Activismo medioambiental en Kenya: “No tenemos más opción que seguir adelante”


“Hemos luchado por la justicia, pero todavía no la hemos conseguido”, dijo Anastacia Nambo, activista de derechos humanos relativos al medio ambiente en Kenya. “Esta situación nos obliga a vivir como refugiados. No dormimos en casa porque nuestra vida está amenazada. Y encima, estamos enfermos”.

Phyllis Omido, defensora de los derechos humanos relativos al medio ambiente de Kenya, celebra una reunión con una comunidad local. Créditos: © ACNUDH

En mayo pasado, la Sra. Nambo, que es miembro del Center for Justice Governance and Environmental Action (CJGEA) [Centro para administración de justicia y acción medioambiental], fue víctima de una agresión: alguien le roció la cara con una sustancia cáustica que le inflamó e irritó los ojos. Un mes después, todavía padece secuelas del ataque.

La Sra. Nambo y otros activistas de derechos humanos en materia medioambiental fueron atacados porque mantienen un proceso judicial contra una fundición local acusada de contaminar con plomo la pequeña comunidad urbana de Owino Uhuru, en Mobasa.

La fundición extraía el plomo de baterías de automóvil usadas. En el proceso de extracción, emitía gases cargados de plomo y vertía residuos ácidos en los arroyos donde la gente se bañaba. El plomo es una neurotoxina muy poderosa, que afecta el desarrollo de los niños, cuando se instala en el cerebro y el sistema nervioso.

“El plomo todavía está en la tierra y en el agua; aunque hay menos en los árboles, las hojas y las hortalizas que la gente cultiva”, afirmó Phyllis Omido, directora ejecutiva del CJGEA. “La comunidad no ha recibido ninguna indemnización ni se ha dado tratamiento a los niños. El problema no ha terminado. No tenemos otra opción. Tenemos que seguir adelante, hasta que se haga algo”.

Durante casi un decenio, la Sra. Omido y otros activistas de la comunidad han luchado contra la presencia y los efectos del plomo en la localidad. El CJGEA se creó para organizar mejor los esfuerzos en la lucha contra este y otros problemas ambientales, declaró.

El grupo organizó protestas, escribió cartas y presentó denuncias –tanto verbales como por escrito- a funcionarios encargados del medio ambiente en los gobiernos local y nacional, con miras a lograr el cierre de la planta y la concesión de indemnizaciones a las personas afectadas por el plomo.

En 2014, la planta puso fin a sus operaciones, pero el daño causado persistió, en forma de elevados niveles de plomo que todavía se registran en la comunidad.

A causa de estos esfuerzos, la Sra. Omido y otros activistas han sido objeto de agresiones periódicas y actos de violencia e intimidación. Sus hogares han sido allanados y ellos mismos han sido atacados. La propia Omido fue encarcelada, bajo cargos de incitación a la violencia. El hijo de una activista fue secuestrado y retenido durante tres días. Hasta el momento, nadie ha sido sancionado por estos ataques. 

Como consecuencia de esos hechos, muchos miembros de la comunidad han huido de sus hogares, dijo la Sra. Omido. Ella misma dejó Mombassa y sabe de otros que se mudan regularmente para evitar el acoso.

“No ha habido justicia”, declaró la Sra. Omido. “Aunque logramos clausurar la fuente de la contaminación, la comunidad en su conjunto todavía está contaminada, porque el plomo desaparece muy lentamente”.

Kenya carece de leyes que respalden los derechos medioambientales. En la Constitución del país se reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente limpio y saludable. El año pasado, el Gobierno prohibió el uso de bolsas de plástico. El Gobierno también está en la vanguardia de los esfuerzos encaminados a elaborar un plan de acción sobre las empresas y los derechos humanos, que debería abordar algunas de las preocupaciones planteadas por los defensores de derechos humanos, afirmó la oficial del ACNUDH Marcella Favretto. 

“La contaminación que afectó a la pequeña comunidad urbana de Owino Uhuru y las agresiones cometidas contra los activistas medioambientales que reclamaban justicia ante la contaminación medioambiental en su comunidad, constituyen un recordatorio de que Kenya debería redoblar los esfuerzos para velar por la plena realización de los derechos medioambientales en el país”, declaró la Sra. Favretto. “El Gobierno de Kenya puede contar con el apoyo permanente del ACNUDH”, añadió.

Para la Sra. Omido y otros activistas, el apoyo de la Oficina del ACNUDH y sus expertos ha sido esencial para mantener su capacidad de lucha. El grupo ha colaborado con especialistas de las Naciones Unidas y la Oficina del ACNDUH en esta materia. Una reunión con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, John Knox, condujo a que éste asumiera la defensa de su causa, afirmó la activista.

Por ejemplo, cuando la Sra. Nambo y otros activistas fueron agredidos en mayo, el Sr. Knox, junto con otros dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, emitió una declaración en la que instaba al Gobierno de Kenya a proporcionar más protección a los defensores de derechos humanos. “Es inaceptable que los activistas sean objeto frecuente de amenazas, acoso, intimidación y agresiones, y que nadie haya sido tenido que rendir cuentas por esos actos”, se afirma en la declaración.

La Sra. Omido aseguró que no debe subestimarse la influencia de declaraciones como la formulada por la Oficina del ACNUDH.

“Si yo estoy viva y el niño no fue asesinado por los secuestradores, ha sido gracias al ACNUDH”, dijo la Sra. Omido. “Desde que nos reunimos [con John Knox], cuando sufrimos una agresión, el ACNUDH se comunica con el Gobierno o emite una declaración en la que insta al Gobierno a que investigue el asunto. Sabemos que esto puede parecer un simple formulismo, pero conocemos su repercusión, porque la hemos experimentado inmediatamente. En cuanto llega una declaración del ACNUDH, el Gobierno se pone en contacto con nosotros”. 

La Sra. Omido y otros defensores de derechos humanos en materia de medio ambiente toman parte actualmente en un taller coordinado por la Oficina del ACNUDH en Kenya. Las sesiones del taller ofrecen a los activistas la oportunidad de aprender más acerca de los mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos y sobre cómo aprovecharlos en su búsqueda de justicia. La Sra. Omido afirmó que la reunión ha sido una gran oportunidad para conocer a otros activistas del medio ambiente y aprender de ellos y aún más acerca de las Naciones Unidas y de cómo esta organización puede ayudarles en su causa.

Pero eso no es suficiente.

“Todavía no se ha hecho justicia”, dijo. “Aún necesitamos más esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos en materia medioambiental y a las cuestiones que plantean. Este es un buen comienzo, pero todavía no estamos donde quisiéramos llegar”.

6 de junio de 2018



Véase también