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47º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Tema 2: Actualización sobre derechos humanos por parte de la Alta Comisionada


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Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

21 de junio de 2021 

Distinguido Presidente del Consejo, 
Excelencias, 
Colegas y amigos,

Es un honor dirigirme a este Consejo con ocasión de su 15º aniversario, tristemente, en un momento de graves retrocesos para los derechos humanos. 

La extrema pobreza, las desigualdades y las injusticias están en aumento.  El espacio democrático y cívico están siendo erosionados. El poder salir de esta complicada crisis de la COVID-19, y avanzar hacia un futuro inclusivo, ecológico, sostenible y resiliente, será la labor de esta generación de líderes mundiales, o podrá suponer su caída. 

El Llamamiento a la Acción en favor de los Derechos Humanos del Secretario General es un programa que conecta, de un modo más estrecho que nunca, los pilares de las Naciones Unidas que son el desarrollo, la paz y la seguridad, así como los derechos humanos.

Sitúa al apoyo a todo el espectro de los derechos humanos en el centro de la capacidad de todas las sociedades para poder recuperarse de la emergencia pandémica, así como en el centro de la labor de todos los organismos y equipos de las Naciones Unidas. 

El Secretario General también ha destacado la necesidad de un Nuevo Contrato Social, respaldado por un Nuevo Pacto Mundial de solidaridad, que comparta de forma más justa poder, recursos y oportunidades.    En septiembre el Secretario presentará en la Asamblea General un plan para una Agenda Común a todas las Naciones Unidas. 

Se trata de iniciativas audaces que hacen hincapié por primera vez en el poder de los derechos humanos para garantizar un desarrollo sólido e inclusivo, una paz sostenible, y sociedades que se guíen por la confianza.

Aprovecho esta oportunidad para poner al día al Consejo sobre el análisis y trabajo realizado por mi Oficina para dar efecto a estas iniciativas, y para asegurar que ambos colaboran para ofrecer consecuencias de peso para las personas de todo el mundo. 

Con este fin, quiero destacar dos temas: 

En primer lugar, el Llamamiento a la Acción crea un impulso sin precedentes para desplegar el poder de las alianzas en todas las Naciones Unidas. Estoy decidida a garantizar que esta iniciativa conduce a un análisis de países más amplio, mejor integrado y basado en pruebas sólidas; una defensa unificada; y una programación sobre el terreno con una mejor focalización, más efectiva, gracias estar sólidamente fundamentada en los derechos humanos. 

En segundo lugar, el Llamamiento a la Acción subraya la necesidad de abordar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en forma de una sinergia convincente donde estos se refuercen mutuamenteLos derechos económicos y sociales, y el derecho al desarrollo, son derechos universales. No se trata de servicios ordinarios que tengan un precio establecido por el mercado, sino de factores claves para construir sociedades más pacíficas y justas.  Y los derechos civiles y políticos son igual de cruciales para construir sociedades inclusivas y participativas.  Juntos, independientemente de la riqueza o etapa de desarrollo de un país, estos pasos para defender estos derechos generan un respaldo poderoso de confianza por parte de los ciudadanos.   

Tal como destaqué en este Consejo en una etapa anterior de mi mandato, las políticas que generan justicia social ayudan también a desarrollar economías más sólidas. Estas impulsan sistemas políticos más inclusivos.  Refuerzan la confianza.  Generan esperanza.  Las políticas que respaldan los derechos de toda persona a tomar sus propias decisiones hacen avanzar la Agenda 2030; son positivas para las comunidades y las naciones.  El espacio para que la sociedad civil y los medios independientes critiquen y debatan promueve la transparencia y la innovación.  Los sistemas que hacen justicia a las víctimas supone que se reconozcan las demandas, y facilitan construir o reconstruir la seguridad y la paz. 

El Llamamiento a la Acción nos reclama promover el objetivo de todas las Naciones Unidas de trabajar para defender todos los derechos humanos. 

Va a ser una tarea compleja, y absolutamente fundamental.  
 
