidas las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario y socioeducativo en Brasil también agravan los factores de riesgo de propagación de la COVID-19.

Teniendo en cuenta la grave crisis sanitaria, mi Oficina publicó una serie de directrices, entre ellas la importancia de adoptar acciones estratégicas que reconozcan las diferencias y la diversidad para "no dejar a nadie atrás".

En este contexto, emitimos recomendaciones a los Estados para que adopten medidas urgentes para mitigar las consecuencias de la COVID-19 en personas privadas de libertad.

Saludo el Consejo Nacional de Justicia por las medidas que han otorgado, priorizando a las poblaciones con mayor riesgo para su salud frente a un posible contagio.  

En el caso de las audiencias de custodia, la decisión de celebrarlas por videoconferencia debería ser una medida excepcional en el contexto de la pandemia, considerando que no es un medio plenamente eficaz para garantizar los derechos y evitar los abusos.

De todos modos, deben observar criterios de legitimidad y seguridad, no pudiendo celebrarse en comisarías u otros lugares que no aseguren la plena garantía a la integridad física y mental de estas personas.

Sobre todo, es importante reconocer que esta cuestión tiene graves consecuencias para la lucha contra la tortura en el país, con un impacto directo en las personas vulnerables, especialmente los jóvenes negros, principales víctimas del racismo y la violencia estatal en Brasil.

La falta de acceso a la justicia y a la defensa, el racismo institucional y la ausencia de peritos independientes son algunos de los obstáculos que impiden que las denuncias de tortura se reciban y se investiguen adecuadamente.  

El subregistro también alimenta el negacionismo de la tortura y, a su vez, la impunidad de esta práctica.

De esta manera, destaco la importancia de retornar al modelo de audiencia de custodia presencial cuando sea posible, a través de un plan de restablecimiento que tenga en cuenta las cuestiones sanitarias relacionadas con la grave pandemia que enfrenta Brasil.

Les deseo muchos éxitos.

Muchas gracias.