Informe: La COVID-19 aumenta los riesgos para los derechos de los migrantes en Libia


Un trabajador sanitario se prepara para administrar la vacuna COVID-19 a un hombre en Trípoli, Libia © Reuters

Conforme la pandemia de COVID-19 sigue expandiéndose, también lo hace sus devastadores efectos que sufren los que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Los migrantes han sido uno de los grupos más afectados, con un grave riesgo actual para sus derechos a la vida, salud, trabajo y protección social.

Tal como destaca un nuevo informe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acerca de la situación en Libia, los riesgos para los derechos humanos de los migrantes, quienes ya se han enfrentado a violaciones tales como la desaparición forzada, la violencia física y sexual, la detención arbitraria, la discriminación, la xenofobia, la explotación y la trata, se han multiplicado a resultas de la COVID-19. 

A la vez que miles de migrantes continúan tomando la peligrosa ruta del mediterráneo central partiendo desde Libia en bote en busca de seguridad y dignidad en Europa, aquellos que permanecen atrapados en Libia, incluyendo migrantes que son interceptados y devueltos a la fuerza al país, se enfrentan a un futuro precario y de mucha incertidumbre.

Esta realidad ha empeorado debido al efecto continuado de la pandemia. 

Basándose en el estudio y entrevistas realizadas entre marzo de 2020 y junio de 2021, el informe analiza las experiencias de los migrantes en Libia en el contexto de la pandemia, e insta a que se respeten y garanticen los derechos humanos de los migrantes según continúa la respuesta y la recuperación a la COVID-19.

Los migrantes sufren discriminación a la hora de acceder a asistencia sanitaria en Libia 

«Tenía dolores, y sangraba,» declaró Abdul, * un migrante sudanés de 16 años que buscó recibir asistencia tras resultar herido en un accidente en Trípoli.  «Reuní dinero y fui a un hospital. Estaba desesperado porque el dolor desapareciera. Cuando llegué a la puerta, nadie quería ayudarme. Me dijeron que no había ningún médico que pudiera atenderme. Me dijeron simplemente que me marchara.»

Incluso con anterioridad a la pandemia de COVID-19, el acceso a asistencia médica se encontraba en una situación crítica, con los sistemas sanitarios en el país desbordados y con una falta enorme de recursos.  Los migrantes tenían un acceso aun menor a asistencia sanitaria en Libia que la población general. Una evaluación por parte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas constató que casi dos tercios de los hogares de migrantes y refugiados declararon dificultades para acceder a asistencia sanitaria, en comparación con el 50 por ciento de los hogares libios. 

Tras la aparición de la pandemia, los centros médicos se sobrecargaron aun más, y se limitó el acceso a pruebas, prevención y tratamientos.  Cuando hubo disponibilidad de vacunas en todo el mundo, en Libia hubo escasez de las mismas, y sigue habiéndolo hoy en día. 

El informe detalla que los migrantes son discriminados de forma evidente en hospitales y por las autoridades sanitarias de Libia, negándose a ofrecerles servicios médicos o atención en razones de su condición de migrantes. 

Muchos migrantes también tienen miedo de pedir atención médica, debido al riesgo de detención arbitraria por su condición de migrante «irregular». Una mujer, superviviente de un naufragio donde vio como morían ahogados hombres, mujeres y niños, contó cómo fue arrestada cuando acudió a un hospital.

 “Estaba muy cansada y traumatizada,» explicó.  «Fui al hospital con un bebé y otras mujeres. La policía llegó y nos detuvo a todas. Estábamos mojadas y no teníamos ropa para cambiarnos.  En lugar de ayudarnos, nos llevaron a todas a un centro de detención y nos encerraron allí.»

En su informe, Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace un llamamiento al gobierno libio para que garantice un acceso oportuno y eficaz de asistencia sanitaria para todas las personas, independientemente de su situación migratoria. También insta a garantizar que los migrantes sean incluidos en los programas de vacunación, donde se dé prioridad a aquellos con mayor riesgo de contraer la COVID-19.

Racismo y xenofobia contra migrantes al alza 

El informe también concluyó que la pandemia de COVID-19 «avivó las llamas» de los ya de por sí elevados niveles de racismo y xenofobia en Libia.   Los migrantes eran, y continúan siéndolo, señalados como responsables de la propagación del virus y otras enfermedades contagiosas, y han de enfrentarse con discriminación deliberada en el acceso a asistencia sanitaria, vivienda adecuada y otros servicios básicos como resultado de ello. 

Las informaciones en las redes sociales procedentes de cuentas oficiales de autoridades libias afirmaban que la propagación del virus podría ser contenida si se detenía la “inmigración ilegal”.  Y en Trípoli, personas que participaban en una protesta, entre las que se encontraba el alcalde de un ayuntamiento cercano, intentaron impedir la apertura de un centro de asistencia sanitaria que pretendía dar asistencia tanto a migrantes como a ciudadanos libios.

El informe reclama medidas por parte del gobierno libio para hacer frente al discurso público dañino y negativo relacionado con los migrantes y la migración, incluso mediante la introducción de medidas para prevenir, vigilar y abordar la estigmatización y los incidentes de racismo, xenofobia, incitación a la discriminación, el odio y la violencia. 

La propagación de la COVID-19 en situaciones de detención:  “La distancia social es solo una broma» 

En el informe también se detalla el espectacular aumento en el número de personas retenidas en detención de inmigrantes en Libia, junto con un incremento en casos de COVID-19 debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad además de la limitación en el número de pruebas y de material médico. A fecha de abril de 2021, se calcula que al menos 4.000 personas estaban detenidas en un entramado de centros de detención oficiales y «no oficiales» en Libia, lo que se considera como arbitrario, ‘deshumanizador’ y que no cumple con los requisitos mínimos de garantías procesales o de condiciones de detención.

«Estamos hacinados como sardinas,» aseguró una migrante de 22 años. «No tenemos agua, ni ventilación, ni alimentos adecuados, ni saneamiento, ni productos de higiene, ni ropa. ¿Cómo quieren que pongamos en práctica esas medidas? La distancia social es solo una broma.»

El informe demanda el cese inmediato de todas las detenciones arbitrarias en Libia, y que se ponga en libertad de manera urgente a los migrantes en centros de detención de inmigración. Es necesario introducir alternativas basadas en los derechos humanos, afirma Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y se debe poner inmediatamente en libertad a niños, familias y otros migrantes en situaciones de vulnerabilidad.

Un llamamiento para una sociedad post-pandemia más justa  

El informe destaca cómo se ha intensificado una situación que ya venía siendo ‘desesperada y peligrosa’ en Libia, donde se han agravado aun más las deficiencias en protección social, y donde se ha debilitado seriamente el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes. 

“La COVID-19 nos ha demostrado que la exclusión y discriminación de grupos de personas nos hace a todos más débiles,» declaró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet. “Para construir sociedades que sean más resilientes y resistentes a todo tipo de crisis, debemos actuar con la mayor solidaridad posible.”

Haciéndose eco de esta declaración, el informe afirma que al poner en práctica estas recomendaciones, el gobierno libio puede dar pasos concretos para contener los efectos negativos de la pandemia, para recuperarse mejor, y para crear “una sociedad en Libia y otros lugares que sea más justa, resiliente, próspera y pacífica.”

 *El nombre se ha cambiado para proteger la identidad

6 de septiembre de 2021


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