Señora Presidenta,

Estoy convencida de que el Llamamiento a la Acción será un instrumento poderoso de integración de derechos humanos sin precedente alguno, que creará una dinámica e impulso para una una integración mucho más sólida de los derechos humanos en todo el trabajo realizado en todas las Naciones Unidas, en especial a nivel de países.

Ya estamos observando en una serie de países un mejor análisis de las repercusiones de leyes y políticas nacionales sobre personas que sufren formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, incluyendo a mujeres y niñas; una programación de las Naciones Unidas más focalizada; y una defensa más sólida y unificada, con liderazgos con facultad para hablar abiertamente sobre derechos. 

En Camboya, por ejemplo, la pobreza se ha duplicado durante la pandemia, y actualmente se calcula que afecta al 17,6 por ciento de la población.  Hace dos años, el índice de pobreza era del 10%.  Nuestros empleados en derechos humanos, en colaboración con todo el sistema de las Naciones Unidas en Camboya, han abogado por un sistema de protección social correctamente diseñado y sustentado en los derechos humanos; así como dar prioridad a presupuestos para asistencia sanitaria; además de un espacio cívico más amplio.  Una nueva Estrategia en Derechos Humanos del Equipo en el País garantizará el respaldo de un trabajo de desarrollo y recuperación de la pandemia basado en los derechos. 

En Serbia, conforme la pandemia iba acelerándose, nuestro asesor de derechos humanos se asoció con colegas de las Naciones Unidas, agencias gubernamentales y la sociedad civil para emprender actividades urgentes de divulgación destinadas principalmente a residentes Romaníes en asentamientos informales de calidad ínfima localizados por todo el país.   De este esfuerzo inédito por delinear las necesidades más urgentes se beneficiaron en última instancia más de 700 asentamientos.  Se señalaron áreas clave donde un acceso inadecuado a agua potable, electricidad, saneamiento e ingresos básicos revelaban tanto un abandono de larga data como una amenaza inminente para la salud pública.  Esta iniciativa, que solamente se podría haber puesto en marcha gracias a la labor de todo el Equipo en el País, condujo a respuestas inmediatas y específicas por parte de las autoridades, con una planificación posterior destinada a solventar el abandono sistémico y la exclusión social. 

En Argentina, el Equipo de las Naciones Unidas en el País se movilizó rápidamente para dar respuesta a situaciones críticas sobre derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa, según iba avanzando la pandemia.    El Coordinador Residente de las Naciones Unidas lideró una misión de evaluación virtual con participación de UNICEF, UNFPA, OMS/OPS y ACNUDH.  Posteriormente el Coordinador inició consultas con las autoridades para crear un posible programa estratégico conjunto con las Naciones Unidas con el fin de responder a la emergencia sanitaria en la provincia, en línea con normas internacionales sobre derechos humanos, que incluía el hacer frente a una serie de problemas estructurales, con especial atención a las poblaciones indígenas y vulnerables. 

El Llamamiento a la Acción ha sido determinante para hacer realidad cambios significativos.  Supondrá una ayuda esencial conforme trabajamos por hacer realidad la ambición de la nueva generación de Análisis Comunes para los Países y Marcos de Cooperación para el Desarrollo Sostenible.  Necesitamos asegurarnos de que todos los actores de las Naciones Unidas entienden quiénes son los más marginados y por qué; que identifiquemos conjuntamente los retrocesos en derechos humanos; y que actuemos conjuntamente allí donde el apoyo colectivo de las Naciones Unidas puede ayudar a los Estados a abordar dificultades clave en materia de derechos humanos, incluyendo las desigualdades estructurales. 

Excelencias,

 

Nuestro Conjunto de Iniciativas, establecido en septiembre de 2019, desempeñó un papel clave a la hora de mejorar las competencias económicas de nuestros equipos sobre el terreno en un momento crucial.  Según iba avanzando la pandemia, hemos podido contar con un equipo de economistas trabajando sobre el terreno para que colaboraran con los empleados de las Naciones Unidas sobre economía y desarrollo y ofrecieran asesoramiento sobre estrategias de recuperación para cada país y el uso de políticas fiscales adecuadas con el fin de aprovechar al máximo los recursos disponibles a cada Estado. 

