El nacionalismo de base étnica priva de derechos cívicos a millones de personas, afirma experto en la lucha contra el racismo


La ciudadanía, la nacionalidad y la condición de inmigrante suelen funcionar como condiciones previas al disfrute pleno de los derechos humanos para personas en el mundo entero, asegura la Sra. Tendayi Achiume, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el racismo.

Un grupo de manifestantes recorre las calles de París (Francia) con pancartas en las que puede leerse la palabra “coexistir” escrita con símbolos de diversas religiones, tras el ataque terrorista que tuvo lugar en Toulouse, en marzo de 2012. Créditos: © EPA/IAN LANGSDON

En el informe que sometió al Consejo de Derechos Humanos, la Sra. Achiume destacó la difícil situación de millones de personas que carecen de documentación, también denominadas apátridas, cuyas dificultades suelen ser consecuencia de medidas discriminatorias duraderas aplicadas a personas a las que se considera extranjeras, aunque hayan vivido en sus países respectivos durante generaciones y a veces durante siglos.

“Por ende no resulta sorprendente que, según el ACNUR, ‘más del 75 por ciento de los apátridas del mundo sean miembros de grupos minoritarios’ ”, señala la Relatora Especial.

La experta recuerda a los Estados que todas las personas tienen derecho a adquirir, cambiar y conservar una nacionalidad, y que las leyes y políticas que rigen la ciudadanía, la nacionalidad y la inmigración y que discriminan entre ciudadanos y no ciudadanos por motivos de raza, ascendencia y origen étnico nacional constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.

La Sra. Achiume añade que algunos Estados siguen aplicando leyes patriarcales que implican discriminación de género, lo que impide que en varios países las mujeres puedan transmitir su nacionalidad a los hijos o al esposo, si éste es extranjero. En determinados Estados, las mujeres pueden incluso perder su nacionalidad de origen cuando contraen matrimonio con un extranjero y no pueden recuperarla luego, en caso de divorcio o viudez.

La Relatora Especial señala que el objetivo implícito de la norma que impide a las mujeres transmitir su nacionalidad es desalentar el matrimonio con miembros de determinados grupos nacionales, religiosos, étnicos o raciales. “Se trata de una modalidad de discriminación de género que a menudo los Estados aplican para preservar determinados conceptos de ‘pureza’ nacional, étnica o racial”, afirma la experta. 

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer ha declarado que el trato desigual hacia las mujeres en materia de nacionalidad impide el ejercicio de derechos tales como el derecho a la igualdad en la familia, la capacidad de las mujeres para participar en pie de igualdad en la vida pública y política, su libertad de movimiento y sus derechos a la vivienda, la salud y la educación. 

Otra consecuencia de esas leyes que discriminan a la mujer es su repercusión sobre millones de personas, cónyuges e hijos que se ven privados de acceso a la ciudadanía y de los derechos inherentes a la condición de ciudadano. 

Sin embargo, para la Sra. Achiume el vector más obvio de discriminación racial en las leyes que rigen la ciudadanía y la inmigración es el prejuicio arraigado en un nacionalismo de base étnica que define a la nación “en términos de supuestos vínculos de sangre y etnia”. Esta ideología ha cobrado nuevos ímpetus en el discurso de muchos dirigentes políticos populistas.

En el pasado, los países europeos utilizaron el nacionalismo de base étnica para no extender la condición de ciudadanos a los pueblos colonizados. En los siglos XIX y XX, los judíos y los gitanos de Europa también fueron excluidos de ciudadanía por los mismos motivos. Hoy en día, los migrantes son los nuevos objetivos de la intolerancia y las expresiones de odio en política, -a menudo con el pretexto de preservar la pureza étnica, religiosa, cultural o lingüística -, medidas que no sólo perjudican a los grupos excluidos. 

“Países que durante mucho tiempo elogiaron la inmigración como uno de los ejes de su identidad nacional, han adoptado últimamente medidas para denigrarla y menoscabarla, lo que ha tenido consecuencias desproporcionadas para determinados grupos raciales, religiosos o nacionales”, señala la Sra. Achiume. “El nacionalismo de base étnica que practica la islamofobia o el antisemitismo socava los derechos de musulmanes y judíos, cualquiera que sea la ciudadanía de estos grupos…y el caso de los musulmanes rohingyas ofrece un ejemplo escalofriante al respecto”. 

La experta hace hincapié en que la ley de ciudadanía aprobada por Myanmar en 1982 discrimina por motivos étnicos y ha dejado a muchos rohingyas en situación de apatridia, al negarles la nacionalidad e incluso la condición de seres humanos. Desde agosto de 2017, cientos de miles de musulmanes rohingyas han buscado refugio en Bangladesh, debido a la campaña de terror que se desató contra ellos en Myanmar. 

La Relatora Especial condenó también las prohibiciones generales aplicadas a determinadas nacionalidades en el contexto migratorio, medidas que a menudo encierran el propósito de excluir a ciertos grupos étnicos, raciales o religiosos.

Al término de su visita al Reino Unido en 2018, la Sra. Achiume se refirió a las indignidades y las vulneraciones de derechos que padecen los ciudadanos británicos de origen afrocaribeño, popularmente conocidos como “la generación del Windrush” [ndt: en alusión al barco que llevó a Inglaterra a los primeros grupos de inmigrantes caribeños, en 1948], a consecuencia de la política de “contexto hostil” que Theresa May introdujo durante su mandato como Ministra del Interior. El informe sobre la visita de la Relatora Especial será presentado al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2019.

La Sra. Achiume explica en su informe que Estados del mundo entero usan ahora la seguridad nacional y la lucha antiterrorista como justificaciones para despojar de la ciudadanía algunos miembros de su propia población. En determinados países, los políticos difunden informaciones engañosas que califican a ciertos grupos raciales, nacionales o religiosos de amenazas inherentes a la seguridad nacional.

“Algunos de esos grupos corren ahora un mayor riesgo de perder la ciudadanía o la condición de inmigrantes residentes, debido a la ansiedad popular y la maquinaria de seguridad nacional y, al mismo tiempo y por las mismas razones, se ven sistemáticamente excluidos de adquirir la ciudadanía o de regularizar su situación migratoria”, añadió la Relatora Especial.

5 de julio de 2018


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