Lo que hay que saber sobre la reclusión y el derecho a la salud


“La reclusión por faltas menores se ha incrementado y las respuestas punitivas se aplican de manera desproporcionada a la hora de enfrentarse a desafíos sociales singulares y complejos, entre ellos la violencia y el extremismo radical entre los jóvenes”, declaró el Sr. Dainius Pūras, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. “De manera similar, la reclusión masiva de refugiados y migrantes que buscan protección y seguridad sigue siendo un desafío crítico y mal atendido”.

Un médico verifica el estado de un recluso que sufre de tuberculosis en la clínica de la institución penitenciaria de Cipinang, en Yakarta (Indonesia),en marzo de 2016. Créditos: © EPA/MAST IRHAM

El último informe que el Sr. Pūras presentó al Consejo de Derechos Humanos trataba sobre como la reclusión en prisiones y otros centros penales, así como el internamiento en instituciones médicas, pueden obstaculizar el derecho de las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Según el Sr. Pūras, los problemas de salud mental y la privación de libertad están estrechamente conectados. En su informe, el Experto señala que los índices de mala salud mental en las prisiones exceden a los de la población en general. También indica que los índices de suicidio en el sistema carcelario son al menos el triple que los de la población en general.

Es cada vez mayor el consenso acerca de que las personas con problemas mentales que entran en conflicto con la ley no deberían ser encarceladas. Sin embargo, la alternativa ha sido recluirlas forzosamente en centros de salud mental, a veces por periodos indefinidos.

“Los centros de reclusión de hoy en día no son propicios para la cura psicosocial ni para establecer relaciones terapéuticas eficaces y mucho menos para proporcionar tratamiento”, declaró el Sr. Pūras. “No son lugares apropiados para las personas a las que se les han diagnosticado graves problemas de salud mental. Aun así, el perfil habitual de una persona encarcelada es el de un individuo que experimenta graves trastornos de salud mental”.

Se cree que al menos un millón de niños están privados de libertad en todo el mundo. “El acto de recluir a un niño es una forma de violencia”, señaló el Sr. Pūras.

La mayoría de esos niños están presos por comportamientos relacionados con la pobreza y la discriminación. Las instituciones penales también se usan para la detención administrativa de menores de edad por delitos políticos y por razones de seguridad nacional.

El ciclo puede comenzar desde una edad temprana: algunos niños nacen en reclusión o son detenidos al ser encarceladas sus madres. Los que padecen discapacidades son más propicios a permanecer en instituciones médicas y sociales de grandes dimensiones y a crecer en esos centros hasta que son trasladados a instituciones para adultos.

Durante la adolescencia, el aislamiento, la humillación y las privaciones diarias se usan como instrumentos para reformar a los niños violentos. Pero estos métodos obligan a menudo a los adolescentes a desarrollar mecanismos de defensa y a usar la violencia contra sí mismos y contra los demás. La respuesta punitiva a ese comportamiento violento afecta a su salud y su desarrollo cognitivo y emocional en un periodo fundamental de sus vidas.

“Debemos continuar seriamente con los debates sobre la abolición de la reclusión de menores de edad y comenzar a trabajar sobre la eliminación total del internamiento institucional de niños menores de cinco años”, añadió el Sr. Pūras.

Aunque las mujeres que dan a luz en prisión y las demás mujeres encarceladas constituyen sólo el 7 por ciento de los 10 millones de personas que forman la población penal del mundo, sus números aumentan más rápidamente que el de los hombres encarcelados.

La reclusión de mujeres está a menudo relacionada con sus experiencias de discriminación, estereotipos de género dañinos y abuso sexual, físico y emocional.

En los Estados en los que el aborto es ilegal, las mujeres pueden ir a la cárcel por tratar de abortar o por procurar servicios de emergencia relacionados con complicaciones durante el embarazo, entre otras las provocadas por los abortos naturales. 

En determinados países, las mujeres embarazadas que toman medicamentos, incluso los que han sido prescritos de manera legal, se enfrentan a detenciones por cargos de tipo civil o penal y en otros, se las encarcela por “delitos morales”, tales como el adulterio o las relaciones extramaritales, o para protegerlas de los “crímenes de honor”, declaró el Relator Especial. “Las restricciones legales para acceder a bienes, servicios e información sobre la salud sexual y reproductiva también llevan a la reclusión de mujeres”.

En opinión del Sr. Pūras, en el sistema penal las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia de género, bajo la influencia de “estructuras machistas y patriarcales de castigo y control”.

Las necesidades específicas de cuidados sanitarios de las mujeres, como las relacionadas con la menstruación, el embarazo y el parto, la menopausia y la salud sexual y reproductiva, suelen quedar desatendidas en prisión. Se ha informado incluso de malos tratos a mujeres durante el parto en cárceles y centros de detención de inmigrantes.

“El castigo mediante la reclusión y la segregación disciplinaria no debería aplicarse a las mujeres embarazadas, las mujeres con hijos neonatos y las madres lactantes”, insistió el Sr. Pūras.

En su informe, el Relator Especial insta a los Estados a que abandonen paulatinamente el uso de la reclusión como herramienta por defecto de control social en aras de la seguridad pública, la “moral” y hasta la salud pública. El Experto pide a los Estados que adopten las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que comprenden disposiciones sobre la responsabilidad de los Estados respecto a la salud de los presos.

“El derecho a la salud es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a exponer la injusticia, la indignidad y los rasgos perversos de nuestros sistemas de reclusión. Este derecho muestra que el brazo ejecutor de la reclusión llega mucho más allá de las celdas y galeras cerradas, y alcanza al interior de las comunidades”, añadió el experto.

28 de junio de 2018


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