Esta labor se sustenta en gran parte en las recomendaciones específicas de los expertos publicadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales, otros Órganos creados en virtud de Tratados, y numerosos titulares de mandato de los Procedimientos Especiales. 

En Guinea, por ejemplo, este apoyo técnico y financiero supuso que nuestra presencia en el terreno fuera capaz de llevar a cabo una evaluación del impacto del sector minero sobre los derechos humanos, en concreto sobre los derechos económicos y sociales.  La minería es una de las principales fuentes de ingresos de Guinea, y por tanto un potencial acelerador clave para el desarrollo sostenible y para una mejor realización de los derechos económicos y sociales.  Pero la minería salvaje o artesanal, en particular, está asociada con graves violaciones de derechos humanos, incluidos el desplazamiento forzado y la degradación medioambiental.

Nuestra evaluación contó con la gran cooperación del Equipo de las Naciones Unidas en Guinea y una labor muy positiva por parte de los funcionarios gubernamentales, la institución nacional de derechos humanos y las propias empresas mineras, así como de las comunidades y de los grupos de la sociedad civil. Todo ello ha dado lugar a reformas políticas en curso, que incluyen cambios legislativos y reformas de gobernanza en el sector minero y la gestión de los recursos naturales. Se han previsto acciones de desarrollo de capacidades y refuerzo de los marcos jurídicos, además de iniciarse un proyecto piloto conjunto sobre el derecho al desarrollo entre el ACNUDH y el gobierno.

No se puede pretender que un programa de recuperación en un país sea plenamente efectivo si la discriminación sigue frenando a la mitad de la población. Nos hemos aliado con UNICEF y ONU Mujeres para elaborar encuestas en diez países de África Occidental y Central —Benín, República Centroafricana, Côte d’Ivoire, la República Democrática del Congo, Guinea, Malí, Níger, Senegal, Sierra Leona y Togo— sobre los efectos específicos de la pandemia en mujeres y niñas. Esta tarea, que transcurrirá hasta finales de julio, se guía por las recomendaciones de la CEDAW sobre la recopilación de datos precisos desglosados por edad y sexo.  Al abordar la falta tan generalizada de datos primarios sobre género, es probable que brinde nuevas perspectivas sobre formas múltiples de discriminación sufridas por las mujeres, y puede sugerir nuevas formas para resolverlas. Asimismo, está en consonancia con la necesidad de apoyo que varios gobiernos han expresado para dar respuestas basadas en datos empíricos a la pandemia. Y aportará información fundamental a las respuestas programáticas de las Naciones Unidas ante la COVID-19.

El Llamamiento a la Acción constituye un ámbito clave para realizar una labor más sólida que aborde los efectos interconectados del cambio climático, la contaminación y la pérdida de naturaleza sobre los derechos. Estamos liderando, junto con el PNUMA y el PNUD, iniciativas interinstitucionales para hacer avanzar el derecho humano a un entorno saludable mediante el desarrollo de orientaciones en las Naciones Unidas sobre la protección de los defensores de derechos humanos en relación con el medio ambiente, el énfasis de la participación de los niños y los jóvenes en la toma de decisiones medioambientales, y el respaldo a la labor que desempeñan los equipos en los países y las instituciones nacionales de derechos humanos en estos ámbitos. 

En el Pacífico, nuestra Oficina Regional y el PNUMA han proporcionado formación de desarrollo de capacidades a defensores de derechos humanos en relación con el medio ambiente. Asimismo, están promocionando entornos propicios más amplios que empoderen a las redes de derechos humanos y a otros agentes de cambio positivo.

Excelencias,

El establecimiento de un Nuevo Contrato Social consiste en recobrar la confianza ciudadana mediante un mayor respaldo de los derechos fundamentales. Resulta vital establecer sociedades en las que los dirigentes prioricen la lucha contra las desigualdades y la promoción de los derechos a la protección social, a la salud, a la educación, y más. Esas inversiones públicas en los compromisos jurídicos contraídos por cada estado pueden afianzarse mediante políticas macroeconómicas que tratan de maximizar los recursos disponibles, incluso mediante una fiscalidad progresiva y frenando los flujos financieros ilícitos. Una economía basada en derechos humanos requiere transparencia, rendición de cuentas y un amplio espacio que favorezca el diálogo social, el escrutinio y la participación.

