El litigio estratégico puede ser un motor para la justicia de género


Una mujer  sujeta un pañuelo verde, símbolo de la resistencia femenina en América Latina:  ©Nicolás Braguinsky CasciniUn grupo de abogados, académicos, juristas y activistas en toda América Latina se han unido, con la convicción de que las causas judiciales, si se usan de forma estratégica, pueden hacer justicia, proporcionar reparaciones y alivio a los numerosos supervivientes de violencia sexual y de género.

La Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Género (ReleG) se creó como una forma de defender y reforzar las iniciativas de rendición de cuentas por los delitos de género en América Latina, y ofrece una vía para que los abogados divulguen e intercambien las mejores prácticas sobre litigios en toda la región, afirmó Susana SáCouto, una de los organizadores del grupo.

“Observamos que muchas de las organizaciones y de los abogados de las víctimas trabajaban aisladamente, desconocedores de otros casos parecidos que se estaban juzgando en la región o de los avances y estrategias jurisprudenciales que habían acabado en resultados positivos en algunos de esos casos”, subrayó.

SáCouto, que dirige la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington (AUWCL, por sus siglas en inglés), junto con Claudia Martin (codirectora de la Academia de derecho humanitario y derechos humanos de la AUWCL), Daniela Kravetz (abogada especializada en justicia penal internacional y violencia de género) y Dalila Seoane (abogada penalista, investigadora y abogada especialista en violencia sexual y de género en América Latina), fundaron ReLeG durante una conferencia de abogados de víctimas.

“Las redes de profesionales homólogos resultan indispensables para compartir las lecciones adquiridas”, recalcó Seoane. “Por lo general, no se trata de una única intervención, sino de un proceso de defensa, que contribuye al cambio positivo. Esperamos que esta red sirva de apoyo a los participantes de la red en estas iniciativas”.

De un taller sobre las mejores prácticas a una coalición 

Comenzó con un taller inicial en Bellagio en 2017, en el cual abogados intercambiaron información, las mejores prácticas y problemas comunes sobre casos o proyectos en los que estaban trabajando. El grupo cobró un carácter más oficial con la ayuda de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La oficina patrocinó una mesa redonda sobre las cuestiones de litigio estratégico de violencia de género en América Latina, un informe que ha servido para sentar las bases para la labor de defensa del grupo.

“ReLeG representa una plataforma que puede contribuir significativamente a la activación de una diversidad de experiencias y antecedentes para divulgar las buenas prácticas y la investigación académica, e intercambiar conocimientos especializados en casos específicos de violencia de género y, de modo más general, encontrar soluciones creativas para fomentar la justicia de género y la igualdad de género”, alegó Georegina Mendoza, Oficial de Derechos Humanos, Sección de Derechos Humanos de la Mujer y Cuestiones de Género. “Para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es importante apoyar este tipo de iniciativas colectivas encaminadas a la transformación social”.

El litigio estratégico supone un cambio estructural 

“El litigio estratégico abarca el proceso llevado ante los organismos judiciales y cuasijudiciales que pretende tener un impacto duradero más allá de reparar el daño sufrido por las víctimas”, afirmó Kravetz.

Uno de los mejores ejemplos fue la causa judicial innovadora de Guatemala Sepur Zarco en 2016.  El caso examinaba la violencia sexual relacionada con los conflictos que se cometió contra las mujeres indígenas durante el conflicto civil del país. El resultado del juicio no solo resultó en la condena de antiguos miembros militares, sino también en reparaciones transformadoras que incluyeron indemnizaciones monetarias, restitución y rehabilitación. Las reparaciones tenían por objeto reforzar el acceso a la salud y a la educación en las comunidades a las que pertenecían las partes litigantes, así como el desarrollo de proyectos culturales para las mujeres de Sepur Zarco y la traducción del juicio a las 24 lenguas mayas.

“En última instancia, las iniciativas de litigio estratégico están concebidas para reforzar las obligaciones de derechos humanos de un estado y fortalecer las instituciones encargadas de proteger esos derechos”, aclaró Seoane.

Una red de defensa judicial para todos los supervivientes 

El enfoque en la violencia sexual y de género para el litigio estratégico en América Latina supone un intento de arrancar la impunidad de estos delitos de los autores, explicó Claudia Martin. Sigue reinando la impunidad por delitos de género, en particular aquellos que se cometen durante los periodos de conflicto y represión masiva, afirmó.  Con ello, se transmite un mensaje a la comunidad de que este tipo de violencia es aceptable, y perpetúa esta violencia de diversas formas en la actualidad, agregó.  

“Esperamos que la plataforma facilite nuestra labor como coalición, mediante un aumento de nuestra capacidad de romper con los patrones existentes de impunidad en cuanto a la violencia sexual y de género”, asegura Martin.  “Estamos convencidos de que responsabilizar a las personas que cometieron violencia sexual y de género en el pasado en conflicto o en situación de represión política es una medida necesaria para abordar las nuevas formas de violencia de género. La violencia de hoy día reproduce patrones históricos de discriminación, y no solo la cometen los Estados, sino también actores individuales”.

SáCouto agregó que romper con los patrones conllevará, a la larga, mejores políticas basadas en consideraciones de género, mediante “el seguimiento, la documentación y el fomento de iniciativas de litigio estratégico en género, lo cual repercutirá, a su vez, en una educación jurídica interseccional y sensible a las consideraciones de género y ayudará a concebir políticas públicas y reformas legislativas destinadas a la igualdad de género y al acceso a la justicia”. 

 

Photo by ©Nicolás Braguinsky Cascini

25 de junio de 2021


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