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Declaración final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay al concluir su visita a Costa Rica

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En mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, he llevado a cabo una visita a Costa Rica del 6 al 17 de diciembre de 2021. Quiero dar las gracias al Gobierno de Costa Rica por su invitación al país y por sus diversas muestras de cooperación antes y durante mi visita, así como con el mandato.

En el transcurso de mi visita, me he reunido con la Presidenta en funciones, así como con representantes de alto nivel de la Presidencia de la República y varios Ministerios, la Comisión de derechos humanos de la Asamblea Legislativa, representantes del Poder Judicial, incluida una reunión bilateral con el Fiscal General en funciones y su equipo, el Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONADPIS) y la Defensoría de los Habitantes, entre otros. También tuve el honor de ser recibido y reunirme con autoridades indígenas, incluyendo representantes de asociaciones de mujeres indígenas, personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, abogados litigantes, representantes de organizaciones de personas con discapacidad, el Sistema de Naciones Unidas y representantes de la comunidad internacional.

He podido visitar de primera mano comunidades de los pueblos indígenas, donde mantuve reuniones a las que asistieron alrededor de cuatrocientas personas representantes de casi setenta distintas organizaciones, asociaciones y redes, incluyendo a los y las mayores de las comunidades, a las organizaciones de mujeres, representantes de asociaciones de desarrollo y de las juventudes, así como también personas con discapacidad de los pueblos indígenas.

Durante mi visita, he podido analizar los avances alcanzados tras la puesta en práctica de algunas de las recomendaciones propuestas por mi predecesor durante su visita en el año 2011. También he considerado las recomendaciones emitidas por los órganos de tratados y otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. Quiero destacar el compromiso del Estado de Costa Rica con la implementación de las recomendaciones y confío en que las recomendaciones que formule en mi informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2022 sea una hoja de ruta que permita una transición entre el gobierno actual y el entrante en la que se dé continuidad a los esfuerzos realizados hasta la fecha.

En el ámbito internacional, Costa Rica ha desempeñado un rol crucial en la protección y promoción de los derechos humanos, y sigue jugando un rol en el desarrollo de la política internacional en materia de medioambiente. Ejemplo de ello ha sido el rol de Costa Rica en el grupo central proponiendo la reciente resolución adoptada en el Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho humano a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Espero estos pasos positivos se reflejen en la ratificación por parte del Gobierno de Costa Rica del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), y siga así manteniendo una posición de liderazgo, no solo en la región, pero a nivel global.

Durante mi visita tuve oportunidad de escuchar la sinceridad con la que los representantes de los tres poderes del Estado compartieron sus preocupaciones y los desafíos a los que se enfrentan para garantizar la adecuada protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional y local, así como su voluntad para encontrar soluciones. Debe destacarse que estos desafíos están intrínsecamente relacionados con el rezago histórico y estructural en el que se encuentran los pueblos indígenas en Costa Rica.

Durante los últimos 11 días, recibí una enorme cantidad de información oral y escrita que revisaré en los próximos meses para la preparación de mi informe final, que presentaré ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2022. En anticipación de este informe, quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir unas observaciones preliminares.

Estas observaciones incluyen la identificación  de buenas prácticas, así como áreas de mejora, fundamentadas en los instrumentos internacionales relevantes, especialmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General  en el año 2007 con el voto afirmativo de Costa Rica, y el Convenio 169 de  la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que fue ratificado por Costa Rica en el año 1993.

Me llamó especialmente la atención la actitud abierta y el espíritu de colaboración de las diferentes instituciones del Estado de Costa Rica, que reconocen la necesidad de un proceso de reforma para avanzar en la tutela de los derechos de los pueblos indígenas y están dispuestos a aceptar mis observaciones de forma constructiva.

Quiero iniciar resaltando algunos aspectos positivos que estaré ampliando en mi informe y entre los que se destacan:

La reforma constitucional realizada en el 2015 en la que se reconoce a Costa Rica como una “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”,
La aprobación en 2018 del Decreto Ejecutivo No 40932 del mecanismo general de consulta para pueblos indígenas, siguiendo la recomendación realizada por mi predecesor en el 2011 y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. 