Según el Banco Mundial, entre enero y septiembre de 2020, más de 200 países pusieron en marcha unas 1.000 medidas de protección social que supusieron un gasto medio de 243 dólares per cápita. Los programas de transferencias de efectivo por sí solos llegaron a 1,3 mil millones de personas, o al 17 por ciento de la población mundial. Aunque no siempre es posible, ni deseable, mantener exactamente los mismos programas a largo plazo, este reconocimiento sin precedentes de la función que desempeñan las protecciones sociales a la hora de apoyar una economía operativa, y de sustentar a una sociedad, abre una ventana para la realización del derecho universal a la protección social, con el fin último de reducir la exclusión, prevenir la vulnerabilidad y reforzar la capacidad de recuperación. Las pruebas son concluyentes: los países que invirtieron en protección social han sido más capaces de sobrellevar la crisis.

En Ucrania, la misión de las Naciones Unidas de vigilancia de los derechos humanos elaboró unas recomendaciones detalladas para que el gobierno pusiera remedio a un acceso deficiente a las protecciones sociales —en particular, para los más pobres y socialmente excluidos—, y colaboró con el Equipo de las Naciones Unidas en el País para integrar mejor las protecciones sociales en la respuesta y recuperación ante la COVID-19.  Un documento de política a nivel de equipo en el país, que se lanzó en un evento de alto nivel en abril, tiene por objeto contribuir a las reformas actuales del sistema de pensiones por parte del gobierno mediante la garantía de un enfoque basado en el género y los derechos humanos. Nuestro personal aplica en la actualidad un proyecto de presupuestación basado en los derechos humanos que se centra específicamente en la protección social a nivel local en diez localidades. Asimismo, han contribuido a las actividades de promoción del Equipo en el País con el FMI y el Banco Mundial respecto a las medidas que podrían suponer una carga desproporcionada para las personas vulnerables.

En Madagascar, donde el Código de minería nacional y los procesos de tributación conexos de la minería se encuentran en proceso de revisión en el Parlamento, nuestro Asesor de Derechos Humanos formuló unas recomendaciones de política para recaudar ingresos adicionales de las empresas mineras para luchar contra la exrema pobreza y participar en el desarrollo sostenible, incluyendo las comunidades locales. Otros propusieron medidas encaminadas a impulsar los derechos de las comunidades afectadas, que incluyen evaluaciones de impacto de los derechos humanos de carácter obligatorio cuando se solicitan o se renuevan los permisos de explotación minera. Los resultados del proyecto han contribuido al Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que integraba un pilar exclusivo sobre la gestión sostenible, inclusiva y resiliente del medio ambiente.

El mes pasado, en un taller que organizamos con la OIT, la Oficina de Coordinación del Desarrollo y ONU Mujeres se examinó cómo podemos trabajar conjuntamente para ayudar a que los países amplíen su espacio fiscal a fin de aumentar el gasto social. Como antigua funcionaria gubernamental, soy muy consciente de que muchos países se enfrentan a los efectos simultáneos del comercio mundial colapsado, de la caída de las remesas, de las turbulencias en los precios de los productos básicos y la carga de la deuda,  y todo ello socava su capacidad de cumplir los derechos económicos y sociales. La reasignación del gasto público, el uso de técnicas probadas contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos, la adopción de políticas fiscales progresivas y el aumento de la transparencia presupuestaria, la participación y la rendición de cuentas pueden ayudar a dejar más margen fiscal. Una vez más, nuestros debates internos resaltaron el trabajo práctico que se realiza en los países, y las asociaciones en todas las entidades de las Naciones Unidas, para integrar evaluaciones y enfoques en materia de derechos humanos en la labor de desarrollo.

Es esencial que todo el Equipo de las Naciones Unidas en el País colabore con las instituciones financieras internacionales para velar por que hagan valer plenamente los derechos humanos en sus financiaciones y condiciones.   Necesitamos el apoyo y la promoción de alianzas mundiales sólidas con el verdadero espíritu del ODS 17. Tenemos que asegurar que la financiación del desarrollo se ajuste a las normas internacionales, aborde la discriminación y otras causas principales de las desigualdades, e integre la participación y la responsabilidad. Valoro mis intercambios con la Directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el Presidente del Banco Mundial, David Malpass, y anhelo ver plasmadas sus convicciones en materia de derechos humanos en todas las operaciones de sus organizaciones.

