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32º período extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre las consecuencias de la situación actual en la República de Sudán

Declaración por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

5 de noviembre de 2021

Señora Presidenta,
Excelencias, 

La toma del poder por los militares en el Sudán el 25 de octubre de 2021 es sumamente preocupante.  Supone una traición a la valiente e inspiradora revolución de 2019, y contraviene tanto la legislación internacional sobre derechos humanos como el propio documento constitucional del país además de otros documentos fundacionales de la transición. 

Los acontecimientos ocurridos desde el golpe han recordado una página oscura de la historia del país cuando se reprimió la libertad de expresión, y se anularon la mayoría de derechos humanos.  Numerosas personas, incluyendo ministros del gobierno, miembros de partidos políticos, abogados, activistas de la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de las protestas han sido detenidos y encarcelados.  Tras su detención, el Primer Ministro fue sometido a arresto domiciliario, a la vez que la televisión estatal anunció ayer la puesta en libertad de cuatro ministros. 

El paradero de la mayoría de los detenidos permanece desconocido, además de mantenerse incomunicados, sin acceso a abogados o a sus familiares, desaparaciones forzadas que empeoran la gravedad de sus detenciones arbitrarias.

Tal como apeló el Consejo de Seguridad la semana pasada y que reiteró el Secretario General ayer, todos los detenidos y encarcelados desde la toma del poder por los militares deben ser puestos en libertad de forma inmediata. Este factor es también fundamental para iniciar un diálogo que se requiere con urgencia además de una vuelta inmediata a un gobierno civil.

Las protestas masivas en las calles que se han producido desde el 25 de octubre han sido contrarrestadas en varias ocasiones con un uso excesivo de la fuerza, que incluye el uso de munición real, tal como ha documentado la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Sudán, en especial en Jartum y Omdurman.  Según fuentes médicas, al menos 13 civiles han resultado muertos por fuerzas militares y de seguridad desde el 25 de octubre, y más de 300 han resultado heridos.

Este uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas del Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido, y de otras fuerzas de seguridad, que incluyen a la policía militar y a elementos de la inteligencia, debe terminar de forma inmediata.  Aquellos responsables de estas y otras violaciones de derechos humanos deben responder plenamente por sus actos.

En un país donde las mujeres y las chicas jóvenes han sido líderes activas en el movimiento en pro de la democracia y los derechos humanos, existen denuncias de la detención, acoso, amenazas, y en muchas ocasiones, hasta de palizas a activistas que participaban en protestas.   También he recibido varios informes preocupantes de violencia contra mujeres, que incluyen el asalto en la madrugada del 25 de octubre a una residencia femenina de estudiantes situada cerca de los cuarteles militares de Jartum. Las estudiantes fueron aterrorizadas y golpeadas, causándoles heridas graves.

Agentes de la seguridad del Estado, a menudo vestidos de paisano, han atacado también a actores principales del espacio cívico.  La Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha documentado el arresto y detención de periodistas, miembros del comité de resistencia, así como de activistas.  El periódico Democrat en Jartum, y la Agencia de Noticias del Sudán, fueron asaltadas por fuerzas militares y otras sin identificar, y el Director General de la radio y televisión estatales del Sudán ha sido despedido.  Se me ha informado que todas las emisoras de radio y canales de televisión del país han interrumpido sus emisiones, con la excepción de la Televisión Nacional del Sudán y Radio Omdurman, que están controladas por las autoridades militares. Los periódicos han dejado de imprimir. También han resultado asaltadas varias oficinas de organizaciones de la sociedad civil.

Contraviniendo la legislación internacional en derechos humanos, desde el 25 de octubre se ha impuesto un cierre en todo el territorio nacional del acceso a Internet.   El cierre ha impedido que la población pueda acceder a información, incluyendo información importante sobre servicios; y ha restringido considerablemente también la capacidad de mis propios empleados para seguir operando.

A pesar de las restricciones a la libertad de movimiento y la interrupción de las comunicaciones, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha conseguido de igual manera continuar supervisando derechos humanos clave y con su labor de presentación de informes, en cooperación con socios de la sociedad civil.  También prosigue la labor de promoción en relación a conocer la identidad, ubicación y el estado legal de todas las personas bajo arresto, con miras a poder visitarles para comprobar su estado y las condiciones de su arresto. 

