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Ecuador tiene la obligación de garantizar la seguridad dentro de sus cárceles, señalan Expertos y Expertas de Naciones Unidas

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Ginebra (2 de diciembre de 2021) - Dos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas especializados en la lucha contra la tortura dieron la voz de alarma ante la violencia imperante en el sistema penitenciario de Ecuador. Los expertos y expertas instaron a las autoridades a adoptar las medidas necesarias a fin de evitar nuevos enfrentamientos violentos y a velar por que los responsables respondan de sus actos.

Los expertos/as independientes que integran el Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura expresaron su consternación por los constantes episodios graves de violencia en las cárceles de Ecuador, en donde se han registrado cientos de muertes en los últimos meses, algunas de ellas como consecuencia de actos violentos de extrema brutalidad.

Alrededor de 300 personas han sido asesinadas en las cárceles de Ecuador este año en repetidos enfrentamientos violentos entre bandas rivales. Al menos 200 reos perdieron la vida en dos incidentes violentos ocurridos en la Penitenciaría del Litoral (Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1), la mayor cárcel del país, en Guayaquil.

“Ecuador tiene la obligación de garantizar la seguridad dentro de sus cárceles, proporcionando una formación adecuada a un número suficiente de funcionarios de prisiones y mediante el desarrollo de estrategias dirigidas a reducir la violencia entre los reclusos”, dijo Claude Heller, Presidente del Comité contra la Tortura.

El Comité ya manifestó su preocupación por los frecuentes episodios de violencia entre reclusos y formuló recomendaciones al respecto tras el examen que realizó en 2016 sobre la situación en Ecuador.

“Los recientes sucesos dejan claro que las autoridades de Ecuador no han logrado establecer en el país un sistema de prevención de la tortura que funcione. Además de abordar la sobreocupación y poner fin al autogobierno en los lugares de detención, el Estado debe dotar al mecanismo nacional de prevención de la tortura de los recursos necesarios para que pueda cumplir sus funciones debidamente”, añadió Suzanne Jabbour, Presidenta del Subcomité.

A fin de apoyar la labor del mecanismo nacional de prevención y ofrecer recomendaciones a las autoridades del Estado, el Subcomité prevé realizar una visita al país en los próximos meses. La última vez que el Subcomité visitó Ecuador fue en 2014.

“Quedamos a disposición del Gobierno ecuatoriano y ofrecemos nuestra colaboración para hacer frente a la actual situación de crisis en el sistema penitenciario. Estamos dispuestos a acompañar sus esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de detención en el país y salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad", dijeron los expertos.

FIN

Para más información y solicitudes de prensa en Ginebra, por favor contacte con: 

Vivian Kwok en el número +41 (0) 22 917 9362 / vivian.kwok@un.org o la Sección de Medios de Comunicación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el número +41 (0) 22 928 9855 / ohchr-media@un.org

Contexto

El Comité contra la Tortura supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está compuesto por 10 miembros que son expertos/as imparciales e independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que prestan servicios a título personal y no como representantes de los Estados partes. Las observaciones finales del Comité son una evaluación independiente del cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del tratado.

Hasta la fecha, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Torturaha sido ratificado por 90 Estados. Los Estados tienen la obligación de permitir que el SPT realice visitas sin previo aviso y sin obstáculos a todos los lugares donde haya personas privadas de libertad. Los Estados partes también deben establecer un mecanismo nacional de prevención, que debe realizar visitas periódicas a los lugares de todo el país donde haya personas privadas de libertad.

El Subcomité tiene el mandato de prevenir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las personas privadas de libertad, mediante visitas y recomendaciones a los Estados partes del Protocolo Facultativo. El SPT comunica sus recomendaciones y observaciones a los Estados mediante un informe confidencial y, cuando es necesario, a los mecanismos nacionales de prevención. Sin embargo, se alienta a los Estados partes a solicitar que el SPT publique los informes. El Subcomité está integrado por 25 miembros que son expertos/as independientes e imparcialesen derechos humanos procedentes de todo el mundo, que prestan servicios a título personal y no como representantes de los Estados partes.