En Líbano, nuestra Oficina ha colaborado estrechamente con el Equipo en el País y los socios nacionales a fin de concienciar sobre los efectos de la crisis económica, de la pandemia y de la explosión del puerto de Beirut en la capacidad de la población para cubrir sus necesidades básicas. Precios exorbitantes, incluso en los alimentos, están alcanzando cuotas críticas, lo que deja las vidas y una estabilidad social frágil pendientes de un hilo.  Nuestro equipo sobre el terreno, en cooperación con socios, preparó un documento de posición del Equipo de las Naciones Unidas en el País ante el FMI que formulaba propuestas de reforma desde una óptica firme de los derechos humanos y que insiste en los derechos y las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Señora Presidenta, 

Para recuperarse de la avalancha grave y extensa de retrocesos para los derechos humanos en nuestras vidas, necesitamos una visión transformadora, y unas medidas concertadas que seguir. Precisamos de una economía de derechos humanos, un desarrollo basado en los derechos humanos, junto con sociedades que, en toda su diversidad, compartan compromisos fundamentales para reducir las desigualdades y promover todos los derechos humanos. Tenemos que afianzar nuestros Estados en la base sólida de la justicia —a sabiendas de que este esfuerzo generará la capacidad de recuperación y la gran confianza ciudadana que todo gobierno desea inspirar—.

El Llamamiento a la Acción constituye un esfuerzo colectivo y sustancial, y el respaldo de todos los Estados, así como de la sociedad civil y otras partes interesadas, resulta fundamental. Sus voces y apoyo en pro de los derechos humanos —en la esfera nacional, regional y mundial— serán clave para el éxito de este esfuerzo.

En ACNUDH estamos trabajando con este fin, así como en muchos de nuestros socios de las Naciones Unidas, y aspiramos a llegar mucho más lejos con una mejor financiación y un mayor respaldo de los Estados Miembros. Confío en que este Consejo también prosiga sus esfuerzos que pueden concretizar esta visión del Llamamiento a la Acción en favor de los Derechos Humanos en todo el mundo. 

Señora Presidenta, 

En mi informe global ante el Consejo en febrero de este año, señalé aspectos de la situación de derechos humanos en Algeria, Brasil y otros países de la región del Amazonas y de Pantanal, Camboya, Chile, China, las Comoras, Ecuador, Egipto, Etiopía, Guinea, Haití, India, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania, Cachemira a ambos lados de la Línea de Control, Kazajstán, la República Democrática Popular Lao, Libia, Malawi, Malí, la zona de conflicto de Nagorno Karabaj, Pakistán, Perú, Filipinas, la Federación de Rusia, Arabia Saudí, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Turquía, Uganda, los Estados Unidos de América, Vietnam, y Yemen, así como mis inquietudes en torno a las actuaciones emprendidas contra organizaciones que protegen los derechos de los migrantes en varios países europeos, sobre todo Hungría y Croacia.

En el diálogo interactivo, responderé con gusto a cualquier consulta posterior a mi declaración de febrero. Además, quisiera presentar al Consejo información adicional sobre unas cuestiones recientes de gran importancia, y señalar, además, que las situaciones en Georgia, Irán, Myanmar, Nicaragua, Ucrania y Venezuela se abordarán más adelante durante esta sesión, y que la situación en el Territorio Palestino Ocupado se debatió recientemente en una sesión especial.