La suspensión indefinida en 2018 del proyecto Diquis del Instituto Costarricense de Electricidad, por razones administrativas. Me gustaría que esta decisión significara un paso inicial por parte de las empresas de titularidad pública costarricenses, para demostrar el liderazgo en materia de respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y así liderar con el ejemplo.  

Quiero resaltar también la importancia de la inclusión por primera vez del enfoque de la auto identificación étnica en el censo nacional, realizado en 2011 en el cual menos del 3% de la población se consideró indígena.

Me gustaría del mismo modo destacar la promulgación en 2019 del decreto de oficialización y declaratoria de interés público de la base de datos Bröran (Térraba) referente a la determinación de los patrones genealógicos del pueblo Bröran, realizado con el apoyo técnico del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Me fue grato recibir información acerca de la aprobación en 2019 de la ley No.9710 sobre la protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza que permite garantizar el reconocimiento de la nacionalidad costarricense al pueblo fronterizo de Ngäbe y Bugle. Me complació aprender que el proceso fue sujeto a una consulta con los representantes de este pueblo.

En un espíritu colaborativo con las instituciones del Estado, quiero compartir con ustedes la información recibida en mis diversas conversaciones con diferentes actores sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica. He sido informado de forma reiterada acerca de la ausencia de un marco jurídico orgánico y una política coherente que garantice la protección efectiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular el derecho al autogobierno, a la tierra, al territorio y a los recursos.

También me señalaron con preocupación los ataques a los líderes y lideresas indígenas y defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente los que defienden la tierra.

Me informaron de la presencia de un racismo y discriminación racial estructural y sistemático en contra de los pueblos indígenas que obstaculiza el disfrute de los derechos colectivos e individuales, especialmente para las mujeres, los niños, las niñas y los y las adolescentes y las personas con discapacidad indígenas.

Igualmente recibí información sobre los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a la justicia y a los mecanismos de reparación.

Quisiera referirme a estos temas preliminarmente y de forma más detalladas a continuación:

Libre determinación, autogobierno y participación

Como señalé anteriormente, la reforma constitucional de 2015 en la que Costa Rica reconoció legalmente su condición de Estado multiétnico y pluricultural fue un gran paso. Sin embargo, siguen sin reconocerse explícitamente en la Constitución a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos. 

En el curso de mi visita, recibí información en la que se reiteraba la falta de representatividad de las Asociaciones de Desarrollo Integral (conocidas como ADI), que es la institución elegida por reglamento a la gobernanza de los 24 territorio indígenas. Recibí reiteradas alegaciones de que las ADIs, al tratarse de instituciones estatales impuestas, no son idóneas para garantizar la representación de las comunidades de los pueblos indígenas, que se rigen por su sistema propio de gobierno, llevando a una debilitación de las estructuras tradicionales de representatividad, particularmente en el sur del país.

Algunos pueblos indígenas plantearon la necesidad de participar en una reforma legal que proporcione protección a los territorios indígenas y asimismo reconozca y proteja las instituciones propias de autogobierno de los pueblos indígenas.

Me gustaría solicitar al Gobierno que, conforme a lo planteado durante mi visita por los diferentes pueblos indígenas, promueva un diálogo constructivo con los pueblos para desarrollar una reforma legislativa integral, participativa y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, que garanticen la libre determinación y el reconocimiento del gobierno propio de cada pueblo conforme a sus especificidades.

Durante mi visita me informaron y pude cerciorarme sobre la escasa representación de los pueblos indígenas en todos los niveles de las instituciones estatales tanto a nivel nacional como local. Por ejemplo, en la historia de Costa Rica no ha existido en el legislativo un diputado ni una diputada indígena y en el Poder Judicial no ha habido Magistradas y Magistrados indígenas. 

Es necesario adoptar acciones positivas que permitan la inclusión, la representación y la participación a todos los niveles de los pueblos indígenas en estas instituciones del Estado al igual que en los partidos políticos.

Derecho a la tierra, territorios y recursos naturales

A pesar del avance legislativos de la ley indígena No. 6162 de 1977 en el que el Estado declaró a los territorios indígenas como “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan”, he recibido alegaciones de violaciones graves de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. 

