Defendiendo los derechos de presos iraníes en medio de la pandemia de la COVID-19


 La abogada iraní Nasrin Sotoudeh en su casa de Teherán en 2013. © BEHROUZ MEHRI / AFP

Al empezar su huelga de hambre justo con el inicio del brote de la COVID-19, la prestigiosa abogada iraní en derechos humanos Nasrin Sotoudeh “intentaba poner presión a las autoridades de la prisión para que liberara a presos, o para concederles al menos un permiso temporal de excarcelación,” explica su esposo, Reza Khandan.

Sotoudeh lleva detenida en la Prisión de Evin en Teherán desde junio de 2018. Abogada que no duda en alzar la voz en público, defendiendo a acusados por causas políticas, a activistas en derechos humanos que luchan por la libertad de expresión, o a mujeres que protestan por la imposición del hiyab, es la segunda vez que Sotoudeh permanece en prisión.

Irán ha resultado gravemente afectada por la pandemia de la COVID-19. En el momento de redactar este artículo, la Organización Mundial de la Salud había contabilizado 126.949 casos y 7.183 fallecimientos. La situación en las prisiones de todo el país es especialmente preocupante. En condiciones de hacinamiento, insalubridad y masificación, varios prisioneros han resultado contagiados por el virus, y se han registrado varias muertes.   

La huelga de hambre de Sotoudeh, la cual llevó a cabo conjuntamente con otros tres activistas políticos y de la sociedad civil que también estaban encarcelados, se prolongó durante varias semanas, lo que terminó afectando gravemente a su salud. Fue un acto para reivindicar la ampliación del programa de puesta en libertad temporal por parte del poder judicial.

Desde el comienzo de la pandemia, entre 80.000 y 100.000 presos han sido liberados temporalmente en Irán, según las autoridades, como medida compensatoria para evitar la propagación del virus en las prisiones. 

A varios de los prisioneros liberados se les denegó la ampliación, por lo que fueron obligados a volver a prisión este mes.

Otros miles siguen también encarcelados. Presos de conciencia, ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad, abogados y defensores de derechos humanos, además de ecologistas, son algunos de los presos que aguardan una decisión sobre su futuro. Sus familias han apelado a las autoridades judiciales para que se les conceda un permiso de excarcelación al menos hasta que la crisis sanitaria esté bajo control.

Khandan está seriamente preocupado por la salud de su mujer. Explica que las condiciones inadecuadas de las instalaciones médicas de la Prisión de Evin disuaden a muchos a la hora de solicitar atención médica, y que además no existe higiene básica y equipo sanitario. “Mi mujer tiene problemas de salud subyacentes,” señala. “Cuando hablé con ella ayer me contó que en los últimos dos meses no había visitado la enfermería por miedo a contraer la COVID-19. En su lugar, ha intentado darse el tratamiento ella misma y sobrellevar la situación.”

Una defensora de los derechos humanos ante los tribunales y un sistema “que no acepta ninguna forma de defensa”

Khandan describe el compromiso de su mujer con los derechos humanos: “En cuanto ella ve que alguien sufre una violación de sus derechos humanos, sin pensar en ella misma o en su propio interés, da un paso adelante empleando toda su fuerza y posibilidades para defender a esa persona. Si ella puede, las defiende en los tribunales, en las calles, o haciéndoles compañía a ellos o a sus familias. Ella intenta defenderlos ante unos tribunales y un sistema que no acepta ningún tipo de defensa.”

Siendo él también un activista por los derechos humanos, Khandan lleva viviendo sin su mujer a intervalos los últimos diez años. Sotoudeh fue también detenido y encarcelado en 2010 acusado de difundir propaganda y conspiración para dañar la seguridad del estado. Condenado inicialmente a 11 años de prisión, fue liberado antes de lo previsto en 2013.

Según Khandan, la principal razón que esgrimió el Gobierno de Irán para la detención de Sotoudeh fue su defensa de presos de conciencia y de presos políticos.

Viviendo en la actualidad con sus dos hijos, Khandan cuenta que intentan llevar una “vida corriente y en calma”. No obstante, añade que una serie de problemas adicionales en Irán, sumados a la COVID-19, como por ejemplo la inestabilidad económica, hacen muy complicado llevar una vida normal.

“Lo intentamos, pero la realidad es que la vida y nuestra situación se aleja mucho de lo normal.”

Una petición de liberación

En una carta abierta escrita desde la Prisión de Evin el 8 de marzo, la propia Sotoudeh solicitó ayuda. “Mientras un virus letal propaga la enfermedad por mi país, yo bajo mis brazos,” escribió “y como ciudadana, con tono amable, pido al gobierno que ponga fin a su animosidad contra el mundo, que lo contemplemos con una mirada pacífica y que confiemos en la vida y en los seres humanos. Pido a activistas en derechos humanos que nos ayuden en esta tarea por la paz.”

Khandan repite enérgicamente la súplica de su mujer al gobierno iraní para que este ponga en libertad a presos políticos y presos de conciencia, y solicita también el apoyo de la comunidad internacional. “En los últimos cien años, no habíamos visto una situación parecida con el mundo entero afectado por un virus,” explica. “No obstante, incluso en una situación tan extraordinaria, el Gobierno llevó a cabo una liberación ‘sensacionalista’ de miles de prisioneros, aunque decidió no liberar a todos los presos políticos.

Yo espero que aumente el interés de la opinión pública y de las organizaciones internacionales por esta situación, y que soliciten seriamente al gobierno iraní que libere a los presos políticos.”

Peticiones en todo el mundo de excarcelaciones

A finales de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, hizo un llamamiento a los gobiernos para que adopten medidas urgentes con el fin de aliviar el hacinamiento de las prisiones, advirtiendo que no hacerlo conllevaría “consecuencias posiblemente catastróficas”.

“Ahora, más que nunca, los gobiernos deben poner en libertad a cualquier persona detenida sin existir base legal suficiente, incluyendo a presos políticos y otros detenidos simplemente por expresar opiniones críticas o discrepantes,” afirmó Bachelet.

Ella también insistió en que, tras ser puestas en libertad, estas personas sean sometidas a pruebas, se les vigile su salud y reciban atención médica adecuada.

En el caso concreto de Irán, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indica que se deben aplicar permisos y puestas en libertad temporales como medida urgente de salud pública. A la vez que celebramos los miles de excarcelaciones que se han producido, la Oficina ha solicitado que se ponga también en libertad a presos políticos, abogados y defensores de los derechos humanos, periodistas, artistas, ecologistas y ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad, a quienes se les había denegado los permisos. 

Mientras tanto, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha resaltado que proporcionar atención médica de calidad en las prisiones iranís es una obligación en virtud del derecho internacional. Los detenidos también requieren de acceso a productos de higiene y alimentos nutritivos en cantidades suficientes. 

No debemos olvidarnos de sus derechos humanos fundamentales.

 21 de mayo de 2020


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