En Afganistán, me alarma el aumento acusado de la violencia y los daños causados a la población civil. El reciente ataque a un colegio en una zona hazara de Kabul —en el que 85 niños perdieron la vida, la mayoría de ellos niñas— resultó especialmente impactante, incluso al cabo de tantas décadas de ataques horrendos contra familias afganas. En los seis meses transcurridos desde que se iniciaron las conversaciones entre el gobierno y los talibanes, las bajas civiles han aumentado en un 41 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La retirada de las fuerzas internacionales, cuya finalización se prevé para septiembre, está suscitando temor al futuro —en particular, entre las mujeres, comunidades minoritarias, defensores de derechos humanos y periodistas— con suma preocupación por el riesgo de perder los avances logrados con tanto esfuerzo en los últimos veinte años. Exhorto a todas las partes a que reanuden las conversaciones de paz estancadas y a que apliquen con carácter urgente un cese al fuego para proteger a los civiles. El papel independiente de la valerosa Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán ha de estar protegido. Ante el deterioro rápido de esta situación, insto al Consejo a aumentar sus actividades de seguimiento y a plantearse mecanismos para dar una respuesta de prevención efectiva.

La situación en Belarús también sigue empeorando, con restricciones graves al espacio cívico, entre otros, los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica, incursiones contra la sociedad civil y los medios independientes, además de la persecución judicial de defensores de derechos humanos y periodistas. Seguimos recibiendo numerosas denuncias de detenciones y arrestos arbitrarios, tortura y maltrato. Nuestro examen de la situación en Belarús, conforme a la Resolución 46/20, está en curso. Lamento que el gobierno, por su parte, haya optado por suspender la presencia de nuestro Asesor Superior de Derechos Humanos en Minsk, un puesto que ofrecía una representación importante y una ventana para la cooperación.

Respecto a Chad y Malí, he sentido una profunda preocupación por los cambios recientes, de carácter no democrático e inconstitucional, en el gobierno, lo que representa inevitablemente un problema importante para los derechos humanos, y los cuales han debilitado la protección institucional de las libertades democráticas. Sin embargo, observo que los gobiernos de transición de ambos países han afirmado sus compromisos continuados de respetar las obligaciones jurídicas internacionales, incluidas las relativas a los derechos humanos.   Me sumo a otros agentes internacionales para pedir un refuerzo de la labor de lucha contra la impunidad, unos procesos de transición democrática plenamente participativos e inclusivos, incluida la celebración de elecciones libres y justas, así como un retorno rápido y completo al orden constitucional en Chad y Malí.

En cuanto a China, hace un año de la adopción de la Ley de seguridad nacional en la RAE de Hong Kong, sobre la cual mi Oficina ha expresado su honda preocupación. Hemos seguido de cerca su aplicación y la repercusión abrumadora que ha tenido sobre el espacio cívico y democrático, así como en los medios independientes. Desde el 1 de julio de 2020, 107 personas han sido detenidas conforme a esta ley y 57 han sido formalmente acusadas, cuyo primer caso se ha llevado a juicio posteriormente esta semana. Este hecho será una prueba importante de la independencia del poder judicial de Hong Kong en su disposición de respetar las obligaciones del país conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de conformidad con la Ley Básica. Aparte, sigo examinando con China las modalidades para realizar una visita, que incluiría el acceso significativo, a la región autónoma de Xinjiang Uyghur, y espero que pueda conseguirse este año, sobre todo porque siguen llegando denuncias de graves violaciones de derechos humanos.

En Colombia, se han realizado protestas nacionales desde el 28 de abril, contra un trasfondo de crisis económica preexistente y profundas desigualdades sociales agravadas por la pandemia de COVID-19. Mi Oficina ha manifestado su gran preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Aunque las manifestaciones han sido pacíficas en su mayoría, se han registrado algunos casos de violencia. Mi Oficina condena todas las formas de violencia, insta al pleno respeto del derecho de reunión pacífica y fomenta el diálogo para resolver la crisis. Hemos constatado denuncias de 56 muertes, entre ellos, 54 civiles y dos agentes de policía, en el escenario de las protestas —principalmente en la ciudad de Cali—, así como 49 presuntas víctimas de violencia sexual, entre el 28 de abril y el 16 de junio. Asimismo, mi Oficina se encuentra registrando abusos de derechos humanos por parte de agentes no estatales y los efectos de obstáculos continuados sobre los derechos humanos.  Acojo con agrado el anuncio del Presidente sobre la política de tolerancia cero frente a los abusos a manos de las fuerzas de seguridad y pido a las autoridades que se aseguren de investigar de forma oportuna, efectiva e independiente todas las acusaciones de violaciones y abusos de derechos humanos cometidos desde el 28 de abril, así como de que los responsables respondan de sus actos. La aplicación plena del Acuerdo de Paz, que incluye el respaldo al proceso histórico de justicia transicional, sigue siendo clave en la respuesta al malestar actual. El cumplimiento de estas promesas esenciales a la población colombiana contribuirá a abordar las causas profundas y a aumentar la confianza ciudadana en las autoridades.

