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Informe del ACNUDH sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden (A/HRC/47/53)

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47º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Presentación de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

12 de julio de 2021

Distinguido Presidente,
Excelencias,
Colegas,

El asesinato de George Floyd fue un punto de inflexión, que desplazó la atención del mundo a las violaciones de derechos humanos soportadas habitualmente por los africanos y los afrodescendientes. En su debate urgente posterior, este Consejo encargó un informe, A/HRC/47/53, el cual tengo el honor de presentar hoy, junto con el documento de sesión conexo, A/HRC/47/CRP.1.

Ambos textos están fundamentados en experiencias vividas. Me he reunido y he escuchado a los familiares de afrodescendientes muertos a manos de agentes del orden. Las consultas en línea con más de 340 personas, en su mayoría afrodescendientes, resultaron fundamentales para nuestro análisis. Estas conversaciones profundas, junto con más de 110 aportaciones recibidas de los Estados y otras partes interesadas, conformaron nuestro análisis y recomendaciones sobre las formas de conseguir un cambio transformador y acabar con las grandes injusticias, infligidas durante generaciones. 

Excelencias,

Nuestro informe examina de qué forma el racismo sistémico contra los africanos y los afrodescendientes afecta a sus derechos en todos los ámbitos de la vida, lo que agrava las desigualdades, su marginación y agudiza la falta de igualdad de acceso a las oportunidades, los recursos y el poder.

Esta historia empieza en la primera infancia. Siempre que se disponen de datos, se pone de manifiesto que los niños afrodescendientes a menudo son objeto de discriminación racial en los centros de enseñanza, reciben peores resultados académicos y en ocasiones reciben un trato de delincuentes desde edad temprana.

En algunos Estados, los afrodescendientes tienen mayores probabilidades de vivir en la pobreza, ganar salarios más bajos, ocupar puestos de trabajo menos cualificados, y de enfrentarse a un acceso desigual a una vivienda adecuada y a una asistencia sanitaria de calidad.

Estos obstáculos se complican con una escasa participación y representación de los afrodescendientes en los procesos de toma de decisiones y en la vida pública. El racismo sistémico se ve más acentuado por la interseccionalidad, y las afrodescendientes, en particular, están obligadas a afrontar múltiples formas de discriminación.

En el ámbito de la aplicación de la ley, el informe se centra en incidentes mortales en los que no se ha hecho justicia notable y sistemáticamente. Pone de manifiesto cifras desproporcionadamente adversas para los afrodescendientes en contacto con las fuerzas del orden. Y explica de qué forma los controles policiales excesivos —incluso en función del establecimiento de perfiles raciales— acaban en mayores porcentajes de detenciones y encarcelamientos, y condenas más severas, incluida la imposición desproporcionada de la pena de muerte.

 La Oficina recibió información sobre al menos 190 muertes de africanos y afrodescendientes a manos de agentes del orden, de las cuales el 98 % se produjeron en Europa, América Latina y América del Norte. Además, examinamos de cerca siete incidentes emblemáticos de muertes de africanos y afrodescendientes en contacto con las fuerzas del orden, entre ellos, George Floyd y Breonna Taylor en Estados Unidos, Adama Traoré en Francia, Luana Barbosa dos Reis Santos y João Pedro Mattos Pinto en Brasil, Kevin Clarke en Reino Unido, y Janner García Palomino en Colombia.

En general, pese a los diversos sistemas jurídicos, algunas de las prácticas, pautas y problemas coinciden, junto con la recurrencia de prejuicios, estereotipos y perfiles raciales. La asociación perjudicial y degradante de la negritud con la criminalidad y la delincuencia parece determinar las interacciones de los afrodescendientes con los agentes del orden y la justicia penal. Las muertes relacionadas con la policía destacaron en tres contextos clave: la actuación de las fuerzas del orden ante delitos leves, en controles de tráfico y en otros controles policiales, la intervención de agentes como equipo de respuesta inicial ante una crisis de salud mental, y la realización de operaciones policiales especiales en el contexto de la “guerra contra las drogas” o relacionadas con las bandas. 

Muchos Estados no han adoptado leyes y políticas claras y eficaces sobre el uso de la fuerza, lo que aumenta el riesgo de cometer violaciones. Además, rara vez se exigen responsabilidades a los agentes del orden por las violaciones de los derechos humanos y los delitos perpetrados contra los afrodescendientes. Las deficiencias de las investigaciones, unos mecanismos de supervisión, denuncia y rendición de cuentas inadecuados y el prejuicio generalizado de la presunta culpabilidad subyacente que pesa sobre los afrodescendientes son factores coadyuvantes. Las investigaciones, los procesamientos y los juicios sobre todo no tienen en cuenta debidamente el posible papel que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios pueden tener en los incidentes mortales que implican a la policía.

Sr. Vicepresidente,

Nuestro informe también examina las respuestas de las autoridades a las protestas pacíficas contra el racismo. Percibimos denuncias creíbles del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra algunas protestas, y diferencias en la vigilancia policial de protestas en pro de la justicia racial en comparación con otras manifestaciones.  La represión de las protestas contra el racismo en algunos países debe considerarse dentro de un contexto más amplio, en el que las voces de los afrodescendientes, y de las personas que luchan contra el racismo, son sofocadas, y los defensores de derechos humanos de los afrodescendientes afrontan represalias como acoso, amenazas, procesamientos penales, violencia y asesinatos.