Según la información recibida, un número elevado de estos territorios se encuentran en su mayor parte habitados por personas no indígenas sin que se hayan saneado tal como ha sido recomendado en reiteradas ocasiones por los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos y por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos durante su visita en 2019.

Quiero recordar que, para los pueblos indígenas, su tierra representa el lugar donde reproducen su identidad, su cultura y su sistema social. Por esta relación que los pueblos indígenas tienen con su territorio, he recibido información preocupante sobre la pérdida de su identidad, conocimientos, lengua, soberanía alimentaria, afectando sus derechos fundamentales debido a más de 40 años de ocupación de sus tierras por personas no indígenas. También esta presencia de no indígenas ha socavado el tejido social de los pueblos indígenas, creando divisiones y conflictos dentro del mismo pueblo.

Reconozco que Costa Rica inició en 2016 un plan de recuperación de las tierras de los pueblos indígenas, siendo un ejemplo de titulación de tierras. Sin embargo, es muy preocupante que en las diversas reuniones con los pueblos indígenas se planteó la existencia de varios obstáculos que impiden que este plan pueda garantizar la restitución efectiva, justa y equitativa de sus territorios, los cuales detallaré en mi informe final por razones de tiempo.

Las comunidades con las que me reuní me informaron que, en 2011, debido a la falta de voluntad política de las instituciones del Estado para el saneamiento de sus tierras, demostrada, entre otros, por la falta de aprobación del proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, se vieron obligados a iniciar la recuperación de hecho de sus tierras. Esto continúa debido a la inoperancia del plan de recuperación de tierras del Gobierno. Señalaron también que las recuperaciones de tierra fueron la única fuente de sustento para muchas familias indígenas durante la pandemia de la Covid 19.

En este contexto, me preocupa la información acerca de desalojos forzosos de familias indígenas de sus propias tierras y las subsecuentes amenazas y violencia, sin que se respeten sus derechos y sin que, en algunos casos, se consideren o investiguen adecuadamente los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras reconocidos en la ley indígena.

Me preocupa también el abordaje por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de algunos casos en los que hay niños y niñas indígenas involucrados en los procesos de recuperación de tierras.

Consulta y consentimiento previo libre e informado

Como he señalado anteriormente, celebro la adopción de un mecanismo por parte del Ejecutivo de consulta indígena que busca garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y la protección efectiva de sus derechos colectivos. Si bien reconozco positivamente que los otros poderes del Estado han homologado este mecanismo para procesos específicos como la ley No 9710 y la política institucional de acceso a la justicia para pueblos indígenas, es necesario que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Judicial elaboren con la participación de los pueblos indígenas sus propios procedimientos de consulta. Asimismo, se requiere el establecimiento de mecanismos de consulta por parte de las empresas para garantizar el derecho al consentimiento, previo, libre e informado.

En relación con el mecanismo de consulta general del Ejecutivo, durante las reuniones celebradas con varios actores surgieron preocupaciones sobre la necesidad de fortalecer la capacidad de la Unidad Técnica de Consulta para atender de manera adecuada la cantidad de procesos consultivos solicitados y reforzar los conocimientos sobre el derecho de los pueblos indígenas de su personal. Preocupa igualmente la falta de instancias territoriales de implementación de la consulta.

Otra preocupación expresada fue la realización de procesos de consulta con actores comunitarios no representativos, como es el caso de las ADIs en algunas partes del país. 

Protección de defensores y defensoras de los derechos humanos

Durante mi visita, recibí información preocupante sobre los diversos ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos, incluyendo líderes y lideresas indígenas, que sufren intimidaciones y amenazas de muerte, incluso con armas de fuego, la quema de vivienda y cultivos en el contexto de la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales. En la mayoría de los casos, la causa subyacente es la falta de seguridad en la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. Quiero resaltar el asesinato de los líderes indígenas Sergio Rojas en 2019 y Jhery Rivera en 2020, beneficiarios de las medidas cautelares de la CIDH en 2015. Me preocupa especialmente la falta de avances en el procedimiento judicial para estos casos.