En la región de Tigray de Etiopía, me inquietan profundamente los informes continuos de graves violaciones del derecho humanitario internacional, junto con violaciones flagrantes de derechos humanos y abusos contra civiles a manos de todas las partes del conflicto, entre otros, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y arrestos arbitrarios, violencia sexual contra niños y adultos, así como el desplazamiento forzado. Informes fidedignos indican que los soldados eritreanos siguen actuando en Tigray y perpetrando violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario. La situación humanitaria es muy delicada y nos comunican la negación del acceso a la ayuda humanitaria en algunas localidades y el saqueo de los suministros humanitarios por parte de soldados. Se calcula que unas 350.000 personas viven bajo la amenaza del hambre. La investigación que estamos llevando a cabo en Tigray de forma conjunta con la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía está en marcha y contamos con equipos sobre el terreno desde el 16 de mayo. Esperamos concluir este trabajo en agosto y se darán a conocer los resultados y recomendaciones del mismo. En muchas otras partes de Etiopía, incidentes alarmantes de violencia mortal y desplazamiento entre etnias y comunidades están vinculados a la creciente polarización de antiguas rencillas. El despliegue actual de fuerzas militares no es una solución duradera, y animo a entablar un diálogo integral y multidimensional en todo el país para abordar los verdaderos agravios.

En Haití, continúa la agitación política, vinculada en gran parte al desacuerdo sobre la organización de un referéndum para una nueva Constitución, y la celebración de elecciones en septiembre. Las autoridades deberían garantizar el derecho de voto en condiciones de seguridad. En este contexto, me preocupan extremadamente los elevados índices de inseguridad y la dificultad aparente por parte del gobierno de atajar esta tendencia. Al parecer, la policía no ha intervenido en varios enfrentamientos recientes entre grupos delictivos en Port-au-Prince. Estos incidentes han resultado en al menos 50 muertes, el desplazamiento de más de 13.000*  personas, y han agravado el acceso de por sí muy limitado a los servicios básicos. Condeno enérgicamente los ataques violentos cometidos contra la policía nacional de Haití y que han provocado la muerte de 26*agentes de policía desde enero.* Exhorto a las autoridades a que intenten por todos los medios posibles garantizar la protección de la población haitiana y abordar las causas primarias de la violencia.

México celebró las elecciones de mayor magnitud de su historia a principios de mes frente a varios desafíos. Me alarmó el grado de violencia política en el contexto electoral. Al menos 91 políticos y miembros de partidos políticos, entre los que se encuentran 36 candidatos electorales, fueron asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre de 2020.  Además, se han producido otros ataques mortales y amenazas contra políticos, sus partidarios y funcionarios públicos involucrados en la labor electoral. Los partidos de todo el espectro político se vieron afectados, y las mujeres se han enfrentado a violencia de género, incluyendo violencia sexual y campañas de difamación. Es vital garantizar la depuración de responsabilidades por estos actos y que no se repitan.  Para avanzar, también animo a las autoridades a abstenerse de usar un lenguaje que perjudique a quienes expresan opiniones discrepantes, o que de alguna forma pone en tela de juicio la independencia de los organismos autónomos, incluidas las instituciones electorales. Valoro el reciente fallo del Tribunal Supremo de México por el cual se aceptan las recomendaciones de actuación urgente del Comité contra la Desaparición Forzada como jurídicamente vinculantes para las autoridades.

