El Consejo de Derechos Humanos debate con expertos independientes acerca del COVID-19


Desde que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declarara que el COVID-19 era una pandemia universal, dirigentes de todos los países, expertos en salud, activistas cívicos y ciudadanos ordinarios se han expresado resueltamente y han mantenido a la población minuciosamente informada del desarrollo de los acontecimientos, han proclamado estrategias nacionales y han proporcionado orientaciones sobre cómo abordar los efectos del virus, que están cambiando nuestro modo de vida

Una imagen de la “charla virtual” del Consejo de Derechos Humanos con los titulares de Procedimientos Especiales, que tuvo lugar el 30 de abril de 2020.  @UNHRC

A este comentario permanente se suman ahora los expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos, los denominados titulares de Procedimientos Especiales, que han venido lanzando diversas iniciativas en relación con la pandemia, entre ellas la emisión de una corriente constante de declaraciones, combinadas con severas advertencias y cierto grado de optimismo en lo tocante a la repercusión del virus sobre los derechos de la población.

Al hacer uso de la palabra hoy, en nombre de los 80 titulares de mandatos existentes, en el marco de una “charla virtual” con los 47 miembros del Consejo, Anita Ramasastry y Dainius Pūras, Presidenta y Miembro del Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales respectivamente, se hicieron eco de los llamamientos urgentes dirigidos a los Estados y los responsables de la toma de decisiones, en el sentido de velar por que las políticas relativas al COVID-19 estén profundamente ancladas en los derechos humanos e insistieron en las múltiples dimensiones de derechos humanos de la crisis actual.

“Las últimas semanas nos han enseñado que la crisis del coronavirus afecta, de un modo u otro, a toda la gama de derechos humanos”, declaró* la Presidenta del Consejo, Elisabeth Tichy-Fisslberger. “Entre esos derechos figuran los relativos a la vida, la salud, el acceso a una vivienda adecuada, el agua potable y los saneamientos, la alimentación, la información, la libertad de reunión, los derechos de la mujer, de los niños y, en particular, los derechos de todos los grupos vulnerables”.

Desde los primeros días de la crisis, los Procedimientos Especiales, que a menudo se consideran los ojos y oídos del Consejo, han emitido 45 declaraciones de prensa y han enviado 29 comunicaciones directas a los Estados, en las que han destacado los diversos aspectos de derechos humanos de la pandemia y han hecho hincapié en la necesidad de superar las desigualdades y la discriminación.

“En todas nuestras conclusiones y recomendaciones, los titulares de mandatos hemos reconocido la índole sin precedentes del COVID-19 y los retos y peligros que entraña”, afirmó Ramasastry, que también es miembro del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. “En particular, hemos prestado especial atención a las condiciones que determinan la adopción de medidas de excepción para proteger la salud y el bienestar de la población”.

Entre las iniciativas adoptadas por los expertos en derechos humanos figura un “llamamiento general” en el que hicieron hincapié en que “todas las personas tienen derecho a beneficiarse de las medidas orientadas a salvar vidas” y reiteraron la importancia de que se tengan en cuenta todos los derechos humanos en la respuesta a esta crisis mundial. Encabezado por el Relator Especial sobre el derecho a la salud, Dainius Pūras, el llamamiento, que se emitió el 26 de marzo y contó con el apoyo de más de 60 titulares de mandatos especiales, insistía en que la crisis del COVID-19 no podrá solucionarse únicamente con medidas de emergencia y de salud pública.

“Los adelantos de las ciencias biomédicas son muy importantes para hacer realidad el derecho a la salud. Pero los demás derechos humanos tienen la misma importancia”, declaró Pūras. “Es preciso que se apliquen en todas las políticas los principios de no discriminación, participación, empoderamiento y rendición de cuentas. Esa es la forma de gestionar eficazmente la pandemia”, añadió.

Unos 40 Estados y ONG participaron en la charla virtual de hoy e insistieron en la necesidad de que se otorgue prioridad a los servicios sociales para los más vulnerables, en los enormes problemas que el virus ha planteado a comunidades del mundo entero y en las prácticas idóneas que se han elaborado cuando esas comunidades han aunado esfuerzos para responder a la pandemia.

“A pesar de las devastadoras repercusiones que el COVID-19 ha tenido en diversos lugares del mundo, esta crisis ha originado un gran número de relatos esperanzadores de solidaridad y coraje”, señaló la Embajadora Tichy-Fisslberger. La Presidenta citó como ejemplos casos en los que se ha aplazado el cobro de alquileres o se han sobreseído los desahucios, se ha mejorado el acceso al agua y los saneamientos, se ha reforzado la respuesta a la violencia doméstica o se ha excarcelado a detenidos. 

Al encomiar la importante contribución de los Procedimientos Especiales, la Oficina del ACNUDH y, en general, del Consejo de Derechos Humanos que ha ayudado a los Estados a vencer los problemas de derechos humanos, varios participantes señalaron que esos retos han crecido de manera exponencial en los últimos meses, debido a la crisis del COVID-19.

Al clausurar la reunión, la Embajadora Tichy-Fisslberger declaró: “Los derechos humanos no son un lujo. Esta no es solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis de derechos humanos. Una crisis que ha proporcionado a la comunidad internacional una oportunidad para que actuemos de manera unánime a fin de superar los desafíos que plantea”. 

30 de abril de 2020

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