Ante estas justicias profundas y amplias, existe la necesidad urgente de hacer frente a los legados de la esclavitud, la trata transatlántica de esclavos, el colonialismo y los sucesivos sistemas y políticas racialmente discriminatorios, y de procurar una justicia reparadora. Pese a algunas iniciativas hacia la búsqueda de la verdad y formas limitadas de reparación —incluidas conmemoraciones, reconocimientos, disculpas y actuaciones ante los tribunales—, nuestra investigación no pudo encontrar ni un solo ejemplo de Estado que haya afrontado el pasado ni haya asumido su responsabilidad integral por el impacto en las vidas de los afrodescendientes hoy en día.

Excelencias,

Nuestro informe presenta al Consejo recomendaciones prácticas sobre cuatro pilares de acción interconectados que resultan esenciales para abordar el racismo sistémico.

Acción una. Los Estados deben reconocer el carácter sistémico del racismo en todos los aspectos de la vida a fin de transformar las estructuras, las instituciones y los comportamientos que dan lugar a la discriminación directa o indirecta. Las reformas que impliquen “al conjunto del Gobierno y de la sociedad” deben incluir compromisos claros y de duración determinada que sean supervisados por instituciones independientes. La recopilación y publicación de datos oficiales desglosados por raza u origen étnico, género, edad y otros factores, resulta fundamental.

Acción dos. Se deben depurar responsabilidades a los agentes del orden por los delitos y violaciones de derechos humanos perpetrados contra los africanos y los afrodescendientes. Asimismo, tenemos que analizar en profundidad la propia actuación policial, y aplicar enfoques alternativos en algunas situaciones —entre ellas, los entornos educativos, las crisis de salud mental, en relación con la gestión de la migración y las fronteras, y durante las manifestaciones—. El sistema policial y de justicia penal solo recuperarán la confianza de la población si se considera que preservan la dignidad y la igualdad, y protegen y sirven a todos los miembros de las comunidades. Deberían crearse o reforzarse unos mecanismos de supervisión y denuncia independientes, y las reformas deberían restringir el uso de la fuerza y prohibir la creación de perfiles raciales. Un gran número de familias, de diversas jurisdicciones, han denunciado ante mi Oficina las enormes dificultades que tienen a la hora de buscar la verdad y hacer justicia, y hay una clara necesidad de contar con unos mecanismos efectivos e independientes que apoyen a las personas afectadas por violaciones de las fuerzas del orden.

Acción tres. Los Estados deben defender los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y proteger a los organizadores, participantes, observadores y periodistas durante las protestas contra el racismo, así como a aquellos que se alzan en contra del racismo fuera de esas protestas. Asimismo, los Estados deberían garantizar la participación y representación efectiva de los afrodescendientes, en particular las mujeres y jóvenes, a todos los niveles, entre otros, en el mantenimiento del orden y el sistema de justicia penal, así como en los procesos de adopción de decisiones.

Sr. Vicepresidente,

Bajo el racismo sistémico y la violencia racial de hoy día subyace la falta de un reconocimiento oficial de la responsabilidad de los Estados y otros agentes que participaron o se beneficiaron de la esclavitud, la trata transatlántica de esclavos africanos y el colonialismo, y los que siguen beneficiándose de este legado.

Se privó a comunidades, familias y personas de sus vidas, medios de subsistencia, recursos y derechos, y esto todavía continúa.

El pilar final de esta agenda transformadora recomienda que los Estados creen, refuercen y financien por completo procesos integrales —con la plena participación de las comunidades afectadas— para compartir la verdad sobre lo que se hizo, y sobre los daños que se siguen ocasionando. Determinar la verdad sobre estos legados, y su impacto a día de hoy, así como adoptar medidas para abordar estos daños mediante una gran variedad de medidas de reparación es fundamental para sanar a nuestras sociedades e impartir justicia por delitos terribles. Las medidas adoptadas para hacer frente al pasado transformarán el futuro.    

Insto a todos los Estados a recurrir a la gran institución de obligaciones y compromisos internacionales, y a demostrar una mayor voluntad política de acelerar la acción en favor de la justicia y la igualdad raciales.

Agradezco a este Consejo la importante iniciativa de encargar el presente informe. Exhorto a los Estados a que, mediante diálogos nacionales y la participación significativa de los afrodescendientes, traduzcan la agenda en planes de acción y medidas concretas para abordar las historias específicas y las realidades actuales de cada Estado.

Mi Oficina puede ayudar a respaldar estas iniciativas. Esperamos expandir nuestra colaboración con los Estados y este Consejo para poner en práctica esta agenda, entre otras cosas mediante el fortalecimiento de la asistencia que presta a los Estados y a otras partes interesadas, la cooperación con las víctimas y las comunidades afectadas, y la orientación de los procesos en favor de la justicia racial en los Estados.

Animo a este Consejo a que siga atendiendo de cerca estas cuestiones mediante el establecimiento de un mecanismo específico y con plazos definidos para promover la justicia y la igualdad raciales en el contexto del mantenimiento del orden en todas las partes del mundo. 

Ahora es el momento de actuar. 

Gracias.