En Mozambique, estoy consternada por el creciente conflicto del norte, donde grupos armados cometen graves violaciones de derechos humanos, que incluyen el asesinato brutal de civiles, la violencia sexual y de género, la trata de personas, secuestros de niños y la explotación infantil. Se constata que los ataques se dirigen particularmente contra mujeres y niñas. También tengo noticia de graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del estado, que cuentan con el apoyo de empresas de seguridad privada. Casi 800.000 personas, de las cuales 364.000 son niños, se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia, y se enfrentan a una mayor inseguridad alimentaria. Me inquieta la falta de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. Es importante que todas las presuntas violaciones, ya sea por parte de agentes privados o públicos, se investiguen, se juzguen, y que se adopten medidas para poner fin a actos de este tipo. Las restricciones a los derechos de información, libertad de expresión y libertad de prensa constituyen un problema grave, junto con los asesinatos de defensores de derechos humanos y el acoso a los mismos, y la discriminación contra mujeres y niñas. Es alentador que el Presidente de Mozambique haya aceptado recientemente la oportunidad de reforzar nuestra colaboración y compromiso y haya prometido tratar la situación de derechos humanos.

En la Federación de Rusia, me preocupan las recientes medidas que socavan aun más el derecho de las personas a expresar opiniones críticas, y su capacidad de participar en las elecciones parlamentarias programadas para septiembre. A inicios de este mes y tras la finalización de las audiencias, un tribunal de Moscú dictaminó que la Fundación Anticorrupción liderada por el opositor encarcelado Aleksei Navalny se trataba de una «organización extremista». Asimismo, concluyó que la Fundación de Protección de Derechos de Ciudadanos asociados tenía carácter «extremista» con base en denuncias imprecisas sobre intentos de cambiar los fundamentos del orden constitucional. Anteriormente, se aprobó una ley que prohibía a las personas implicadas en actividades de «organizaciones extremistas» ilegales presentarse como candidatas en ningún proceso electoral.

Exhorto a Rusia a que respete los derechos civiles y políticos. La legislación que restringe las libertades de expresión, asociación y de reunión pacífica debería armonizarse con las normas internacionales de derechos humanos. Insto, además, a las autoridades a poner fin a la práctica arbitraria de etiquetar a personas normales, periodistas y organizaciones no gubernamentales de «extremistas», «agentes extranjeros» u «organizaciones indeseables».

En Sri Lanka, me preocupan las nueva medidas del gobierno que se considera que tienen como objetivo a los musulmanes, y el acoso de los tamiles, incluso en el contexto de eventos conmemorativos de aquellas personas que perecieron al final de la guerra. Me inquieta el hecho de que los nuevos nombramientos de la Oficina de Desaparecidos y de la Oficina de Resarcimientos y las medidas para desalentar investigaciones sobre delitos pasados está minando aún más la confianza de las víctimas. La nueva normativa de lucha contra el terrorismo —que incluye la inclusión o prohibición de más de 300 grupos y personas tamiles y musulmanes por su presunto apoyo al terrorismo—tampoco harán progresar la reconciliación. Esta normativa ahora permite realizar detenciones administrativas arbitrarias de personas hasta dos años, sin que haya juicio, con el fin de luchar contra la radicalización. También constato una serie continuada de muertes en custodia policial y en el contexto de enfrentamientos policiales con supuestas bandas criminales. Se deberían llevar a cabo las investigaciones oportunas, completas e independientes.  Seguiremos colaborando con el gobierno, y mantendré informado al Consejo al respecto en el periodo de sesiones de septiembre, así como sobre el progreso en la aplicación del nuevo mandato de rendición de cuentas.


Asimismo, me complace informar de que estamos a punto de concluir el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos con el gobierno de Filipinas. Tomo nota de las medidas adoptadas por el gobierno en su revisión interna de presuntos asesinatos por parte de la policía. Es importante que la nueva investigación de los casos ofrezca resultados significativos, puesto que la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos sigue siendo motivo de preocupación de larga data en Filipinas. Insisto una vez más en la importancia que reviste proteger y garantizar la plena participación de la sociedad civil y de la institución nacional independiente de derechos humanos. Informaré al Consejo sobre esta situación de nuevo en septiembre.
Gracias, señora Presidenta.

 


 

 

Corregido a partir de la versión presentada oralmente, la cual contenía cifras desactualizadas por cuestiones técnicas.