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Diálogo interactivo sobre la actualización oral provisional de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua

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Declaración de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif

14 de diciembre de 2021

Excelencias,

Esta actualización oral tiene lugar en cumplimiento con la Resolución 46/2 de este Consejo, que pedía a la OACNUDH que siguiera de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluido en el contexto del proceso electoral, y que presentara, antes del final de 2021, una actualización oral provisional con recomendaciones, seguida de un diálogo interactivo.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 y de las crecientes dificultades económicas de los países, me gustaría comenzar reconociendo los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua por mantener el necesario gasto social en salud y educación, así como en la promoción de la igualdad de género, como se indica en su Primer Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sin embargo, el desarrollo verdaderamente sostenible debe abarcar todo el espectro de necesidades de una sociedad. La Agenda 2030, y especialmente el ODS 16, constituye un poderoso llamamiento a la construcción de sociedades pacíficas, justas, tolerantes e inclusivas, basadas en el respeto de los derechos humanos y en un Estado de Derecho efectivo.

Las elecciones generales celebradas el 7 de noviembre brindaban una valiosa oportunidad para que Nicaragua diese un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018. Eran también una oportunidad para abrir espacios y progresar hacia la rendición de cuentas y reparación para las víctimas del conjunto de violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante ese periodo.

Sin embargo, tal y como como advirtió la Alta Comisionada a este Consejo en junio y septiembre de este año, el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses de participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder.

Como fue indicado anteriormente por la OACNUDH, la reforma electoral adoptada en Nicaragua el 4 de mayo no incluyó salvaguardias para garantizar la independencia e imparcialidad de las autoridades electorales. Además, los derechos a la libertad de expresión y asociación fueron restringidos de manera desproporcionada mediante prohibiciones vagamente definidas. La selección de los miembros del Consejo Supremo Electoral, que se llevó a cabo el mismo día de la aprobación de la nueva legislación electoral, no incluyó consultas con las organizaciones de la sociedad civil, como mandaba la ley, y careció de la adecuada diversidad política de sus miembros.

Para que unas elecciones cumplan debidamente su objetivo público, es esencial que las autoridades garanticen un entorno seguro y propicio para que los candidatos y candidatas expongan, expliquen y promuevan sus visiones y propuestas políticas para el país, y para que los votantes, a su vez, expresen libremente su voluntad sin limitaciones arbitrarias. Sin embargo, en Nicaragua, la OACNUDH documentó la detención arbitraria de no menos que 39 líderes y lideresas políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles durante el período electoral, entre mayo y octubre. Eso incluye a siete personas que se habían registrado como precandidatas o habían expresado públicamente su intención de presentarse a las elecciones presidenciales.

Todos ellos fueron detenidos en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos, como lo ha señalado nuestra Oficina y los procedimientos especiales de este Consejo. Además, los procesos judiciales a los que fueron sometidos no respetaron adecuadamente el debido proceso.

Treinta y cinco de estas personas continúan detenidas en el centro de prisión preventiva conocido como "Nuevo Chipote". Según la información recibida, muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en régimen de aislamiento prolongado, y solo han podido ver a sus familiares en ocasiones aisladas. Estas condiciones suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica, y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a la tortura.

Es urgente que las autoridades permitan las visitas periódicas de abogados y familiares de las personas detenidas, incluidos sus hijos e hijas, y que garanticen que las condiciones de detención cumplan plenamente con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

En noviembre, durante el fin de semana electoral y los días siguientes, la OACNUDH también documentó la detención de otros ocho hombres y dos mujeres activistas políticas y periodistas. Solo dos hombres y una mujer habrían sido liberados. Los que permanecen detenidos están recluidos en régimen de incomunicación mientras se enfrentan a cargos penales ambiguos. El respeto del debido proceso debe ser garantizado.