Igualmente, recibí información de la falta de medidas de protección adecuadas, con enfoque intercultural, de género y debidamente consultadas y acordadas con las personas afectadas. También me expresaron la necesidad de adoptar medidas de protección colectivas de comunidades indígenas en riesgo.
Quiero señalar la urgente necesidad de adoptar, por parte del Estado, un mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos como reiteradamente ha sido recomendado por la CIDH, los mecanismos de Naciones Unidas para los derechos humanos y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en su visita del 2019.

Para garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos es también indispensable avanzar en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales de las amenazas contra los líderes y lideresas indígenas, así como de los asesinatos de los líderes indígenas antes mencionados. La impunidad favorece un clima de violencia e inseguridad para los pueblos indígenas.

Me preocupa asimismo la información que recibí en China Kichá sobre el abuso de la fuerza por parte de la policía contra los indígenas recuperadores de tierra, en hechos sucedidos en marzo de 2020.

Quisiera subrayar el derecho de los pueblos indígenas a defender pacíficamente sus derechos a las tierras, territorios y recursos naturales.

Áreas protegidas

Quisiera congratular nuevamente a Costa Rica por el importante papel que desempeña a nivel internacional en la protección del medio ambiente. Reconozco que algunas agencias estatales están empezando a reconocer el papel de los pueblos indígenas en este ámbito.

Según la información recibida, un total de 5.844 kilómetros cuadrados del territorio nacional, entre tierra y mar, se encuentra bajo el resguardo de los ocho pueblos indígenas, lo cual permite que sus ecosistemas estén altamente conservados. 1.728 kilómetros cuadrados de áreas silvestres protegidas como parques nacionales y refugios se hallan dentro de territorios indígenas.

Sin embargo, he recibido información de la falta de debida consulta a los pueblos indígenas en la definición de las áreas protegidas y su manejo. En los casos en los que las áreas protegidas se traslapan con los territorios y tierras indígenas,  como por ejemplo el caso de los bribri y cabecares en la zona de Talamanca, o en el territorio Maleku, las comunidades me informaron de los obstáculos para acceder a sus lugares sagrados y actividades ancestrales y la ausencia de una participación en la definición del plan de manejo afectando sus derechos colectivos.

Según la información recibida, aunque los pueblos indígenas llevan siglos cuidando los bosques, algunas comunidades no han podido acceder a los fondos para el pago por servicios ambientales, y otras me han informado de la discontinuidad de estos fondos poniendo en peligro la continuidad de los proyectos sociales financiados con ellos.

Acceso a la Justicia

Quiero reconocer los importantes avances realizados por el Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia para pueblos indígenas, entre ellos se destacan la emisión de acuerdos y circulares internas que buscan proteger los derechos de los pueblos indígenas como es la adopción en el 2008 de las Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las personas en Condición de Vulnerabilidad.

De igual modo, celebró la voluntad de realizar un proceso de elaboración de la política institucional de acceso a la justicia con la participación de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y con la asistencia técnica de la OACNUDH. Estos avances representan un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones de garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas conforme a las recomendaciones internacionales.

Si bien reconozco que estos esfuerzos se realizan a nivel central, debo transmitirles las preocupaciones expresadas por los pueblos indígenas.  Según la información recibida, persisten a nivel local comportamientos discriminatorios y en algunos casos racistas del personal de la fiscalía, de los jueces, e investigadores del OIJ particularmente en el cantón de Buenos Aires.

Preocupa también la enorme desconfianza en el poder judicial debido a la impunidad frente a los ataques ya mencionados contra los defensores y defensoras de la tierra.

El acceso efectivo de los pueblos indígenas a la justicia comprende tanto su acceso al sistema jurídico estatal como a sus sistemas propios de justicia. Sin embargo, no es claro cómo interactúan estos dos sistemas de justicia y cuáles son las colaboraciones existentes. He recibido información de la falta de reconocimiento a su identidad indígena, así como el incipiente reconocimiento a su derecho propio y la falta de mecanismos de reparaciones colectivas

Es preocupante que, hasta el día de hoy, el Estado de Costa Rica no haya contextualizado el asesinato de los dos líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera dentro del conflicto por la restitución de tierras indígenas.