Señora Presidenta,

He recibido informes que aseguran que existen conversaciones en curso en Jartum entre los militares y los líderes civiles. 

Apelo a los líderes militares del Sudán, y a sus partidarios, a que se aparten del poder con el fin de permitir que el país vuelva al camino del progreso hacia reformas institucionales y legales.  De forma concreta, los últimos dos años han visto avances importantes hacia la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos y de comisiones de investigación claves tal como se contempla en el Documento Constitucional, incluyendo sobre justicia transicional; tierras; mujeres e igualdad de género; reformas legales; y corrupción.

Es significativo que varios relatores y miembros del Comité para el Desmantelamiento del Régimen del 30 de junio de 1989, Anti-Corrupción y Recuperación de Fondos Públicos hayan sido detenidos durante las últimas dos semanas.  Este es el órgano de transición encargado de la averiguación, la recuperación de activos públicos procedentes de las propiedades del antiguo régimen, así como de la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción.  A fecha de 2 de noviembre de 2021, el jefe interino del Comité Nacional de Jartum; su presidente suplente; el Relator; el Portavoz; y tres miembros del Comité, permanecían detenidos.  A nivel regional, dos Relatores y cinco miembros de comités sub-nacionales en los Estados de Nyala, Sinnar y Aljazeera permanecen detenidos.  También fueron detenidos numerosos colaboradores del Comité de Desmantelamiento, incluyendo abogados independientes y funcionarios.

Estos hechos dan a entender que los líderes militares tienen la intención de derogar los acuerdos para la justicia de transición, las reformas institucionales, la lucha contra la corrupción y la garantía de no repetición de abusos pasados tal como aparecen reflejados en el Documento Constitucional.

Las acciones militares también han socavado las expectativas que suponía el Acuerdo de Paz de Juba firmado el año pasado, así como la situación en Darfur.  A la vez que las autoridades militares ofrecían garantías de que el Acuerdo de Paz de Juba no resultaría afectado, al menos dos de los principales firmantes de este Acuerdo se aponen a la toma del poder por parte de los militares y han amenazado con retirarse del Acuerdo.  Es probable que las partes no signatarias se muestren ahora aun más reacias a unirse al Acuerdo.

Recuerdo al Consejo que cualquier tensión que exista entre estos actores armados amenaza con agravar las tensiones sobre el terreno de Darfur, lo que podría suponer una vez más una amenaza directa para los civiles de la región.

Excelencias,

Mi Oficina ha venido colaborando en profundidad con las autoridades de la transición democrática en el Sudán para construir capacidad nacional con el fin de reformar la legislación y las políticas, para afianzar los recursos judiciales, para crear órganos de justicia de transición sólidos, para abrir el espacio cívico, y para poder defender los derechos humanos de todas las personas del Sudán.

El Sudán ha sido un modelo de progreso para la región, por lo que es urgente restaurar el régimen civil, y de ese modo, crear una vía clara y bien fundamentada de reformas que puedan hacer realidad las aspiraciones del pueblo a tener democracia, al estado de derecho y a los derechos humanos.

El pueblo del Sudán tiene derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.  El uso excesivo de la fuerza, como por ejemplo el uso de munición real, para reprimir la expresión de estos derechos es ilegal e injustificado.  Es necesario restituir Internet y todas las demás formas de comunicación, en consonancia con el derecho internacional.  Esto es especialmente fundamental para que las personas puedan seguir informadas durante una crisis como la actual, y para poder comunicarse unos con otros.  Y tal como se afirmó previamente, todos los detenidos de forma arbitraria deben ser puestos en libertad, con vistas a promover el diálogo y la vuelta del poder civil.

Confío en que este Consejo adopte las medidas adecuadas para garantizar una supervisión específica y experta de todos los aspectos relativos a la situación de derechos humanos en el país, mediante la creación de un mecanismo apropiado e independiente, además del apoyo que las Naciones Unidas, incluyendo la Oficina Conjunta de Derechos Humanos, continuará ofreciendo al Sudán y a su población.

Debemos apoyar la evidente aspiración del pueblo del Sudán de tener democracia y una sociedad basada no en una fuerza arbitraria, sino en el estado de derecho, un deseo que continúan expresando y un derecho que, con gran valentía y dignidad, siguen demandando justamente..

Gracias, señora Presidenta.