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«Los sistemas existentes de salud mental siguen fallando a menudo a las personas que buscan apoyo,» según la Alta Comisionada

Consulta entre Períodos de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre Salud Mental y Derechos Humanos

 Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

15 de noviembre de 2021

Excelencias,
Distinguidos ponentes, 

Es un honor inaugurar la mesa redonda de hoy.  

Según seguimos batallando contra la COVID-19, la salud mental está finalmente emergiendo como una prioridad de orden global. 

Como debería haber sido siempre. 

La pandemia ha tenido enormes consecuencias para la salud mental y bienestar de todas las sociedades.  Y, como fue el caso de otros grupos en situaciones de vulnerabilidad, la COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado para las personas con afecciones de salud mental o discapacidades psicosociales. 

Las personas que residen en estructuras institucionales se han tenido que enfrentar a un empeoramiento de sus condiciones existentes, a un mayor riesgo de contagio, al confinamiento, a la sobremedicación, al aislamiento e incluso a la muerte. 

Los pocos servicios comunitarios de salud mental que existían en algunos países se vieron a menudo interrumpidos o sufrieron recortes presupuestarios.  

La pandemia ha agravado las deficiencias que ya existían en el apoyo psicosocial.  Estas han quedado más expuestas ahora.  Al igual que se ha hecho más evidente la urgencia de que nosotros, como comunidad global, «promovamos un cambio de paradigma en la salud mental y adoptemos, pongamos en práctica, actualicemos, reforcemos o supervisemos, según sea el caso, todas las leyes, políticas y prácticas existentes». 

Esto es lo que esta Resolución 43/13 del Consejo nos insta a llevar a cabo.  

Los sistemas de salud mental existentes siguen fallando a menudo a las personas que buscan apoyo. 

Bien sea porque muchas personas con discapacidades psicosociales y con trastornos de salud mental o no tienen acceso a servicios de apoyo basados en la recuperación, o porque se ven atrapados en un círculo vicioso de violencia a la hora de interactuar con estos servicios. 

Por ejemplo, se ha calculado que más del 10% de la población vive con un problema de salud mental en un momento dado.  La cobertura del tratamiento es de una mala calidad inaceptable, en especial en países de ingresos bajos y medianos. 

Históricamente, las personas con discapacidades psicosociales y con problemas de salud mental han sido consideradas de manera errónea peligrosas para ellas mismas y para los demás.   Estas personas son todavía por lo común ingresadas en instituciones, en ocasiones durante toda su vida; criminalizadas y encarceladas debido a su condición mental. 

¿Buscarían ustedes apoyo de salud mental en un sistema que les niega el poder elegir y el control sobre las decisiones que les afectan, les encierran y les impiden tener contacto con amigos y familia? Si consiguieran vencer todos estos obstáculos, ¿podrían volver a este sistema?

Consideremos dos escenarios diferentes. 

Si una persona con trastornos emocionales es recibida con violencia a la hora de buscar atención médica, es justo afirmar que puede que no quiera volver a participar en estos servicios.  Una falta de apoyo recurrente aumenta el riesgo de exclusión, la posibilidad de quedarse sin hogar y de recibir aun más violencia. 

Por otro lado, ¿y si la experiencia de una persona con el sistema de salud mental fuera uno donde se respetaran su dignidad y derechos? ¿Un sistema donde profesionales cualificados entendieran que el tipo de experiencia del paciente con los profesionales afecta a cómo los pacientes acceden y hacen uso del sistema? ¿Un sistema que no solamente capacitara a una persona para ser dueña de su propia recuperación, sino que además apoyara su camino hacia la salud y el bienestar?

Este sistema tiene su base en los derechos humanos. 
 
 Se trata de un enfoque que defiende la confianza, permite la recuperación y ofrece tanto a usuarios como a profesionales un marco donde su dignidad y derechos sean valorados y respetados.  

En línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesario un cambio urgente que se aleje de la institucionalización y se enfoque en la inclusión y el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad. 

Esto exige una mayor inversión en servicios de apoyo basados en la comunidad que den respuesta a las necesidades de las personas 
 
 Los gobiernos deben también incrementar sus inversiones para reducir las deficiencias en materia de derechos humanos que puedan conducir a una salud mental deficiente, como son la violencia, la discriminación y un acceso inadecuado a alimentos, agua y saneamiento, protección social y educación. 

Excelencias,

La consulta de hoy supone un espacio para compartir experiencias positivas a la hora de defender y proteger los derechos de las personas con trastornos de salud mental o discapacidades psicosociales usando la legislación y las políticas públicas. 

Los derechos humanos y los principios generales consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos guiarán durante este recorrido.

Me alienta el compromiso expresado por los gobiernos durante la última Asamblea Mundial de la Salud para ampliar la calidad de los servicios de atención a la salud mental a todos los niveles.  Y me anima saber que algunos países han encontrado nuevas vías para dar más atención a la salud mental, incluso mediante la reforma de su legislación y políticas destinadas a mejorar las respuestas basadas en los derechos. 

Me complace especialmente la iniciativa QualityRights de la OMS, un enfoque sobre la atención a la salud mental basado en los derechos y orientado a la recuperación, que cada vez se pone más en práctica, así como las directrices de la agencia sobre servicios comunitarios de salud mental. 

Mi Oficina espera con interés afianzar aun más nuestra colaboración con la Organización Mundial de la Salud y otros socios con el fin de promocionar este enfoque basado en los derechos humanos. 

Queridos amigos, 

A nuestro alcance está la oportunidad de nuestras vidas: recuperarnos mejor de la pandemia. 

Para ello, es evidente que los países han de otorgar una mayor prioridad a la salud mental. 

Esto significa mayores inversiones para transformar los sistemas de apoyo y atención y conseguir que adopten una perspectiva de derechos humanos.  

La realización del derecho a la salud, incluyendo la salud mental, puede capacitar y restaurar la dignidad individual y contribuir a crear sociedades más tolerantes, pacíficas y justas. 

Con este ánimo, les deseo un debate fructífero y constructivo.