Observé también que existe una resistencia por parte de las autoridades judiciales a aplicar el marco jurídico del derecho indígena establecido en el ordenamiento jurídico costarricense y a nivel internacional.  

Mujeres indígenas y participación
Las mujeres indígenas desempeñan un papel fundamental como defensoras de sus tierras, territorios y recursos, así como transmisoras de sus lenguas, culturas y conocimientos científicos. La falta de solución a la cuestión de la tierra les ha puesto una enorme presión en los últimos años. A lo largo de la visita las mujeres y jóvenes indígenas me hablaron del aumento de agresiones, intimidaciones y amenazas a las que se han enfrentado, afectando su rol social en la transmisión del conocimiento científico indígena, la pérdida de la soberanía alimentaria y la posibilidad de desarrollar sus habilidades empresariales.

Las mujeres indígenas me explicaron también que continúan enfrentando múltiples discriminaciones por ser mujeres, por ser indígenas y, a menudo, por ser empobrecidas. Incluso se están enfrentando limitaciones para acceder a la educación, al agua, a la electricidad y a una atención médica culturalmente adecuada.

Me conmovió mucho durante las reuniones con las mujeres indígenas la claridad de sus propuestas para que el estado construya un verdadero estado pluricultural. Las mujeres piden que se reconozca su papel primordial en el cuidado de los bosques, trasmisión del conocimiento científico y la biodiversidad a través de fondos por esta actividad y la seguridad en la tenencia de su tierra.

También me preocupan los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para contar con una participación política efectiva y un acceso a la salud con enfoque intercultural.

Derechos económicos, sociales y culturales

Los datos estadísticos muestran que en los territorios indígenas existen fuertes desigualdades en el acceso a la educación en comparación con la media nacional.

Adicionalmente recibí información acerca y pude experimentar de primera mano la desigualdad a la que los pueblos indígenas se enfrentan con respecto al acceso a las telecomunicaciones, en la que los pueblos indígenas cuentan con un porcentaje de conectividad a internet del 15% frente al 63% de la población no indígena. La conexión a internet es sumamente importante para los y las estudiantes a raíz de la pandemia de la Covid-19, así como para garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a una variedad de servicios.

Asimismo, queda mucho por hacer para garantizar una educación intercultural donde los pueblos indígenas puedan ver reflejados su ciencia y conocimiento, como parte del patrimonio cultural del país.

Pude observar en las diferentes reuniones el muy incipiente estado en el que se encuentra el Gobierno con respecto a la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Teniendo en cuenta la aceptación en 2019 de la recomendación en examen periódico universal de elaborar un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos, invito al Estado a incluir a los pueblos indígenas en el proceso de elaboración del Plan, así como tener en cuenta la necesidad de garantizar que los pueblos indígenas afectados tengan acceso a reparaciones efectivas, adecuadas y oportunas en caso de abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial.

Son especialmente alarmantes las cifras de pobreza en los pueblos indígena, particularmente en los cantones de Buenos Aires y Talamanca.

Para hacer frente a la pandemia, los pueblos indígenas señalan la importancia de promover el empoderamiento de las personas indígenas, en particular mediante el acceso al empleo, el apoyo a la iniciativa empresarial y el acceso a la tierra y el crédito.

Preocupa que no hay información ni se me han proporcionado datos desagregados sobre las personas indígenas con discapacidad.

Igual quisiera notar que los migrantes indígenas indocumentados como los Misquitos sufren aún más por la falta de trabajo la falta de sueldo adecuado y protección de sus derechos.

Conclusión

Para concluir, quisiera reiterar mi agradecimiento al Gobierno de Costa Rica por la invitación y la plena cooperación que me brindó, y por permitirme realizar mi visita libremente y manera independiente. También quisiera expresar mi agradecimiento a la Oficina de la Coordinadora Residente y al Sistema de Naciones Unidas y a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su apoyo para asegurar el éxito de la visita.

Finalmente, ofrezco mi profundo agradecimiento a los pueblos indígenas que me han recibido en sus territorios y a todos aquellos que viajaron para compartir sus historias y preocupaciones conmigo. Me siento inspirado por su fortaleza y determinación para continuar defendiendo sus derechos y buscando la justicia.