En los meses previos a las elecciones, tres partidos políticos fueron despojados de su personalidad jurídica, dejando a importantes grupos políticos que surgieron de las protestas de 2018 sin la capacidad de presentar candidatos. Lo mismo sucedió con 45 organizaciones sin fines de lucro, incluidas organizaciones de ayuda internacional, organizaciones de mujeres y asociaciones médicas críticas con la respuesta del gobierno a la pandemia. Las organizaciones de la sociedad civil que recibian financiación extranjera para observar las elecciones y promover la libertad de expresión también se vieron obligadas a cesar o limitar sus actividades debido a los obstáculos impuestos por la llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. El hostigamiento y las detenciones arbitrarias también limitaron la capacidad de las y los defensores de los derechos humanos para observar el proceso electoral. A pesar de los reiterados llamamientos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), no se invitó a observadores internacionales imparciales a observar las elecciones.

En las semanas previas al día de las elecciones, a muchos periodistas se les negó la acreditación y la entrada al país, lo que obstaculizó la cobertura independiente del proceso electoral. Esto se sumó a las violaciones a la libertad de prensa y al derecho a la información previamente documentadas por la OACNUDH, incluyendo el allanamiento del principal periódico impreso del país y las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y las amenazas a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación involucrados en reportajes críticos del Gobierno, lo que llevó a decenas de ellos a huir del país.

Finalmente, las protestas o manifestaciones de grupos que no participaban en las elecciones fueron prohibidas en el país por la nueva ley electoral.

Todas estas restricciones y violaciones de derechos humanos crearon un entorno poco propicio para la celebración de elecciones auténticas y libres. El 12 de noviembre, la Asamblea General de la OEA adoptó una resolución declarando que "las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y carecieron de legitimidad democrática". En respuesta, una semana después, el Gobierno denunció la Carta de la OEA, iniciando un proceso de dos años para retirarse de la OEA.

La semana pasada, el 8 de diciembre, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución en la que instaba al Gobierno a liberar a todos las y los presos políticos y a aceptar una misión de alto nivel de buenos oficios con el objetivo, entre otros temas, de realizar elecciones anticipadas con bservadores internacionales.

Excelencias,

En su Llamamiento a la Acción en Favor de los Derechos Humanos, el Secretario General de la ONU enfatizó que el sistema internacional de protección de los derechos humanos nos ayuda a superar los desafíos, aprovechar oportunidades y restablecer las relaciones entre los pueblos y sus dirigentes.

Por lo tanto, llamo al Gobierno de Nicaragua a comprometerse con este Consejo, así como con los Procedimientos Especiales y otros mecanismos de protección de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas. También insto al gobierno de Nicaragua a que restablezca urgentemente los derechos y las libertades públicas y el Estado de Derecho imparcial, y a que adapte plenamente su legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos.

Al respecto, todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad de inmediato y sus derechos civiles y políticos deben ser restablecidos plenamente. También debe restablecerse la personalidad jurídica de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, despojada arbitrariamente.

Es igualmente importante poner fin al enjuiciamiento penal y el hostigamiento de las y los opositores políticos, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos por sus opiniones y creencias, y garantizar la rendición de cuentas, la búsqueda de la verdad y la reparación integral de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018.

Excelencias,

A través de este Consejo, la comunidad internacional puede ayudar a Nicaragua a restablecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.

Teniendo esto en cuenta, pido al Consejo de Derechos Humanos que se mantenga atento a la situación de los derechos humanos en Nicaragua y que considere todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018. La OACNUDH está dispuesta a ayudar en estos esfuerzos.

Al mismo tiempo, hago un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que cree las condiciones necesarias y propicias para un diálogo nacional, basado en una hoja de ruta con compromisos claros, y otorgue a la OACNUDH y a otros mecanismos de derechos humanos el acceso necesario al país para cumplir debidamente con sus mandatos. Seguimos dispuestos a ayudar a Nicaragua en la implementación de las recomendaciones incluidas en nuestros informes.

Muchas gracias